Criterios Jurisdiccionales Relevantes de las Salas

Del marco jurídico aplicable —como lo es el artículo 20, apartado A, fracciones II, III, V parte inicial, VIII y IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 130; 259; 261, párrafo tercero; 263; 264; 265; 346, fracción II; 356; 357; 358; 359; 402, párrafos primero y tercero, y 406, párrafo sex- to, del Código Nacional de Procedimientos Penales—, se desprende que sólo es prueba, la desahogada en audiencia de juicio oral, ca- reciendo de valor probatorio los registros de la investigación y los elementos de convicción que sirvieron como base para el Auto de Vinculación a Proceso. Para efectos de sentencia, sólo es prueba, la que haya sido desahogada en la audiencia de juicio, obtenida lícita- mente e incorporada conforme a las disposiciones constitucionales y del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, debe ser lícita, al ser obtenida sin violación de derechos fundamentales e in- corporada legalmente al proceso. Y en sentencia la prueba se debe valorar con libre convicción extraída de la totalidad del debate, de manera libre, lógica y sometida a la crítica racional. Además, to- mando en consideración que la carga de la prueba, onus probandi, es del Ministerio Público y atendiendo el derecho fundamental de presunción de inocencia, que también es un objeto del proceso, un principio y un derecho del imputado; conforme al principio de congruencia y la garantía del derecho fundamental al debido procedimiento, una vez que el Tribunal de Segunda Instancia con- sidera que la valoración probatoria primaria no está apegada a los márgenes de racionalidad, al no actualizarse la totalidad de los ele- mentos de la descripción legal del delito por el que fue acusado el sentenciado, procede revocar la sentencia condenatoria alzada, trocándola en absolutoria, pues resulta evidente que del acervo probatorio racionalmente no se obtiene una «convicción de cul- pabilidad, más allá de toda duda razonable». En efecto, no puede validarse la condena decretada por el juez de juicio, ya que no hay correspondencia en el hecho materia de acusación, no reclasifica- do en los alegatos de apertura o de clausura, con lo probado en juicio, por lo que la sentencia contraviene el derecho fundamen- tal de exacta aplicación de la ley penal contenido en el artículo 14 Constitucional, párrafo tercero, el cual proscribe de imposición de penas por analogía o por mayoría de razón a una conducta que no se ajusta exactamente a la figura típica imputada.

El derecho fundamental de presunción de inocencia, como objeto del proceso, principio y derecho del imputado, se materializa en el derecho a no ser condenado, a menos que haya quedado demostra- do plenamente su intervención en el juicio, a través de suficiente prueba de cargo, obtenida lícitamente, conforme a las reglas pro- cesales y que sea capaz de anular dicha presunción. Atendiendo este derecho fundamental, en consonancia con la garantía de exac- ta aplicación de la ley penal, contenida en el artículo 14 constitu- cional, párrafo tercero, que proscribe la imposición de penas por analogía o por mayoría de razón, en segunda instancia no pue- de validarse la condena decretada por el juez de enjuiciamiento cuando en la revisión de la sentencia alzada el tribunal de alzada advierta que racionalmente no hay correspondencia en el hecho materia de acusación, no reclasificado en los alegatos de apertura o de clausura, con lo probado en juicio. Ello en virtud de que el derecho fundamental de todo procesado a la exacta aplicación de la ley en materia penal, contiene la proscripción de imposición de penas por una conducta que no se ajusta exactamente a la figura típica imputada. Proscripción que tiene como finalidad evitar una actuación arbitraria, lo que implica que el juzgador únicamente pueda sancionar cuando la norma en la que se apoye contemple exactamente al suceso imputado, como punible.

Frente a la excusa y la recusación como mecanismos de aparta- miento de un juzgador del conocimiento de una causa concreta, previstas en la legislación procesal penal, está el derecho de las partes a ser juzgadas por un juez ordinario predeterminado por la ley. Ambos derechos, en tanto elementos integrantes del derecho a la tutela judicial efectiva, deben ser adecuadamente equilibrados por el tribunal que le corresponda resolver la excusa o recusación, en cada caso concreto, rechazando cualquier invocación arbitraria de las causales taxativamente establecidas en la propia legislación aplicable. Tal consideración se sustenta en que la regla general es la imparcialidad del juez, al formar parte de los elementos confi- guradores de la función jurisdiccional, mientras que la ausencia de imparcialidad, en cuanto excepción, ha de probarse en cada caso para hacer procedente el apartamiento del juzgador, lo cual ha de fundarse objetivamente, pues con dicho acto se afecta tanto la composición del órgano judicial como el derecho a un juez ordi- nario predeterminando por la ley. Esto es, como regla general, la imparcialidad del juez ha de presumirse y las sospechas sobre su idoneidad han de ser probadas y fundarse en causas tasadas —en numerus clausus— e interpretadas restrictivamente, sin posibili- dad de aplicaciones extensivas o analógicas, como lo sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio jurisprudencial 2a/J.180/2009.

Para evaluar la corrección racional de los argumentos en que apo- yó el Órgano jurisdiccional sus afirmaciones y decisiones sobre los hechos y aspectos relevantes de la sentencia emitida, deberá aten- derse su apego a los principios lógicos, como lo son: el principio de identidad, que se traduce en que todos los hechos fijados, sujetos intervinientes, normas jurídicas aplicables, así como los conceptos y juicios emitidos siempre fueron idénticos, esto es, a lo largo de la resolución se tomaron con un contenido invariable. Principio de no contradicción, constatando no hizo afirmaciones que luego ne- gara, bajo las mismas condiciones espacio temporales, esto es, no presentó juicios contradictorios respecto del mismo hecho, suje- to, supuesto jurídico o decisión. Principio de tercero excluido, que implica mantener la valoración y decisión respecto de la comisión del hecho delictivo y la intervención del acusado en su comisión, excluyendo cualquier otra posibilidad. Principio de razón suficien- te, que requiere aducir los fundamentos y argumentos suficientes y adecuados para tener como cierto, más allá de toda duda razona- ble, la comisión de los hechos delictivos y de la responsabilidad pe- nal del sentenciado en su comisión. Para válidamente concluir que el Tribunal de Enjuiciamiento, se ciñó a cada uno de los principios aludidos, debe evaluarse que las afirmaciones, deducciones, infe- rencias y conclusiones a las que arribó al valorar las pruebas guar- dan adecuada correlación y concordancia entre sí, sin que existan, en esta valoración, juicios contrastantes que se excluyan o anu- len mutuamente, en consecuencia el razonamiento realizado por el Tribunal Primario en la valoración de la prueba es inequívoco, pues no deja lugar a dudas respecto a su significado y alcance. Ex- poniendo las razones específicas que fundamentaban su decisión.

Conforme a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis con registro digital 905918 y 907889, al tra- tarse el secuestro de un delito permanente, su periodo de consu- mación se prolonga en el tiempo hasta que cesa la vulneración del bien jurídico tutelado, que en el caso concreto es la cesación de la privación de la libertad del afectado. Sobre las formas de partici- pación en el secuestro, la Suprema Corte de la Nación ha determi- nado que al tratarse de un delito permanente, se consideran como participación en la ejecución del delito, todos los actos tendentes a su consumación, que se extiende desde el momento de la pri- vación de la libertad de la víctima y se prolonga en el tiempo con todos los actos de los intervinientes, en lo que a cada uno le co- rrespondió llevar a cabo para el éxito de la empresa criminal, has- ta la liberación del secuestrado. Pues como resulta de explorado derecho, el delito de secuestro implica la realización de diversas acciones previas y concomitantes, tales como, la planeación de la mecánica del ilícito y la distribución de funciones entre los inter- vinientes; la aportación de datos para la ubicación de la víctima y las actividades cotidianas que generalmente realiza, así como respecto de su capacidad económica; la ejecución material de la privación de la libertad del sujeto pasivo; su traslado al lugar en el que permanecerá cautivo; la comunicación con las personas cer- canas a la víctima con la intención de amenazar y lograr una ne- gociación para la determinación del monto del rescate y el lugar y forma de entrega del pago; la realización de actividades parale- las al secuestro, como puede ser la vigilancia y alimentación de la víctima o la seguridad del lugar de cautiverio; finalmente, el co- bro o recolección del numerario que se cubre como pago del res- cate, para la liberación de la víctima. Así, si el ilícito es cometido por más de dos personas, y la perpetración del delito de secuestro conllevó cierta planeación, es dable aseverar que existe una dis- tribución de funciones entre los intervinientes y cada aportación de ellos en algún acto material de las actividades antes enuncia- das, resulta necesaria y relevante para la consumación del delito de secuestro. Lo que los hace a todos coautores y responsables pe- nalmente por el delito unitario cometido. Tenor en el cual, puede afirmarse válidamente que el cúmulo de todas esas acciones traen consigo la consumación del delito. Consumación que solamente concluye o cesa, cuando la víctima es puesta en libertad, lo que puede darse por voluntad de los activos al efectuarse el pago del rescate, el escape del pasivo, o, la intervención de terceros, tales como testigos o elementos de policía, como en el caso sucedió. En este sentido, desde el acuerdo previo a los aquí sentenciados se les asignaron labores concretas, necesarias para el éxito del plan cri- minal acordado. Tareas que los enjuiciados cumplieron conforme a lo planeado. Aportación que resultó determinante para la ejecu- ción del ilícito, pues de ello dependía en buena parte el que se lle- vara a cabo la privación de la libertad del ofendido, su retención, las negociaciones para el pago del rescate. En este orden de ideas, cuando un interviniente en el delito de secuestro es sorprendido realizando un acto material relacionado con la consumación del delito, antes de que la persona privada de su libertad sea liberada, es válido sostener que fue sorprendida en flagrancia por los agen- tes que lo detuvieron.

Los atestantes tienen credibilidad subjetiva, pues no está acredi- tado en juicio alguna causa de resentimiento, venganza o interés malsano, de magnitud tal, que los motive a falsear los hechos con el insano deseo de perjudicar al encausado, beneficiar a una terce- ra persona o cualquier otro aliciente con propósito espurio. En el entendido que el legítimo deseo de justicia no puede ser calificado con esas características invalidantes. Personas, las declarantes, to- das ellas, en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, pues su desempeño ante el Juez así lo evidencia, sin que esté acreditado en juicio alguna inhabilidad que afecte su capacidad para percibir, rememorar o narrar acontecimientos de la realidad.

Para fincar la verosimilitud del dicho de todo testigo y la vícti- ma, es necesario realizar la confirmación objetiva de la existencia del hecho, para ello, se deben contar con elementos de convicción convalidantes de la versión del deponente, la cual debe encontrar respaldo de veracidad en corroboraciones periféricas de carácter objetivo, derivadas de información proveniente de fuente distinta a su propia declaración, cuyos contenidos avalen algunos aspec- tos circundantes del relato de dicho atestante. Versión de hechos del declarante en la cual es factible que la verdad sea suministra- da o complementada en declaraciones posteriores a las primeramente obtenidas, de suerte tal que la correcta apreciación pro- batoria de su dicho, impone una valoración integral de su relato, tanto lo vertido en el juicio como lo expresado en las entrevistas ingresadas legalmente al debate oral, a través de la declaración de los testigos ordinarios a los que les constan circunstancias an- teriores, concomitantes o posteriores vinculadas con los hechos, así como lo informado por los atestantes expertos como resulta- do de su peritaje, apreciando lo ante ellos narrado por la vícti- ma y los estudios técnico científicos que se le realizaron. Siendo usual y lógico que cuando la víctima expone su narración en más de una ocasión, se puedan agregar elementos nuevos al relato, en la comprensión de que la adición o precisión de algunas cir- cunstancias relacionadas con el delito por sí solo no lo torna in- verosímil, correspondiendo al Juzgador atender los principios técnico científicos sobre la percepción y la memoria, indicativos de que el transcurso del tiempo puede difuminar los recuerdos y las circunstancias en que se percibió el hecho, así como el que, eventualmente, la información proporcionada por el testigo está matizada por diversos factores, como pueden ser, que no es un discurso libre, sino que se informa mediante respuestas dadas a las preguntas que se le formulan de determinado modo por el en- trevistador, el objetivo lícito que se persigue en la etapa en que se realicen las interrogantes y la forma de hacer constar el conteni- do de las contestaciones.

Para fincar la verosimilitud del dicho de todo testigo y la víctima, es necesario realizar la confirmación objetiva de la existencia del hecho, para ello, se deben contar con elementos de convicción convalidantes de la versión del deponente, la cual debe encontrar respaldo de veracidad en corroboraciones periféricas de carácter objetivo, derivadas de información proveniente de fuente distinta a su propia declaración, cuyos contenidos avalen algunos aspectos circundantes del relato de dicho atestante. Ahora bien, en ausencia de un móvil espurio y ante un relato congruente, claro, detallado y persistente en lo primordial, las máximas de experiencia enseñan que, en sana crítica, una víctima de delitos de violencia tiende, ge- neralmente, a narrar lo realmente acontecido, señalando a quien efectivamente realizó la conducta, máxime si se trata de una per- sona con la cual tenía lazo consanguíneo como en el presente caso aconteció, ya que la víctima en todo momento señaló directamente que su hijo el acusado ejerció violencia física y psicológica en con- tra de ella.

Para fincar la verosimilitud del dicho de todo testigo y la víctima, es necesario realizar la confirmación objetiva de la existencia del hecho, para ello, se deben contar con elementos de convicción convalidantes de la versión del deponente, la cual debe encontrar respaldo de veracidad en corroboraciones periféricas de carácter objetivo, derivadas de información proveniente de fuente distinta a su propia declaración, cuyos contenidos avalen algunos aspectos circundantes del relato de dicho atestante. Esto es, debe existir correspondencia o validación objetiva de la información suminis- trada por la persona declarante, ofendida del delito o no, a través de diversos elementos de convicción derivados de otras probanzas aportadas en juicio, tales como lo depuesto por distintos testigos o la opinión experta de peritos que se refieran.

En torno a la debida tutela judicial, la Primera Sala de nues- tra Suprema Corte, al resolver el amparo directo en revisión 1080/2014, determinó que el principio pro actione debe estar en- caminado a no entorpecer ni obstruir el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, previsto en los artículos 17 de la Cons- titución Federal y 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual, en su vertiente de recurso efectivo, «implica la obligación para los tribunales de resolver los conflic- tos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que im- pidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tute- la judicial, por lo que al interpretar los requisitos y formalidades procesales legalmente previstos, se debe tener presente la ratio de la norma con el fin de evitar que los meros formalismos im- pidan un enjuiciamiento de fondo del asunto». En este orden de ideas, en dicha Ejecutoria, nuestra Alta Corte precisó que «en el acceso a la jurisdicción se prohíbe al legislador no sólo la ar- bitrariedad e irrazonabilidad, sino también el establecimiento de normas que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón, revelen una clara desproporción entre los fi- nes que aquellas formalidades y requisitos establecidos en la ley preservan para la correcta y funcional administración de justi- cia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, frente a los intereses que sacrifican». Por lo tanto, para la efec- tividad de los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a un recurso sencillo, ante la duda, «los requisitos y presupuestos procesales siempre deben ser interpretados en el sentido más favorable a la plena efectividad de dicho derecho humano», ale- jándose el Juzgador de formalismos excesivos, sin soslayarse, los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los jui- cios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados. Igual- mente, nuestra Corte Suprema ha determinado que «es acorde con el imperativo que establece el artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Federal, de que en el procedimiento jurisdiccio- nal los juzgadores deben privilegiar la atención de las cuestiones sustanciales sobre cualquier formalismo procesal y esto, implica la asunción de una conducta de favorecimiento de la acción que allane formalismos procesales, cuando ello no contravenga el principio de igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos, máxime cuando tales formalismos provengan de aspec- tos prácticos del proceso más que de previsiones jurídicas». Cum- pliendo con el deber de no caer en formulismos rigoristas que de hecho hagan nugatorio el derecho a un recurso sencillo, accesible y efectivo, atendiendo la ratio de la norma al interpretar los re- quisitos y formalidades procesales legalmente previstos, evitando que los meros formalismos o rigorismos excesivos impidan un en- juiciamiento de fondo del asunto.

En su jurisprudencia en materia penal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado «el deber que tienen los Estados de proteger a todas las personas, evitando los delitos, sancionar a los responsables de éstos y mantener el orden público, particular- mente cuando se trata de hechos […] que no sólo comportan una lesión a los individuos, sino al conjunto de la sociedad, y merecen el más enérgico rechazo», precisando que esta obligación estatal «adquiere particular importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados». De igual manera esa Corte Interamericana ha señalado que «la obligación de investigar los hechos, juzgar y, en su caso, sancionar a los res- ponsables de un delito que constituye una violación de derechos humanos, es un compromiso que emana de la Convención Ame- ricana, y que la responsabilidad penal debe ser determinada por las autoridades judiciales competentes siguiendo estrictamente las normas del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Con- vención Americana». Lo anterior, sin dejar de considerar que «la lucha de los Estados contra el crimen debe desarrollarse dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como el pleno respeto a los derechos hu- manos de quienes se hallen sometidos a su jurisdicción». En torno al derecho fundamental de acceso a la justicia y a un recurso senci- llo y efectivo, como componentes de un derecho de tutela judicial efectiva, al resolver el Caso Radilla Pacheco contra México, la Cor- te Interamericana determinó que para su efectividad el derecho de acceso a la justicia «requiere que se haga efectiva la determinación de los hechos que se investigan y, en su caso, de las correspon- dientes responsabilidades penales en tiempo razonable», siendo obligación del Estado realizar una investigación «que sea capaz de garantizar el restablecimiento de los derechos de las víctimas y evi- tar la impunidad»; obligación para cuyo cumplimiento «el Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que manten- gan la impunidad». Orden de ideas en el cual, en cumplimiento de la obligación estatuida en el artículo 1 de la Constitución General de la República para toda autoridad, en el ámbito de sus compe- tencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, los Órganos jurisdiccionales deben resolver los asuntos con estricto apego a la interpretación que tienen la Corte Interamericana y nuestra Su- prema Corte de Justicia, del contenido y alcance de los derechos de todo justiciable, en igualdad de circunstancias, de acceso a la jurisdicción y a un recurso sencillo y efectivo privilegiando la re- solución del fondo del asunto sobre formalismos rigoristas, para hacer efectiva la determinación de los hechos que se investigan y, en su caso, de las correspondientes responsabilidades penales, re- conociendo la obligación de todas las autoridades del Estado para, removiendo los obstáculos, de facto y de jure, procurar garanti- zar que la sociedad conozca la verdad de los hechos, procurando que los delitos que dañan seriamente la sana convivencia social no queden impunes, para evitar que éstos se repitan, todo ello con pleno respeto a los derechos de las personas procesadas.

La calificativa común para el homicidio y las lesiones dolosos, de que el delito se ejecute por retribución dada o prometida, con- templada en la fracción II del artículo 139 del Código Penal para el Estado de Sinaloa en vigor, implica que el agente activo haya realizado el ilícito para obtener a cambio una retribución, la cual puede haber sido ya otorgada, previo a la realización del delito o puede haber sido prometida para ser entregada con posterioridad a la ejecución del mismo. La retribución es un elemento normativo de la calificativa, cuyo contenido y alcance no está contemplado en la regulación legal del ilícito, por lo cual debe delimitarse su signi- ficado para efectos penales y de configuración de la referida cali- ficativa, mediante una valoración con criterios jurídicos. Para esta delimitación, resulta atendible realizar una interpretación jurídica gramatical del contenido de la citada norma penal. Conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el vocablo retribución significa: «Recompensa o pago de algo». Por su parte, la palabra recompensa, denota: «Retribuir o remunerar un servi- cio». Y la de pago: «Entrega de un dinero o especie que se debe». Así, de su interpretación gramatical, válidamente se obtiene que la calificativa de «ejecución por retribución dada o prometida», en su connotación jurídico penal, implica que el delito de homicidio o lesiones dolosos sea llevado a cabo por el agente activo en virtud de que con su comisión va a obtener un pago o remuneración en dinero o en especie. Esto es, el delito se ejecuta por el sujeto activo a cambio de una remuneración o ganancia económica, en numera- rio o en mercancías u objetos, «dada o prometida», cuya entrega, por consiguiente, puede ser previa, concomitante o posterior a la ejecución del ilícito. Es bajo este entendimiento que se debe apre- ciar la configuración o no de esta calificativa en el caso concreto.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Ejecutoria del Amparo Directo en Revisión 459/2020, concluyó que «exigir que una retractación esté sustancialmente corrobora- da con otros elementos de prueba que sean idóneos para adquirir eficacia y valor probatorio», ello «no contraviene los principios de presunción de inocencia, inmediación y contradicción»; ello es así, «pues la sola retractación de un testimonio es insuficiente para esclarecer la verdad de los hechos e invalidar con ello la acu- sación penal», puesto que para darle valor probatorio a la retrac- tación, se hace «necesaria la concurrencia de diversos medios de convicción que, adminiculados entre sí, acrediten la versión de los hechos en que se sustenta la retractación». En este orden de razones, será en su confrontación con el resto del material probato- rio como se podrá objetivamente establecer cuál de las versiones aportadas por el deponente tiene fundamento y verosimilitud y constituirá prueba que prevalecerá para sostener la sentencia. En este contexto, la retractación de un declarante hace indispensable que el Juzgador realice un análisis integral y detenido del testi- monio, sopesando la totalidad de las afirmaciones suministradas por el testigo en orden a establecer el margen de verdad revelado a través de ellas.

Al resolver el Amparo Directo en Revisión 459/2020, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la retractación consiste en el cambio parcial o total que hace una persona sea el inculpado, víctima, ofendido o testigo sobre la ver- sión de los hechos que manifestó en una declaración previa. De igual forma determinó que «para otorgar valor probatorio a dicha retractación deben satisfacerse ciertas condiciones de verosimili- tud, ausencia de coacción y/o existencia de otros medios de prue- ba que la corroboren», pues únicamente de esa manera se «per- mite al Juzgador asegurar que haya certeza de que lo declarado con posterioridad es la verdad de su dicho». Ejecutoria la ante- rior, en la cual recordó la Corte que «un testimonio sólo es váli- do si cumple con ciertos requisitos taxativamente delimitados en las normas procesales respectivas, de manera que, si uno de ellos no se satisface, lo declarado por el testigo no puede tener valor probatorio», así, únicamente «superadas tales exigencias norma- tivas, el juez tiene la facultad de ponderar, a su arbitrio, el alcan- ce de lo relatado por el testigo, conforme al caso concreto». Bajo esta perspectiva, sostuvo la Suprema Corte, «es razonable que la retractación de un testimonio también tenga que cumplir ciertos requisitos para que goce de validez probatoria. Ello es así, toda vez que si un testimonio aislado no puede considerarse como una prueba absoluta, menos una retractación de testimonio». En este sentido, acorde a criterio de nuestra Corte Suprema, al apreciar el valor probatorio de una testimonial, se hace necesario que lo de- clarado «se encuentre apoyado con el resto del material probato- rio que obra en autos, necesidad que también aplica para cuando se está en presencia de la retractación de ese testimonio». En este orden de ideas, en el proceso penal «la retractación solo tendrá eficacia y valor probatorio cuando se encuentre apoyada con ele- mentos de prueba idóneos». Razonando nuestra Suprema Corte, en la antes invocada Resolución de Amparo, que en virtud de que «la retractación implica una modificación sustancial de cómo su- cedieron los hechos, es necesario satisfacer ciertos requisitos para que pueda otorgársele valor probatorio». Ello es así, ya que «de tener por cierta una retractación por el solo hecho de realizarse,

En consonancia de los precedentes nacionales sostenidos por nuestra Suprema Corte de Justicia en los referidos Amparos Di- rectos en Revisión 78/2012 y 459/2020, se tiene lo sustentado en jurisprudencia comparada, la cual se toma como orientadora, en- tre ellas la de la Suprema Corte de Justicia de Colombia, que ha precisado que «la retractación de un declarante de cargo no con- duce, irreflexiva y automáticamente, a descartar o desvirtuar sus aseveraciones iniciales», en la medida en que la credibilidad del testimonio no se encuentra limitada a la información suministrada en la última actuación procesal. Escenario de retractación, en el cual se acentúa de manera evidente «la necesidad de estimación conjunta de las condiciones del testigo, de su coherencia narrativa

Conforme a jurisprudencia obligatoria de nuestro Máximo Tribunal Constitucional, con números de registro digital 1005787, 1005964 y 1005992, para que la retractación posterior de una confesión o de lo manifestado por el ofendido o un testigo sean válidas y atendi- bles, es indispensable que estén fundadas en datos y pruebas aptas y bastantes para justificarla jurídicamente, pues en caso contrario carecerán de eficacia legal. Esto es, tales retractaciones carecen de valor cuando no existe prueba alguna que las corrobore, ya que no están demostrados los fundamentos o los motivos invocados para justificarlas; por lo cual, atentos al principio de inmediatez procesal, por tener mayor credibilidad, deben prevalecer las decla- raciones primigenias respecto de las versiones posteriores, que no quedaron justificadas.

La determinación de declarar ineficaz una retractación de una de las partes en los careos, resulta apegada a Derecho, pues es crite- rio judicial consolidado que los careos tienen por objeto esclarecer contradicciones sustanciales entre lo declarado por dos personas, como medio para establecer la verdad de los hechos. Y si bien es cierto en dicha diligencia alguno de los intervinientes puede recti- ficar su versión, esta retractación, para su validez y atendibilidad, requiere estar fundada en razones expresas y probada con elemen- tos de convicción idóneos aportados en la causa. Ya que en caso de no probarse los motivos de la retractación, deben prevalecer las primeras imputaciones hechas, máxime cuando éstas fueron claras, precisas, sin dudas ni reticencias y se encuentran respal- dadas por otros elementos de prueba existentes en el sumario, o bien, existe confesión válida por parte del inculpado. Porque de no apreciarse así, pudiera propiciar que cualquier declarante, ofendi- do o testigo, que imputara un hecho delictuoso a una persona, por razones extraprocesales —tales como temor, coacción, obtención de beneficios económicos u otros motivos ilegítimos—, podría po- nerse de acuerdo con el inculpado, para al celebrarse los careos retirar su dicho, lo que resulta inadmisible. Pues sería contrario a una valoración lógica y jurídica de las probanzas allegadas a la cau- sa que se juzga e iría en menoscabo de una recta administración de justicia, prohijando la impunidad de las conductas delictuosas que afectan seriamente a la sociedad en su conjunto, la cual tiene interés legítimo de que los hechos delictuosos se esclarezcan y se sancione a los penalmente responsables de los mismos.

Al delimitar la configuración de la figura de la flagrancia en de- litos permanentes, como lo es el secuestro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo Directo en Revisión 2843/2018, realizó precisiones que es conveniente retomar, ya que conforme a éstas, la flagrancia en los delitos permanentes tiene una connotación específica, pues atiende a que en este tipo de ilí- citos la consumación del mismo ocurre hasta que se agote el últi- mo acto del mismo. De suerte tal, que en el secuestro la flagrancia puede ocurrir en cualquier tiempo mientras la persona secuestra- da no recupere su libertad. En el entendido que legal y jurispru- dencialmente, un delito es permanente cuando la consumación se extiende en el tiempo, lo cual supone un estado, o sea una acción consumativa del delito, que se prolonga sin interrupción, por más o menos tiempo. Esto es, el delito permanente implica una per- sistencia en el resultado durante el cual el sujeto activo mantiene su voluntad delictiva y, por ende, de la antijuridicidad que es su consecuencia. Conforme a lo determinado en las tesis con Registro 907889 y 905918 en esencia la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, al tratarse el secuestro de un delito permanente, su periodo de consumación se prolonga en el tiempo hasta que cesa la vulneración del bien jurídico tutelado, que en el caso concreto es la cesación de la privación de la libertad del afectado y se considera interviniente en el mismo todo aquél que realice un acto que acordó previamente. Igual la Suprema Corte, al resolver la Contradicción de tesis 51/2021, ha establecido en su jurisprudencia ciertas espe- cificidades para la flagrancia delictiva tratándose de delitos permanentes, determinando que para su actualización «es necesario que al instante de la privación de su libertad o justo en el momento anterior esté cometiendo o haya cometido algún acto relaciona- do con ese delito para considerar que se actualiza el contenido del artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Política del país». En virtud de ello, cuando un interviniente exterioriza acciones que denotan su voluntad de continuar con la perpetración del ilícito sin que la víctima sea liberada y es sorprendido en el momento en que las está cometiendo o en el momento inmediatamente anterior las haya cometido, válidamente se puede sostener que fue detenido en flagrancia. Por tanto, la flagrancia tratándose de delitos de natura- leza permanente, como lo es el secuestro, puede actualizarse siem- pre y cuando la consumación del delito esté vigente, esto es, mien- tras la voluntad del agente del delito no cese o continúe efectuando actos vinculados con su consumación. Como puede ser, en la fase posterior a la negociación para el pago del rescate, entre otras, la recolección, entrega y reparto del dinero del rescate; la retención y vigilancia del secuestrado en cautiverio, o, su traslado para ser liberado. Al respecto, es necesario recordar que el tercer párrafo del artículo 7 del Código Penal Federal, de aplicación supletoria a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su fracción II, que el delito es «Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo». A diferencia del ins- tantáneo, pues éste, preceptúa su fracción I se actualiza «cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han rea- lizado todos los elementos de la descripción penal». Con base en esta regulación, en el delito de secuestro el núcleo del tipo lo es la privación de la libertad de una persona, de suerte tal que su consu- mación se prolonga durante todo el tiempo que dure esta privación y hasta que el sujeto pasivo esté real y materialmente liberado. En este orden de ideas, en este tipo de delitos la flagrancia puede ocu- rrir en cualquier tiempo en el que el pasivo continúe privado de su libertad y algún interviniente sea sorprendido realizando un acto material relacionado con el secuestro.

La omisión inicial o la tardanza de la víctima del delito en la co- municación de los hechos y su denuncia ante las autoridades, no puede, por sí mismo, ser factor para demeritar su valor, puesto que, como lo han determinado la Corte Interamericana de Dere- chos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el aná- lisis de la declaración de la víctima se debe hacer con perspectiva de género. Para lo cual el Juzgador está obligado a tomar en cuenta que las agresiones corresponden a un tipo de delito que la vícti- ma no suele denunciar por el estigma que dicha acción conlleva usualmente, así como las condiciones de sometimiento en el cual históricamente han vivido las mujeres. Sin obviar que existen con- diciones personales que inhiben dicha denuncia, como pueden ser la culpa y la vergüenza que pueden experimentar las víctimas, por factores como la cercanía con su agresor, pues no es inusual que sea un pariente o amigo cercano de la familia. Además, en las re- glas del proceso penal acusatorio, la única declaración que tiene el carácter de prueba testimonial valorable en sentencia lo es la ren- dida en la audiencia de juicio, como regla general, en tanto que los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al jui- cio, máxime si son de otra causa penal, carecen de valor probatorio para ese efecto, atentos a lo estatuido por los artículos 20, aparta- do A, fracción III de nuestra Constitución General y 259, párrafos tercero y cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que en el caso se actualice ninguna causal de excepción a lo ahí preceptuado. Por ello, no resulta aplicable la regla de la inmediatez procesal, de que las declaraciones más cercanas a los hechos tienen mayor credibilidad, pues la única que prevalece es la emitida ante el Juez de la causa, en la audiencia de juicio, respetando los princi- pios de publicidad y contradicción. Teniendo las partes expeditas las vías para evidenciar, ante el Tribunal de la causa, la falta de veracidad de lo declarado a través del contrainterrogatorio o, in- cluso, mediante prueba de refutación. Siendo facultad del Órgano jurisdiccional que presenció la prueba, en sana crítica, otorgarle o no valor, exponiendo las razones que tuvo para hacerlo.

Todo Juzgador al abordar el estudio de casos donde se encuentren mujeres, tiene el deber de juzgar con perspectiva de género, con- forme a la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —Casos González y otras («Campo Algodone- ro») y Fernández Ortega y Rosendo Cantú, ambos vs México— y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —Amparos Directos en Revisión 3186/2016 y 1412/2017, entre otros—. De igual forma, de la normativa protectora del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se obtiene que el Estado debe establecer proce- dimientos legales, justos y eficaces para que ellas puedan acceder efectivamente a la justicia, pues las mujeres víctimas de violencia, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer este derecho. Por lo tanto, con el objeto de remover esas barreras, los testimonios de las víctimas deben ser valorados con una perspecti- va de género a fin de evitar, con la debida diligencia, aseveraciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que ocasionen en el áni- mo del Juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas, para lo cual, dicha autoridad jurisdic- cional, tiene la obligación de realizar diversas acciones, entre ellas, reconocer un estándar de apreciación probatoria de especial natu- raleza con respecto a las declaraciones de las víctimas. Sin que del racional análisis del testimonio de la afectada, juzgando con pers- pectiva de género, se adviertan contradicciones sustanciales que hagan dudar de su veracidad, máxime cuando se trata del dicho de persona mujer en situación de vulnerabilidad al haber sido so- metida a violencia física y psíquica, en cuya apreciación, conforme a parámetros jurisprudenciales nacionales e internacionales, debe reconocerse un estándar de valoración probatoria de particular na- turaleza en virtud de lo especialmente traumático de la experiencia vivida. Por ello, se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita describirlo. Posibles variacio- nes en el relato que, por consiguiente, no podrán constituir fun- damento alguno para restar valor probatorio a la declaración de la víctima. Así mismo, para la atendibilidad de lo expuesto por las ofendidas, es de apreciar que los hechos relatados y las circunstan- cias, en las que cuales se dice ocurrieron, tampoco resultan iluso- rios, fantasiosos o francamente contrarios al lógico acontecer de los hechos en la realidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el Caso González y otras («Campo Algodonero») contra México, reiteró su jurisprudencia en el sentido de que en la investigación y juzgamiento de los responsables de la comisión de hechos ilícitos que vulneren derechos humanos, es un «derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido». En la sentencia del Caso Radilla Pacheco contra México, la Corte Interamericana sostuvo que con el derecho reconocido en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma,

En el orden nacional, de una interpretación teleológica y sistemá- tica de los artículos 1 y 20, Apartado C, fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, frac-

En el sistema penal acusatorio de nuestro país, atendiendo lo pre- visto en la fracción II del Apartado A del artículo 20 constitucional y 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, la prueba y su valoración es libre, con base en lo cual cualquier hecho puede ser probado mediante cualquier medio, con la única limi- tante de que sea lícito. Y el valor de la prueba no está tasado por la Ley, ya que su apreciación y peso no depende de formulismos lega- les, sino del grado de convicción que, en conjunto con el resto del material probatorio, en sana crítica, genere en el Juzgador, quien deberá justificar motivadamente el valor suasorio que le otorga a la prueba desahogada en juicio, tanto en lo individual como en su conjunto, en una apreciación racional en sana crítica, con ape- go a los principios de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. Además, acorde a lo preceptuado en el diverso artículo 380 del referido Código Nacional, se considera- rá documento a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho y que quien cuestione su autenticidad tendrá la carga de demostrar sus afirmaciones. Sin que en las reglas de va- lidez y valoración de las pruebas estatuidas en el invocado Código Nacional, se establezca que el único documento idóneo y admisible para acreditar la propiedad de un inmueble lo sea una escritura pública. De ahí que resulte apegado a Derecho que en la sentencia alzada se hayan tenido como válidos para acreditar la propiedad del inmueble en cuestión el documento consistente en Contrato de Cesión de Derechos en favor del ofendido, vinculado con el oficio de la Oficina de Catastro en el que se informa que a su nombre está registrado dicho inmueble; documentos incorporados a juicio cuya procedencia legítima y contenido, no fue cuestionado en juicio, ni se aportaron pruebas de refutación que desacreditaran su autenticidad. A lo que se suma que la defensa incumplió con la carga procesal de aportar prueba que viniera a desvirtuar la legalidad del contrato de cesión de derechos y del oficio de la Oficina de Ca- tastro. Pues conforme a lo previsto en el diverso numeral 380 del Código Nacional: «Quien cuestione la autenticidad del documento tendrá la carga de demostrar sus afirmaciones».

En el sistema penal acusatorio no se tasa legalmente el valor de las pruebas, como erróneamente pretenden los agravistas, sino se deja al arbitrio del Juzgador dicha valoración, sólo sujeto a la sana críti- ca, sin más limitaciones que en dicha actividad no se contraríen las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimien- tos científicos. Es decir, la sana crítica exige que se determine racio- nalmente si los elementos de prueba tienen o no valor probatorio y se expresen las razones de dicha apreciación. Por ello, cuando se esté en desacuerdo con la apreciación de la prueba hecha por el Tribunal de Juicio Oral, es necesario que se evidencie por el im- pugnante, con razonamientos lógicos y jurídicos, que dicho Órgano incurrió, al valorar la prueba, en un falso raciocinio por haberse distanciado de los parámetros de la lógica, de los postulados de la ciencia o de las máximas de la experiencia, lo cual se traduce en la obligación del recurrente de señalar, en el escrito de formulación de agravios, el principio de la sana crítica vulnerado, las razones del porqué se vulneró éste y la incidencia que ello tuvo en la resolución impugnada. Aspectos incumplidos en el escrito de agravios.

Según lo ha sostenido en su jurisprudencia la Suprema Corte de Justicia, con apego al mandato del tercer párrafo del artículo 17 de nuestra Carta Magna, todas las autoridades jurisdiccionales deben privilegiar la resolución de los conflictos sometidos a su potestad, con independencia de que las normas que rigen sus procedimien- tos no establezcan expresamente dicha cuestión, puesto que del análisis teleológico de la reforma constitucional de dicho artículo, se desprende la intención de que las autoridades privilegiarán una resolución de fondo sobre la forma, evitando así reenvíos de juris- dicción innecesarios y dilatorios de la impartición de justicia. Lo anterior, en apego a lo expuesto por el Constituyente Permanente de que dicha reforma se realizaba para hacer frente a la problemá- tica consistente en la «cultura procesalista», la cual generaba que en el desahogo de una parte importante de asuntos se atendieran cuestiones formales y se dejara de lado el fondo y, por tanto, sin resolver la controversia efectivamente planteada. En este tenor, atendiendo los criterios jurídicos sustentados por la Suprema Cor- te de Justicia de la Nación en su Jurisprudencia, se «entiende por agravio la lesión de un derecho cometida en una resolución judicial por haberse aplicado indebidamente la ley, o por haberse dejado de aplicar la que rige el caso». Siendo la expresión de dichos agra- vios lo que da materia y límite a la impugnación de las resoluciones judiciales. En cuanto a la forma de formular o expresar los agravios —o conceptos de violación—, nuestra Corte Suprema ha dicho que para que el Juzgador tenga el deber de estudiarlos «será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso esti- ma le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio». Formulación que no necesita cumplir con «formalidades rígidas y solemnes». Por su parte el Juzgador, en atención al concepto de la causa de pedir, tiene «la obligación de examinar en su conjunto los agravios expuestos a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada», sin que las partes recurrentes —aún en los de estricto Derecho— «estén obligadas a formular- los conforme a determinadas reglas, sino que basta con que sean comprensibles sus exposiciones para que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deba examinarlos, apreciando el contenido del escrito relativo con el objeto de extraer la causa de pedir pro- puesta». Para ello, «el escrito a través del cual se hagan valer éstos debe examinarse en su conjunto, por lo que será suficiente que en alguna parte de éste se exprese con claridad la causa de pedir […] para que el órgano revisor deba analizarlos», evitando para el aná- lisis «formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y l auténtica tutela judicial». En este orden de ideas, aún en agravios de estricto Derecho, lo que corresponde al Juzgador es poner de manifiesto, a través de los argumentos expuestos, la verdadera intención de quien recurre, sin que le sea exigible al recurrente, según criterio de nuestra Su- prema Corte, que tenga que hacer valer «la impugnación expresa y específica de cada uno de los puntos de la sentencia», sino que basta que se ocupe de controvertir los razonamientos centrales que sirvieron de base a la resolución; o como lo ha dicho el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, los «agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en la senten- cia que se recurre». En estas circunstancias, ha sostenido nuestra Máxima Corte, si el apelante «determinó en sus agravios el campo de acción en que el tribunal podía mover su arbitrio, la circunstan- cia de que al hacerse el estudio de tales agravios se amplíe más el juzgador en el estudio […] no implica ni puede implicar que se está supliendo la deficiencia de los agravios, puesto que los juzgadores pueden hacer dentro de sus facultades legales todo tipo de consi- deraciones para motivar sus actos y no pueden estar absolutamen- te constreñidos al marco limitado del agravio que se expresa, sino que pueden darle toda la extensión que estimen pertinente, dentro de los lineamientos ya señalados por el apelante, aun en el caso en que lo es el Ministerio Público, pues es bastante que éste señale la violación aunque no se extienda en su exposición para que los sen- tenciadores puedan tomarla en cuenta». Esto es, si expresados con claridad —de manera comprensible— cuál es en esencia la lesión o agravio que el recurrente estima le causó la sentencia impugnada y los motivos que originaron ese agravio respecto los puntos cen- trales que fundamentan la resolución, el Tribunal Ad quem que conozca del asunto debe examinarlos con el objeto de extraer la causa de pedir propuesta, a fin de resolver la cuestión efectivamen- te planteada, debiendo fundar y motivar su decisión, como acto de autoridad que es. Fundamentación y motivación que, atentos a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, corresponde realizar en sus decisiones jurisdiccionales al Tribunal Resolutor, sin que sus razonamientos y argumentos estén limitados a lo estrictamente expresado por el recurrente.

En reiterada jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido enfáticamente que el derecho a la tutela judicial efectiva exige a los Jueces, como rectores del proceso, el deber de «evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección ju- dicial de los derechos humanos», para lo cual deberán de «dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la im- punidad», pues la impunidad «propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares. Debiendo evitarse por los Juzgadores, como afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, «que el acceso a la justicia se convierta en un desagradable juego de confusiones en detrimento de los particulares». En palabras de la Corte Interamericana, los recursos son ineficaces cuando en la práctica tropiezan con «formalismos que los hacían inaplicables». En relación a la impunidad, la propia Corte Interamericana la ca- racteriza como «la falta en su conjunto de investigación, persecu- ción, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Ameri- cana». Siendo deber de toda autoridad evitarla y combatirla «por todos los medios legales disponibles, tomando en cuenta la nece- sidad de hacer justicia en el caso concreto y que aquélla propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas».

En el sistema penal acusatorio de nuestro país, atendiendo lo pre- visto en la fracción II del Apartado A del artículo 20 constitucional y 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, la prueba y su valoración es libre, con base en lo cual cualquier hecho puede ser probado mediante cualquier medio, con la única limi- tante de que sea lícito. Y el valor de la prueba no está tasado por la Ley, ya que su apreciación y peso no depende de formulismos lega- les, sino del grado de convicción que, en conjunto con el resto del material probatorio, en sana crítica, genere en el Juzgador, quien deberá justificar motivadamente el valor suasorio que le otorga a la prueba desahogada en juicio, tanto en lo individual como en su conjunto, en una apreciación racional en sana crítica, con ape- go a los principios de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. Además, acorde a lo preceptuado en el diverso artículo 380 del referido Código Nacional, se considera- rá documento a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho y que quien cuestione su autenticidad tendrá la carga de demostrar sus afirmaciones. Sin que en las reglas de va- lidez y valoración de las pruebas estatuidas en el invocado Código Nacional, se establezca que el único documento idóneo y admisible para acreditar la propiedad de un inmueble lo sea una escritura pública. De ahí que resulte apegado a Derecho que en la sentencia alzada se hayan tenido como válidos para acreditar la propiedad del inmueble en cuestión el documento consistente en Contrato de Cesión de Derechos en favor del ofendido, vinculado con el oficio de la Oficina de Catastro en el que se informa que a su nombre está registrado dicho inmueble; documentos incorporados a juicio cuya procedencia legítima y contenido, no fue cuestionado en juicio, ni se aportaron pruebas de refutación que desacreditaran su autenticidad. A lo que se suma que la defensa incumplió con la carga procesal de aportar prueba que viniera a desvirtuar la legalidad del contrato de cesión de derechos y del oficio de la Oficina de Ca- tastro. Pues conforme a lo previsto en el diverso numeral 380 del Código Nacional: «Quien cuestione la autenticidad del documento tendrá la carga de demostrar sus afirmaciones».

En el sistema penal acusatorio no se tasa legalmente el valor de las pruebas, como erróneamente pretenden los agravistas, sino se deja al arbitrio del Juzgador dicha valoración, sólo sujeto a la sana críti- ca, sin más limitaciones que en dicha actividad no se contraríen las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimien- tos científicos. Es decir, la sana crítica exige que se determine racio- nalmente si los elementos de prueba tienen o no valor probatorio y se expresen las razones de dicha apreciación. Por ello, cuando se esté en desacuerdo con la apreciación de la prueba hecha por el Tribunal de Juicio Oral, es necesario que se evidencie por el im- pugnante, con razonamientos lógicos y jurídicos, que dicho Órgano incurrió, al valorar la prueba, en un falso raciocinio por haberse distanciado de los parámetros de la lógica, de los postulados de la ciencia o de las máximas de la experiencia, lo cual se traduce en la obligación del recurrente de señalar, en el escrito de formulación de agravios, el principio de la sana crítica vulnerado, las razones del porqué se vulneró éste y la incidencia que ello tuvo en la resolución impugnada. Aspectos incumplidos en el escrito de agravios.

En reiterada jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido enfáticamente que el derecho a la tutela judicial efectiva exige a los Jueces, como rectores del proceso, el deber de «evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección ju- dicial de los derechos humanos», para lo cual deberán de «dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la im- punidad», pues la impunidad «propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares. Debiendo evitarse por los Juzgadores, como afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,

Al resolver el Amparo Directo en Revisión 1091/2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió y delimitó con mayor puntua- lidad la función del Juez de control en el Procedimiento Abreviado, en cuanto a la determinación de la pena a imponer, especificando que el Juez de control no tiene las mismas funciones que se le en- comiendan a un Tribunal de Enjuiciamiento, pues cuando actúa en el marco de esta forma de terminación anticipada del proceso, «su misión no es controlar el resultado del pacto alcanzado entre fiscal e inculpado, sino tan sólo revisar que se cumplan las precon- diciones que dan validez a ese acuerdo». Siendo su función más importante cerciorarse de que la persona inculpada está aceptando una renuncia —tan delicada como ser juzgado con la presunción de ser inocente— con pleno conocimiento de lo que eso implica. Para lo anterior, el Juez de control, antes de validar el acuerdo que le exhiben las partes, tiene el deber de verificar que previamen- te haya existido comunicación entre el inculpado y su defensa, y éste le haya explicado los alcances de su aceptación. Es por eso que está obligado a formular ciertas interrogantes específicamente dirigidas al inculpado, para cerciorarse de su expresa e informada voluntad. Precisando la Corte: «Sin embargo, una vez que la auto- ridad judicial se cerciora de que ese consentimiento es pleno, libre e informado, sus facultades no llegan al grado de evaluar la justi- cia sustantiva del acuerdo». Por este orden de razones, sostiene enfáticamente la Suprema Corte, «la autoridad judicial no puede cuestionar el acuerdo de procedimiento abreviado en razón de su contenido o por propios méritos, pues con eso se entrometería en un pacto negociado entre partes de quienes es posible presumir racionalidad o (lo que es lo mismo) que han tomado decisiones en función de sus propios intereses». Ello, particularmente respec- to del inculpado, el cual, como cualquier persona, «no hay nada inherente a la lógica de esta institución que nos impida suponer que él ejerce esta decisión con agencia», el cual «una vez que es debidamente informada sobre las consecuencias del pacto, es apta para ponderar autónomamente si las obligaciones que en conse- cuencia obtendría son (o no) compatibles con sus pretensiones». Estipulando nuestra Alta Corte, que la intervención del Juez de control, «más allá» de cerciorarse del cumplimiento de los requi- sitos legales de procedencia del Procedimiento Abreviado y de que el consentimiento del inculpado es pleno, libre e informado, «sólo añadiría ineficiencias al sistema». Concluyendo: «En suma, el Juez puede verificar la ruta que ha permitido a las partes consensar, pero si ésta parece válida, no puede cuestionar el fruto de ese acuerdo».

Al resolver el Amparo Directo en Revisión 1091/2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió y delimitó con mayor puntua- lidad la función del Juez de control en el Procedimiento Abreviado, en cuanto a la determinación de la pena a imponer, especificando que el Juez de control no tiene las mismas funciones que se le en- comiendan a un Tribunal de Enjuiciamiento, pues cuando actúa en el marco de esta forma de terminación anticipada del proceso, «su misión no es controlar el resultado del pacto alcanzado entre fiscal e inculpado, sino tan sólo revisar que se cumplan las precon- diciones que dan validez a ese acuerdo». Siendo su función más importante cerciorarse de que la persona inculpada está aceptando una renuncia —tan delicada como ser juzgado con la presunción de ser inocente— con pleno conocimiento de lo que eso implica. Para lo anterior, el Juez de control, antes de validar el acuerdo que le exhiben las partes, tiene el deber de verificar que previamen- te haya existido comunicación entre el inculpado y su defensa, y éste le haya explicado los alcances de su aceptación. Es por eso que está obligado a formular ciertas interrogantes específicamente dirigidas al inculpado, para cerciorarse de su expresa e informada voluntad. Precisando la Corte: «Sin embargo, una vez que la auto- ridad judicial se cerciora de que ese consentimiento es pleno, libre e informado, sus facultades no llegan al grado de evaluar la justi- cia sustantiva del acuerdo». Por este orden de razones, sostiene enfáticamente la Suprema Corte, «la autoridad judicial no puede cuestionar el acuerdo de procedimiento abreviado en razón de su contenido o por propios méritos, pues con eso se entrometería en un pacto negociado entre partes de quienes es posible presumir racionalidad o (lo que es lo mismo) que han tomado decisiones en función de sus propios intereses». Ello, particularmente respec- to del inculpado, el cual, como cualquier persona, «no hay nada inherente a la lógica de esta institución que nos impida suponer que él ejerce esta decisión con agencia», el cual «una vez que es debidamente informada sobre las consecuencias del pacto, es apta para ponderar autónomamente si las obligaciones que en conse- cuencia obtendría son (o no) compatibles con sus pretensiones». Estipulando nuestra Alta Corte, que la intervención del Juez de control, «más allá» de cerciorarse del cumplimiento de los requi- sitos legales de procedencia del Procedimiento Abreviado y de que el consentimiento del inculpado es pleno, libre e informado, «sólo añadiría ineficiencias al sistema». Concluyendo: «En suma, el Juez puede verificar la ruta que ha permitido a las partes consensar, pero si ésta parece válida, no puede cuestionar el fruto de ese acuerdo».

En el proceso penal mixto, resulta notoriamente improcedente la solicitud ministerial de reponer el procedimiento de primera ins- tancia, arguyendo como causa que no se le notificó a la víctima indirecta su derecho de nombrar un Asesor Jurídico dependiente de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Delito, pues ello no tiene trascendencia en el fondo de la sentencia recurrida. En efecto, como lo ha sostenido en sus precedentes esta Sala, ningún beneficio para la víctima acarrearía la reposición del pro- cedimiento para ese solo efecto, pues es evidente que ello lo único que traería consigo es que hubiera retardo en la resolución del fon- do de la causa penal en estudio, en perjuicio de la propia víctima y de su derecho a recibir la oportuna reparación del daño. Ello es así, pues en la causa en estudio se pronunció sentencia condenatoria en contra del enjuiciado y se le condenó al pago de la reparación integral del daño causado a las víctimas, con lo cual se cumplen y respetan a cabalidad sus intereses en el proceso, como lo son cono- cer la verdad de los hechos, que el delito no quede impune y que se le repare el daño que le fue ocasionado por la comisión del ilícito, a la brevedad posible. Por lo cual, al Órgano Jurisdiccional de Se- gunda Instancia, no le queda opción distinta a la de determinar la manifiesta improcedencia de la reposición solicitada por la Agente Ministerial agravista. Pues de condescender con ello, el Tribunal de Alzada se apartaría del mandato constitucional, que estatuye el artículo 17 de nuestra Carta Magna, de impartir justicia pronta, ex- pedita y completa y del deber de privilegiar la resolución del fondo del asunto por encima de formulismos estériles.

En el proceso penal mixto, resulta notoriamente improcedente la solicitud ministerial de reponer el procedimiento de primera ins- tancia, arguyendo como causa que no se le notificó a la víctima indirecta su derecho de nombrar un Asesor Jurídico dependiente de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Delito, pues ello no tiene trascendencia en el fondo de la sentencia recurrida. En efecto, como lo ha sostenido en sus precedentes esta Sala, ningún beneficio para la víctima acarrearía la reposición del pro- cedimiento para ese solo efecto, pues es evidente que ello lo único que traería consigo es que hubiera retardo en la resolución del fon- do de la causa penal en estudio, en perjuicio de la propia víctima y de su derecho a recibir la oportuna reparación del daño. Ello es así, pues en la causa en estudio se pronunció sentencia condenatoria en contra del enjuiciado y se le condenó al pago de la reparación integral del daño causado a las víctimas, con lo cual se cumplen y respetan a cabalidad sus intereses en el proceso, como lo son cono- cer la verdad de los hechos, que el delito no quede impune y que se le repare el daño que le fue ocasionado por la comisión del ilícito, a la brevedad posible. Por lo cual, al Órgano Jurisdiccional de Se- gunda Instancia, no le queda opción distinta a la de determinar la manifiesta improcedencia de la reposición solicitada por la Agente Ministerial agravista. Pues de condescender con ello, el Tribunal de Alzada se apartaría del mandato constitucional, que estatuye el artículo 17 de nuestra Carta Magna, de impartir justicia pronta, ex- pedita y completa y del deber de privilegiar la resolución del fondo del asunto por encima de formulismos estériles.

Un ataque sorpresivo con un arma de fuego de alto poder —como público y notorio lo es un rifle de los comúnmente conocidos como «cuernos de chivo»—, estando el agresor de pie y la vícti- ma caído en el suelo —en los dos últimos disparos que fueron los mortales—, evidencia que la agresión la realizó el acusado desde un plano objetivo de superioridad, que configura el elemento ob- jetivo de la ventaja. Las condiciones objetivas de realización, pre- vias y concomitantes, también evidencian que el aquí enjuiciado tenía plena conciencia de esa superioridad y para privar de la vida al pasivo, aprovechó las circunstancias de estar el agredido confia- do por la relación de amistad existente entre ambos, el que habían estado conviviendo el día anterior ingiriendo bebidas embriagan- tes y pudo percatarse que el ofendido no portaba arma alguna, lo que imposibilitaba su defensa, de lo que lógica y válidamente se puede concluir que el aquí encausado no corría riesgo alguno de ser muerto o lesionado y tenía conocimiento de esta situación, conformándose así el elemento subjetivo de la ventaja. Mecánica del desarrollo de los hechos debidamente probada, de la cual se advierte que estando el enjuiciado en un plano de superioridad, por estar provisto de un arma de fuego de alto calibre cargada, en forma intempestiva y aprovechando que el ofendido se encontra- ba distraído discutiendo, con el rifle que portaba le realizó un dis- paro —que de la adminiculación de las probanzas se infiere fue el que le impactó en el muslo—, cayendo la victima al suelo, y estando el pasivo caído, le realizó otros dos en el área del pecho al ofendido —situación objetiva de la materialidad de la ventaja—. Lo que hace evidente que lo hizo teniendo plena conciencia de su situación de superioridad y de que no podía ser herido o muerto por el victimado, quien estaba materialmente imposibilitado para defenderse pues estaba desarmado y caído en el suelo herido, por el primer disparo. El que la víctima estaba desarmada, se infiere de que en el lugar de los hechos junto a su cadáver no se encon- tró arma alguna, según se desprende de la inspección ministerial del lugar; en tanto que la prueba de rodizonato concluyó que no presentaba rastros de deflagración de pólvora en sus manos, indi- cativo de que no realizó disparo alguno de arma de fuego. Ataque sorpresivo que realizó el acusado con un arma letal, realizándole primero un disparo que le impactó en el muslo, cayendo la vícti- ma herido al suelo; y encontrándose tirado el pasivo, el aquí en- juiciado le realizó dos disparos más en el área del pecho, lo que materialmente anuló toda posibilidad de reacción defensiva del atacado. Probadas circunstancias materiales de ejecución del de- lito de las cuales se obtienen indicios objetivos de los que, lógica y jurídicamente, se puede inferir que el inculpado actuó tenien- do conciencia plena de su superioridad y, por consiguiente, cono- ciendo que no corría riesgo de ser herido o muerto por el ofendi- do, tal como así sucedió. Acorde a ese lógico ejercicio del intelecto humano, se pueda afirmar que, las constancias de autos reflejan como evidente ese estado o condición de superioridad entre el agresor y el agredido, así como la cabal captación por parte del activo de esta preeminencia, por ello, puede igualmente tenerse como razonable la afirmación de que el agresor lo percibió de la misma manera, teniéndose como indicios válidos respecto de la citada conciencia de invulnerabilidad por parte del activo, como elemento subjetivo de la calificativa de ventaja. Condiciones de realización del delito que evidencian una probada circunstancia de actualización de la calificativa de ventaja en la perpetración del homicidio, como válidamente se considera en la sentencia de pri- mera instancia.

Las bases para la valoración probatoria que en sana crítica debe realizar el Juzgador en el proceso penal acusatorio se encuentran contenidas en lo dispuesto en la fracción II, del Apartado A del artículo 20 de la Constitución General de la República y desarro- lladas en los preceptos 259, 261, 263, 265, 356, 357, 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este orden de ideas, cuando el Juzgador realiza una apreciación del acervo probatorio analizando en forma aislada y fraccionada cada una de las pruebas desestimando, con esa visión parcializada, su valor probatorio, vulnera el debido proceso y se aparta de la obligación legal de realizar una crítica racional de la prueba y justificar su valor con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de la totalidad del acervo probatorio. Teniendo como base de apre- ciación los razonamientos hasta aquí expresados, este Tribunal de Alzada, habiendo revisado exhaustivamente el texto de la senten- cia impugnada, las constancias audiovisuales de la audiencia de juicio en el presente asunto y los agravios de las partes, conclu- ye que la valoración probatoria realizada por el Juez de la causa no se apega a los estándares constitucionales y legales de la sana crítica, pues lo hace en forma fragmentada, con un alto matiz de subjetividad, dando o quitando valor a las probanzas por crite- rios personales que no tienen asidero legal, imponiendo requisi- tos para su validez y atendibilidad de su valor no contemplados legal ni jurisprudencialmente; apartándose así de la sana crítica como método de valoración probatoria; violando derechos funda- mentales de las partes a un debido proceso, que presupone una apreciación racional de la prueba para fundar la decisión; tan es así, que tanto el Ministerio Público, como los asesores victimales y el propio sentenciado se quejan de una valoración fragmenta- da y no integral de la prueba, de cargo y descargo, producida en juicio, que resultan fundados y atendibles; por consiguiente, lo jurídicamente procedente es anular la sentencia venida en alzada.

Las bases para la valoración probatoria que en sana crítica debe realizar el Juzgador en el proceso penal acusatorio se encuentran contenidas en lo dispuesto en la fracción II, del Apartado A del artículo 20 de la Constitución General de la República y desarro- lladas en los preceptos 259, 261, 263, 265, 356, 357, 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este orden de ideas, cuando el Juzgador realiza una apreciación del acervo probatorio analizando en forma aislada y fraccionada cada una de las pruebas desestimando, con esa visión parcializada, su valor probatorio, vulnera el debido proceso y se aparta de la obligación legal de realizar una crítica racional de la prueba y justificar su valor con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de la totalidad del acervo probatorio. Teniendo como base de apre- ciación los razonamientos hasta aquí expresados, este Tribunal de Alzada, habiendo revisado exhaustivamente el texto de la senten- cia impugnada, las constancias audiovisuales de la audiencia de juicio en el presente asunto y los agravios de las partes, conclu- ye que la valoración probatoria realizada por el Juez de la causa no se apega a los estándares constitucionales y legales de la sana crítica, pues lo hace en forma fragmentada, con un alto matiz de subjetividad, dando o quitando valor a las probanzas por crite- rios personales que no tienen asidero legal, imponiendo requisi- tos para su validez y atendibilidad de su valor no contemplados legal ni jurisprudencialmente; apartándose así de la sana crítica como método de valoración probatoria; violando derechos funda- mentales de las partes a un debido proceso, que presupone una apreciación racional de la prueba para fundar la decisión; tan es así, que tanto el Ministerio Público, como los asesores victimales y el propio sentenciado se quejan de una valoración fragmenta- da y no integral de la prueba, de cargo y descargo, producida en juicio, que resultan fundados y atendibles; por consiguiente, lo jurídicamente procedente es anular la sentencia venida en alzada.

En el proceso acusatorio, rige un sistema de libertad probato- ria, en el que las partes pueden probar cualquier hecho median- te cualquier medio de prueba, con la única condicionante de que sea lícito y en el cual el Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada una de las pruebas, en su apre- ciación conjunta e integral, al no existir un valor tasado y prede- terminado de ellas, por ello resulta contrario a esta libertad pro- batoria que el Juzgador exija un tipo de prueba específico para acreditar un determinado hecho. Orden de ideas conforme al cual el Juzgador no puede desatender las opiniones de expertos en Psi- cología forense y Psicología educativa respecto de la edad men- tal de la menor ni desvincularlos de los testimonios de personas allegadas a la víctima en torno a la condición de inmadurez de la niña, para acreditar que la víctima no tenía la capacidad de com- prender el significado del hecho sexual, consistente en la cópula, que resintió de parte de una persona mayor de edad, decretando subjetivamente el Jurisdicente que el único medio de prueba idó- neo y aceptable para ello lo era un dictamen psiquiátrico.

En el supuesto de violación equiparada previsto en la fracción II del artículo 180 del Código Penal estadual vigente, de sin violencia realizar «cópula con persona que no tenga la capacidad de com- prender el significado del hecho», atendiendo la acepción grama- tical del verbo «comprender», que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española equivale a «entender», vocablo al cual a su vez define como «tener idea clara de las cosas», «saber con perfección algo» o «discurrir, inferir, deducir», implica que para tener por no actualizada la hipótesis legal referida, debe acreditarse que la víctima estaba en condiciones de tener una idea clara, un saber de tal perfección que le permitiera discurrir, inferir o deducir, el significado de la cópula y conducirse de acuerdo a esa comprensión. Capacidad que, atendiendo el lógico y natural acon- tecer de las cosas en la realidad, no se puede suponer tenga una persona cuya edad mental se sitúa fluctuando entre los siete y los nueve años de edad.

Ante una declaración primigenia, hecha ante la Autoridad Minis- terial constitucionalmente facultada para recibirla, que fue espon- tánea, clara y precisa, rendida con proximidad a los hechos, sin tiempo para reflexionar sobre la conveniencia de alterar lo que presenció, en la cual el declarante, sin dudas ni reticencias, des- cribió la mecánica del desarrollo de lo acontecido, identificando indubitablemente a víctima y victimario, a quienes dijo conocía de antes, al primero por ser su primo y al segundo por haberlo visto antes y saber quién era y dónde vivía; no cabe conclusión lógica diversa de que el declarante no pudo tener otro interés diferente al de contribuir a dilucidar la verdad de cómo ocurrieron los he- chos en la realidad. Deposición cuyo contenido avaló firmando y estampando su huella, para constancia, en el acta de la diligencia ministerial. Condiciones en las cuales, su retractación extempo- ránea, hecha años después, genérica e imprecisa, sin que la haya justificado debidamente con elementos de convicción aportados o existentes en las constancias de la causa, aplicando los criterios expuestos de nuestra Suprema Corte de Justicia al resolver el Am- paro Directo 78/2012, es una retractación que no resulta válida ni atendible, pues se evidencia fue emitida no para contribuir a esclarecer la verdad de los hechos, sino para favorecer la situación jurídica del enjuiciado y tratar de excluirlo de responsabilidad, por motivos inconfesados; razones por las cuales, no puede sino con- cluirse que debe prevalecer su declaración incriminatoria inicial.

Testimonio, conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo es la «Atestación o aseveración de una cosa». O la «Prueba, justificación y comprobación de la certeza o verdad de una cosa»¨. Atesto que en cuanto a su contenido, como resulta de explorado Derecho, para ser atendible procesalmente con mérito probatorio deberá ser claro, coherente y congruente, narrando sucesos que fueron percibidos directamente por el declarante a través de sus sentidos, mediante auténticas rememoraciones fieles de los hechos ocurridos en la realidad fáctica, de forma que contribuya a descubrir la verdad material en relación con los hechos controvertidos, por lo que manifestaciones de creencias, pareceres o consideraciones del declarante no pueden tomarse como elementos para formar convicción respecto a lo realmente ocurrido, por lo que en sí mismas carecen de valor probatorio. En efecto, las opiniones, suposiciones, sentires o conjeturas en torno a lo acaecido, expresadas por testigos no expertos en la materia, no constituyen testimonios atendibles al carecer de valor probatorio, pues no contienen auténticas rememoraciones de lo que les tocó presenciar o percibir con sus sentidos, sino que representan juicios de valor u opiniones personales en torno a causas determinantes de un suceso, lo cual únicamente está al alcance de un perito en la materia, pues para ello se requieren conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio, como lo determina el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En un hecho de tránsito tipo choque, la responsabilidad penal de los resultados típicos de daños, lesiones u homicidio que se presen- ten, le corresponde al conductor que haya incumplido el deber que expresamente le impone la legislación de la materia y con ello haya aportado la causa determinante del impacto, tal cual sucede cuan- do en una calle de doble circulación el conductor de un vehículo da vuelta a su izquierda y se introduce a la superficie de rodamiento del carril contrario de circulación sin tomar todas las medidas de precaución necesarias para cerciorarse que puede realizar la manio- bra con seguridad al no venir de frente ninguna unidad automotriz que legalmente tiene preferencia y a la cual todo conductor tiene la obligación de cederle el paso, conforme lo dispone expresamente el artículo 108 de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sina- loa en vigor. En estas condiciones, resulta incuestionable, a la luz del artículo 108 en cita, que el conductor que se introdujo al carril contrario por el cual circulaba de frente otro vehículo con prefe- rencia sin cederle a éste el paso, aportó con su negligencia la causa determinante del choque entre los automotores y es penalmente responsable del delito culposo de daños, lesiones y/o homicidio en que haya incurrido por su reprochable imprudencia. Sin que dicha responsabilidad se desvanezca por la velocidad a que se estuviera desplazando la unidad que venía de frente, pues si el conductor del vehículo que pretendía dar vuelta a su izquierda, antes de introdu- cirse al carril contrario de circulación, hubiera tomado todas las precauciones necesarias para cerciorarse poder realizar la manio- bra con seguridad, se hubiera percatado de que de frente venía la otra unidad y le hubiera cedido el paso, al no hacerlo e introducirse al carril contrario puso un obstáculo a la libre circulación del vehí- culo que llevaba preferencia y, por esta razón, provocó la colisión de los automotores y los resultados típicos con ello originados. Lo anterior con independencia de la velocidad a la cual circulaba el vehículo con preferencia de paso, pues aún en el supuesto de que ésta fuera excesiva, ello sólo incidiría en una infracción administra- tiva, pues el impacto no se hubiera producido si el conductor que pretendía dar vuelta a su izquierda no hubiera ingresado impru- dentemente su unidad al carril contrario de circulación.

La valoración de lo declarado por una persona mujer menor de edad víctima de violencia sexual, conforme a los imperativos cons- titucionales y convencionales que rigen el debido proceso penal y la salvaguarda de los derechos humanos propios de un verdadero Estado de derecho, juzgando con perspectiva de género y aplican- do el principio de interés superior de la niñez, el análisis de su tes- timonio, en cuanto a su verosimilitud y lógica, debe hacerse desde un posicionamiento de amplitud considerativa e interpretativa, que garantice una protección eficaz de a un sector colocado en do- ble situación de vulnerabilidad, como lo son las niñas víctimas de violencia sexual —por ser mujeres y ser menores de edad—, a fin de lograr un juzgamiento y decisión jurisdiccional racional, integral y congruente a los fines de la justicia, tanto formal como material, debiéndose considerar y ponderar adecuadamente su grado de de- sarrollo cognitivo y emocional, así como que los niños tienen un lenguaje diferente y narran un evento vivido de forma desordenada e interrumpida a partir de los recuerdos que le son relevantes e influenciado por la presencia de emociones, especialmente en de- litos de violencia sexual que representan una vivencia altamente traumática, criterios de los cuales válidamente se puede concluir que a niñas y niños víctimas no le es exigible, racionalmente, pun- tualizaciones exactas de circunstancias de tiempo, lugar y modo en las cuales se realizó el ilícito y tampoco invalidar su dicho por posi- bles inconsistencias no esenciales, si en lo sustancial de su dicho es identificable tanto el entorno, la época o lapso y el lugar o localidad en que ocurrieron, como la conducta delictiva desarrollada por su victimario y la indubitable identificación de éste.

En la causa que nos ocupa, la cita de fechas exactas con hora y lugar, no es un elemento que pueda pedirse a un niño o niña afec- tada por agresiones sexuales, pues, como lo ha sostenido nuestra Corte Máxima, el modelo de valoración del testimonio de una per- sona menor de edad abusada, debe ser con márgenes razonables, ponderando su estado y desarrollo emocional, su edad, su forma de expresión oral; de lo que se puede inferir que no resulta racio- nal esperar una narrativa puntualizante de aspectos de ubicación espacio temporal que no forman parte de la cotidianeidad de un niño o una niña de escasos ocho años de edad, que declara tiempo después de acaecidos los hechos y enfrentando el interrogatorio de un extraño. Las personas menores de edad por el corto desa- rrollo físico y psíquico que presentan, no están en aptitud de re- construir el pasado y expresar un relato estructurado y claro res- pecto al hecho ilícito vívido, con mayor razón si lo narran después de transcurrido un periodo considerable de tiempo. Por lo tanto, resulta irrazonable exigir o esperar de un niño o niña víctima de delito con implicación sexual que exprese un relato estructurado, preciso y detallado de lo ocurrido. Siendo orientador lo postulado por la jurisprudencia comparada en casos en los que la víctima es una persona menor de edad que, finalmente, se decide a contar lo vivido en hechos tan traumáticos como son los de haber sido víctima de abusos sexuales realizados por personas que son de su entorno familiar o de amistad, cercanía que, por principio les ins- pira confianza, pero que, en un momento dado, terminan convir- tiéndose en sus agresores sexuales, casos en los cuales resulta en muchas ocasiones imposible identificar las fechas, las ocasiones y el número de acciones abusivas cometidas, pues éstas son rei- teradas y a temprana edad, circunstancias en las cuales las niñas y niños, comúnmente, no pueden precisar ni el número de veces que se ha realizado el abuso, ni la fecha exacta en la cual aconte- ció cada uno de los actos, estimándose suficiente ubicar el periodo y el contexto en el que los mismos han tenido lugar, para que se considere garantizado al justiciable su derecho a la defensa.

Lo esperable de la persistencia en el relato, es ausencia de mo- dificaciones esenciales en las sucesivas declaraciones prestadas por quien declara, lo que no excluye que pueda haber matices o apreciaciones no siempre absolutamente concordantes, pues no es exigible una coincidencia puntual, exacta y escrupulosa de lo dicho, sino únicamente en lo esencial y trascendente. Siendo usual y lógico que cuando la víctima expone su narración en más de una ocasión, especialmente en delitos traumáticos con impli- cancia sexual, se puedan agregar elementos nuevos al relato, en la comprensión de que la adición o precisión de algunas circuns- tancias relacionadas con el delito no invalida o hace inatendible lo narrado, teniendo el Juzgador la obligación de evaluar razona- blemente las eventuales inconsistencias del relato de la víctima, considerando que es común que la narración de los hechos por la víctima pueda presentar algunas variaciones o imprecisiones, en las diversas ocasiones en las cuales se le pide declare, en vir- tud de la naturaleza traumática de los actos de agresión sexual, lo cual por sí solo no lo torna inverosímil, como lo ha sosteni- do atendiblemente la jurisprudencia nacional, interamericana y comparada. Sosteniendo la Corte Interamericana que la persis- tencia en la declaración de la víctima de violencia sexual debe basarse en que en las «[...] distintas declaraciones que rindió, las circunstancias principales coinciden [...]», sin que trascienda la existencia de «[...] diferencias en la forma en que los hechos fueron relatados [...]» en cada una de las deposiciones.

La verosimilitud del testimonio, sea de la víctima o de cualquier otro declarante, se constata racionalmente, en primer término, a partir de que lo narrado tenga claridad, detalle, precisión y coherencia interna —inexistencia, en su contenido, de afirma- ciones contradictorias que se anulen entre sí—, y que la infor- mación proporcionada tenga rasgos objetivos de credibilidad por estar acorde con el lógico y natural acontecer de las cosas en la realidad en el tipo de hechos descritos, esto es, no sea insólita, absurda, anormal, fantasiosa, improbable, inconcebible, irreal o irracional; en segundo término, que lo relatado tenga coherencia externa, derivada del apoyo adicional que lo expresado en el tes- timonio obtenga del resto de las probanzas desahogadas, a partir de datos objetivos de carácter periférico obtenidos de las mis- mas, sin dejar de constatar la inexistencia, en el caudal proba- torio, de elementos fiables, de carácter objetivo, que contradigan la veracidad de la versión del declarante. En otras palabras, para fincar la verosimilitud del dicho de todo testigo, y la víctima, es necesario realizar la confirmación objetiva de la existencia del hecho, para ello, se deben contar con elementos de convicción convalidantes de la versión del deponente, la cual debe encontrar respaldo de veracidad en corroboraciones periféricas de carácter objetivo, derivadas de información proveniente de fuente distin- ta a su propia declaración, cuyos contenidos avalen algunos as- pectos circundantes del relato de dicho atestante. Esto es, debe existir correspondencia o validación objetiva de la información suministrada por la persona declarante, ofendida del delito o no, a través de diversos elementos de convicción derivados de otras probanzas aportadas, tales como lo depuesto por distintos testi- gos o la opinión experta de peritos que se refieran, por ejemplo, en delitos con implicación sexual, los primeros, a la actitud te- merosa, llorosa o alterada de la afectada con posterioridad a los hechos, las heridas que se le apreciaban, el aspecto desaliñado, con la ropa rota, sucia o ensangrentada que presentaba con cer- canía temporal al evento sufrido o el entorno social y familiar en el cual se produjeron las conductas del acusado y su relación con la ofendida; y los segundos, exponiendo una opinión técni- co científica respecto de las causas y efectos de la existencia de vestigios en el cuerpo de la víctima que acrediten las lesiones, la cópula o los tocamientos lascivos en partes íntimas que dice haber sufrido, o la afectación psico-emocional que como secuela generalmente deja la violencia sexual.

La credibilidad subjetiva se finca, en primer término, en las carac- terísticas personales del atestante que lo hacen apto para perci- bir, recordar y relatar la información de la que tenga conocimiento personal respecto de hechos que ocurren en la realidad que vive y sobre los cuales declara; y, en segundo término, en la ausencia de motivos de incredibilidad diferentes a la propia acción delictiva, esto es, en la ausencia de móviles espurios del deponente, basados en resentimientos previos, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés malsano de dañar al procesado o beneficiar a un tercero o de cualquier otra índole, que lo motiven a falsear los hechos o realizar imputaciones desleales contra el acusado, de magnitud tal que prive a la declaración de la aptitud necesaria para generar cer- tidumbre. Siendo aspecto pacífico en la doctrina y la jurispruden- cia que el deseo legítimo de justicia, derivado del sufrimiento gene- rado por el propio hecho delictivo, no puede calificarse, en ningún caso, de motivación espuria que pueda viciar la credibilidad de la declaración del testigo o la víctima.

La persistencia en las manifestaciones en torno a la ocurrencia de los hechos y la incriminación en contra del acusado, requiere que la versión expuesta en el testimonio sea prolongada en el tiempo, sin ambigüedades ni contradicciones sustanciales que revelen su falta de veracidad. La apreciación de esta persistencia, obliga al Juzgador a analizar, centralmente: a) ausencia de modificaciones esenciales en las sucesivas declaraciones prestadas por quien de- clara, lo que no significa que pueda haber matices o apreciaciones no siempre absolutamente concordantes, pues no es exigible una coincidencia mimética de lo dicho, sino únicamente en lo esencial y trascendente; b) concreción en la declaración, la cual ha de hacer- se sin ambigüedades, generalidades o vaguedades, especificando y concretando los hechos, con las modulaciones de la edad y circuns- tancias personales, narrándolos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar; y, c) ausencia de contradicciones sustanciales entre las sucesivas versiones que se ofrecen a lo largo del procedimiento, manteniendo el relato la necesaria conexión lógica y esencial entre las diversas versiones narradas en momentos diferentes.

La manifestación espontánea del procesado ante el Ministerio Pú- blico es prueba válida, pues fue desahogada ante una autoridad competente en la etapa de averiguación previa, la cual tiene validez como probanza, al igual que todas las que conciernen al sistema penal mixto, que se desahogan ante autoridad competente y su va- lidez permanece en la etapa de instrucción, pues en dicho sistema, a diferencia del acusatorio, rige el principio de permanencia de la prueba producida en la etapa de averiguación previa. A este res- pecto, nuestra Suprema Corte, al resolver el Amparo Directo en Revisión 945/2018, determinó que «[...] mientras el sistema mixto opera bajo el principio de permanencia de la prueba introducida al expediente judicial en cualquier etapa procedimental hasta en tanto no sea declarada su ilegalidad y exclusión del material pro- batorio; el sistema penal acusatorio para efecto de juzgamiento y afirmación de la culpabilidad del imputado, únicamente podrán tenerse en cuenta las pruebas desahogadas en la etapa de juicio oral, salvo aquéllas cuya anticipación esté autorizado por la Ley». Agregando en la misma Ejecutoria, que atendiendo las diferen- cias entre ambos sistemas procesales penales, «[...] cobra vigencia la excepción constitucional para aplicar las reglas procesales del nuevo sistema de justicia penal acusatorio al sistema tradicional, conforme lo dispone el artículo Cuarto Transitorio del Decreto de reforma constitucional que implementó el nuevo sistema de justi- cia penal, ya que los procedimientos penales iniciados con anterio- ridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acu- satorio, deberán concluirse conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad».

Para fincar la verosimilitud del dicho de todo testigo, y la víctima lo es, es necesario realizar la confirmación objetiva de la existencia del hecho, para ello, se deben contar con elementos de convicción convalidantes de la versión del deponente, la cual debe encontrar respaldo de veracidad en corroboraciones periféricas de carácter objetivo, derivadas de información proveniente de fuente distinta a su propia declaración, cuyos contenidos avalen algunos aspectos circundantes del relato de dicho atestante. Con carácter orienta- dor, se puede traer a colación lo sostenido, en la jurisprudencia nacional y comparada, en torno a las circunstancias o aspectos acreditados por otros medios de prueba, que tienen la potencia- lidad acreditativa para ser considerados como corroboraciones periféricas y pueden hacer más creíble la versión de la víctima de alguna forma de violencia sexual, entre los cuales, con una finali- dad meramente ilustrativa, se enuncian la descripción o dictami- nación, según corresponda, de: a) el daño psico-emocional sufrido por la víctima y su estado anímico alterado en los momentos pos- teriores a la ocurrencia de los hechos; b) heridas o lesiones geni- tales o extra genitales, cuando en la agresión hubiere actos de vio- lencia física; c) evidencias ginecológicas de desfloración en casos de violación vía vaginal o desgarramiento en los de penetración anal; d) rastros de líquido seminal o muestras biológicas de adn —ácido desoxirribonucleico— en el área genital o paragenital de la víctima, en supuestos de cópula; e) la alteración de comporta- miento de la víctima apreciado a raíz de los hechos traumáticos vividos; f) la confirmación de que las personas que aparecen como víctima y victimario pudieron estar a solas según las circunstan- cias de tiempo, modo o lugar señalados en la acusación; g) las ac- tividades realizadas por el enjuiciado para propiciar o procurar estar a solas con la víctima; h) las características del sitio donde ocurrió el abuso sexual; i) los contactos previos, concomitantes o posteriores que la presunta víctima y el imputado hayan teni- do por vía telefónica, a través de mensajes de texto, redes sociales o cualquier otra vía de comunicación; j) las razones por las cua- les el ataque con implicaciones sexuales no pudo ser percibido, en el momento en el que ocurrió, por otras personas presentes en el lugar o sus cercanías, cuando ello sea pertinente; k) la conva- lidación de circunstancias específicas acontecidas circundando el ataque con connotación sexual; l) los antecedentes del ambiente psico-social en el cual se hayan desarrollado las relaciones entre la víctima y el acusado; entre otras. En el claro entendido que no es posible, ni conveniente, hacer un listado taxativo y obligatorio de las formas de corroboración de la declaración de la víctima, pues éstas dependerán de las particularidades específicas de cada caso concreto.

El artículo 273 del Código Penal establece que comete el delito de corrupción de menores, quien procure o facilite la corrupción de un menor de dieciocho años de edad impulsándolo a la práctica de la prostitución. De suerte tal que la acción típica se actualiza cuan- do una persona proporcione los medios que inciten a una persona menor de edad a que practique la prostitución. Vocablo que el dic- cionario de la Real Academia Española de la Lengua, define como la «Actividad de quien mantiene relaciones sexuales con otras per- sonas a cambio de dinero». Con este entendimiento, se puede afir- mar que quien induzca a una menor de edad a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, está impulsándola a la práctica de esa actividad, con lo cual su conducta es jurídicamente encuadrable en la ilícita de corrupción de menores. Sin que el tipo penal requiera que el impulso sea reiterado. Por consiguiente, basta que el sujeto activo lo realice por una sola vez para que dicho delito se actualice. En este orden de ideas, si una persona induce a una menor de edad a tener relaciones sexuales y al tenerlas le entrega dinero, acorde a criterio judicial definido, «[...] con ello la corrompe al entender que una manera de obtenerlo es como pago por dicha cópula». En el caso concreto, el enjuiciado incitó a la menor a que tuviera relaciones sexuales para obtener a cambio dinero para comprar el telé- fono celular que ella quería y una vez que las tuvieron le entregó en efectivo la cantidad que le había ofrecido y la llevó a que adquiriera dicho teléfono. Conducta que actualizó el supuesto de corrupción de menores por el que fue acusado y juzgado.

Legalmente y conforme a doctrina jurisprudencial de nuestra Suprema Corte de Justicia, el bien jurídico protegido en el delito de amenazas lo es la paz y seguridad de las personas, por lo que para la configuración de la acción típica y antijurídica es necesario: a) Que mediante actos o palabras una persona dé a entender a otra, que le quiere hacer un mal futuro e injusto en su persona, en sus bienes o en la persona o bienes de un tercero con quien el ofendido tenga vínculos de amor, amistad, parentesco, gratitud o cualquier otro; b) El medio de la conducta amenazante pueden ser «palabras, escritos firmados o anónimos, actos amedrentadores o modos simbólicos»; c) Que los actos o palabras amedrentadores sean de causar un mal no inmediato, sino posterior; d) Que medie un lapso en el que prevalezca en el amagado un estado de intranquilidad o de zozobra, como consecuencia de la conminación de un mal futuro; e) El anuncio de ese mal sea de tal naturaleza, que constriña el ánimo de la víctima, impidiéndole la tranquilidad y libertad de acción necesarias; y, f) Para la constitución de este delito de amenazas, es indiferente que éstas sean vagas o indefinidas, pues no es menester, conforme a la fórmula legal, que tales amenazas se circunscriban a males específicos y definidos. Aspectos los anteriores, que en el caso concreto bajo estudio se actualizaron y probaron, pues se acreditó que en un contexto de violencia doméstica, en el cual existían antecedentes de una denuncia penal anterior interpuesta por la aquí ofendida en contra del acusado, por haber golpeado a uno de sus hijos, fue dicho enjuiciado quien externó expresiones verbales mediante las cuales amagaba a su ex cónyuge con ocasionarle un daño futuro, lo cual era creíble para la víctima por los antecedentes violentos del amenazador, tan es así que por la alteración emocional que se le ocasionó, con zozobra y temor por su seguridad, cambió su residencia a un municipio distinto, procurando que en éste el agresor no tuviera conocidos que pudieran apoyarlo para concretar sus amagos.

En el Amparo Directo en Revisión 2347/2014, nuestra Corte Suprema indicó que tradicionalmente, «[...] la prueba de careo pretende que a través de su desahogo en el que los intervinientes son enfrentados ante el Juez para rebatir sus declaraciones, con el propósito de que éste analice su comportamiento y los argumentos que viertan para fijarse un criterio sobre la credibilidad en el dicho de las personas careadas». Siendo enfático nuestro Alto Tribunal Constitucional, en sus precedentes, que «[...] si no se logró la comparecencia de los testigos de cargo y el Juez dispuso que se practicaran careos supletorios[...]», la eventual falta de careos personales, es una «[...] omisión que no viola ninguna garantía constitucional del acusado, ni lo priva de defensa». Criterios interpretativos los anteriores de nuestro Máximo Tribunal Constitucional, que resultan aplicables a los careos supletorios previstos en el artículo 307 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa en vigor para la causa que nos ocupa, el cual establece que cuando alguno de los que deba ser careados no fuere encontrado, «[...] se practicará careo supletorio, leyéndose al presente la declaración del ausente y haciéndose notar las contradicciones que hubiere entre aquélla y lo declarado por él». Tenor en el cual, lógica y jurídicamente se puede inferir que la declaración del testigo no presente se tiene en ese momento por reproducida para que surta sus efectos legales correspondientes, es decir, se le confiere valor como si el deponente se hubiere presentado a ratificar su primera declaración, frente a lo cual el inculpado y su Defensa podrán hacer las manifestaciones que a su interés jurídico convenga y aportar los elementos de convicción a su alcance para desvirtuar las imputaciones que le hubiere realizado el declarante que no compareció. Resultado de la diligencia que será valorado por el Juzgador, conjuntamente con el resto de las probanzas, al emitir la sentencia de fondo respectiva.

Al resolver el Amparo Directo en Revisión 2347/2014, nuestra Corte Suprema indicó que tradicionalmente, «[...] la prueba de careo pretende que a través de su desahogo en el que los intervinientes son enfrentados ante el Juez para rebatir sus declaraciones, con el propósito de que éste analice su comportamiento y los argumentos que viertan para fijarse un criterio sobre la credibilidad en el dicho de las personas careadas». Estableciéndose legislativamente tres tipos de careos: a) careos constitucionales; b) careos procesales; y, c) careos supletorios. Precisando nuestro Alto Tribunal que la naturaleza y objeto de los careos supletorios está determinada por los siguientes elementos: a) Constituyen un derecho enmarcado en un ámbito procesal para valorar adecuadamente las declaraciones de los intervinientes; b) Se ordenan oficiosamente por el Juez al no lograr la comparecencia de una de las personas que debería ser careada; c) Proceden para el desahogo tanto de careos constitucionales como procesales, y d) Tienen como finalidad el esclarecimiento de la verdad en el dicho de dos personas, a través de las expresiones que emita el interviniente al atender específicamente las declaraciones del testigo ausente. De los elementos expuestos, precisa nuestra Alta Corte Constitucional, es claro que los careos supletorios no desnaturalizan el objetivo de la prueba de careo en general, ya que no tienen el propósito de enfrentar cara a cara a las personas con quienes fue solicitado el desahogo de un careo constitucional u ordenado oficiosamente un careo procesal, sino que a partir de que no se logró la localización y comparecencia del testigo buscado, se permite a la persona asistente que a través de esa diligencia, se haga cargo del contenido de la declaración del ausente y brinde los elementos necesarios al Juez para formarse un criterio atendiendo también a sus declaraciones iniciales y pueda valorarlas íntegramente, considerando el caudal probatorio existente.

Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo Directo en Revisión 2347/2014, indicó que tradicionalmente, «[...] la prueba de careo pretende que a través de su desahogo en el que los intervinientes son enfrentados ante el Juez para rebatir sus declaraciones, con el propósito de que éste analice su comportamiento y los argumentos que viertan para fijarse un criterio sobre la credibilidad en el dicho de las personas careadas». Estableciéndose legislativamente tres tipos de careos: a) careos constitucionales; b) careos procesales; y, c) careos supletorios. En este orden de ideas, el careo supletorio, sostuvo, supone la integración de un elemento de prueba, basado en la manifestación específica que un testigo o el propio inculpado realizan ante el Juez, frente a la declaración antagónica que sobre las circunstancias del hecho delictivo analizado o las imputaciones formuladas ha realizado una persona que no ha sido localizada, cuyo mecanismo aporta al Juzgador mayores elementos de valoración para escudriñar sobre la existencia del delito o la responsabilidad penal. Con base en estos razonamientos, nuestra Suprema Corte determinó que la figura de los careos supletorios no es violatorio del artículo 20, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no contraviene la naturaleza del careo ya que brinda un elemento alternativo para su desahogo que aporta datos de convicción al Juzgador, prueba que tampoco ubica a la persona inculpada en un estado de indefensión al estar asistida en esa diligencia de su defensor y puede expresar en ella lo que considere. Igualmente razonó que tampoco «[...] el desahogo oficioso de la prueba de careos supletorios, violenta los principios de libertad probatoria, igualdad de las partes, debido proceso, in dubio pro reo y presunción de inocencia [...]», ni violenta la imparcialidad judicial ni algún otro derecho humano de los consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En efecto constitucional y convencionalmente se reconocen como derechos fundamentales de toda persona penalmente inculpada el de ser juzgado por un tribunal imparcial, así como los de ejercer libremente su defensa a través del ofrecimiento de las pruebas conducentes a ella, el de debido proceso, el de duda razonable y el de presunción de inocencia, derechos que no se vulneran por el desahogo oficioso de los careos supletorios. Pues la previsión normativa de los careos supletorios no impide que la persona inculpada desarrolle con libertad su defensa en la instrucción, más aun, que restrinja su derecho fundamental de ofrecer pruebas, «[...] en virtud de que el desahogo de los aludidos careos tiene la finalidad de que el Juez, facultado normativamente para ello, adquiera mayores elementos de convicción para esclarecer los hechos, lo que redundará en la emisión de una sentencia justa, que es el fin último a que es llamado el Juzgador»

La credibilidad subjetiva de un testigo se determina a partir de que se trata de personas que, atendiendo su desempeño procesal durante el juicio, se aprecia se encuentran en pleno uso de sus facultades de percepción, rememoración y narración de hechos vividos; declararon espontáneamente sobre lo que les consta, relatándolo sin actitudes o expresiones paralingüísticas —gestos, actitudes, miradas, movimientos o posiciones corporales, tono de voz, llanto, risa o cualquier otra manifestación utilizados para dar más énfasis o complementar el significado del lenguaje verbal—, que denotaran falta de sinceridad. No existiendo en el sumario elementos de convicción de que declararon como lo hicieron movidos por animadversión, venganza o para proteger a alguna persona, sin que la legítima aspiración de que se haga justicia pueda interpretarse como un motivo espurio para señalar al acusado como la persona que perpetró los hechos.

Para valorar la verosimilitud de lo declarado, se debe considerar si los testigos relataron los hechos que a cada uno le constan si lo narrado tiene claridad, precisión y coherencia interna —pues en su contenido, no existen afirmaciones contradictorias que se anulen entre sí—, y si la información proporcionada en juicio tiene rasgos objetivos de credibilidad por estar acorde con el lógico y natural acontecer de las cosas en la realidad en el tipo de sucesos descritos y los hechos relatados no son ilógicos, irreales o fantasiosos. Y confrontados entre sí y con el resto de las probanzas, se prestan respaldo unos a otros, constatándose, además, que no existen, en el caudal probatorio, elementos fiables, de carácter objetivo, que contradigan o pongan en real entredicho la veracidad de la versión de los declarantes. En el caso concreto, los testimonios de la ofendida, que fue quien sufrió directamente las agresiones físicas y verbales; de los dos testigos que fueron presenciales de los hechos y los narran momento a momento, siendo los tres coincidentes en lo esencial, haciendo imputaciones directas en contra del aquí sentenciado, de ser la persona que agredió a su hermana, golpeándola en la cara y profiriéndole amenazas de muerte, causándole con ello lesiones en su rostro que alteraron su salud y dejaron vestigios en su cuerpo y daño y sufrimiento psico emocional. Información aportada oralmente en juicio directamente ante el Tribunal de Enjuiciamiento, respetando los principios de inmediación y de contradicción, pues las partes tuvieron la oportunidad de interrogar y contrainterrogar a dichos atestantes, por lo cual resultan aptas para ser consideradas pruebas de cargo, al ser de carácter netamente incriminatorio en contra del acusado. Testimonios que objetivamente se corroboran con las declaraciones expertas de las peritos en medicina y psicología que comparecieron en la audiencia e ilustraron al Tribunal de Enjuiciamiento respecto de los estudios técnico-científicos realizados a la víctima, concluyendo la perito médico que en su evaluación clínica encontró que la ofendida presentaba lesiones en su cara que son de las que tardan en sanar hasta quince días. En tanto la perito en psicología informó de los daños psico-emocionales causados a la pasivo en virtud de las conductas agresivas de su hermano, el aquí sentenciado.

El reconocimiento de los derechos de la mujer, de cualquier edad, a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género; obligación que es reforzada tratándose de procesos penales en los cuales una mujer menor de edad comparece como víctima de delitos de violencia sexual, especialmente tratándose de ilícitos en los cuales se observe que entre la víctima y el inculpado existe una relación, en la que predomina algún tipo de sometimiento por la autoridad que se ejerce, el temor que se siente o la situación de riesgo en la que se encuentra, en virtud de ciertas condiciones de vulnerabilidad por cuestión de edad, género, creencias, costumbres o influencias sociales o culturales, que incidan o favorezcan la ejecución del ilícito imputado al sujeto activo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que, sin perjuicio de los estándares establecidos en casos de agresión sexual contra mujeres adultas, los Estados deben de adoptar, medidas particularizadas y especiales en los casos en los cuales la víctima es una niña, niño o adolescente, de suerte tal que en investigaciones y procesos penales por violencia sexual en perjuicio de ellos, todas las autoridades tienen la obligación de observar en sus actuaciones en esta materia una debida diligencia reforzada, una protección especial y acatar el deber de no revictimización. Entre las medidas especiales de protección para niñas, niños y adolescentes víctimas de agresiones de naturaleza sexual, se encuentran: a) El deber estatal de organizar el sistema de justicia, de forma tal que el actuar de las autoridades conforme a la debida diligencia implique la adopción de una serie de medidas y el desarrollo de un proceso adaptado a las niñas, niños y adolescentes, con algunas garantías o componentes diferenciados, fundados en el reconocimiento de que su participación en un proceso no se da en las mismas condiciones que un adulto. b) Este sistema de justicia adaptado deberá asegurar un acceso a la justicia en condiciones de igualdad, habilitando los mecanismos necesarios para que puedan denunciar y participar activamente en todas las etapas de los procesos judiciales, contando con la asesoría jurídica adecuada, realizando todas las actuaciones con su consentimiento, con base en sus capacidades en constante evolución, conforme a su edad, grado de madurez y nivel de comprensión, sin discriminación alguna y velando porque el interés superior se erija en una consideración primordial en todas las decisiones administrativas o judiciales que se adopten. c) Considerar que las niñas se encuentran en una situación de vulnerabilidad que puede verse enmarcada y potenciada, debido a factores de discriminación histórica que han contribuido a que las mujeres y niñas sufran mayores índices de violencia sexual, especialmente en la esfera familiar; d) Si se estima que su participación es necesaria y puede contribuir con la recolección de material probatorio, deberá evitarse en todo momento la revictimización, a través de protecciones especiales y acompañamiento especializado, precaviendo que su participación efectiva en el proceso penal les cause nuevos perjuicios y traumas adicionales y se limitará a las diligencias y actuaciones en donde su participación se estime estrictamente necesaria, evitando su exposición al público y la presencia e interacción de la víctima con su agresor en las diligencias que se ordenen, mediante dispositivos especiales como la Cámara de Gesell o Circuitos cerrados de televisión. e) Garantizar que el proceso se desarrolle en un entorno que no sea intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado a su edad y que el personal encargado de recibir el relato esté debidamente capacitado en la materia, con tacto y sensibilidad, de modo que aquél se sienta respetado y seguro al momento de expresar su opinión en un entorno físico, psíquico y emocional adecuado. Se buscará explicarle la razón y utilidad de las diligencias a llevarse a cabo o la naturaleza de los peritajes a los cuales se le someterá, siempre con base en su edad, grado de madurez y desarrollo, y conforme a su derecho a la información.

Respecto al principio de igualdad procesal, nuestra Suprema Corte ha dicho que en virtud de éste las partes procesales que interven- gan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación y la defensa, según sea el caso. Razón por la cual, los Jueces durante el proce- so penal deberán emprender las acciones y verificar que existan las condiciones necesarias tendentes a garantizar un trato digno e idéntico a las partes sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos «[...] de manera que no pueden privilegiar a un sujeto en el debate con algún acto procesal que le proporcione una ventaja indebida frente a su contrario, pues de ser así, se vulne- raría el principio de mérito». Ello es así, ha dicho nuestra Corte Suprema, en razón a que el principio de igualdad procesal o de armas constituye una de las características fundamentales de los sistemas penales de tendencia acusatoria y debe entenderse como un mandato de carácter constitucional, que fija la estructura del proceso de tendencia adversarial y supone que «las partes deben contar con medios procesales homogéneos de acusación y defensa, de tal manera que se garanticen las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación […] lo que significa que en el escenario del proceso penal, los actores son contendores que se enfrentan ante un Juez imparcial en un debate al que ambos deben entrar con las mismas herramientas de ataque y protección […] para situarse en un equilibrio de potestades y atribuciones en aras de hacer respetar sus intereses». Esto es, en virtud del principio de igualdad procesal, ambas partes «deben estar en posibilidad de acudir ante el Juez con las mismas herramientas de persuasión, los mismos elementos de convicción, sin privilegios ni desventajas, a fin de convencerlo de sus pretensiones procesales». Con base en estas consideraciones, nuestra Corte Constitucional, determinó que en el sistema procesal penal de corte acusatorio y oral, inexcu- sablemente debe observarse el principio de imparcialidad judicial, en virtud del cual el Juzgador «[...] debe permanecer ajeno a los intereses de las partes y actuar sin favorecer indebidamente a al- guna de ella [...]», teniendo «[...] vedado asumir la representación o defensa de alguna de las partes, por ende, no puede concentrar funciones de investigación, acusación o defensa». Concluyendo que «[...] el Juez no debe asumir el carácter de órgano acusador, tener un interés coadyuvante en la persecución del delito, ni debe convertirse en asesor del Ministerio Público, pues su función es la de aplicar la Ley penal en un marco de respeto al principio de contradicción al que tienen derecho las partes involucradas». En este marco de imparcialidad, el Juzgador está impedido de obrar sustituyéndose en las funciones del órgano ministerial, por lo cual no puede, ni debe, intervenir para ordenar la «corrección, mejora o enmienda» de la acusación. Así, los Juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, tienen el deber «[...] de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controver- sia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a una de ellas».

Los artículos 426 al 432 del Código Nacional de Procedimientos Penales es la normativa adjetiva que regula los supuestos, con- diciones, requisitos formales y materiales y las reglas generales para la tramitación de la acción penal por particular. Esta regu- lación legal, en correlación al derecho de la víctima a ejercer di- rectamente ante el Juez la acción penal, le establece a ésta cargas procesales equiparables a las que tiene el Ministerio Público en cuanto a los requisitos de la acusación que formule y a la carga de la prueba para sustentarla. En virtud de ello en este procedimien- to, la víctima, al ejercer directamente la acción penal, adquiere el carácter de órgano de acusación y ya no es sujeto derechoso a la suplencia de deficiencias, pues ello equivaldría que el Juzgador asumiera un rol activo en la conformación de la acusación, sol- ventando errores de la misma, lo cual es contrario a la separación de roles entre el órgano de acusación y el órgano jurisdiccional en que se sustenta el sistema penal acusatorio diseñado consti- tucionalmente y, asimismo, contravendría el principio de impar- cialidad judicial.

En la delimitación del alcance de la acción penal ejercida por par- ticulares, nuestra Corte Constitucional ha sostenido enfáticamen- te que dado el grado de restricción que el proceso penal implica sobre los derechos de las personas imputadas, el derecho de las víctimas a ejercer la acción penal directamente debe entenderse como procedente sólo en los casos que la Ley determina y según los requisitos que establezca. Requisitos que, en palabras de la Corte, «[...] deben interpretarse de manera estrictamente limita- tiva y restrictiva». Igualmente para nuestra Alta Corte, las normas incluidas en dicho capítulo deben leerse en consonancia con los principios del artículo 21 constitucional, como lo son: a) la reserva para el Estado, mediante el Ministerio Público, de la investigación y persecución de los delitos; b) la garantía del acceso a la justicia de las víctimas dentro del proceso penal, y, c) la excepcionalidad de su participación directa en el proceso penal ejerciendo por sí la acción penal. Los artículos 426 al 432 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es la normativa adjetiva que regula los supuestos, condiciones, requisitos formales y materiales y las re- glas generales para la tramitación de la acción penal por particu- lar. Como reglas nucleares generales, dichos dispositivos estatu- yen las siguientes: a) la víctima u ofendido podrá ejercer la acción penal únicamente en los delitos perseguibles por querella, cuya penalidad —distinta a la privativa de la libertad—, sea alternativa o cuya punibilidad máxima no exceda de tres años de prisión; b) si la víctima u ofendido decide ejercer la acción penal, por ningu- na causa podrá acudir al Ministerio Público a solicitar su inter- vención para que investigue los mismos hechos; c) la carga de la prueba para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad del imputado corresponde al particular que ejerza la acción penal; d) las partes, en igualdad procesal, podrán aportar todo elemento de prueba con que cuenten e interponer los medios de impugna- ción que legalmente procedan; e) a la acusación de la víctima uN ofendido, le serán aplicables las reglas previstas para la acusación presentada por el Ministerio Público; y, f) en la substanciación de la acción penal promovida por particulares, se observarán en todo lo que resulte aplicable las disposiciones relativas al procedimien- to, previstas en el invocado Código Nacional y los mecanismos al- ternativos de solución de controversias, salvo disposición legal en contrario.

En diversos precedentes la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha destacado que como primer rango del pa- rámetro de control de regularidad constitucional de los derechos humanos de la víctima del delito, en sentido progresivo, se encuen- tra el de acceso a la justicia y a la verdad, y derivado de ello a que sea escuchada, lo que conlleva, a su vez, el esclarecimiento de los hechos delictivos, así como ser reparada y resarcida íntegramente de todos los daños y perjuicios que le hayan sido causados. En este desarrollo progresivo, la Corte determinó en favor de la víctima la procedencia de la suplencia de la queja deficiente en materia de amparo, cuando haya sido parte quejosa o apelante en el proceso penal de origen, ello en atención a la reforma al artículo 20 de nuestra Ley Funda- mental en la que se equiparó con rango constitucional los derechos del acusado y los de la víctima. Suplencia que se ha hecho extensiva a la tramitación de los recursos donde la víctima tenga reconocida el carácter de parte. En este orden de ideas, sin embargo, aten- diendo los criterios jurídicos emitidos por nuestra Suprema Corte, no es factible la suplencia de las deficiencias de la víctima cuando ésta acude directamente al Tribunal ejerciendo la acción penal por particular, pues al hacerlo la víctima se convierte en órgano de acu- sación y dicha suplencia no puede operar, en ningún caso, en favor de quien tenga ese carácter, pues ello implicaría coadyuvar con su pretensión punitiva, favoreciendo sus intereses, en detrimento del equilibrio entre las partes, quienes con igualdad de armas deben tener la misma oportunidad de sostener la acusación o la defensa, respectivamente, ante un tercero imparcial, que con neutralidad va a dirigir y resolver el juicio sin favorecer ilegítimamente a una de ellas. Esto es, si el deber de imparcialidad del Juzgador lo obliga a propiciar que las partes contiendan en igualdad de condiciones, la suplencia en favor de la víctima no debe nunca llegar al grado de suplir sus deficiencias cuando ésta se constituye en acusador parti- cular, en los términos previstos en la legislación procesal aplicable. Ya que por virtud del principio de presunción de inocencia, en ese caso la víctima en tanto órgano encargado de la acusación, al haber ejercido la acción penal por particular, mantiene en todo momen- to el deber de justificar sus argumentos y de asumir la carga de la prueba. Y en el proceso penal acusatorio, el Tribunal mantiene la prohibición de «corrección, mejora o enmienda» de la acusación, sea pública o particular. En el entendido que en la tutela de dere- chos en favor de la víctima debe respetarse el debido proceso penal, en su convergencia con los derechos humanos de presunción de inocencia, defensa y debido proceso de la persona imputada; esto debe realizarse en armonía con la ponderación y tutela de ambas partes bajo el equilibrio procesal y principios rectores del garantis- mo penal de todo Estado Democrático de Derecho.

De la recta interpretación de lo dispuesto en los artículos 380, 383 y 387 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las pruebas materiales y documentales para su válida incorporación al juicio, siempre deberán antes ser reconocidas o informadas por un testigo, perito, interprete o el acusado, por ende, en su ofrecimiento y admisión se debe hacer alusión a la forma en que se va a desahogar y por medio de quien se pretenden incorporar a juicio. Únicamente el documento previamente acreditado, mediante su reconocimiento, puede ser incorporado como prueba al juicio y puede ser valorado como probanza válida en la emisión de la sentencia. Acreditación que se realizará, en la audiencia de juicio, mediante el reconocimiento que haga del documento un órgano personal de prueba al declarar, para lo cual se le deberá exhibir a quien depone para que lo reconozca o informe sobre él, narrando los hechos que le constan y le sean preguntados por las partes relacionados con el documento, en cuanto a su origen, naturaleza o contenido, a fin de acreditar aspectos que permitan determinar tanto su autenticidad como su pertinencia. La incorporación se realizará mediante lectura que efectuará el declarante que lo reconoció e informó del mismo. El Órgano jurisdiccional, prevé el numeral 380 del citado Código Nacional, a solicitud de los interesados, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos, para leer o reproducir parcialmente el documento en la parte conducente. La acreditación previa del documento, exigida por el numeral 383 citado, aplica a cualquier instrumento que se pretenda incorporar como prueba, en razón de que dicho dispositivo no hace distinción entre documento público o privado. Razón por la cual, aplica el principio jurídico de que donde la Ley no distingue el Juzgador no debe distinguir.

Atentos a lo dispuesto en el artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sólo se podrá incorporar a juicio como prueba material o documental aquélla que haya sido «previamente acreditada». Como lo sostiene la doctrina, los objetos y documentos constituyen prueba de proposiciones fácticas que los testigos afirman y como regla general, por sí solos no son idóneos para dar cuenta de su origen y naturaleza, ni del rol que cumplen al interior del relato de la teoría del caso de la parte oferente. Es a través de la declaración del imputado, de testigos, intérpretes o peritos en donde los objetos y documentos se acreditarán como tales y dejarán de ser cuestiones abstractas, convirtiéndose en el objeto o documento concreto del caso en cuestión. Esto ocurre, debido a que a través de declaraciones de testigos idóneos, los objetos y documentos cobrarán sentido en el relato general de la teoría del caso que se sostenga. De esta forma, normalmente la oportunidad para acreditar e introducir objetos y documentos al juicio será a propósito de la presentación de los testigos propios, en el examen directo. Con este soporte legal y doctrinario cabe afirmar que todo documento, sea público o privado, previo a su incorporación a juicio, debe ser acreditado. Acreditación que se realizará, en la audiencia de juicio, mediante el reconocimiento que haga del documento un órgano personal de prueba al declarar, para lo cual se le deberá exhibir a quien depone para que lo reconozca o informe sobre él, narrando los hechos que le constan y le sean preguntados por las partes relacionados con el documento, en cuanto a su origen, naturaleza o contenido, a fin de acreditar aspectos que permitan determinar tanto su autenticidad como su pertinencia.

Constitucionalmente el proceso penal tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. En tanto que doctrinariamente se reconoce que, por regla general, ni el proceso penal ni los Órganos jurisdiccionales han sido organizados con el objeto de sobreseer, sino para conocer de las controversias jurídicas en que intervengan y resolverlas, con excepción de los casos expresamente determinados por el legislador. Por ello, se afirma, que el sobreseimiento, al ser una excepción de la regla, sólo procede limitativamente en los casos señalados en la Ley. Así lo entendió el legislador cuando en el citado artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableció que el sobreseimiento procederá cuando se presente alguna de las nueve causas en él expresamente señaladas y en los demás casos en que lo disponga la Ley, según previene su fracción X. Las nueve causas taxativamente establecidas en las fracciones de la I a la IX, en el invocado numeral 237, son cuando se acredite que: el hecho no se cometió; el hecho no constituye delito; sea evidente la inocencia del imputado; éste esté exento de responsabilidad penal por una causa prevista en Ley —como las estatuidas en el artículo 26 del Código Penal para el Estado de Sinaloa—; agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos probatorios suficientes para fundar una acusación; la acción penal se hubiere extinguido —por ejemplo, en los casos previstos en el propio Código Nacional relativas al cumplimiento de lo pactado en un acuerdo reparatorio (Art. 189) o del plazo y condiciones de una suspensión condicional del proceso (Art. 191), o la actualización de alguna causal de las establecidas en el artículo 485—; el delito por el que se sigue el proceso haya sido derogado; el acusado ya hubiese sido juzgado, mediante sentencia firme, por el hecho materia de acusación; o, por la muerte del imputado. Otros casos expresamente previstos en el Código Nacional son: desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público (Art. 124); cuando las condiciones establecidas por el Juez de control para la suspensión condicional del proceso, así como el plan de reparación hayan sido cumplidas por el imputado dentro del plazo establecido para tal efecto sin que se hubiese revocado dicha suspensión condicional del proceso (Art. 199); o, cuando habiéndose cerrado la investigación haya vencido el plazo para la formulación de la acusación y el Ministerio Público no lo haya hecho (Art. 325). De ello se sigue que en el proceso penal acusatorio el sobreseimiento procederá taxativamente en los casos y por las causas dispuestas por una norma jurídica que tenga el carácter de Ley, sin que el numeral en comento dé margen, a juicio del Órgano jurisdiccional que reciba y dé trámite a la solicitud, de ampliar las causales a casos análogos a las fracciones de la I a la IX del aludido cardinal 327, pues la fracción X limitativamente lo prevé para «otros casos en los que así lo disponga la Ley», como lo son los antes identificados casos de los numerales 124, 199 y 395 del propio Código Nacional.

El sobreseimiento es una figura adjetiva que implica una terminación del proceso mediante resolución que no entra a la decisión de las cuestiones esenciales del asunto concreto. Si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales no lo define, doctrinariamente se puede entender el sobreseimiento como la resolución judicial que se dicta antes de que concluya el procedimiento penal y que pone término total o parcial al proceso, por actualizarse alguna de las causas previstas en la Ley que impiden su continuidad y posterior apertura respecto a los mismos hechos. En el proceso penal acusatorio que rige en nuestro país, legalmente, al tenor de lo dispuesto en los artículos 327, 328 y 329 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, ya que pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado. En cuanto a sus alcances, será total cuando se refiera a todos los delitos y a todos los imputados, y parcial cuando se refiera a algún delito o a algún imputado. Si éste fuere parcial, se continuará el proceso para los delitos o imputados que no hayan sido incluidos en el sobreseimiento.

Es un error de apreciación que el requisito previsto en la fracción I del artículo 101 del Código Penal que nos rige, se surte por no haberse acreditado por el Ministerio Público la reincidencia. Ya que, en casos de delitos del fuero común cometidos en Sinaloa, para efectos de la procedencia de la suspensión condicional de la pena de prisión que no exceda de cuatro años, acorde al artículo 101 del Código Penal para nuestra Entidad en vigor, que es el aplicable en la causa que se juzga, deben concurrir diversos requisitos, siendo uno de ellos el que «sea la primera vez que el reo incurre en un delito doloso», sin que se establezca que ello implique se requiera que «el sentenciado no sea reincidente por delito doloso». En este orden de ideas, para el otorgamiento del beneficio de la suspensión condicional de la pena debe distinguirse entre el requisito de que «sea la primera vez que el reo incurre en un delito doloso» —como lo mandata la fracción I del artículo 101 del Código Penal de Sinaloa— y el de que «el sentenciado no sea reincidente por delito doloso» —como lo prevé el inciso b) de la fracción I del numeral 90 del Código Penal Federal—, pues en tanto este último implica la «no reincidencia» en sentido estricto, no sucede lo mismo en el Ordenamiento estadual que rige los casos competencia de los Órganos Jurisdiccionales locales, que no establece el requisito de la no reincidencia, pues ciertamente para que se presente esta última figura, en su acepción técnico jurídica, se exige que el nuevo delito se cometa en un determinado lapso en relación con la aplicación o extinción de las sanciones anteriores, acorde a lo estatuido en el diverso artículo 78 de nuestro Código Punitivo. En tanto que la condicionante de que sea la primera vez que el sentenciado incurra en delito doloso contemplada en la fracción I del referido cardinal 101, significa únicamente que a quien se sentencia no haya cometido con anterioridad un delito doloso, independientemente del tiempo transcurrido entre la comisión de un delito y el otro, pues el antecedente de haber sido previamente sentenciado por delito doloso es el que se toma en cuenta para establecer que el sentenciado no tenía el carácter de primodelincuente, esto es, que no era la primera vez que incurría en este tipo de ilícitos. Condición en la cual se debe tener como no cumplido este requisito para conceder el beneficio en cuestión. Ello con independencia del sistema de juzgamiento, acusatorio o mixto, pues la suspensión condicional de la pena no es una institución de naturaleza procesal sino de carácter sustantivo, regida por el Código Penal vigente en nuestra entidad federativa, en asuntos del fuero local.

Conforme a consolidada doctrina jurisprudencial de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Juzgador goza de libre y prudente arbitrio para justipreciar los dictámenes periciales, facultad que expresamente le concede la Ley, sólo sujeto a las reglas de la sana crítica y a expresar las razones que consideró para darle o negarle eficacia probatoria a una pericial determinada. Dentro de este amplio arbitrio, el Juzgador, a las periciales emitidas legalmente puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, receptando o desestimando el único o los varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros, por estar o no en consonancia con el resto del material probatorio. Tenor en el cual, si a la autoridad sentenciadora no le convenció la opinión sustentada por el perito tercero en discordia o algún otro, estuvo entre sus atribuciones rechazarla, pues el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales que nos rige, estatuye que los Tribunales apreciarán los dictámenes periciales, según las circunstancias del caso, de ahí que su aceptación no es imperativa para la autoridad judicial, quien no está obligada a admitir como verdad legal los dictámenes periciales, porque son los Tribunales, y no los peritos, quienes tienen la potestad de juzgar y calificar el valor legal de lo dictaminado por el perito, teniendo en cuenta las otras pruebas existentes en las constancias de autos, así como los estudios técnicos que fundamentan las conclusiones en esos dictámenes, las fuentes que les sirvieron y, en general, todo lo probado en juicio y tenga relación con el conocimiento de la verdad.

Conforme a consolidada doctrina y jurisprudencia comparada y nacional, los indicios resultan idóneos y atendibles como prueba de cargo, con fuerza suficiente para desvanecer la presunción de inocencia, cuando reúnen las condiciones de ser plurales, esto es, múltiples en número; fiables, al no existir prueba en contrario que haga desconfiar de ellos; pertinentes, por estar relacionados con los hechos delictivos y las personas intervinientes; coherentes o concordantes, al ser unívocos, por señalar racionalmente en una misma dirección y concurrir y reforzarse mutuamente; no refutados, en virtud de no existir contraindicios atendibles con potencialidad acreditativa en contrario que hagan desmerecer su valor; y que al ser valorados conjuntamente y no de manera fragmentada, de su lógica y natural articulación y enlace, se obtiene la verdad procesal que se busca, a través de una conclusión lógica y natural, a la cual cada indicio considerado en forma aislada no podría conducir por sí solo. En el entendido que en materia penal, el indicio atañe al mundo de lo fáctico, porque, como lo ha sostenido jurisprudencialmente nuestra Corte Suprema, «[...] es un hecho acreditado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido».

Las bases para la valoración probatoria que en sana crítica debe realizar el Juzgador en el proceso penal acusatorio se encuentran contenidas en lo dispuesto en la fracción II, del Apartado A del artículo 20 de la Constitución General de la República y desarrolladas en los preceptos 259, 261, 263, 265, 356, 357, 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de cuya interpretación sistemática y funcional se obtiene como mandato constitucional y legal que la apreciación del valor de las probanzas debe hacerse según la libre convicción extraída, de manera libre y lógica, de la totalidad del debate. En este orden de ideas, es contrario a los principios de la sana crítica pretender que para la conformación en el Juzgador de la convicción de culpabilidad del enjuiciado, más allá de toda duda razonable, se exija que cada prueba en lo individual aporte información directa de los hechos y que cada testigo haya sido presencial de los mismos al momento de su comisión, igualmente lo es el negarles valor cuando aportan elementos de convicción indirectos o corroborantes de segmentos de otras pruebas. Ello en razón de que la convicción del Juzgador debe formarse de la apreciación armónica, conjunta e integral de la totalidad del acervo probatorio generado en el debate, en el entendido que, como lo ha sostenido nuestra Suprema Corte de Justicia en jurisprudencia firme, la prueba de cargo puede ser directa o indirecta, ambas atendibles con valor probatorio para formar convicción. Será directa cuando, en lo que respecta a los elementos del delito, el medio de prueba se refiere al hecho delictivo en su conjunto o algún aspecto de éste susceptible de ser observado y/o, en lo atingente a la responsabilidad penal, sobre la forma en la que una persona ha intervenido en esos hechos. En cambio, la prueba de cargo será indirecta si el medio probatorio se refiere a un hecho secundario a partir del cual pueda inferirse la existencia del delito, de alguno de sus elementos y/o la responsabilidad del procesado. La prueba de cargo indirecta puede valorarse en una de dos perspectivas, en una vertiente puede corroborar y darle solidez a una directa o bien, en otra, el enlace lógico y natural de varios medios indirectos puede conformar prueba indiciaria con valor pleno, con la virtualidad de desvanecer la presunción de inocencia, pues, como lo ha determinado nuestra Alta Corte, en aquellos casos en los cuales no exista una prueba directa de la cual pueda desprenderse la responsabilidad penal de una persona, válidamente podrá sustentarse la misma en una serie de inferencias lógicas extraídas a partir de los hechos que se encuentran acreditados en la causa respectiva. Así, como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando el Juzgador realiza una apreciación del acervo probatorio analizando en forma aislada y fraccionada cada una de las pruebas desestimando, con esa visión parcializada, su valor probatorio, vulnera el debido proceso y se aparta de la obligación de realizar una crítica racional de la prueba y justificar su valor con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de la totalidad del acervo probatorio.

El derecho humano al debido proceso tiene fuente constitucional y convencional, en los artículos 1, 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos. Por su parte, nuestra Suprema Corte de Justicia ha identificado las garantías del debido proceso, que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional, como las formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la denominada garantía de audiencia, las cuales permiten que los gobernados ejerzan amplia y efectivamente sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. En el sistema penal acusatorio, atendiendo la mejor doctrina y jurisprudencia nacional e internacional, se consideran como formalidades esenciales del procedimiento, todas aquéllas que contribuyan sustancialmente a que el proceso penal cumpla con su objeto de esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Enunciándose normativamente, para todo justiciable, las siguientes: a) ser juzgado, en un plazo razonable, sin dilaciones indebidas, conforme a leyes expedidas con anterioridad a los hechos, aplicadas exactamente y sin retroactividad desfavorable, por un tribunal jurisdiccional competente, independiente e imparcial previa y legalmente establecido; b) se le respete su dignidad como persona; c) ser considerado y tratado, judicial y extrajudicialmente, como inocente mientras no se determine legalmente su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Juez de la causa, y no auto incriminarse; d) contar con una defensa técnica adecuada desde el inicio del procedimiento con las mismas oportunidades, según corresponda, para sostener la acusación o la defensa, sin discriminación ilegítima alguna; ser notificado, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la acusación, la cual debe contener la descripción de los hechos imputados y su clasificación jurídica en el tipo delictivo que encuadra; e) le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso; f) tener la oportunidad de ofrecer pruebas para fincar su teoría del caso y contradecir las de la contraparte y que éstas le sean admitidas; g) se excluyan del proceso las pruebas ilícitas, o sea, las obtenidas con violación de derechos fundamentales; h) que las pruebas sean incorporadas al juicio y desahogadas oralmente ante el Juez de la causa, atendiendo las reglas procesales legalmente establecidas, en una audiencia pública regida por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; i) que las pruebas ofertadas, admitidas y producidas en juicio sean valoradas por el Tribunal en forma libre y lógica; j) se emita una resolución, debidamente fundada y motivada en Derecho, que dirima las cuestiones debatidas; k) únicamente se consideren como pruebas, para los efectos de la sentencia, aquéllas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio; l) no ser condenado sin que exista en el Juzgador la convicción, más allá de toda duda razonable, de su culpabilidad; m) que no se le imponga, por analogía o mayoría de razón, pena que no esté decretada en una ley exactamente aplicable y por el delito que fue juzgado por autoridad judicial; y, n) acceso a un recurso sencillo y efectivo a través del cual la sentencia pueda ser impugnada ante un tribunal de grado superior con facultades de revisión integral de la decisión.

Las bases para la valoración probatoria que en sana crítica debe realizar el Juzgador en el proceso penal acusatorio se encuentran contenidas en lo dispuesto en la fracción II, del Apartado A del artículo 20 de la Constitución General de la República y desarrolladas en los preceptos 259, 261, 263, 265, 356, 357, 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de cuya interpretación sistemática y funcional se obtiene como mandato constitucional y legal que la apreciación del valor de las probanzas debe hacerse según la libre convicción extraída, de manera libre y lógica, de la totalidad del debate, teniendo el Juzgador el deber ineludible de someter todas las probanzas a la crítica racional, confrontando las pruebas de cargo entre sí, teniendo en cuenta las relaciones mutuas entre ellas y la forma cómo se prestan o no apoyo o corroboración unas a otras y con las de descargo para evidenciar no tienen éstas la fuerza convictiva para hacer desmerecer las de cargo. Debiendo justificarse adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicar y justificar su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios, señalando qué información se obtiene de cada prueba y cómo la misma incide, directa o indirectamente, en acreditar algún aspecto de los hechos que se juzgan, ya sea en relación a la acreditación del delito o la identificación indubitable de las personas que intervinieron en su comisión culpable. Siendo contrario al referido mandato constitucional y legal realizar una justipreciación aislada y fragmentada de las probanzas desahogadas en juicio. Pues como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos se vulneran los principios de valoración integral y conjunta de la prueba, cuando quien juzga fragmenta el acervo probatorio y luego pretende «[...] enervar, caso por caso, los alcances de todos y cada uno de los elementos probatorios [...]», analizando aisladamente cada una de las pruebas, con una visión parcializada y no de manera integral. En este orden de ideas, es contrario a los principios de la sana crítica pretender que para la conformación en el Juzgador de la convicción de culpabilidad del enjuiciado, más allá de toda duda razonable, se exija que cada prueba en lo individual aporte información directa de los hechos y que cada testigo haya sido presencial de los mismos al momento de su comisión, igualmente lo es el negarles valor cuando aportan elementos de convicción indirectos o corroborantes de segmentos de otras pruebas. Ello en razón de que la convicción del Juzgador debe formarse de la apreciación armónica, conjunta e integral de la totalidad del acervo probatorio generado en el debate.

En un sistema de valoración libre y lógica de la prueba como es el que rige en el proceso penal acusatorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 20, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 259, 265, 356, 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, existiendo dos pericias contradictorias aportadas en juicio, corresponde al Juzgador de instancia, que recibió con inmediación la información de los peritos y percibió su desempeño al contestar las preguntas que las partes les formularon en el interrogatorio y contrainterrogatorio, decidir razonadamente cuál de los dictámenes le merece mayor valor, siendo apegado a Derecho que se incline por el que fue rendido por un perito que acreditó especialidad y experticia en la materia sobre la que versa la prueba como lo es en identifi cación fisonómica forense y, en contrapartida, desestime el rendido por peritos que reconocieron no tener dicha especialidad sino una correlativa pero genérica y diversa como lo es la de medicina forense, pues en favor del especialista milita la idoneidad de la información científica aportada en el debate, así como su utilidad para la solución de la controversia planteada, ya que la especialización como cualidad de los peritos, en principio, conlleva la contribución de conocimientos de mayor calidad científica sobre algún tema en específico y estará en mejor aptitud de aportar al Juzgador el entendimiento de aspectos controvertidos de la materia de la que es experto y que resultan esenciales para resolver determinada disputa en juicio.

El tipo penal de secuestro requiere que el activo tenga una finalidad específica por la cual lleva a cabo la privación de la libertad. En el caso concreto la acusación estableció que el propósito lo fue el obtener rescate. Aspecto que quedó acreditado, pues de lo narrado por el menor ofendido, corroborado por lo expuesto en juicio por su mamá, su hermana y la amiga de la mamá, se advierte en todo momento que se solicitó un pago para la liberación de la víctima y de esto se obtiene con claridad que el objetivo era obtener el pago de una cantidad de dinero que ascendería a dos millones de pesos para liberar a la víctima, lo cual no aconteció ya que éste fue liberado sin que se realizara pago alguno, lo cual no trasciende para la configuración del ilícito en mención. En efecto, para la actualización del delito de secuestro no trasciende el que al final no se haya pagado rescate alguno, pues la descripción típica de la conducta contemplada en la fracción I del numeral 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla como una modalidad del delito de secuestro el que la privación de la libertad de una persona sea efectuada con el propósito de obtener rescate, sin que requiera para su configuración que el pago o retribución solicitada sea efectivamente obtenido. Pues este tipo delictivo es de resultado anticipado o cortado en el que se colman las exigencias de existencia del delito sin que verdaderamente se obtenga la finalidad propuesta. En efecto, la doctrina sostiene pacíficamente que el tipo penal de delito de consumación anticipada que describe actos ya completos pero acompañados de un específico elemento subjetivo del injusto adicional al dolo y consistente en el ánimo de obtener un ulterior resultado, el cual no es preciso que se produzca para la consumación; por eso el delito se corta antes del resultado. Esto es, el tipo delictivo no requiere para la consumación la obtención de los fines típicamente relevantes del autor, o sea, la realización del último acto o la producción del resultado final. Razones jurídicas las anteriores que fundamentan que para la actualización del delito de secuestro, cuando su propósito sea la obtención del pago de un rescate, basta que esté acreditada la existencia de dicha finalidad, sin que sea requisito indispensable el que se acredite el que efectivamente se obtuvo el pago del rescate.

En el proceso penal acusatorio de nuestro país rige un «sistema de prueba libre», tanto en lo relacionado a lo que puede ser probado y los medios que pueden ser utilizados, como en lo relativo a su valoración por el Juzgador, ello derivado de una interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 20 Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 259, 265, 356, 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor. En efecto, conforme a los preceptos invocados se prescribe que cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito y que las pruebas serán valoradas por el Órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. Sistema de libertad probatoria, conforme al cual no puede desconocerse valor acreditativo de un testigo indirecto, esto es, quien ha rendido su testimonio sobre lo que escuchó, le refirieron o le contaron otras personas, pues ese medio de prueba es susceptible de estimación por el Juzgador de manera conjunta y con arreglo a las pautas de la sana crítica. En efecto, conforme lo ha sostenido la jurisprudencia nacional y comparada, el testimonio rendido ante el Tribunal en el juicio oral, bajo los principios de inmediación y contradicción, sobre hechos conocidos por referencia de otra persona es medio de persuasión idóneo, válido y atendible como indicio de cargo en el sistema acusatorio, cuando la información provenga de fuente de primer grado, esto es, haya sido escuchada por quien declara en juicio directamente de una persona que tuvo conocimiento inmediato de los hechos, como lo es la propia víctima, el sujeto activo del delito o un presencial del mismo, siempre y cuando el atestante señale con precisión cuál fue la fuente de su conocimiento y establezca las condiciones en que el testigo directo le comunicó dicha información. Ahora bien, por su naturaleza, al testimonio por referencia de terceros no se le reconoce poder convictivo para por sí mismo vencer la presunción de inocencia, sin embargo, sí podrá tener este valor persuasorio cuando aparezca corroborado o respaldado por otros elementos de convicción que no permitan dudar de la veracidad del relato hecho por otras personas al testigo. En otras palabras, el testimonio por referencia de terceros, puede generar convicción en el Juzgador para tener por acreditado, más allá de toda duda razonable, la existencia del hecho delictivo y la responsabilidad del acusado por su intervención culpable en su comisión, siempre que encuentre vínculo objetivo corroborante con el resto de las pruebas obrantes en el acervo probatorio.

El testimonio que refiere circunstanciadamente hechos comunicados por otra persona precisa e identificada que tuvo conocimiento inmediato de los hechos, difiere del que tiene como fuente de conocimiento el comentario público o el rumor popular, divulgado por personas no individualizadas, creado, alimentado y transformado por fenómenos de psicología colectiva y difundido sin dirección ni sentido de responsabilidad —tales como «en el pueblo o la colonia todos saben o dicen que», «fulano me contó que escuchó que se dice» u otros similares—, pues, en estos casos, se trata de un relato que va transmitiéndose de persona en persona, generalmente sumándole o suprimiéndole detalles al mismo progresivamente, que terminan distorsionando sustancialmente el contenido original. Siendo el primero, testimonio por referencia de primer grado, atendible y valorable, en tanto el segundo, testimonio que proviene de un comentario público o rumor popular, carece de mérito convictivo, pues validar éste equivaldría a admitir una prueba de origen anónimo y contenido incontrastable, cuya validez es contraria a elementales postulados que sustentan el Estado Constitucional de Derecho.

En el proceso penal acusatorio de nuestro país rige un «sistema de prueba libre», tanto en lo relacionado a lo que puede ser probado y los medios que pueden ser utilizados, como en lo relativo a su valoración por el Juzgador, ello derivado de una interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 20 Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 259, 265, 356, 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor. En efecto, conforme a los preceptos invocados se prescribe que cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito y que las pruebas serán valoradas por el Órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. Libre pues el Tribunal de enjuiciamiento apreciará la prueba según su libre convicción extraída de la totalidad del debate, asignando libremente el valor correspondiente a cada una de las probanzas, al no estar sujeto a un valor legal predeterminado de los medios utilizados para probar, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas. Sistema de libertad probatoria, conforme al cual no puede desconocerse valor acreditativo de un testigo indirecto, esto es, quien ha rendido su testimonio sobre lo que escuchó, le refirieron o le contaron otras personas, pues ese medio de prueba es susceptible de estimación por el Juzgador de manera conjunta y con arreglo a las pautas de la sana crítica, atendiendo, además, los criterios específicos para apreciar el testimonio con base en la credibilidad del testigo —aptitud para percibir, rememorar y narrar y ausencia de móviles espurios para ilegítimamente dañar o favorecer a alguien—, la verosimilitud del relato —que el contenido de la declaración no sea ilógico, absurdo o insólito en sí mismo y tenga corroboración con otras pruebas obrantes en el proceso— y la persistencia en lo declarado —que lo manifestado por el atestante sobre los hechos delictivos y la incriminación en contra del acusado sea concreto y se mantenga firme y constante, sin ambigüedades ni contradicciones sustanciales en las diversas ocasiones que se narró lo acontecido—, en aras de reconstruir, de la manera más aproximada posible, la verdad histórica y hacer justicia material, atendiendo las particularidades de cada caso. En esta tesitura, conforme lo ha sostenido la jurisprudencia nacional y comparada, el testimonio rendido ante el Tribunal en el juicio oral, bajo los principios de inmediación y contradicción, sobre hechos conocidos por referencia de otra persona es medio de persuasión idóneo, válido y atendible como indicio de cargo en el sistema acusatorio, cuando la información provenga de fuente de primer grado, esto es, haya sido escuchada por quien declara en juicio directamente de una persona que tuvo conocimiento inmediato de los hechos, como lo es la propia víctima, el sujeto activo del delito o un presencial del mismo, siempre y cuando el atestante señale con precisión cuál fue la fuente de su conocimiento y establezca las condiciones en que el testigo directo le comunicó dicha información.

La prueba indiciaria tiene reconocido en la doctrina y la jurispru- dencia nacional, comparada e internacional, el carácter de prueba indirecta, que construida a partir de hechos debidamente proba- dos, relacionados con los que se pretende probar, es factible dedu- cir racional y lógicamente la certeza o acreditación de los hechos que se busca comprobar, ya sea respecto del delito o de la respon- sabilidad penal del encausado. Ya que conforme a los mandatos constitucionales y legales que rigen el proceso penal acusatorio, la valoración probatoria que en sana crítica debe realizar el Juzga- dor lo será según la libre convicción extraída, de manera libre y ló- gica, de la totalidad del debate; en el entendido de que la libertad probatoria que rige en este sistema, implica libertad de medios de prueba, al estatuirse en el artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio lícito. Orden de ideas, en virtud del cual, en el proceso penal acusatorio, la prueba indiciaria es un medio lícito para la conformación en el Juzgador de la convicción de culpabi- lidad del enjuiciado, más allá de toda duda razonable. Pretender lo contrario, esto es que únicamente tenga el carácter de prueba la directa y el único testimonio valorable sea el del presencial, implicaría propiciar la impunidad y la indefensión social; lo cual no resulta acorde al principio general establecido en la fracción I, apartado A, del artículo 20 de la Constitución Política de los Esta- dos Unidos Mexicanos, de que el proceso penal acusatorio tiene por objeto «[...] el esclarecimiento de los hechos, proteger al ino- cente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen». La Corte Interamericana ha re- iterado que la prueba directa, ya sea testimonial o documental, no es la única que puede legítimamente considerarse para fundar la sentencia. Ello es así, ya que la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones, pueden utilizarse, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos. Como sucede en el caso que se juzga. Igualmente, nuestra Alta Corte ha enfati- zado, que la prueba circunstancial o indiciaria no resulta incompa- tible con el principio de presunción de inocencia, pues en aquellos casos en los cuales no exista una prueba directa de la cual pueda desprenderse la responsabilidad penal de una persona, es posible sostener la misma a través de la prueba indiciaria o circunstan- cial, esto es, puede válidamente sustentarse dicha responsabilidad en una serie de inferencias lógicas extraídas a partir de los hechos que se encuentran acreditados en la causa respectiva. Sin que la Corte Interamericana o nuestra Corte Suprema hayan delimitado que esos criterios, como infundadamente pretenden los agravis- tas, sean aplicables únicamente al sistema penal mixto y no sean compatibles con el sistema penal acusatorio, pues el principio de presunción de inocencia no cambia su esencia por el sistema de juzgamiento que rija la causa. Por su parte, la Corte Europea de Derechos Humanos, también ha reconocido a la prueba indiciaria como prueba totalmente legítima y ajustada al estándar de prueba «más allá de toda duda razonable», nivel de exigencia que permite el decaimiento de la presunción de inocencia, y tal prueba «puede resultar de la coexistencia de inferencias suficientemente fuertes, claras y concordantes o de presunciones de hecho similares no re- futadas». De todo lo anterior, con certeza se obtiene que la prueba indiciaria con eficacia para enervar la presunción de inocencia, es compatible con el proceso penal acusatorio.

En estricto apego al principio de inmediación, la valoración de las pruebas y la determinación de las conclusiones que se in- fieren de esa valoración es potestad soberana del Tribunal de Enjuiciamiento, en virtud de haberse practicado las probanzas en su presencia y bajo su dirección; por ello, el Tribunal de Alzada sólo puede verificar si esas pruebas son atendibles por ser lícitas y válidas, si las conclusiones obtenidas se ajustan a las reglas del recto entendimiento humano, esto es, si tienen logicidad, y si la motivación así constituida es expresa, clara, concreta y emitida con arreglo a las normas procesales que las regulan, es decir, si la motivación es acorde a los fundamentos de Derecho invocados y resulta razonable. Atentos a la mejor doctrina, la motivación de la sentencia penal no debe reducirse a simples afirmaciones genéri- cas, sino que debe dar cuenta, al menos, del resultado del análisis y valoración individual y conjunta de los medios de prueba tanto de cargo como de descargo; las inferencias obtenidas de esa aprecia- ción; los criterios utilizados para extraer conclusiones probatorias respecto de la reconstrucción fáctica y las razones fundantes de la decisión de culpabilidad; todo lo cual obliga al Tribunal sentencia- dor a relacionar los medios de prueba con lo que éstos acreditan tanto en relación a los hechos imputados como la responsabilidad del enjuiciado por su comisión. Motivación que está presente en la sentencia alzada. Por ello, aunque el Tribunal de Apelación pueda discrepar de los argumentos que el Tribunal de Juicio Oral utili- za para afirmar su certeza, no puede censurar en apelación esos argumentos, salvo que aparezcan como irrazonables, contrarios a la lógica, o que esos razonamientos estén basados en prueba no idónea. Y el Tribunal de Segunda Instancia no puede, ni debe, cen- surar esos argumentos porque la selección de la prueba —recibida durante la audiencia de debate por el Juzgador de instancia con inmediación—, para formar su convicción respecto del fondo del negocio —como lo es la acreditación del delito y de la responsa- bilidad penal del enjuiciado—, es una potestad jurisdiccional que pertenece únicamente al Juez de Enjuiciamiento que emite la sen- tencia, tal como se advierte del texto de los artículos 20, apartado A, fracción II de la Constitución Federal y 359 del Código Nacional

Ciertamente la prueba indiciaria es un mecanismo de construcción probatoria válido ya para acreditar la existencia del delito, ya para probar la responsabilidad penal del enjuiciado, que generalmente se utiliza cuando no existe prueba directa. Sin embargo, no existe disposición legal o precedente jurisprudencial que impida utilizar la prueba de indicios como elemento de convicción fortalecedor de la credibilidad o verosimilitud de una prueba directa única, como puede ser el testimonio de la víctima de un delito de realiza- ción oculta. Y sí, en cambio, existe criterio jurídico sostenido por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al resolver el Amparo Directo en Revisión 2235/2012 , razonó que si el Juz- gador decidiera corroborar el resultado obtenido con una prueba directa a través del empleo de una prueba circunstancial, esto sólo derivaría en la confirmación de un hecho previamente probado por medios directos, y ese ejercicio de valoración y determinación de la verdad legal tampoco sería violatorio de los derechos fundamen- tales a la presunción de inocencia ni a la debida fundamentación y motivación de la decisión, ni ningún otro.

Con carácter orientador, se puede traer a colación lo sostenido, en la jurisprudencia nacional y comparada, en torno a las circunstan- cias o aspectos acreditados por otros medios de prueba, que tienen la potencialidad acreditativa para ser considerados como corrobo- raciones periféricas y pueden hacer más creíble la versión de la víctima de alguna forma de violencia sexual, entre los cuales, con una finalidad meramente ilustrativa, se enuncian la descripción o dictaminación, según corresponda, de: a) el daño psico-emocional sufrido por la víctima y su estado anímico alterado en los momen- tos posteriores a la ocurrencia de los hechos; b) heridas o lesiones genitales o extra genitales, cuando en la agresión hubiere actos de violencia física; c) evidencias ginecológicas de desfloración en ca- sos de violación vía vaginal o desgarramiento en los de penetración anal; d) rastros de líquido seminal o muestras biológicas de adn —ácido desoxirribonucleico— en el área genital o paragenital de la víctima, en supuestos de cópula; e) la alteración de comportamien- to de la víctima apreciado a raíz de los hechos traumáticos vividos; f) la confirmación de que las personas que aparecen como vícti- ma y victimario pudieron estar a solas según las circunstancias de tiempo, modo o lugar señalados en la acusación; g) las actividades realizadas por el enjuiciado para propiciar o procurar estar a solas con la víctima; h) las características del sitio donde ocurrió el abu- so sexual; i) los contactos previos, concomitantes o posteriores que la presunta víctima y el imputado hayan tenido por vía telefónica, a través de mensajes de texto, redes sociales o cualquier otra vía de comunicación; j) las razones por las cuales el ataque con impli- caciones sexuales no pudo ser percibido, en el momento en el que ocurrió, por otras personas presentes en el lugar o sus cercanías, cuando ello sea pertinente; k) la convalidación de circunstancias específicas acontecidas circundando el ataque con connotación sexual; l) los antecedentes del ambiente psico-social en el cual se hayan desarrollado las relaciones entre la víctima y el acusado; en- tre otras. En el claro entendido que no es posible, ni conveniente, hacer un listado taxativo y obligatorio de las formas de corrobora- ción de la declaración de la víctima, pues éstas dependerán de las particularidades específicas de cada caso concreto.

La apreciación del Juzgador resulta validable al valorar los dictá- menes a partir de confrontarlos con el resto de las probanzas, razo- nando el por qué no le merecen valor al apreciar sus conclusiones y hechos objetivos como la descripción del lugar donde ocurrieron, la posición en que se encontraron los vehículos intervinientes por los agentes de Policía que elaboraron el dictamen inicial, el sitio y tipo de daños que sufrieron las unidades motrices, vinculados con lo declarado por los testigos presenciales, que con claridad describie- ron momento a momento el desarrollo de los hechos. Valoración que se aprecia lógica y acorde a las máximas de experiencia, pues expresa los argumentos por los cuales considera no resultan aten- dibles los dictámenes referidos, evidenciando que sus resultados se encuentran contradichos por otras probanzas existentes en el sumario y le merecen credibilidad, pues, se infiere, resultan más

Como resulta de explorado Derecho, dentro del amplio arbitrio ju- risdiccional que la Ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para valorar los dictámenes periciales, el Juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prue- ba plena, eligiendo entre los que hayan sido emitidos e incorpo- rados a la causa en forma legal, aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros, pues lo concluido en los dictámenes no le es obligatorio, sino que le sirven de guía u orientación para normar su criterio, porque los Tribunales son los encargados de juzgar y no los peritos, cuyos co- nocimientos técnicos sobre una ciencia o arte se vierten para ilus- trar al Juez, quien puede calificar el valor legal del juicio pericial, teniendo en cuenta las constancias de autos, el estudio contenido en esos dictámenes, las fuentes que les sirvieron como base y, en general, cuanto tenga relación con el conocimiento de la verdad. En este orden de ideas, si el Juzgador, en uso de su arbitrio, se orientó por el dictamen de unos peritos, y para hacerlo así razonó su con- vicción, ésta debe ser respetada y prevalecer, pues actuó con apego a Derecho y sin apartarse de la lógica, los conocimientos científicos ni las máximas de experiencia, que rigen la sana crítica. Sin que el número de dictaminaciones en sentido semejante sean determi- nantes por sí mismo, sino que será el contenido objetivo de los dic- támenes, las conclusiones objetivas ilustrativas y los estudios con fundamentos técnicos científicos que los respalden, así como su correspondencia y corroboración con las otras pruebas atendibles existentes en la causa, las que podrán ser criterios válidos para que el Juzgador se incline por ese dictamen para sustentar su decisión.

Los testimonios, comunes y expertos, válidamente resultan probanzas atendibles, cuando se trata del dicho de personas que tienen credibilidad subjetiva, al estar en uso normal de sus facultades de percepción, rememoración y comunicación, al no existir prueba en contrario; declararon espontáneamente sobre lo que les consta, relatándolo sin actitudes o expresiones paralingüísticas —gestos, actitudes, miradas, movimientos o posiciones corporales, tono de voz, llanto, risa o cualquier otra manifestación utilizados para dar más énfasis o complementar el significado del lenguaje verbal— que denotaran falta de sinceridad. No existiendo en el sumario elementos de convicción de que declararon como lo hicieron movidos por animadversión, venganza, insana intención de causar daño al imputado, favorecer ilegítimamente a otra persona o algún otro móvil espurio. Sin que el auténtico deseo de justicia de la víctima pueda calificarse como tal. También, sus dichos son verosímiles, en razón a que lo narrado tiene claridad, precisión y coherencia interna —pues en su contenido, no existen afirmaciones contradictorias que se anulen entre sí—, y la información proporcionada en juicio tiene rasgos objetivos de credibilidad por estar acorde con el lógico y natural acontecer de las cosas en la realidad en el tipo de sucesos descritos y los hechos relatados no son ilógicos, irreales o fantasiosos. Y confrontados entre sí y con el resto de las probanzas, se prestan respaldo unos a otros, constatándose, además, que no existen, en el caudal probatorio, elementos fiables, de carácter objetivo, que contradigan o pongan en real entredicho la veracidad de la versión de los declarantes. Asimismo, fueron persistentes en lo manifestado en todas sus deposiciones, pues en éstas no se presentan contradicciones sustanciales y se hicieron sin ambigüedades, generalidades o vaguedades, especificando y concretando los hechos, al narrarlos, dentro de márgenes razonables, con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar. Igualmente, las opiniones de quienes fungieron como peritos resultan atendibles, dada la experticia que tienen de varios años en el desempeño de su profesión y en la elaboración de peritajes del ramo respecto al cual dictaminaron en la causa, basando sus conclusiones en las evidencias recabadas y analizadas metódicamente con base en sus conocimientos especiales en la ciencia, técnica, arte u oficio en la cual tienen pericia y con su opinión experta proporcionan elementos que corroboran periféricamente aspectos objetivos, en cuanto a la materialidad de los mismos, de los hechos narrados por los testigos y las incriminaciones que se desprenden en contra del imputado. En el caso concreto, los peritos basaron sus conclusiones en las evidencias recabadas en la entrevista con el menor, y por otra, el agente investigador constató que esas evidencias guardaran congruencia con los lugares y circunstancias referidos por los otros testigos, fijándolos mediante fotografías que en su oportunidad fueron incorporadas a la audiencia, con lo cual dan credibilidad a lo dicho por aquéllos con respecto a los hechos que les constaron.

Conforme lo sostiene la jurisprudencia nacional, en los precedentes de los Amparos Directos en Revisión 6389/2015 y 532/2019, y la comparada, esta última que se recepta con carácter orientador, la aceptación de responsabilidad por parte del acusado en el procedimiento abreviado por la vía de un preacuerdo celebrado con la Fiscalía, no sólo es vinculante para éstos, sino también para el Juez, a quien le corresponde dictar el respectivo fallo anticipado, atendiendo a lo convenido por las partes, salvo que advierta vicios del consentimiento o vulneración de garantías fundamentales. En esas condiciones, se ha sostenido, al derivar las consecuencias el Juez no puede apartarse de lo acordado, ni menos entrar a hacer distinciones que la Ley no autoriza, tampoco le está permitido separarse del acuerdo entre la Fiscalía y el imputado, que le es vinculante y es irretractable. En esta tesitura, al actuar de oficio modificando motu proprio la pena solicitada por el Ministerio Público y aceptada libre y conscientemente por el acusado, el Juez de control muestra un desapego al principio acusatorio y a los de imparcialidad judicial, de igualdad de armas, de contradicción, de lealtad procesal y de buena fe, pues estaría vulnerando el equilibrio consensuado por las partes para la solución del conflicto, inclinándose hacia el favorecimiento de una de ellas, dejando inaudita a la contraria, convirtiéndose a la vez en Juez y parte, truncando la buena fe de quienes lealmente, sin coacción, llegaron a un acuerdo cuyo cumplimiento honrarían, del cual se aparta el Juzgador sin fundamento legal alguno.

En el procedimiento abreviado, la labor del Juez de control, sostuvo nuestra Suprema Corte en las Ejecutorias de los Amparos Directos en Revisión 6389/2015 y 532/2019, se constriñe a determinar si la acusación del imputado contiene lógica argumentativa y corroborar que haya suficientes medios de convicción que la sustenten, es decir, que la aceptación del acusado no sea el único dato de prueba, y que se encuentre relacionado con otros datos que den congruencia a las razones de la acusación. Esto es, el Órgano Jurisdiccional debe limitarse a analizar la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados por el Ministerio Público en la acusación. En el entendido que en el proceso ya previamente se había dictado auto de vinculación a proceso donde el Juzgador apreció la existencia de datos de prueba plurales que corroboraron la comisión de un hecho que la Ley señala como delito y que existe probabilidad de que el imputado lo cometió o participó. Este análisis también abarcó las excluyentes del delito, la prescripción y cualquier causa de extinción de la acción penal. Por tanto, valora la Alta Corte, el análisis jurisdiccional que se necesita para determinar si los medios de convicción reunidos por el Ministerio Público sustentan la acusación, no se realiza por primera vez al estudiar la procedencia para la apertura del procedimiento abreviado. Esto es, al determinar la procedencia del procedimiento abreviado, el Juzgador parte de lo que ya se estudió en el auto de vinculación y agrega un análisis sobre la aceptación del imputado, así como, en su caso, de las posibles modificaciones a la acusación que correspondan o la pena que se solicita imponer. Así, entiende la Corte, la posición del Juzgador en el procedimiento abreviado no es otra que la de un ente intermedio, que funge como órgano de control para que se respete el debido proceso y no se vulneren los derechos procesales de las partes. Una especie de árbitro en una negociación entre partes idealmente iguales que, de manera informada y autónoma, asumen voluntariamente los costos y beneficios del acuerdo pactado.

Acorde a la voluntad expresa del Legislador federal y a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los Amparos Directos en Revisión 6389/2015, 532/2019 y en la Contradicción de Criterios [antes Contradicción de Tesis] 50/2019, en interpretación de lo preceptuado en la fracción VII del Apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento abreviado es una medida de política criminal del Estado y una vertiente del principio de oportunidad, ejercida exclusivamente por el Ministerio Público, como forma anticipada de terminación del proceso y no debe ser entendido como un derecho o prerrogativa del imputado para acceder a una reducción de la pena. Esto es, no representa un derecho subjetivo del inculpado, de recibir un beneficio real, inminente y significativo en relación con la sanción, sino únicamente que la pena propuesta sea aceptada por él en forma libre, consciente e informada de los alcances y consecuencias, por considerar, ponderando con su Defensor las circunstancias del caso concreto, responde, en la medida pactada, a sus intereses.

Como lo ha reconocido nuestro Alto Tribunal al resolver la Contradicción de Criterios [antes Contradicción de Tesis] 50/2019, en el procedimiento abreviado el imputado renuncia a su derecho de acudir al juicio, reconoce su participación en el delito por el cual se le acusa y acepta que se le sentencie con los datos de prueba con que se cuenta en la causa penal. Razonando, nuestro Alto Tribunal, que dependiendo de las circunstancias de cada caso, la negociación entre el Fiscal y el imputado y su Defensa, permitirá evaluar y aceptar, en su caso, alguno de los siguientes acuerdos: a) solicitar que se sancione el delito con la penalidad mínima o una superior; b) solicitar que sólo se reduzca la prisión y se imponga la multa mínima; c) pedir que sólo se reduzca la multa y se imponga la prisión mínima; o bien, d) solicitar tanto la reducción de la prisión como la multa en los límites y en los supuestos que señalan los párrafos tercero y cuarto del artículo 202 en estudio. De ahí que la naturaleza y medida de la prisión y/o la multa con la que se sancionan los delitos se convierten en el objeto de la negociación. Reiterando nuestra Corte Máxima que autorizar la solicitud del procedimiento no implica un derecho del acusado a que necesariamente se le imponga la mínima o se le reduzca tanto la prisión y la multa del delito materia de acusación, sino que tal eventual reducción dependerá de los términos del acuerdo alcanzado por las partes, dentro del margen señalado por la ley secundaria.

Atentos a consolidada doctrina jurisprudencial de nuestra Supre- ma Corte de Justicia de la Nación, sostenida en las Ejecutorias de los Amparos Directos en Revisión 6389/2015 y 532/2019, el procedimiento abreviado en el sistema penal acusatorio es un me- canismo procesal de justicia consensuada, tendente a resolver el conflicto mediante acuerdos entre las partes respecto a la acepta- ción, libre e informada, de responsabilidad por parte del encausa- do en la comisión de los hechos delictivos que se le imputan, el en- cuadramiento jurídico de los mismos y las penas propuestas por el Ministerio Público y aceptadas por el acusado con la asesoría de su Abogado respecto de los alcances de lo acordado. La posi- ción del Juzgador, en el procedimiento abreviado, es figurar como un ente intermedio, que funge como órgano de control para que se respete el debido proceso y no se vulneren los derechos funda- mentales de las partes. En esa posición, le corresponde verificar que efectivamente se actualizaron las condiciones presupuestales para la procedencia de la resolución anticipada de la controversia; es decir, limitarse a analizar la congruencia, idoneidad, pertinen- cia y suficiencia de los medios de convicción invocados por el Mi- nisterio Público en la acusación. Correspondiendo al Juez de con- trol verificar que se den las condiciones necesarias para que ese proceso consensual tenga las características necesarias para ser legítimo. El Juzgador actúa como un árbitro en esa negociación, pero, en consonancia con los principios de imparcialidad, igual- dad de partes, buena fe y lealtad procesal, no vigila la distribu- ción de beneficios como tal, sino únicamente que dicho acuerdo se haya realizado en condiciones legales y legítimas, sin violentar de- rechos fundamentales. Nuestra Corte Suprema ha sostenido que ciertamente el Juez del control puede verificar la optimización de las precondiciones que permiten llevar a las partes a negociar, sin embargo, está impedido para modificar la pena o negarse a impo- ner una que, a su entender, parezca poco beneficiosa. Las penas negociadas por las partes, en su tipo y monto, con apego a las pre- vistas legalmente para el ilícito configurado y dentro de los már- genes mínimo y máximo, son vinculantes tanto para el Fiscal y el acusado, como para el Juzgador.

Acorde a la voluntad expresa del Legislador federal, en interpre- tación auténtica de lo preceptuado en la fracción VII del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento abreviado es una medida de política criminal del Estado y una vertiente del principio de oportunidad, ejercida exclusivamente por el Ministerio Público, como forma an- ticipada de terminación del proceso y no debe ser entendido como un derecho o prerrogativa del imputado para acceder a una reduc- ción de la pena. Esto es, no representa un derecho subjetivo del inculpado que acepta su responsabilidad, de recibir un beneficio real, inminente y significativo en relación con la sanción, sino úni- camente que la pena propuesta sea aceptada por él en forma libre, consciente e informada de los alcances y consecuencias, por con- siderar, ponderando con su Defensor las circunstancias del caso concreto, responde, en la medida pactada, a sus intereses. Y con- forme lo sostiene la jurisprudencia comparada, que se recepta con carácter orientador, la aceptación de responsabilidad por parte del acusado en el procedimiento abreviado por la vía de un preacuer- do celebrado con la Fiscalía, no sólo es vinculante para éstos, sino también para el Juez, a quien le corresponde dictar el respectivo fallo anticipado, atendiendo a lo convenido por las partes, salvo que advierta vicios del consentimiento o vulneración de garantías fundamentales. En esas condiciones, se ha sostenido, al derivar las consecuencias el Juez no puede apartarse de lo acordado, ni menos entrar a hacer distinciones que la Ley no autoriza, tampoco le está permitido separarse del acuerdo entre la Fiscalía y el imputado, que le es vinculante y es irretractable. En esta tesitura, al actuar de oficio modificando motu proprio la pena solicitada por el Minis- terio Público y aceptada libre y conscientemente por el acusado, el Juez de control muestra un desapego al principio acusatorio y a los de imparcialidad judicial, de igualdad de armas, de contra- dicción, de lealtad procesal y de buena fe, pues estaría vulnerando el equilibrio consensuado por las partes para la solución del con- flicto, inclinándose hacia el favorecimiento de una de ellas, dejan- do inaudita a la contraria, convirtiéndose a la vez en Juez y parte, truncando la buena fe de quienes lealmente, sin coacción, llegaron a un acuerdo cuyo cumplimiento honrarían, del cual se aparta el Juzgador sin fundamento legal alguno.

En una interpretación acorde a los principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, no es factible en nues- tro Estado Constitucional de Derecho, que en virtud del principio del interés superior del menor, se soslayen los requisitos indispen- sables para el dictado de una sentencia condenatoria, como lo son la suficiencia y eficiencia de las pruebas de cargo, pues en todos los casos el Juzgador deberá ponderar y compaginar otros princi- pios constitucionales como los de legalidad penal, debido proce- so, defensa adecuada y presunción de inocencia, conciliándolos y

En el tema concreto de la admisión y desahogo de pruebas consis- tentes en las declaraciones que niñas y niños deben rendir en el proceso penal, sea como víctimas o como testigos, convergen dere- chos humanos de ambas partes que se hace necesario compatibi- lizar, como lo son, por un lado, el derecho de la persona menor de edad a que su interés superior se tenga en consideración en todas las medidas o decisiones que le afecten, y, del otro, los derechos de la persona imputada a la presunción de inocencia y al debido pro- ceso, conformado, entre otros, por el derecho a una defensa ade- cuada, a que se le reciban todos los medios de prueba pertinentes que ofrezca y a interrogar a los testigos que depongan en su contra. Compatibilización que deberá hacerse con apego a los principios de interdependencia e indivisibilidad que rigen la interpretación de los derechos humanos. Entendiendo que la interdependencia se traduce en que todos los derechos humanos se encuentran vin- culados entre sí, con el mismo valor, sin que exista ninguna je- rarquía, de forma tal, que es imposible su plena realización sin la satisfacción simultánea de los otros, cada uno de los cuales debe apreciarse en su integralidad, al ser indivisibles. Principios de in- divisibilidad y de interdependencia que implican la realización de esfuerzos por los Tribunales para que todos los derechos se hagan efectivos a la vez, en una interpretación de los mismos conforme a los valores constitucionales. En efecto, los artículos 20 de nuestra Constitución General, en su párrafo primero y en sus fracciones II, III, V, VIII del Apartado A, y I y IV del Apartado B; 14.2., 14.2.e. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2. y 8.2.f. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todo impu- tado tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Juez

El principio pro persona carece del alcance de imponer que la valo- ración de la prueba deba ser favorable a los intereses del inconfor- me, pues es un método de interpretación mediante el cual el Juzga- dor frente a dos posibles entendimientos racionales del contenido y alcance de un derecho, debe optar por aquél que le traiga mayor beneficio al derechoso, sin que dicho principio implique que las pretensiones de las partes necesariamente se resuelvan a su favor,

Si del estudio de las constancias que realiza el Tribunal de Alzada, advierte que en el caso concreto, el a quo no realizó una adecuada valoración de los testimonios de cargo, toda vez que sus dichos re- sultaron ineficaces al presentar diversas inconsistencias y contra- dicciones respecto del hecho imputado, relativo al delito de «Abuso sexual agravado, en contra de una persona que no tenga capacidad para comprender», habida cuenta que la denunciante, en su carác- ter de progenitora del pasivo, a la cual no le consta directamente el hecho imputado, reseña circunstancias y nombres de algunos testigos, lo cual posteriormente se contrapone con lo manifestado

El delito continuado es una figura jurídica con base en la cual una pluralidad de acciones realizadas por el sujeto activo individual- mente contempladas se pueden tener como delictivas, pero que al ser homogéneas, con unidad de propósito delictivo, con identidad de sujeto pasivo, en circunstancias semejantes y violando el mis- mo precepto legal, se consideran como constitutivas de un delito único. Por su naturaleza el delito de peculado ciertamente es ins- tantáneo, pues una vez realizada por un servidor público la acción de disponer en beneficio propio de un bien del Estado, en este caso dinero, que le fue confiado en virtud del cargo que desempeña, agota todos los elementos del tipo penal. Sin embargo, como lo ha sostenido nuestra Suprema Corte de Justicia, siendo el peculado, por regla general, un delito instantáneo, pues queda consumado al verificarse los hechos que lo conforman, por excepción, también puede constituir delito continuado. Ello cuando el activo realice

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurispru- dencialmente que la traslación del tipo y la adecuación de la pena constituyen un derecho fundamental de todo gobernado, protegido constitucionalmente, que puede ejercer ante la autoridad corres- pondiente, para que ésta determine si la conducta estimada como delictiva conforme a la legislación punitiva vigente en la fecha de su comisión continúa siéndolo en términos del nuevo ordenamiento, esto es, para que analice los elementos que determinaron la confi- guración del ilícito de acuerdo a su tipificación abrogada frente a la legislación vigente y decida si éstos se mantienen o no y, en su caso, aplicarle la sanción más favorable. El Código Penal estadual en vigor, en su artículo 6, establece que cuando entre la comisión del delito y la extinción de la pena o medida de seguridad se pu- siere en vigor otra ley aplicable al caso, se estará a lo dispuesto en la ley más favorable al imputado, acusado o sentenciado. Y que la

Existiendo pluralidad de conductas realizadas en diferentes mo- mentos el delito continuado coincide en ello con el concurso real de delitos. Disponiendo nuestro Código Punitivo, artículo 25, que no hay concurso cuando las conductas constituyen un delito conti- nuado. Lo que hace conveniente precisar las necesarias diferencias que permiten distinguir uno de otro. Nuestra Máxima Corte ha sostenido que cuando en cada una de la pluralidad de acciones el sujeto activo agote los elementos típicos del ilícito, denotando que sus actos van encaminados en cada ocasión a consumarlo, pero en diversos momentos, siempre que entre ellos hubiere secuela y separación en el tiempo, lesionando el bien jurídico tutelado, debe considerarse que se actualiza el concurso real homogéneo de de- litos. Puntualizando que en caso de actualizarse la concurrencia de varios delitos instantáneos realizados por el mismo activo en momentos distintos, no puede hablarse de un delito continuado, porque las conductas que se producen bajo ese esquema no son susceptibles de actualizar la unidad de propósito delictivo que re- quiere esta clase de ilícitos, entendiendo como tal el elemento de carácter subjetivo que exige del sujeto activo un conocimiento es- tructurado, un trazo a modo de plan o proyecto o un designio úni- co, mediante el cual las diversas acciones delictivas aparecen signi- ficando etapas de realización hacia un objetivo común y por esa ra- zón integran un delito único. La jurisprudencia comparada, que se toma como orientadora, sostiene que el delito continuado requiere como elemento objetivo una pluralidad de acciones u omisiones de hechos típicos diferenciados que no precisan ser singularizados ni identificados en su exacta dimensión puesto que esa pluralidad dentro de la unidad final es lo que distingue al delito continuado; un requisito subjetivo de que el sujeto activo de las diversas accio- nes sea el mismo y las realice en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión; homogeneidad del modus ope- randi en las diversas acciones, utilizando métodos, medios o téc- nicas de carácter análogo o parecido; así como, un elemento nor- mativo consistente en que los preceptos penales conculcados sean

Conforme a la legislación, la doctrina y la jurisprudencia, se ac- tualiza un delito continuado cuando nos encontremos ante una homogeneidad de actos que responden a un único plan de su au- tor, presidido por un dolo unitario que se proyecta igualmente en acciones que inciden sobre un mismo sujeto pasivo en circunstan- cias semejantes. Así, el delito continuado se actualiza cuando el mismo agente realiza acciones plurales con unidad de intención, ocasión y ejecución, que en su conjunto concurren a integrar un solo resultado delictivo. Nuestra Corte Suprema ha puntualizado, que, aunque la legislación no lo prevea, también se requiere que se afecte al mismo sujeto pasivo. Razonando al respecto que si el delito continuado requiere para su actualización de la pluralidad de acciones, la unidad de intención y la identidad de lesión, por ello, es indispensable, para que se integre la forma continuada de ejecución, el que la acción recaiga sobre el mismo pasivo, puesto que, si hay distintos pasivos podrá haber identidad en la figura de- lictiva que se integra, pero no en la lesión que se produce. La figura del delito continuado procura sancionar con una sola pena aque- llas conductas que aun siendo plurales responden a un esquema o unidad de propósito delictivo ciertamente único, en donde se evi- dencia el agente quiere cometer una sola conducta delincuencial. Esto es, las acciones, por su mecánica homogénea de ejecución, se perciben como una unidad, al estar vinculadas en el espacio y en el tiempo y ser realizadas conforme a una única resolución delictiva, lo que posibilita una unidad de valoración jurídica y que puedan ser juzgadas como una sola acción. Así pues, el delito continua- do, tiene como características la pluralidad de acciones, la unidad de intención y la identidad de la lesión, además, requiere que la acción recaiga sobre el mismo pasivo y que la conducta del acti- vo sea recurrente y exista entre las acciones intermitencia de mo- mentos pero con una conexión temporal. En este orden de ideas, puede darse el caso que en orden de su ejecución y consumación, un delito sea por naturaleza instantáneo como lo es el robo que se agota con un solo acto, esto es, con el apoderamiento sin derecho del bien ajeno. Delito de naturaleza instantánea, que puede cons- tituir un delito continuado cuando en virtud de las circunstancias de su comisión responda a una sola intención delictiva, requiera de una pluralidad de acciones realizadas en distintos momentos pero con una conexión temporal, afectando al mismo pasivo y violando el mismo precepto legal, como sucede en el ejemplo del llamado «robo hormiga», en el que mediante apoderamientos parciales que en sí mismos constituyen delito, se logra el apoderamiento de un bien —monto de dinero o conjunto de objetos— en partes.

Se puede sostener que, acorde a la ley, la doctrina y la jurispruden- cia, el delito continuado se actualiza cuando con unidad de pro- pósito delictivo se realizan por el sujeto activo una pluralidad de conductas homogéneas que responden a un único plan de su autor presidido por un dolo unitario que se proyecta igualmente en las acciones que inciden sobre un mismo sujeto pasivo en circunstan- cias semejantes, violando el mismo precepto legal. La figura del delito continuado permite considerar jurídicamente como un solo delito, la pluralidad de acciones que individualmente contempla- das son tenidas como delictivas. Y al ser estimado, por razones de justicia material, de técnica jurídica y de política criminal, como ilícito único, su punición es menor a la que resultaría de penalizar cada una de las conductas específicas realizadas.

Atentos a lo preceptuado en el artículo 13 del Código Penal para el Estado de Sinaloa vigente, por su forma de ejecución los delitos pueden ser instantáneos, cuando la conducta se agote en el mis- mo momento en que se han realizado todos los elementos de la descripción legal; permanentes, cuando la consumación se pro- longue en el tiempo; o continuados, cuando con unidad de pro- pósito delictivo y pluralidad de conductas se viole el mismo pre- cepto legal. Nuestra Suprema Corte de Justicia ha señalado que el delito instantáneo se caracteriza por consumarse en un solo acto agotando el tipo penal correspondiente; el permanente, supone un estado, o sea una acción consumativa del delito, que se prolon- ga sin interrupción, por más o menos tiempo, o sea, implica una persistencia en el resultado durante el cual el sujeto activo man- tiene su voluntad delictiva y, por ende, la antijuridicidad que es su consecuencia; en tanto que el continuado se actualiza cuando el mismo agente realiza acciones plurales con unidad de inten- ción, ocasión y ejecución, que en su conjunto concurren a integrar un solo resultado delictivo, puntualizando dicho Alto Tribunal, que, aunque la legislación no lo prevea, también se requiere que se afecte al mismo sujeto pasivo. Atendiendo a su propia natura- leza, ejemplos típicos de delitos instantáneos son el homicidio y las lesiones; de permanentes, la privación ilegal de la libertad y el secuestro. En tanto que en los continuados será necesario aten- der las circunstancias específicas de ejecución de una pluralidad de conductas delictivas que denoten una unidad de propósito cri- minal en el agente violando el mismo precepto legal y afectando al mismo pasivo, tal como sucede, por ejemplo, con el común- mente denominado «robo hormiga», que se materializa mediante

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estima que la vio- lencia basada en el género, es decir la violencia dirigida contra una mujer por ser mujer o la violencia que afecta a la mujer de manera desproporcionada, es una manifestación de desequilibrio históri- co entre la mujer y el hombre que ha llevado a su dominación y a su discriminación, así como que la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres está basada en el género. Postulando que los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera efi- caz ante las denuncias, para investigar, juzgar y sancionar la vio- lencia contra la mujer. En torno a la obligación de los Estados de

Juzgar con perspectiva de género implica reconocer que el origen de la violencia contra las mujeres se genera a partir de una relación histórica desigual de poder con los varones, sin eludir el análisis de las consecuencias y reacciones que sobrevienen a los hechos que vulneran sus derechos humanos. Sin perder de vista que la perspectiva de género en la administración de justicia no significa que en cualquier caso los órganos jurisdiccionales deban resolver el fondo del asunto conforme a las pretensiones planteadas por las personas justiciables en razón de su género, sino únicamente remover los impedimentos que arbitrariamente limitan sus posibi- lidades de desarrollo, el ejercicio de sus derechos y, por consecuen- cia, el acceso a una vida plena.

Juzgar con perspectiva de género implica reconocer que el origen de la violencia contra las mujeres se genera a partir de una relación histórica desigual de poder con los varones, sin eludir el análisis de las consecuencias y reacciones que sobrevienen a los hechos que vulneran sus derechos humanos. Una de las vertientes de esta me- todología, exige que en casos de delitos de violencia, de cualquier tipo, contra la mujer, sea necesario examinar tanto la distribución

La utilización de los apodos o alias en una Ejecutoria resulta válido ya que no se hace en sentido peyorativo ni discriminatorio, sino como un elemento de individualización necesario para identificar a los intervinientes en el proceso penal, pues acorde a las máxi- mas de experiencia, es común que a las personas se les conozca, reconozca y refiera más por su apodo, alias o apócope que por su nombre de pila o nombre completo con apellidos. De suerte tal, que la valoración de las declaraciones de los testigos, debe hacerse a partir de la forma en que conozcan y se refieran a determinada persona, sin que ello les reste valor si en el contexto de esa y las de- más pruebas se logra individualizar a la persona específica a quien aluden.

La calificativa de premeditación, aplicable a los delitos de lesiones y homicidio, está contemplada en el primer párrafo de la fracción I, del artículo 139 del Código Penal vigente en Sinaloa, el cual dispone: «Hay premeditación siempre que el agente cometa el he- cho después de haber reflexionado sobre el mismo». La Suprema Corte de Justicia de Nación ha sostenido que la calificativa de premeditación se constituye con un elemento objetivo y otro sub- jetivo inseparables, que son: a) el transcurso de un tiempo más o menos largo entre el momento de la concepción del delito y aquél en que se ejecuta, y b) el cálculo mental, la meditación serena o la deliberación madura del agente que persiste en su intención antijurídica. Entendiendo la Alta Corte que el puro fenómeno de la reflexión no basta para configurar la calificativa, pues lo que caracteriza a ésta es la persistencia del propósito delictivo durante un periodo más o menos largo, en que el sujeto espera o propi- cia la oportunidad para ejecutar el delito ya determinado en su decisión. Igual, nuestro Máximo Tribunal ha definido que la pre- meditación está integrada por tres aspectos: a) Resolución firme, decidida e irrevocable de cometer el delito; b) Un lapso entre la re- solución delictiva y la ejecución del ilícito, y c) Ejecución material del crimen. Indicándose que debe observarse que el intervalo debe preceder a la ejecución y no a la resolución. La premeditación es una modalidad de la acción y tiene como presupuestos la deci- sión preestablecida de cometer el delito, una selección de medios, una reflexión sobre las consecuencias del ilícito, la perseverante resolución de realizar el delito, con un intervalo temporal, más o menos prolongado, entre la decisión firme y la ejecución. Nuestra Corte Suprema ha sustentado que la calificativa de premeditación ciertamente requiere para su configuración jurídica, que exista un determinado lapso entre la resolución criminal y la ejecución del delito que permita al agente meditar y reflexionar sobre sus pro- pósitos; pero dicho intervalo no requiere necesariamente un tiem- po extenso. En el entendido que dicho lapso no puede, a priori,

Juzgando con perspectiva de género, en los delitos de violencia familiar que generalmente se realizan en el interior del domicilio donde conviven la persona agresora y la agredida y sin testigos presenciales, la declaración de la víctima —prueba directa— tiene especial relevancia y con el soporte de corroboración periférica que le brinden otros elementos de convicción allegados al proceso —prueba indiciaria—, tales como testimonios de personas cercanas sobre aspectos periféricos vinculados a los hechos delictivos o dictámenes periciales sobre los daños psico emocionales o lesiones que presente la ofendida, pueden llegar a constituir prueba plena para acreditar el delito y la responsabilidad penal del imputado por su intervención culpable en su comisión, por su aptitud para vencer la presunción de inocencia que opera en principio en favor de todo justiciable. Bajo estas pautas, resulta atendible el dicho de la víctima, especialmente cuando del racional análisis de su testimonio, no se adviertan contradicciones sustanciales que hagan dudar de su veracidad, máxime en delitos de violencia contra la mujer, en virtud de que, conforme a parámetros jurisprudenciales nacionales e internacionales, debe reconocerse un estándar de valoración probatoria de particular naturaleza en virtud de lo especialmente traumático de la experiencia violenta vivida, por ello, se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita describirlo, posibles variaciones en el relato que, por consiguiente, no podrán constituir fundamento alguno para restar valor probatorio a la declaración de la afectada. Mayormente cuando de lo expuesto por la ofendida, se aprecia que los hechos relatados y las circunstancias en las que cuales se dice ocurrieron, tampoco resultan ilusorios, fantasiosos o francamente contrarios al lógico acontecer de los hechos en la realidad. Sin dejar de considerar que la violencia familiar se realiza aprovechando o propiciando momentos en los cuales la persona agredida se encuentra sola, haciendo prevalecer la autoridad que ejerce el perpetrador sobre ella, las más de las veces imponiendo su superioridad física y procurando que la persona que sufre el ataque no comunique lo sucedido a terceros mediante amenazas de causarle un daño en su integridad física o en la de sus seres queridos.

Estando acreditado en autos que el acusado le dijo a su pareja que era una estúpida si creía que le iba a decir a su mamá la relación sentimental existente entre ellos, porque jamás lo sabría y si en alguna ocasión la madre de él llegara a ir a la casa y la ofendida estuviera ahí, le dijo que la iba amarrar y que iba a saber lo que era vivir un infierno, además que le controlaba el uso del teléfono y accedía a sus redes sociales. Expresiones verbales y acciones de control y sumisión las antes señaladas que, juzgando con perspectiva de género, constituyen violencia psicológica conforme a la fracción I del artículo 6 de la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que la define como cualquier acto que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir, entre otros, en celotipia, insultos, humillaciones, comparaciones destructivas, restricción a la autodeterminación o amenazas. Acciones que encajan en lo realizado por el enjuiciado, pues por celos, insultó y humilló a la pasivo, la amenazó con un daño mayor si no hacía lo que él le indicara y le restringió su autodeterminación al controlarle el teléfono que usaba y accediendo a las redes sociales de la afectada.

La motivación de la sentencia penal no debe reducirse a simples afirmaciones genéricas, sino que debe dar cuenta, al menos, del

En el sistema de libre valoración de la prueba que, con rango cons- titucional, rige en el proceso penal acusatorio, la selección de la prueba para formar la convicción y tomar la decisión de fondo, así como la credibilidad de la misma, corresponde en exclusiva al Tribunal que con inmediación recibió el caudal probatorio, con la única limitante de que lo debe hacer en sana crítica, esto es, aten- diendo las pautas del recto entendimiento humano, con apego a las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos. En el entendido que el optar racionalmente por darle mayor credibilidad y fuerza acreditativa a las pruebas de cargo o a las de descargo, es una función del Tribunal de enjuiciamiento en recto uso de su arbitrio jurisdiccional, sin que su ejercicio deno- te, por sí mismo, parcialidad o desigualdad alguna, pues en todo proceso entre partes con intereses enfrentados el Juzgador deberá formar su convicción decisoria inclinándose por algún grupo de pruebas, sean las de cargo o las de descargo, debiendo expresar las razones lógico jurídicas por las cuales le resultaron más con- fiables unas pruebas y no otras. Esto es, cuando el Juzgador en uso de su prudente arbitrio legal y mediante un proceso lógico, lleva a cabo la valoración de uno y otro grupo de testimonios, in- clinándose por aquél que con base en dicho proceso resulten ser más verosímiles, es una acción que no puede ser, por sí misma, evidencia de falta de imparcialidad del Tribunal ni trato desigual o desequilibrado hacia las partes. Por ello, ningún reproche fundado resulta a la valoración de las pruebas de cargo y descargo reali- zado en la sentencia impugnada, pues la Juez, como se evidencia de la sola lectura de la sentencia, la realizó confrontándolas entre sí, argumentando el por qué prevalecían las de cargo y desmere- cía el valor de las de descargo, haciéndolo de manera imparcial,

Conforme a consolidada doctrina y jurisprudencia comparadas, para emitir en un proceso penal una decisión de fondo de conde- na, el Tribunal sentenciador, que recibió las probanzas con inme- diación, deberá llegar objetivamente a la convicción, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad del justiciable, obtenida de la apreciación racional del caudal probatorio, desahogado en la audiencia de juicio o incorporado a ella conforme a los supuestos de prueba anticipada, comprobando que en dicho acervo exista prueba de cargo —así considerada por su contenido netamente incriminatorio, no desvirtuado por las probanzas de descargo—; que dicha prueba sea lícita y válida —esto es, haya sido obtenida y aportada al proceso con observancia de los derechos fundamen- tales de las partes reconocidos en la Constitución y los Tratados Internacionales de la materia y cumpliendo las formalidades exi- gidas por la legislación procesal aplicable—; y, que la misma sea suficiente y eficiente —es decir, ha de considerase, en su debida adminiculación, bastante e idónea, por la aptitud y contundencia de la información inculpatoria que de ella se obtiene, para jus- tificar la condena—; debiendo el Juzgador valorar la prueba de manera coherente y razonable, de acuerdo con las reglas de la ló- gica, los principios científicos y las máximas de experiencia, fun-

En el sistema penal acusatorio, al Órgano Jurisdiccional de segunda instancia le corresponde evaluar que la información que se obtuvo directamente de la prueba de cargo aportada en juicio por el órgano de la acusación, fundada y razonablemente ha permitido al Tribunal sentenciador alcanzar una certeza objetiva sobre los hechos ocu- rridos y con base en la misma declararlos probados, así como la intervención culpable del acusado en ellos, descartando, al mismo tiempo la versión alternativa de no culpabilidad por carencia de la necesaria racionalidad y prueba idónea de dicha teoría defensista. En este orden de ideas, el Tribunal de Alzada, del detenido estudio de la sentencia escrita y los registros audiovisuales del juicio, debe verificar que no resulte ilógica o irracional la conclusión del A quo respecto a la comisión del delito y la culpabilidad del sentenciado, constatando que la sentencia condenatoria se fundamentó en una prueba de cargo plural, en número y naturaleza, ya sea directa o indirecta; prueba que fue constitucional y legalmente obtenida y

En el sistema penal acusatorio, lo probatoriamente relevante de los testimonios de las o los peritos en causas en las que se valora a una menor de edad víctima de delito sexual, los es, en primer término, que durante las entrevistas, a ambos peritos en Psicología, por se- parado, la menor ofendida les reveló que el inculpado, en varias ocasiones le había tocado su vagina y sus pechos [busto o senos] y le había pedido le tocara su pene lo cual ella hizo; en segundo lugar, que ambos expertos concluyeron que de los estudios realizados a la niña, ésta presentaba comportamientos y actitudes de tristeza, llanto, ansiedad, temor e irritabilidad, compatibles con secuelas de ataques de significado sexual como los que dice haber sufrido, así como daños psicoemocionales de magnitud tal que, para su re- cuperación, se requerían al menos veintiocho sesiones de terapia

En cuanto a la calificativa de ventaja, como disposición común al homicidio y las lesiones, es conveniente partir de la regulación le- gal de esta figura y los criterios jurídicos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito han sustentado para su actualización y prueba. Al respecto el artículo 139 del Código Penal vigente en nuestra Entidad, en el tercer pá- rrafo de la fracción I, dispone: «Hay ventaja cuando el sujeto rea- liza el hecho empleando medios o aprovechando circunstancias o situaciones tales, que imposibiliten la defensa del ofendido y aquél no corra riesgo alguno de ser muerto o lesionado, con conocimien- to de esta situación». Regulación de la que se obtiene que para la configuración de la calificativa de ventaja se requieren elementos objetivos y subjetivos, a saber: A) Objetivos: a) Empleo de medios o aprovechamiento de circunstancias o situaciones tales que impo- sibiliten la defensa del ofendido; y b) Que el activo no corra riesgo alguno de ser muerto o lesionado; y B) Subjetivos: Que el activo tenga conocimiento —conciencia— de la situación de superiori- dad que imposibilita la defensa del ofendido y que no corre ries- go de ser muerto o lesionado. Así, conforme a criterios jurídicos de nuestro Máximo Tribunal, para que se actualice la calificativa de ventaja en el homicidio y las lesiones ésta debe entenderse en su acepción técnica y no vulgar, debiendo acreditarse que concu- rrieron en el caso: a) una situación de superioridad e inmunidad o indemnidad al peligro del activo del delito respecto del pasivo

En el sistema de libre valoración de la prueba que rige en el pro- ceso penal acusatorio, con rango constitucional conforme a lo pre- ceptuado por el artículo 20, Apartado A, fracción III de nuestra Ley Fundamental, las únicas declaraciones que tienen el carácter de prueba para sustentar la sentencia, son las vertidas en la au- diencia de juicio, no cobrando aplicación el principio de inmedia- tez procesal de que las deposiciones rendidas primero en tiempo o más próximas a los hechos son más atendibles, pues las únicas que tienen ese rango son las que se surten durante el debate.

La fracción II del artículo 187 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, prevé como agravante para algunos delitos, entre ellos el de abuso sexual, cuando el agente lo realice aprovechando ser ministro de culto religioso, elemento normativo cuya comprensión no está delimitada en el propio Código, por lo cual, como resulta de explorado Derecho, requiere de una valoración cultural o jurídica, ya que el Legislador describe la conducta prohibida utilizando palabras cuyo significado jurídico penal debe ser determinado, siendo para ello necesario acudir a las costumbres o normas de la sociedad en el lugar y tiempo en que se verificó el hecho. De inicio, es de señalarse que, en el contexto de la indicada fracción, las agravantes típicas ahí descritas tienen como sustrato el que el activo saque ventaja de la autoridad o dominio que ejerce sobre la víctima, en virtud de un cargo o función que realiza. En segundo término, debe tomarse en consideración que, como lo han reiterado la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia y los Tribunales Colegiados de Circuito, el «[...] enfoque probatorio dentro del proceso penal es primordialmente realista [...]» y «[...] no debe olvidarse que el Derecho penal más que atender las ficciones del Derecho privado […] atiende esencialmente a las consecuencias que se producen en el mundo de las relaciones diarias [...]», ello es así en virtud de que «[...] las leyes penales y civiles no tienen el mismo criterio para juzgar los hechos, por más que haya algunos casos en que coinciden [...]», de suerte tal que «[...] quien juzga sobre cuestiones del orden penal, no se encuentra sujeto exclusivamente a dichas formalidades [...]», ya que en el ámbito del Derecho penal, eminentemente realista, se «[...] persigue la verdad histórica y no las ficciones [...]» ; y «[...] cuando alguna de sus disposiciones alude a conceptos propios del Derecho civil, lo hace como mera referencia, sin exigir que todas y cada una de las formalidades a que se refiere la Ley, para la eficacia de un acto jurídico de esa naturaleza, puedan o deban realizarse para que tenga vida un delito determinado por el Código Penal [...]». De igual forma, se tiene en cuenta que el artículo 24 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce un régimen de libertad religiosa, que implica la libre elección y práctica de creencias religiosas, así como de las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la Ley. En el entendido que el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. En este tenor, el principio de libertad religiosa reconoce el derecho de los individuos a actuar en este campo con plena inmunidad de coacción del Estado o de cualesquier grupo social. En este orden de razones, para delimitar realísticamente la connotación jurídico penal de la expresión «ministro de culto», resulta de utilidad acudir al significado de esa expresión en la época actual, en una sociedad plural, diversa e inclusiva, en donde se reconoce como derecho fundamental de toda persona profesar las creencias religiosas de su preferencia y practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo que libremente decida, ajustándose a los criterios o directrices que considere atendibles, acorde a la fe que, autodeterminándose, elija. Ciertamente, en la mayoría de las iglesias modernas, un ministro es un miembro del clero ordenado que dirige una congregación; sin embargo, en las sociedades actuales, existen infinidad de creencias religiosas que no están estructuradas en iglesia y se reconoce esa autoridad a quienes actúan como tal en el ejercicio del culto religioso, dicha persona suele también ser llamada pastor, predicador, anciano, hechicero, mago, chaman, entre otras formas, dependiendo de factores como las tradiciones, los usos y costumbres, las convicciones grupales, entre otros. En este orden de ideas, en las sociedades actuales, en el ámbito de creencias religiosas, mayoritarias, minoritarias o marginales, se puede gramatical, sociológica y culturalmente sostener que un ministro de culto religioso es una persona que se auto adscribe y auto reconoce como alguien perteneciente a Dios que posee ciertos dones, cuya misión es propagar el mensaje religioso, con el propósito de colectar seguidores y prosélitos que imiten los valores y principios de la creencia respectiva, realizando rituales de adoración varios. En el caso concreto, para efectos penales, atendiendo la realidad de las cosas, resulta lógica y jurídicamente sostenible que, el acusado se autoidentificó como persona que tenía el don de la curación o sanación a los seres humanos rezando a Jesucristo, que todo lo que hace está escrito en la Biblia, presentándose ante las personas como un ángel o enviado de Dios, características que identifican a un ministro de culto religioso, con lo cual ejerció autoridad espiritual sobre quienes acudían a él en busca de que le fueran sanados sus males, por lo cual se sometían a sus designios, aprovechando el activo ese predominio para lograr realizar actos sexuales con las mujeres que se congregaban alrededor de él e incluso conseguir que la mamá, las hermanas mayores y la niña ofendida abandonaran su hogar y se fueran a vivir con él prometiéndoles sanarlas porque según les dijo estaban embrujadas y muy dañadas y las sometía a rituales de curación a todas con baños de agua, cantos y rezos. Condiciones objetivas en las cuales racionalmente, conforme a máximas de experiencia, se puede concluir que dicho inculpado, actuando como ministro de culto religioso, haciendo valer y aprovechando el poder espiritual que ello le redituaba para subyugar a las afectadas, ejecutó exteriormente en la realidad actos de perversión y abuso sexual en contra de la menor víctima.

La prueba tiende a formar la convicción del Juzgador acerca de la certeza de una de las afirmaciones sometidas a juicio, a partir de su racionalidad y su correspondencia a nivel aproximativo con la realidad de los hechos enjuiciados. La finalidad de la prueba no puede ser la certidumbre absoluta de un postulado de lo realmente acaecido, sino una certeza relativa, pues como sostiene Michele Taruffo, «verdadero» en el proceso, significa «probado», es decir, «confirmado por las pruebas», pues en el contexto del proceso se precisa adoptar un concepto de verdad como correspondencia de las proposiciones relativas a los hechos de la causa con la realidad empírica de tales hechos. Representa la máxima aproximación posible dentro de los límites del proceso, al conocimiento de la verdad o falsedad de las afirmaciones sobre los hechos, mediante la información obtenida de la valoración conjunta e integral de la totalidad del acervo probatorio producido en juicio. Postulándose válidamente que el principio de libertad probatoria —cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito y la valoración de la prueba será libre y lógica—que rige en el proceso penal acusatorio es el único compatible con la razón, con la búsqueda aproximativa a la verdad y con el desarrollo de la ciencia y la técnica, pues cotidianamente éstas crean o descubren nuevos y más eficientes métodos de investigación.

En el proceso penal acusatorio de nuestro país rige un «sistema de prueba libre», tanto en lo relacionado a lo que puede ser probado y los medios que pueden ser utilizados para ello, como en lo relativo a su valoración por el Juzgador, ello derivado de una interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 259, 265, 356, 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor. En efecto, en los preceptos invocados se prescribe que cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito y que las pruebas serán valoradas por el Órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. Libre pues el Tribunal de enjuiciamiento apreciará la prueba según su convicción racional extraída de la totalidad del debate, asignando libremente el valor correspondiente a cada una de las probanzas, al no estar sujeto a un valor legal predeterminado de los medios utilizados para probar, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas. En este sistema de valoración probatoria el clásico axioma testis unus, testis nullus —un testigo equivale a ninguno— no tiene cabida, pues es propio de un sistema de prueba tasada donde la Ley exigía la declaración conteste de al menos dos personas para ser atendible como prueba de cargo, privilegiando la cantidad de atestantes. Sin que el apartamiento del memorado aforismo signifique en forma alguna un relajamiento del rigor con que debe examinarse la prueba, ni mucho menos supone una debilitación del principio in dubio pro reo. Sino que, lo que evidencia es el fortalecimiento del arbitrio jurisdiccional para justipreciar la prueba en sana crítica, ajustándose a los principios del racional entendimiento de las cosas, observando para ello las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los principios científicos. La sana crítica conduce a la apreciación de la prueba no por la cantidad de declarantes, sino por la calidad del contenido objetivo del testimonio, o sea, la calidad de los datos informados. Otorgando a la deposición el valor que objetivamente merece, evaluando la consistencia lógica de sus afirmaciones y la fuerza de convicción que de las mismas derive por su apego al natural acontecer de las cosas, en el marco de la confrontación, conjunta e integral, con las demás pruebas aportadas a juicio, tanto de cargo como de descargo.

Del caudal probatorio producido ante el Tribunal de enjuiciamiento en la audiencia de debate, se derivan tanto elementos probatorios directos como corroboraciones indirectas que acreditan la ocurrencia en la realidad de los hechos por los cuales se acusa al enjuiciado, así mismo el relato fáctico en el que se basa la sentencia es correcto pues es el resultado de la prueba practicada, dado que el testimonio que ofreció la víctima en audiencia cumple con los requisitos que se exigen por la mejor doctrina jurisprudencial para que ese atesto de la víctima menor de edad tratándose de delitos con implicancia sexual, cuando es la única prueba, como es el caso de autos, pueda desvanecer la presunción de inocencia del enjuiciado, al estar respaldada por las corroboraciones periféricas obtenidas de las otras pruebas desahogadas en el debate de fondo. En efecto, en casos como el presente, en los que se analizan hechos relacionados con la indemnidad sexual, es altamente frecuente, que el testimonio de la víctima se erige en la principal prueba sometida al examen del tribunal, habitualmente por oposición de quien es incriminado y niega la realidad del objeto de la denuncia, en el entendido que en el caso del inculpado sus manifestaciones se encuentran amparadas por el elenco de garantías y derechos reconocidos en el artículo 20 de nuestra Constitución, y, entre ellos, los derechos a no confesarse culpable y no declarar contra sí mismo. La versión de la víctima debe ser valorada, desde el prisma propio de un testigo, que se encuentra, por ello, obligado, a decir verdad; pero sin olvidar las cautelas propias del estatus de quien asume la doble condición de testigo y ofendido, pues se está frente a un testigo en cierto modo implicado en la cuestión, al ser su testimonio la noticia misma del delito. Sin embargo, atentos a la doctrina y jurisprudencia nacional y comparada, el testimonio de la víctima, vertido con todas las garantías y respetando la adecuada defensa del inculpado, puede ser tenido como prueba capaz, por sí misma, de vencer la presunción de inocencia, incluso cuando sea la única prueba disponible, al converger con otras pruebas indirectas, de aspectos circundantes y enlazados a los hechos, que le dan cierto soporte a la credibilidad de la víctima y a la veracidad de lo por ella declarado.

En el sistema penal adversarial y la libertad probatoria que lo caracteriza, implica tener por superado el cartabón en virtud del cual se desestimaba el testimonio único pues en vía de premisa se afirmaba «testimonium unius non valet» —testimonio único no vale—, considerando la insuficiencia en abstracto por un imperativo legal y no como conclusión emanada de la valoración libre y racional de un Tribunal, que está obligado a fundar y motivar en Derecho su decisión. En la comprensión de que la exigencia de una fundamentación objetivamente racional de la sentencia, hace imposible cimentar una condena con base en un acto de fe o en la creencia subjetiva del Juzgador en la palabra del testigo. O como lo ha expresado el Tribunal Supremo de España: «La exigencia de una fundamentación objetivamente racional impide que la condena tenga como fundamento la creencia subjetiva de que el testigo no miente. No es un problema de fe sino de que el testimonio sea objetiva y racionalmente creíble».

Como lo evidencian las máximas de experiencia, resulta totalmente inevitable que al comparar las declaraciones que presta un testigo en la etapa de investigación con las que realiza después en la audiencia de juicio afloren algunas diferencias, omisiones y contradicciones. Disimilitudes lógicamente explicables por razones diversas, ya sea en virtud de que en el normal acontecer de las cosas es admisible que la persona que declara no retiene en la memoria las mismas imágenes, datos concretos y palabras en un momento próximo a los hechos que cuando ha transcurrido cierto tiempo; o bien, ya porque un mismo evento es común sea relatado o expuesto con distintas palabras o expresiones en dos ocasiones diversas por una misma persona, inclusive en el caso en que entre la primera y la subsiguiente transcurra escaso margen de tiempo. Ello es así, pues el testimonio no representa una exposición oral de un parlamento memorizado ni de un guion escrito que se reproduce mecánicamente, sino que es una descripción de hechos percibidos entrelazados con emociones y experiencias vividas, no exentas, en casos de delitos con violencia, de impactos traumáticos. Condiciones en razón de las cuales, no procede desvirtuar de plano un testimonio por la sola circunstancia de que no coincida literalmente, respecto a palabras, expresiones o datos circunstanciales, con otro anterior prestado por el mismo atestante en la causa o con el de otro testigo, ya que de ser así la eficacia de la prueba de cargo se desvanecería en la mayoría de los casos, en demérito del derecho de la víctima y la sociedad de conocer la verdad de los hechos, a que el delito no quede impune, se castigue al responsable y se repare el daño ocasionado, sin rebajar la protección del inocente, que como objetivos del proceso penal de un Estado de derecho estatuye la fracción I del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es por lo cual, al valorar el testimonio en cuestión, el Juzgador debe ponderar si las divergencias entre las declaraciones comparadas afectan a hechos o datos esenciales o si únicamente están referidas a circunstancias fácticas periféricas o secundarias, sin dejar de considerar, entre otros aspectos, la edad, el grado de madurez, cultura y ambiente social del testigo y el posible significado que atribuya a las palabras o expresiones utilizadas, así como la capacidad de comprensión del sentido que éstas poseen. No puede obviarse que, en la dinámica de las técnicas de litigación propias de un proceso acusatorio, la declaración del testigo se articula a partir de las respuestas dadas por el atestante a un interrogatorio que le formulan las partes, contestaciones que se realizan en función de la concreción, modo y secuencia en que se efectúan las preguntas, de modo que la ordenación del relato y la transcripción del mismo, queda mediatizado por quien lo realiza, así como por la naturaleza y el fin de la entrevista o interrogatorio al que se le somete —policial, médico, psicológico, judicial, etcétera—, aspectos de los cuales depende lo que se expresa o enfatiza; y por ello, el criterio relevante, es si las discrepancias entre los testimonios comparados afectan a hechos o datos nucleares o si únicamente están referidas a circunstancias fácticas periféricas o secundarias que no trascienden en lo central de la versión.

La atendibilidad como prueba de cargo, con valor preponderante, del testimonio de la víctima en casos de violencia sexual se actualiza cuando la persona que lo emite tiene credibilidad subjetiva, lo informado tiene verosimilitud y existe, en lo sustancial, persistencia en sus declaraciones incriminatorias, aspectos que dotan a lo expuesto de la aptitud necesaria para generar certidumbre respecto a lo acontecido en la realidad, condiciones en las cuales puede ser considerada prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, incluso aunque fuese la única prueba directa disponible, lo que es frecuente que suceda en casos de delitos de implicación sexual, porque al producirse generalmente los hechos ilícitos en un lugar oculto, se dificulta la concurrencia de otra prueba diferenciada, sin embargo, la declaración de la afectada puede adquirir valor convictivo pleno al complementarla con otros elementos probatorios accesorios que la corroboren. Esos tres elementos, credibilidad subjetiva del testigo —por ser persona apta para percibir con sus sentidos lo acontecido en la realidad y narrarlo, así como por la ausencia en el declarante de motivos espurios de incredulidad diferentes a la propia acción delictiva que lo hagan fabular—; verosimilitud del testimonio —por ser lógico, coherente, no fantasioso sino apegado al normal acontecer de los hechos en la realidad y encontrar respaldo con algún elemento de convicción corroborante sobre aspectos circundantes—; y, persistencia en lo declarado —esto es, que lo manifestado por el atestante en torno a la ocurrencia de los hechos y la incriminación en contra del acusado, se mantenga firme o constante, sea prolongada en el tiempo, sin ambigüedades ni contradicciones sustanciales en las diversas ocasiones que narró lo acontecido—; son pautas orientadoras, asumibles en nuestro régimen jurídico, que consistentemente utiliza la doctrina jurisprudencial comparada para ponderar la idoneidad, como prueba de cargo, de la declaración de la víctima o testigo de un hecho delictivo, en el entendido que no constituyen requisitos de validez de tal medio probatorio, ni son elementos imprescindibles para que pueda utilizarse esta prueba para condenar al encausado, sino guías que en cada caso, acorde a sus particulares circunstancias, el Juzgador deberá modular y aplicar para racionalizar la apreciación de la declaración. Es claro que estos parámetros de valoración constituyen una garantía del derecho constitucional a la presunción de inocencia, en el sentido de que, frente a una prueba única, máxime cuando procede además de la parte ofendida, dicha presunción esencial sólo puede quedar desvirtuada cuando la referida declaración supera los criterios racionales de valoración que le otorguen la consistencia necesaria para proporcionar, desde el punto de vista objetivo, una convicción ausente de toda duda racional sobre la responsabilidad del acusado, pues, no ha de olvidarse que la valoración de la prueba ha de obtenerse en sana crítica y ha de ser racional. La racionalidad implica que las conclusiones sean acordes a las máximas de experiencia, a las reglas de la lógica y a los principios científicos.

Otorgar valor a las pruebas según el recto entendimiento humano, implica tanto un estudio analítico y crítico de todos y cada uno de los elementos de prueba esenciales para la decisión como el deber del Juzgador de fundamentar y motivar su decisión. Motivación que debe derivar de elementos existentes, ser congruente, en el sentido de que las inferencias, afirmaciones y conclusiones que se realicen guarden entre ellas una adecuada correlación y concordancia; no contradictoria, al utilizarse juicios unívocos que no se anulen entre sí; e, inequívoca, en cuanto que los argumentos racionales utilizados no den lugar a dudas respecto a su significado, así como sobre las conclusiones determinantes alcanzadas.

En respeto pleno de la presunción de inocencia, el Juzgador al dictar sentencia que resuelva el fondo de la causa penal, tiene la obligación de valorar todas las pruebas, tanto de cargo como de descargo, confrontándolas entre sí, seleccionando las que merezcan mayor valor acreditativo por el apoyo y confirmación que se prestan entre sí; decantándose por la hipótesis de la acusación únicamente en el caso de que el acervo probatorio de cargo aportado a juicio sea de tal potencia demostrativa e incriminatoria, no desvirtuada ni desmerecida por las probanzas de descargo, que creen una convicción de certidumbre, más allá de toda duda razonable, de la responsabilidad penal del sentenciado por estar probada su intervención culpable en la realización de la conducta tipificada por la Ley como delito. En consonancia con esta obligación, el Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, en sus artículos 259, 265, 359 y 402, estatuye que al dictar sentencia el Órgano jurisdiccional asignará de manera libre y en sana crítica, el valor correspondiente a cada una de las pruebas, con base en los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia, debiendo justificar el mérito otorgado a las probanzas, explicando y justificando su evaluación con base en la apreciación conjunta, integral y armónica del acervo probatorio, haciendo referencia en la motivación que realice, de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquéllas que se hayan desestimado, indicando las razones que hubiere tenido en cuenta para así hacerlo. Esto es, tiene la obligación de expresar las razones que consideró para aceptar como mejores los testimonios de unos de los testigos, así como las tenidas en cuenta para desestimar las de otros. En la valoración libre y racional de lo opuestamente declarado por testigos de cargo versus testigos de descargo, no trasciende el número de unos u otros. Sino que, como lo ha sostenido nuestra Suprema Corte desde tiempo atrás, lo relevante en la apreciación de la prueba testimonial no se obtiene en atención a la cantidad de atestantes, sino por la calidad del contenido de las manifestaciones que la constituyen, a través del examen que de las mismas se haga, en su vinculación y confrontación que se realice con la totalidad de pruebas, de cargo y descargo, allegadas a la causa. En este tenor, la cantidad de testigos, por sí, no determina la mayor veracidad de sus testimonios, pues no es el número de declarantes el factor adecuado para conceder o negar valor probatorio al dicho de los mismos, sino esencialmente la confianza y credibilidad que le merezcan al Juzgador tanto el atestante como su relato, en razón de no encontrarse en autos ningún indicio que haga suponer que se ha faltado a la verdad o que los señalamientos incriminatorios están motivados por un interés espurio de dañar a alguien que no cometió el delito. Teniendo entendido que la sola existencia de testigos de cargo y descargo que sostienen versiones distintas sobre los hechos delictivos y la intervención en los mismos del acusado, por sí misma no es base para afirmar que existe una condición objetiva de duda razonable, en virtud de que la actualización de este supuesto depende del análisis racional que deba hacerse de los respectivos testimonios.

El testimonio puede ser de cargo o de descargo, atendiendo más a lo informado en él, que a la parte oferente. El primero, por su contenido objetivo, es de carácter incriminatorio en contra del acusado, señalándolo como interviniente en la comisión del delito. El segundo es el que abona a la inculpabilidad del acusado en virtud de acreditar alguna causa de exclusión del delito o bien que no pudo haberlo cometido, por ejemplo, por haberse encontrado en ese momento en un lugar distinto y distante, porque no tiene las características físicas requeridas para ello o existe alguna otra circunstancia de la que se derive objetivamente la imposibilidad material para cometerlo. Nuestra Corte Suprema, al resolver el amparo directo en revisión 4468/2016, ha sostenido que como pruebas de descargo no sólo deben considerarse las que apoyan directamente la hipótesis de la defensa, sino también cualquier medio probatorio que tenga como finalidad cuestionar la credibilidad de las pruebas de cargo o, con mayor amplitud, poner en duda cualquier aspecto de la hipótesis del órgano de la acusación.

La prueba testimonial es aquélla que se obtiene en la audiencia de juicio, mediante declaración oral emitida presencialmente por una persona, denominada testigo, acerca de la percepción de unos hechos de los cuales ha tenido conocimiento directa y personalmente, proporcionando información relevante para el caso. El testigo ordinario se concreta a relatar los hechos que le constan, en tanto el testigo técnico, además emite sus opiniones y conclusiones sobre la materia que declara en virtud de los conocimientos especializados que posee. Es la prueba más común en el sistema probatorio y de gran complejidad para su valoración, máxime que para su atendibilidad se hace necesario delimitar objetivamente si el testigo es directo o reticente, seguro o dudoso, preciso o ambiguo, veraz o mendaz. En el proceso penal acusatorio, el testigo tiene un triple deber: comparecer en juicio, declarar personalmente y decir la verdad. En concordancia con ello, los artículos 360 y 371 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, disponen que toda persona tendrá la obligación de concurrir al proceso cuando sea citado y de declarar personalmente la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado, mediante interrogatorio, por las partes; asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante para la solución de la controversia, salvo disposición legal en contrario. Durante la audiencia de juicio, por regla general, la declaración personal de los testigos no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que consten anteriores declaraciones, o de otros documentos que las contengan.

Con la prueba testimonial se pueden cumplir los siguientes objetivos: a) obtención de información objetiva relevante para la resolución del caso concreto; b) incorporación de prueba material o documental, reconociéndola o informando sobre ella; c) evidenciar la credibilidad o incredibilidad de cierto testigo; y, d) demostrar las proposiciones fácticas que respaldan la teoría del caso de la acu sación o la defensa, según corresponda. Con la testimonial se obtiene evidencia e información útil para construir la decisión, pues al ser sometida al control horizontal por medio del contradictorio, puede tener el grado de conocimiento necesario para llegar a la verificación de una proposición y servir para extraer conclusiones consistentes.

En las reglas del proceso penal acusatorio, el dicho de un testigo directo único, como lo es el de la víctima, puede ser prueba suficiente para dictar una sentencia de condena, ello a partir de ponderar que cumple con suficientes estándares de certeza, apreciando, en primer término, que se trate de un declarante con acreditada credibilidad subjetiva, por su aptitud psicofísica para percibir sensorialmente los hechos y relatarlos y no advertirse lo mueva una motivación espuria para faltar a la verdad con la intención ilegítima de dañar al acusado o beneficiar a una tercera persona; en segundo término, que su relato sea coherente y claro, tenga rasgos objetivos de verosimilitud, por estar acorde al lógico acaecer de las cosas en la realidad y contar con elementos periféricos de convicción, que corroboren objetivamente algunos segmentos de su atesto provenientes de otras probanzas existentes en la causa y, de igual manera, que no existan contrapruebas con aptitud de desacreditar la veracidad de sus afirmaciones; y, en tercer término, se observe persistencia en su relato, esto es, haya mantenido firmeza y constancia en sus manifestaciones en torno a lo esencial de la comisión del delito y el señalamiento incriminatorio en contra del enjuiciado, persistencia que no exige una repetición mimética, idéntica o literal de lo mismo en todas las ocasiones que declaró, sino la ausencia de contradicciones en lo sustancial y en lo relevante de su narrativa, ya que, como lo ha dicho el Tribunal Supremo español, la persistencia no implica «[...] repetición de un disco o lección aprendida, sino […] la constancia sustancial de las diversas declaraciones». Parámetros los anteriores, que no se enuncian como presupuesto de validez o de utilizabilidad del testimonio como prueba suficiente, sino como orientaciones lógicas que han de ser ponderadas para auxiliarse el Juzgador en el valor que racionalmente le puede atribuir a dicha probanza, en confrontación con el resto del acervo probatorio, para basar la decisión de fondo. Esto es, la ausencia o debilidad de alguno de estas pautas no implica inevitablemente el descarte del testimonio, sino únicamente que el Juzgador deba realizar una motivación reforzada del por qué, pese a ello, le otorga mérito probatorio.

Es procedente que el Tribunal de Alzada deje insubsistente la sen- tencia reclamada y ordene la reposición de procedimiento por con- siderar actualizadas violaciones procesales que no fueron adverti- das por el Juzgador de Primera Instancia, en aquellos casos en los cuales al realizar el análisis correspondiente de las constancias, ad-

El artículo 17, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: «Las sentencias que pon- gan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en au- diencia pública previa citación de las partes». La explicación de las sentencias, de abreviado y de Juicio, en audiencia pública, es un derecho fundamental de las partes procesales y un imperativo para el Juez de Control o Tribunal de Enjuiciamiento, que en tér- minos del 1 Constitucional, no puede restringirse ni suspenderse y es irrenunciable. Dicha audiencia se regula para la forma de termi- nación anticipadadel proceso en el artículo 206, párrafo primero, y en el caso de Juicio, en los artículos 401, último párrafo; 404 y 411, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales [cnpp]. Por la jerarquía normativa, entre la Norma Fundamental y la Ley,

La prueba pericial en materia procesal penal, tiene parámetros diferentes en cuanto a su desahogo y valoración en el sistema acusatorio y en el sistema mixto. En este último, lo que se aporta al proceso para su valoración en sentencia es un dictamen escrito, con requisitos formales, en el cual el perito expone cuál es la materia a evaluar o el problema a dilucidar que requiere sus conocimientos y experticia, las acciones realizadas para llevar a cabo el peritaje, los antecedentes tomados en cuenta, las técnicas y métodos utilizados y las conclusiones alcanzadas. Dictamen que deberá estar firmado y ratificado por el o los peritos que lo elaboraron, para que sea atendible su apreciación por el Juzgador, con el carácter de prueba y con el valor de indicio. En cambio en el sistema penal acusatorio, que actualmente rige en nuestro país, la prueba pericial tiene un carácter distinto, determinado por la desformalización que lo caracteriza y la observancia de la oralidad y de los principios de publicidad, inmediación y contradicción que rigen dicho sistema. En el proceso acusatorio, lo que se valora como prueba pericial por el Juzgador es el testimonio oral del perito rendido en la audiencia de juicio en su presencia, a partir del interrogatorio y contrainterrogatorio que le formulen las partes, informando, con base en su experticia, de las opiniones y conclusiones respecto del examen realizado de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso, de las que se ocupó al realizar el estudio especializado sobre el asunto que depone. Esto es, en el acusatorio, lo que el Tribunal de Enjuiciamiento valora como prueba, al dictar la sentencia de fondo, no es el informe escrito rendido por el perito, sino lo que, a partir de las respuestas dadas al interrogatorio que le formulen las partes, éste exponga personalmente y de viva voz en la audiencia de juicio, en presencia del Tribunal y de las partes, acerca de los antecedentes, estudios o experimentos realizados y razones dadas por su experticia, que lo hicieron llegar a concluir su opinión pericial. Y su valoración será realizada por el Juzgador de manera libre y lógica, sin una tasación legal preestablecida.

En el proceso penal adversarial, por mandato de lo dispuesto en los artículos 20, apartado A, fracciones II, III de nuestra Carta Magna; 259, párrafos segundo y último, y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como regla general, únicamente tiene el carácter de prueba, atendible en sentencia, la desahogada en la audiencia de juicio oral y será valorada por el Órgano jurisdiccional de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas, explicando y justificando su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Y tratándose de la pericial, el último párrafo del artículo 371 del Código Nacional invocado dispone que, durante la audiencia de debate, los peritos, al igual que los testigos, deberán ser interrogados personalmente y su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que consten anteriores declaraciones o de otros documentos que contengan sus informes y sólo deberá referirse a éstos y a las preguntas realizadas por las partes. En el entendido que, acorde a lo estatuido en los preceptos 368 y 369 de la referida legislación adjetiva, el perito es alguien que posee conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio, que deberá contar con título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán cuando su actividad profesional o técnica esté reglamentada y, en caso de no estarlo, deberá ser una persona de idoneidad manifiesta y que preferentemente pertenezca a un gremio o agrupación relativa a la actividad sobre la que verse la pericia. Y comparece al proceso para aportar conocimiento experto que se encuentra más allá del conocimiento del Juzgador y que es considerado necesario para decidir el caso. La experiencia que se atribuye al perito, es lo que hace que las opiniones y conclusiones que él emite en su deposición, sean admitidas allí donde, por regla general, a un testigo común y corriente no se le permite emitir opiniones, sino que deberá centrarse a narrar lo que le consta de los hechos materia del juicio y le sea preguntado. Lo anterior, sin perjuicio de que, atentos a lo previsto en los numerales 376 y 386 del citado Código, durante la declaración del perito, se pueda leer parte del informe que él hubiere elaborado, cuando fuera necesario para apoyar la memoria del declarante, superar o evidenciar contradicciones, o solicitar las aclaraciones pertinentes. Así mismo, que, excepcionalmente, pueda incorporarse al juicio, previa lectura o reproducción, dicho informe cuando el perito haya fallecido, presente un trastorno mental transitorio o permanente o haya perdido la capacidad para declarar en juicio y, por esa razón, no hubiese sido posible solicitar su desahogo anticipado, o cuando la incomparecencia del perito fuere atribuible al acusado, circunstancia específica, cualquiera de las anteriores, que deberá ser debidamente acreditada.

El alegato de clausura no representa más que la expresión unila- teral de las partes de argumentos, a través de los cuales, se trata de persuadir al Juzgador de que la teoría del caso sustentada, de culpabilidad o inocencia, según corresponda, quedó acreditada en juicio. Conforme a los artículos 394 y 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, en la audiencia de juicio, una vez abierto el debate, el Juez de Enjuiciamiento concederá a las partes el uso de la palabra para la formulación de alegatos de apertura — que representan una exposición concreta y oral de su teoría sobre los hechos y, en su caso, de las pruebas que utilizará para demos- trarla— y concluido el desahogo de las pruebas otorgará sucesiva- mente la voz a las partes para que expongan sus alegatos de clau- sura —que implican las conclusiones argumentadas de las partes en torno a lo que, en su opinión, se ha obtenido con los medios de prueba que han sido desahogados en juicio, resaltando los puntos centrales que le favorecen y la refutación de lo pretendido por la contraria—, alegatos de parte que, por su propia naturaleza, re- presentan argumentos con visiones interesadas para la obtención de un resultado favorable a sus intereses. Naturaleza jurídica que permite afirmar válidamente que los alegatos de clausura no cons- tituyen elementos que el Juzgador deba obligadamente valorar en

En la sentencia se valoró el acervo probatorio en forma integral, de manera lógica y libre, ponderando el contenido incriminatorio de cada una de ellas en lo individual y en su conjunto, infiriendo de las mismas la convicción, más allá de toda duda razonable, de la res- ponsabilidad penal del sentenciado por su intervención culpable, en calidad de autor material, en el delito por lo que fue acusado y juzgado. Por lo cual, contrario a lo argüido por el agravista, no existió duda razonable en la apreciación de la Juez, ni este Tribunal advierte evidencia alguna de que objetivamente estaba obligado a dudar. Pues en la sentencia impugnada se realizó la ponderación, en sana crítica, del caudal probatorio de cargo, por su contenido netamente incriminatorio, concluyendo racionalmente que, con el debido enlace de la información objetiva obtenida lógicamente del mismo, se corroboraba, con suficiencia y eficiencia, la hipótesis de culpabilidad alegada por el Órgano de acusación, dándose las ra-

En el sistema penal acusatorio de nuestro país, atendiendo lo pre- visto en la fracción II del Apartado A del artículo 20 constitucio- nal y 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, la prueba y su valoración es libre, con base en lo cual los hechos pueden ser probados mediante cualquier medio, con la única limi- tante de que sea lícito y su valor no está tasado por la Ley, ya que su apreciación y peso no depende de formulismos legales, sino del grado de convicción que, en conjunto con el resto del material pro- batorio, en sana crítica, genere en el Juzgador. Sin que exista dis- posición procesal alguna que establezca que, para la validez de una documental ingresada al debate, como lo es un acta de nacimiento, ésta debe presentarse en original certificada, sino que su licitud y atendibilidad, para su valoración en sentencia como prueba de cargo, sólo requiere, atentos a lo preceptuado en el numeral 383 del citado Código Procesal, que dicho documento, previa su incor- poración a juicio, deberá ser exhibido al imputado, a los testigos o intérpretes y a los peritos, para que los reconozcan o informen sobre ellos, en el entendido que únicamente se podrán incorporar a juicio como prueba material o documental aquélla que haya sido previamente acreditada. En el caso bajo estudio, la prueba docu- mental consistente en copia simple de un acta de nacimiento, fue acreditada y exhibida a las partes previo a su incorporación y pro- yectada en la audiencia pública del juicio para que fuera recono- cida e informara sobre ella el papá de la víctima, al momento en que éste rendía oralmente su declaración ante el Juez de la causa, estando el acusado y su Defensor en aptitud de impugnar y con- tradecir la certeza del origen o contenido de dicha acta, mediante prueba de refutación —regulada en el artículo 390 del invocado Código Nacional— ofertada antes de concluir el debate, para evi- denciar su falsedad, inexactitud o inatendibilidad para acreditar lo que se pretendía. Refutación que no fue hecha valer en tiempo y forma por la Defensa, ahora recurrente. Sin soslayar que acor-

Para que el Tribunal de Alzada se decante en confirmar la sen- tencia condenatoria emitida en juicio, debe quedar desvirtuado el derecho fundamental de toda persona imputada a la presun- ción de inocencia, consagrado tanto a nivel constitu- cional, artículo 20, apartados A, fracción I, y B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [cpeum], como convencional, artículos 8 de la Convención Americana so- bre Derechos Humanos y 2 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. En la fórmula constitucional es un principio del proceso y un derecho del justiciable. Resultando pertinente esta- blecer que cuando nuestra Constitución mandata como principio general que el proceso tendrá por objeto, entre otros, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, lo hace a partir de una «fórmula indisoluble» ya que se aprecia que el des- iderátum consiste en evitar la impunidad con esa doble garantía posible de coexistir: por un lado proteger al inocente y por la otra, procurar que el culpable no quede impune, esto es, sin pena. Lo anterior, ya que para la emisión de una sentencia de condena por los órganos jurisdiccionales tanto de primera instancia —Tribunal de Enjuiciamiento— como en la segunda instancia —Tribunal de Alzada—, éstos deben: 1) Formarse convicción de culpabilidad, más allá de toda duda razonable, conforme a los artículos 20, apartado A, fracción VIII, de la cpeum, 359, 402, párrafo tercero y 406, párrafo sexto, del Código Nacional de Procedimientos Penales [cnpp]; 2) Tomar en consideración que la carga de la prueba

Como antecedente tenemos que la niña víctima es abandonada por su progenitora y le es entregada a una tía en custodia, misma que es concubina del sentenciado que violó a la víctima, ocasionándole daño físico que puso en peligro su vida, siendo las autoridades del hospital quienes denunciaron el delito. Así se integra la averiguación previa y después de cerrada la instrucción se dicta sentencia a la que únicamente apela el defensor del sentenciado

A los órganos jurisdiccionales les compete previo a cualquier consideración dogmática valorar primero las pruebas aportadas a la causa y determinar si son suficientes para la acreditación de los hechos materia de la acusación, para así poder establecer las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión en su ejecución. Después de lo anterior, se procede al análisis de los elementos objetivos, subjetivos y normativos en su caso, que constituyen la hipótesis descriptiva del delito imputado, hipótesis compuesta por los elementos propios del tipo penal del que se trate -en este caso el de daños culposos- y entre otros elementos también es importante destacar la naturaleza dolosa, culposa o preterintencional en que se cometiera, la forma de intervención y la relación de causalidad entre el resultado típico y la acción u omisión. En este contexto, en el caso concreto, conforme al análisis de las constancias remitidas para solventar la apelación se aprecia que no está probado que el actuar del encausado haya sido la causa determinante para que se suscitara el evento vial con resultado de los daños materiales (nexo causal) conforme lo prevé el artículo 12 del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, y, por tanto, jurídicamente no puede ser sujeto de sanción penal.

La inferencia de la Juzgadora de instancia, se aprecia ajustada a

Como criterio orientador, se cuenta con lo resuelto por la Corte Europea de Derechos Humanos, en su paradigmática sentencia del Caso Murray contra Reino Unido, en la cual reconoce la posibili- dad de darle al silencio de un inculpado el carácter de indicio que respalda el alcance de las pruebas de cargo existentes. Criterio el anterior que ha sido retomado por la jurisprudencia comparada bajo la denominación de «Doctrina Murray». Con base en la cual ha sostenido que «[…] según es notorio, en circunstancias muy sin- gulares […]», ante la existencia de ciertas evidencias objetivas adu- cidas por la acusación, unido a la inexistencia de una explicación alternativa suficientemente sólida o futilidad del relato alternati- vo, puede servir como elemento de corroboración de los indicios a partir de los cuales se infiere la culpabilidad. Esto es, la falta de una explicación racional frente a los datos incriminatorios que se derivan de los indicios objetivos de cargo obtenidos de la prueba, si bien no puede servir como único fundamento de culpabilidad, si puede ser tomada en cuenta para corroborar la convicción de culpabilidad alcanzada con apoyo en prueba directa o indiciaria. Esto es, cuando el imputado, a la vista de los indicios que revelan su participación en los hechos, se abstiene de ofrecer una explica- ción lógica de éstos, ello ha de valorarse como indicio ratificador de la realidad de los mismos. Esto es, ante la existencia de prueba de cargo objetiva y consistente, apta para desvirtuar la presunción de inocencia, la ausencia de aclaraciones por parte del recurrente puede reforzar el valor de convicción de dicha prueba. En palabras del Tribunal Supremo de España «[…] cuando las pruebas de cargo requieren una explicación que el acusado debería ser capaz de dar,

La Corte Interamericana, siguiendo la jurisprudencia internacio- nal y tomando en cuenta lo dispuesto en la Convención de Belém do Pará, ha considerado que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una perso- na sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno. Precisando que la violación sexual, en particular, constituye una forma paradigmá- tica de violencia contra las mujeres cuyas consecuencias, incluso, trascienden a la persona de la víctima. Esto es, con dicho tipo penal se protege el derecho que a todo ser humano —especialmente la mujer por las condiciones de sometimiento y vulnerabilidad a que ha estado históricamente sujeta— corresponde de auto determi- narse en sus relaciones sexuales, decidiendo con absoluta libertad en cada ocasión y circunstancia específica sostenerlas con quien voluntariamente seleccione o de abstenerse de hacerlo si así lo decide, sin que el consentimiento exteriorizado en un momento determinado implique de manera alguna que es una aceptación con efectos también a futuro, esto es, sirva para dar por acepta- das todas las relaciones que se pudieran realizar en ocasiones pos- teriores. En el entendido que, siguiendo las pautas de valoración establecidas por nuestro Alto Tribunal Constitucional y las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, el consentimiento no po- drá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre; igualmente, la aceptación o la disponibilidad sexual de la víctima no podrán inferirse de la na- turaleza sexual de su comportamiento anterior, como lo puede ser haber admitido un pago por tener sexo, por su forma de vestir, por su ocupación laboral, por su previa conducta sexual, entre otras. El agresor sexual no tiene justificación alguna para llevar a cabo su conducta. Ni puede subjetivamente derivar autorización alguna de los antecedentes ni de la actitud de la víctima. Pues ésta, dentro de su margen de libertad puede decidir cuándo sí y cuándo no llevar a cabo la relación sexual y no puede quedar sujeta a la unilateral determinación o deseo del agente activo.

Siguiendo las pautas de valoración establecidas por nuestro Alto Tribunal Constitucional y las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, el consentimiento libre en una agresión sexual, no po- drá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre; igualmente, la aceptación o la disponibilidad sexual de la víctima no podrán inferirse de la na- turaleza sexual de su comportamiento anterior, como lo puede ser haber admitido un pago por tener sexo, por su forma de vestir, por su ocupación laboral, por su previa conducta sexual, entre otras. Así entonces, al hallarse plenamente acreditada en la causa la vio- lencia de la que fue objeto la ofendida por parte del encausado, causándole varias lesiones en su cuerpo —brazos, muslos, piernas, glúteos, genitales—, no resiste análisis y cae por falta de veracidad y de todo apoyo probatorio, la tesis defensista del imputado, que aduce el consentimiento de aquélla al acceso sexual. Mecánica ex- culpante, la aducida por el acusado, que resulta contrario al lógico y normal acontecer de las cosas en una relación sexual consensuada. En efecto, es cierto que con la narrativa de hechos expuesta por los pretendidos testigos de descargo se procura excluir de responsabi- lidad al sentenciado tratando de justificar que la cópula se realizó de forma consensuada, pues en similares términos, señalaron que les consta que el activo le realizó el pago a la ofendida para tener

El artículo 114 del Código Penal del Estado de Sinaloa establece que la víctima u ofendido del delito tiene la facultad de otorgar el perdón al encausado, siendo importante precisar que en los ca- sos donde la víctima sea una persona menor de edad, este deberá ser proporcionado por quien ejerza la patria potestad, y aún cuan- do tenga efectos solamente respecto de la reparación del daño, se encuentra obligada la autoridad jurisdiccional competente para resolver lo relativo a la eficacia del perdón, debiendo constatar previamente: que la persona que lo confiere demuestre que ejerce la patria potestad del menor, además, la persona que lo otorgue estar debidamente asistida e informada claramente del significa- do, consecuencias y alcances jurídicos del mismo, no basta sólo indicar o transcribir el artículo 7 de la Ley de Protección a Víctimas para el Estado de Sinaloa, sino es importante que se le explique sus efectos al otorgante. Debiendo en tal actuación estar presente la Representación Social y atender a los intereses de la persona me- nor de edad, velando por sus necesidades y asentando su firma en la diligencia, señalándose el motivo del perdón otorgado, indicán- dose de manera fehaciente la forma en que se atendieron los daños causados a la parte ofendida, entre estos por la naturaleza del deli- to debe considerarse el aspecto psicológico y determinar si asistirá a terapias o atenciones médicas y cómo se habrán de solventar; es decir debe corroborarse que la menor víctima le sea debidamen- te proporcionada una protección física, pero también psicológica,

En cuanto a las quejas expresadas por los inconformes en sus escritos de agravios, en cuanto a la que consideran parcial transcripción de las declaraciones de los testigos que realiza la Juzgadora en la sentencia y las alegadas contradicciones e inconsistencias de dichas deposiciones, cabe decir: No existe ninguna disposición legal puntualmente aplicable que obligue al Resolutor a trascribir íntegras las declaraciones emitidas por los testigos en la audiencia de juicio oral como lo pretenden los inconformes; por el contrario, el artículo 403, fracción IV, del Código Nacional Adjetivo Penal dispone, entre los requisitos de la sentencia, que ésta contendrá «Una breve y sucinta descripción del contenido de la prueba», el cual será lógicamente aquél que sea penalmente relevante para la acreditación o no del delito y de la intervención o no del imputado en su comisión. Por ello, nada jurídicamente le es reprochable a la Juzgadora de Primera Instancia, cuando de los testimonios realiza una «breve y sucinta descripción de su contenido», en la parte que resulta ilustrativa y relevante en torno al debido esclarecimiento de los hechos, sin que se advierta, de la propia transcripción que se hace por los impugnantes, que haya la Juzgadora omitido un dato o información relevante o haya realizado una sesgada selección de lo dicho por los testigos que cambie en esencia lo informado al Tribunal por los mismos. Mucho menos se advierte, que la Jueza haya puesto en boca de los testigos algo falso o sustancialmente distinto a lo por ellos afirmado.

Conforme lo mandata el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta atribución, función constitucional que sintéticamente se desarrolla en el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, cuando preceptúa que es competencia del Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la Ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. En tanto el diverso artículo 20 Constitucional, Apartado A, fracciones I, II, III, V y VIII entre los principios generales que rigen el proceso penal acusatorio vigente en nuestro país, están los que prescriben que éste tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; proceso en el cual corresponde al Juez en exclusiva el desahogo de las pruebas y su valoración, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; en el entendido que, por regla general, para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquéllas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio en presencia del Juez que va a emitir la resolución de fondo; correspondiendo a la parte acusadora la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad del acusado, y, en todo caso, el Juzgador sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. Atentos a este marco normativo, es competencia constitucional exclusiva del Ministerio Público conducir la investigación de los delitos, coordinando para ello a las Policías y a los servicios periciales, ordenando las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la Ley y, en su caso, teniendo la carga de la prueba, sostener la acusación en juicio. Competencia constitucional que implica, en observancia del principio acusatorio que conlleva la separación de las funciones de acusación y jurisdicción, que, como regla general, es de exclusiva competencia ministerial formular la acusación en el proceso penal, ofertando las probanzas que considere pertinentes y útiles para sustentarla, sin que el Juzgador de enjuiciamiento pueda interferir en el libre ejercicio de esta atribución, pues únicamente le corresponde dirigir el desahogo en juicio de las pruebas admitidas y, con base a la información surgida de la prueba practicada con inmediación en su presencia, valorar, libre y lógicamente, la totalidad del caudal probatorio para emitir la decisión de fondo que conforme a Derecho proceda en el asunto que se juzga, determinando si la prueba aportada en juicio por la parte acusadora es apta y suficiente para para demostrar plenamente, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. No siendo función del Juzgador, en estricto apego a los principios de imparcialidad judicial e igualdad entre las partes, calificar ni orientar la realización o no de determinadas diligencias de investigación o la aportación o no de cierta prueba por el Ministerio Público, debiéndose concretar a apreciar si las probanzas practicadas en juicio, son o no suficientes y eficientes para sostener la acusación y desvanecer la presunción de inocencia que tiene a su favor el enjuiciado, sin pronunciarse respecto de lo que, conforme a su personal visión, debió haber realizado o aportado alguna de las partes y no hizo, pues lo que le corresponde juzgar es estrictamente lo actuado en juicio y no lo que se dejó de actuar. En este tenor, el testimonio experto en dactiloscopia, no ofrecido por ninguna de las partes ni admitido en la etapa intermedia y, por consiguiente, no desahogado en juicio, no puede adquirir el carácter de prueba apta para ser valorada en sentencia. Y no puede causar agravio al sentenciado, al no poder tener valor de prueba de cargo en su contra en la sentencia.

Interpretando armónica y sistemáticamente lo preceptuado en los artículos 19, párrafo segundo; 20, apartado A, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 19, 37, fracción IX; 133, fracciones I y II; 134, 153, párrafo primero; 161, 165, 166, 167, párrafos primero y séptimo, y 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales [CNPP], la imposición y revisión de medidas cautelares no es una facultad exclusiva de los Jueces de Control, ya que su competencia jurisdiccional comprende únicamente hasta la etapa intermedia, la que concluye con la emisión del auto de apertura a juicio; en tanto que la de juicio, que abarca desde que se recibe dicho auto hasta la sentencia de fondo, con todas sus incidencias, le corresponde su conocimiento al Juez de Enjuiciamiento. Ciertamente existe el mandato constitucional de que la etapa de juicio se celebrará ante un Juez que no haya conocido del caso previamente y se constituye en causal de impedimento, atentos a lo dispuesto en la fracción IX del artículo 37 del CNPP, para actuar como Juez de Enjuiciamiento, el haber actuado como Juez de Control en la misma causa en etapas previas, que son las de investigación y la intermedia. En el entendido que, en el sistema penal acusatorio, las medidas cautelares se imponen en sede judicial y tienen tres objetivos: asegurar la presencia del imputado en el proceso, la protección de víctimas, ofendidos, testigos y de la comunidad y evitar la obstaculización del procedimiento o asegurar el desarrollo de la investigación. Dichas medidas cautelares, tienen como vigencia, el tiempo necesario para asegurar sus objetivos o finalidades, por lo que, de ser necesarias, se pueden imponer o revisar en la etapa de juicio por el Juez de Enjuiciamiento, sin que implique que su revisión o su imposición prejuzgue respecto de la culpabilidad del acusado. Cuando se trate de un delito del catálogo de prisión preventiva oficiosa previsto en los artículos 19 constitucional y 167 del CNPP, si el proceso ya está en sede de etapa de juicio, el Tribunal de Enjuiciamiento, Unitario o Colegiado, se puede pronunciar sobre dicha cautelar, pues, conforme al marco normativo antes invocado, no se advierte impedimento procesal alguno, que implique siquiera presunción de parcialidad, para que el Tribunal de Enjuiciamiento sea quien revise la eventual necesidad, de oficio o a petición de parte, de imponer, mantener, modificar o revocar medidas cautelares, porque su naturaleza no tiene relación con el desahogo probatorio materia de Juicio, ya que las medidas cautelares no presuponen culpabilidad, ni desahogo de pruebas en torno al fondo del asunto.

Este Tribunal de Alzada advierte que ningún agravio jurídico causa al enjuiciado que la perito no haya levantado las huellas digitales que menciona y que el diverso perito no haya sido llamado a declarar por el Ministerio Público específicamente sobre el levantamiento y dictaminación de las referidas huellas, pues resulta evidente que en el caso en estudio la Fiscalía no ofertó dicha probanza para ser desahogada en juicio, sin que la Defensa o el acusado hayan ofrecido como prueba de su parte el testimonio experto en dactiloscopia, a cargo de los precitados peritos u otros, en torno a las antes dichas huellas dactilares. En efecto, conforme lo mandata el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta atribución, función constitucional que sintéticamente se desarrolla en el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, cuando preceptúa que es competencia del Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la Ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. En tanto el diverso artículo 20 Constitucional, Apartado A, fracciones I, II, III, V y VIII entre los principios generales que rigen el proceso penal acusatorio vigente en nuestro país, están los que prescriben que éste tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; proceso en el cual corresponde al Juez en exclusiva el desahogo de las pruebas y su valoración, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; en el entendido que, por regla general, para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquéllas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio en presencia del Juez que va a emitir la resolución de fondo; correspondiendo a la parte acusadora la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad del acusado, y, en todo caso, el Juzgador sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. Atentos a este marco normativo, es competencia constitucional exclusiva del Ministerio Público conducir la investigación de los delitos, coordinando para ello a las Policías y a los servicios periciales, ordenando las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la Ley y, en su caso, teniendo la carga de la prueba, sostener la acusación en juicio. En este tenor, el testimonio experto en dactiloscopia, no ofrecido por ninguna de las partes ni admitido en la etapa intermedia y, por consiguiente, no desahogado en juicio, no puede adquirir el carácter de prueba apta para ser valorada en sentencia. Y no puede causar agravio al sentenciado, al no poder tener valor de prueba de cargo en su contra en la sentencia.

Acorde a las disposiciones de los artículos 49, 90, 360, 361, 363, 364 y 365 del Código Nacional de Procedimientos Penales toda persona, que no esté facultada para abstenerse, tiene el deber de testificar y la obligación de concurrir al proceso cuando sea citado y de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado; asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante para la solución de la controversia. Y a toda persona mayor de dieciocho años, con excepción del imputado, previamente a que inicie su declaración, se le informará de las sanciones penales que la Ley establece a los que se conducen con falsedad o se nieguen a declarar y se le tomará protesta de decir verdad. Normativa de la que se derivan para todo individuo que tenga información en torno a hechos penalmente relevantes que sean materia de un procedimiento judicial concreto, los siguientes deberes: a) rendir declaración ante la autoridad competente; b) concurrir al proceso cuando sea citado; c) rendir protesta de decir verdad; d) declarar la verdad de cuanto conozca en torno a los hechos materia del procedimiento penal en el que se actúa y le sea preguntado; y, e) no ocultar cualquier información que le conste y sea relevante para el esclarecimiento de los hechos sobre los que versa el procedimiento penal correspondiente.

La doctrina jurisprudencial, nacional y comparada, es consistente en determinar la atendibilidad de los testimonios de Policía sobre hechos que conozcan en el desempeño de sus funciones de investigación de los delitos, debiendo ser apreciados en sana crítica por el Juzgador para determinar, caso por caso, su valor probatorio, sin que su sola calidad de servidores públicos demerite o acreciente su mérito acreditativo. En otras palabras, lo declarado por agentes de Policía sobre hechos relacionados con el delito investigado, constituyen testimonios sujetos a los principios y normas reguladores de la prueba, independientemente del carácter oficial de quienes declaran, sin que su calidad de agentes de Policía pueda ser motivo para dudar de la honorabilidad y rectitud del individuo, pues tienen la obligación constitucional de que el cumplimiento de sus atribuciones deberán hacerlo con absoluta imparcialidad. En efecto, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las declaraciones en los procedimientos penales de agentes de la Policía tienen el carácter de prueba testimonial, teniendo en cuenta que la intencionalidad que los mueve al deponer sobre un hecho que hayan conocido, ya sea en forma directa o indirecta, en virtud del desempeño de sus atribuciones, no responde a un interés personal, sino al debido cumplimiento de las funciones a ellos encomendadas, y por ello, tiene, salvo prueba en contrario, presunción de imparcialidad. Por su parte, con carácter orientador, en su jurisprudencia el Tribunal Supremo de España, respecto a las declaraciones de agentes de Policía hechas ante el Tribunal sentenciador y que declaran sobre hechos de conocimiento propio que oyeron, vieron o percibieron en virtud del desempeño de sus funciones, alcanzan la condición de prueba testifical, que al estar prestadas con las garantías propias de la contradicción, inmediación y publicidad, es prueba hábil y suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, correspondiendo su valoración al Tribunal de instancia, conforme a las reglas del criterio racional, contrastándolas con las demás pruebas. Lo anterior en consideración a que estos funcionarios llevan a cabo sus declaraciones de forma imparcial y profesional, en el sentido de que no existe razón alguna para dudar de su veracidad, cuando realizan sus funciones públicas, teniendo las manifestaciones que prestan un alto poder convictivo, en cuanto no existe elemento subjetivo alguno para dudar de su veracidad, precisamente en función de la profesionalidad que caracteriza su desempeño, la formación con la que cuentan y la inserción de la Policía en un Estado social y democrático de Derecho. Y sus deposiciones deberán merecer el valor que objetivamente se derive, de la consistencia lógica de las correspondientes afirmaciones y de la fuerza de convicción que de las mismas derive en el marco de la confrontación con los restantes materiales probatorios aportados a juicio, debiendo ajustarse la apreciación de su contenido a los mismos parámetros a los cuales se sujeta cualquier otra declaración testifical.

Para que una declaración testimonial sea creíble, sostiene válidamente la doctrina, no es suficiente que el testigo diga la verdad, sino que es importante cómo lo diga, con probidad y ética, para que, mediante su comportamiento correcto y sereno mientras declara y con la seguridad de sus respuestas, denote está diciendo la verdad. En otras palabras, la preparación del declarante es importante porque en un juicio oral no basta que este órgano de prueba diga la verdad, sino que resulta necesario que su comportamiento tranquilo y apropiado, así como la convicción puesta en sus respuestas, refuercen su credibilidad. Conforme a Derecho nada impide que el testigo policía, como el testigo ordinario, pueda consultar la documentación que desee —y que se encuentre a su disposición— para refrescar su memoria, y sobre todo, para conocer el asunto del que tiene que testificar ante el Tribunal, evitando con ello determinados comportamientos policiales que, en la práctica, no sólo es que no recuerden nada de lo ocurrido, sino se evidencia que ni saben cuál es asunto por el que se les ha citado. Máxime si se considera a testigos como los policías, que tienen multitud de comparecencias ante los tribunales, no como el testigo ordinario que escasamente comparece una vez en su vida a declarar ante un tribunal. Sin soslayar, como ha reconocido en sus trabajos académicos un connotado Juez Penal de la Corte Suprema de Perú, en nuestro medio procesal en el que prevalecía un modelo procesal predominantemente inquisitorio, la idea de preparación a los testigos suele ser incomoda, ya que se asocia al engaño, pues tradicionalmente se preparaba a un testigo para que actuara conforme había sido instruido por el abogado. Sin embargo, esta percepción no es acorde a un modelo procesal garantista. La preparación de los testigos para el juicio es una práctica totalmente lícita y necesaria en un Sistema Acusatorio Adversarial, en la medida que no existen atestantes perfectos. La parte litigante debe hacerle entender al testigo el rol que desempeña en el procedimiento penal, comprendiendo que su declaración debe ser recibida por el Juzgador de manera clara, para que el mensaje llegue adecuadamente. Y basta consultar un manual en litigación penal oral para encontrar como legítima recomendación, para la preparación de la audiencia de juicio oral, el previo entrenamiento del testigo en aspectos tales como, entre otros, familiarizarlo con su rol en el proceso, escuchar el relato del declarante y asegurarse dice la verdad, practicar con él las preguntas y respuestas del interrogatorio directo y del posible contrainterrogatorio, respecto de los hechos que conoció y le constan, para narrarlos fielmente. En el claro entendido que dicha preparación, por probidad y lealtad procesal, no puede significar aleccionamiento para faltar a la verdad.

De igual forma, atentos a lo preceptuado en los numerales 31, fracciones I, IV, 32 fracciones I, III, y 33, fracciones VI, VII de la Ley Estatal de Seguridad Pública, los agentes de Policía en el cumplimiento de sus funciones deberán hacerlo con absoluta imparcialidad, apego al orden jurídico que nos rige y respeto a los derechos humanos de toda persona, debiendo registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que realice. Informe que deberá ser completo, señalando las entrevistas llevadas al cabo, los motivos de la detención —en su caso—, efectuando una descripción de hechos con continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante, detallando circunstancias de modo, tiempo y lugar de ocurrencia de los hechos, entre otros datos. Prescriptivamente, los agentes se deberán abstener de consignar en el reporte homologado afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberán evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación. En este tenor, al realizar sus labores de investigación de los delitos los agentes de Policía, escuchan, ven o perciben información en torno a la ejecución del delito, sus circunstancias y quienes intervinieron en él, reportando dicha información en el informe policial homologado, convirtiéndose de esta forma en una fuente de datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos del caso concreto, por lo cual es, generalmente, citado para declarar como testigo en juicio y su deposición versará sobre lo que conozca y le conste referido a los hechos investigados y que sean penalmente relevantes, a partir del interrogatorio que le formule la parte oferente y el contrainterrogatorio de la contraparte. Lo anterior, en razón a que los testigos se consideran como un medio de prueba, los cuales a través de su testimonio entregan información al Juzgador para que éste esté en posición de emitir una decisión sobre el conflicto materia del juicio. Deposición en juicio de los agentes policiacos que, con base a su condición de servidores públicos, al estar regidos en su actuar por los principios de legalidad, profesionalismo y honradez, tienen un deber reforzado de prestar un testimonio veraz, pues además de las penas previstas para todo quien declara falsamente en juicio, también están sujetos a un régimen de responsabilidades oficiales y sanciones por su desempeño irregular.

La doctrina académica especializada, ha destacado el papel que en el sistema penal acusatorio tiene la Policía y sus agentes en la investigación y esclarecimiento de los delitos, en virtud de que en el desarrollo de esta función obtienen, directa o indirectamente, información relevante, que tienen la obligación de llevarla a conocimiento del Tribunal de enjuiciamiento prestando testimonio, debiendo hacerlo de manera clara, objetiva, profesional e imparcial. Por ello se ha dicho válidamente que, como sujetos en el procedimiento penal acusatorio, es importante formar en los agentes de Policía, hábitos y disciplina intelectuales tendentes a lograr la exactitud del pensamiento en las intervenciones que enfrentará en un juicio oral, así como ciertas habilidades asociadas a la expresión precisa de los elementos de prueba que derivan de la prueba material que obtuvieron durante los actos de investigación en un caso concreto. En consonancia, los protocolos de investigación y las actas policiales son útiles como instrumentos básicos en la obtención de información de calidad y su transmisión sistematizada en la audiencia de debate. Recomendándose que, en preparación de su comparecencia en calidad de testigo al juicio oral, el agente realice prácticas de técnicas de entrevista e interrogatorio, a través del planteamiento de preguntas cerradas o abiertas que construya directamente, de toda la información que aparece documentada en las actas policiales o protocolos de investigación que elaboró en las etapas anteriores del procedimiento acusatorio. Esto es, el agente de Policía, como cualquier testigo, de buena fe deberá prepararse de manera objetiva y con probidad para asistir a la audiencia. Para lo cual deberá estudiar los informes elaborados y demás documentos que sirvieron de apoyo, con el propósito de rememorar la información y de esta forma disminuir las posibilidades de olvido. Incluso destacados miembros de la Judicatura así lo indican en artículos académicos. Así, un Magistrado del Tribunal Supremo de España sostiene que es muy importante que los policías que sean citados a declarar como testigos en juicio, tengan que refrescar la memoria acudiendo a los antecedentes policiales y haciendo un esfuerzo para reconstruir todo lo que vieron y conocieron en el momento de la redacción del informe o de las diligencias complementarias de éste. Otro tanto deben hacer los peritos, que cumplirán estrictamente su deber ciñéndose a los términos en que ha realizado la pericial. Orientando que para ordenar y preparar debidamente este testimonio o pericia será necesaria, una debida coordinación, guiada eso si por la más escrupulosa imparcialidad y rectitud, entre el Fiscal y los policías llamados como testigos o peritos.

En nuestro país, en interpretación de la normativa que rige el sistema acusatorio y oral, se ha abordado por los Tribunales de Amparo el alcance probatorio de la declaración del testigo policía y de algunas bases para la apreciación de su testimonio, razonando que el artículo 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite a declarantes la lectura para apoyo de memoria, disponiendo textualmente que durante el interrogatorio y contrainterrogatorio del acusado, del testigo o del perito, éstos podrán leer parte de sus entrevistas, manifestaciones anteriores, documentos por ellos elaborados o cualquier otro registro de actos en los que hubiera participado, conforme a este fundamento, aplicando el principio lógico de mayoría de razón, resulta admisible que un testigo policía o perito declare de forma precisa datos y circunstancias que se encuentran contenidos en ese tipo de actuaciones, sin que ello conduzca a restar credibilidad a su dicho, pues el hecho de que memoricen determinada información, tiene idéntico efecto al de apoyarse en los documentos mencionados durante su deposición, lo cual autoriza el dispositivo invocado, no cobrando aplicación, por consiguiente, la regla general de que la declaración de un testigo resulta inverosímil, por presunción de aleccionamiento, cuando informa detalles de los hechos de manera pormenorizada y con notable precisión. Presunción que no se actualiza cuando el atestante memoriza situaciones sobre las que declaró con anterioridad o constan en algún documento en cuya elaboración intervino, por ejemplo, entre otros, un informe policiaco y sus anexos o una cadena de custodia, máxime que tanto el agente de Policía como el perito son personas que desempeñan un trabajo profesional, en áreas en las cuales, salvo prueba aportada en contrario, están debidamente capacitados para observar y retener datos que no son accesibles para el común de los individuos, plasmando por escrito, en la inmediatez posible, la información conseguida, los hallazgos encontrados, las evidencias obtenidas y todos los datos relevantes de las actividades de investigación o dictaminación realizadas en el caso concreto. Razones por las cuales, jurídicamente nada tiene de censurable que al ser citado a declarar como testigo en juicio el agente de Policía, al igual que el perito, previo a la audiencia, refresque su memoria consultando los datos y aspectos de los hechos del caso concreto, en los documentos en cuya redacción intervino, previendo las preguntas y repreguntas que se le pudieran formular durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, para proporcionar información certera en su testimonio. En el entendido que dicha información generada por escrito, si va a ser incorporada a juicio mediante su declaración, se encuentra integrada en las constancias procesales de la carpeta de investigación y del escrito de acusación, a la cual tienen acceso las partes y pueden realizar un control horizontal, mediante el examen y contra examen del debate contradictorio, confrontando lo contenido en los documentos respectivos y lo declarado en juicio por el agente de Policía o el perito. El demeritar el valor de lo declarado en juicio por un testigo policía por haberse preparado acudiendo, para refrescar su memoria, al informe que él redactó en base al resultado de sus investigaciones, resulta una valoración que denota rigidez y un criterio estereotipado en torno al testimonio de un agente de Policía de Investigación, equiparándolo indebidamente a la declaración ocasional de la víctima o de un testigo común quienes es lógico sólo retengan en la memoria aquellos hechos no cotidianos de impacto significativo en sus vidas y, por consiguiente, a este tipo de testimonio, le sea aplicable, con las modulaciones indispensables acordes al individuo de que se trate y sus características personales, los parámetros obtenidos de la Psicología del testimonio, pues éstos no se pueden aplicar indiscriminadamente a todas las personas, ni a todos los testimonios, ni a todos los casos, como los mismos especialistas lo advierten y reconocen. Reprochándole injustificadamente al agente en la sentencia, que antes de acudir a la audiencia de juicio a la que fue citado ya conocía para qué había sido convocado y respecto de qué asunto iba a declarar, no tomándose en cuenta en la apreciación del Juzgador primario que, en sana lógica, como lo hace ver la doctrina especializada en el sistema penal acusatorio y adversarial, el agente de Policía cuando acude a declarar a juicio lo debe hacer con la debida preparación que su función profesional le requiere y lo hace como sujeto del procedimiento penal, para verter la información que le consta en virtud del ejercicio de su tarea profesional de investigación de los delitos y esclarecimiento de los hechos. Soslayando además, que el agente investigador cuenta con capacitación para observar y retener datos más allá de lo que hace un individuo común y que, atentos a la normativa antes invocada que rige su actuación , todo lo indagado sobre los hechos concretos, las actuaciones realizadas y los datos o evidencias recolectados, en la inmediatez posible, el funcionario policial lo plasma y describe en un Informe Policial Homologado, que rinde por escrito y en cuya elaboración interviene, y al cual puede, y debe, acudir en consulta, para rememorar los datos relevantes reportados en dicha instrumental y tenerlos frescos en su memoria a la hora de deponer en juicio, pues si puede hacerlo al momento del juicio según dispone el artículo 356 del invocado Código Nacional Adjetivo, con mayor razón jurídica está en posibilidad de hacerlo previamente, sin que ello signifique o haga presumir aleccionamiento mendaz, como infundadamente se concluyó en la sentencia primaria.

Resulta lógico, como se hace valer en los agravios ministeriales, que los agentes investigadores al ser citados a comparecer a una audiencia de juicio oral, verificaran el motivo de la citación y de qué asunto específico se trataba y se impusieran del informe policial, que rindieron en el caso concreto, obrante en los registros, en el cual establecieron cada uno de los actos de investigación que realizaron y de esa forma refrescaron su memoria respecto de los datos de cada una de las actividades realizadas y pudieron declarar con precisión y claridad durante el juicio, contestando las preguntas y repreguntas que les formularon. Sin considerarse así mismo, en la resolución alzada, que, en dicho documento, esto es el Informe Homologado, por mandato de Ley, el agente de Policía está obligado a reportar las actividades y entrevistas realizadas, los motivos de la detención —en su caso—, efectuando, con continuidad, una descripción cronológica de los hechos, resaltando lo importante, detallando circunstancias de modo, tiempo y lugar de ocurrencia de los hechos, entre otros datos. Argumentos fundados los anteriores, que revelan que no le asiste la razón lógica y jurídica al Juzgador primario, cuando demerita el valor probatorio de lo atestiguado en juicio por los agentes, por haber respondido con claridad y precisión las preguntas de las circunstancias de detalle relevantes de modo, tiempo y lugar que les fueron formuladas respecto de los hechos del caso concreto, en virtud de que, contrario a ello, dichas declaraciones son atendibles con valor probatorio debido a que son sobre hechos que a los agentes les constan al conocerlos en ejercicio de sus funciones constitucionales de investigación de los delitos y que están reportados a detalle, en lo importante, en cuanto a fechas, sitios y forma en que ocurrieron, en el informe policial en cuya elaboración participaron y al cual válida y legítimamente, en preparación de su comparecencia, pudieron acudir para refrescar su memoria.

En el sistema penal acusatorio todo testigo citado a juicio depone bajo protesta de decir verdad y está sujeto a reglas, pues deberá declarar personalmente de viva voz en audiencia pública; sólo deberá referirse a sus manifestaciones y a las preguntas realizadas por las partes y estará sometido al contradictorio ejercido por la contraparte, incluso con preguntas sugestivas, así como a pruebas de refutación, a las objeciones formuladas por las partes y a las aclaraciones solicitadas por el Juzgador, lo que implica un control tanto horizontal como vertical de la veracidad, autenticidad o integridad de su deposición, conforme lo prevén, entre otros, los artículos 49, 371 al 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales que nos rige. Así mismo, acorde a los artículos 259, 265, 369 y 402 del citado Ordenamiento Nacional, será el Tribunal de enjuiciamiento quien con base en los principios de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, racional y razonadamente, adminiculándolo integralmente con todo el material probatorio desahogado en la audiencia, otorgará al testimonio el valor probatorio que objetivamente le corresponda, atendiendo la verosimilitud de su contenido en virtud de la corroboración o no que se derive de las demás probanzas. En torno al rol que como testigo tiene el agente de Policía en el sistema penal acusatorio y oral en el debido esclarecimiento de los hechos, en consonancia con el derecho a la verdad que a su favor tienen tanto las víctimas, directas e indirectas, como la sociedad en su conjunto, que debe dar pauta a la valoración objetiva de su testimonio por el Juzgador, sin prejuicios ni estereotipos, sino conforme a las reglas del criterio racional; otorgando a sus deposiciones el valor que objetivamente merecen, evaluando la consistencia lógica de sus afirmaciones y de la fuerza de convicción que de las mismas derive por su apego al natural acontecer de las cosas, en el marco de la confrontación, conjunta e integral, con las demás pruebas aportadas a juicio, tanto de cargo como de descargo, debiendo ajustarse la apreciación de su contenido, con las modulaciones necesarias, a los mismos parámetros que los de cualquier otra declaración testifical. Sin que su calidad de agente de la autoridad, por sí misma, le abone o le reste atendibilidad.

El requisito de que las fotografías exhibidas sean de personas con

Atentos a lo preceptuado en los artículos 40, 43 y 118 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 33 y 89 de la Ley Estatal de dicha materia, entre las obligaciones de los agen- tes de Policía, para garantizar la efectividad en sus actividades, están la imperativa consulta de las Bases de Datos que integran el Sistema Nacional de Información, así como compartir dicha in- formación con las otras Instituciones de Seguridad Pública y en-

Este Tribunal de Alzada no soslaya que, conforme a consolidada doctrina jurisprudencial de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados de Amparo, las causales de atipicidad, de licitud o justificación o de inculpabilidad, como excluyentes del delito y, por consiguiente, de responsabilidad penal, no pueden suponerse, sino que deben quedar plenamente acreditadas en la causa penal respectiva, correspondiendo la carga de la prueba no al Ministerio Público sino al inculpado o su Defensor que es a quienes incumbe hacerlas valer.

En términos generales, desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los derechos de las víctimas en relación con los procedimientos penales están basados legalmente en cinco derechos centrales y esenciales, protegidos por el Derecho Internacional: a) El derecho de toda persona a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la Ley, para la determinación de sus derechos; b) El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real, que incluye, entre otros, el derecho a una investigación; c) El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad; d) El derecho a obtener reparación; y, e) El derecho a un recurso efectivo, ante un tribunal diferente y de mayor jerarquía jurisdiccional, con competencia para revisar si la resolución impugnada se emitió con respeto a los derechos fundamentales de las partes y con capacidad para confirmar, modificar o revocar la decisión combatida.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Jurisprudencia consolidada, ha señalado que la intervención de la víctima del delito en el procedimiento penal deberá ser en un plano de igualdad de las partes e igual protección de sus derechos. Considerando que la igualdad de armas es una garantía para el acceso a la jurisdicción, el debido proceso y la tutela jurisdiccional, en la medida que la igualdad ante la Ley y la no discriminación de las personas se constituyen en los fundamentos del derecho al debido proceso, sin soslayar que la Convención Americana de Derechos Humanos asegura un conjunto de garantías mínimas en igualdad de condiciones, según dispone su artículo 8.2: “[…] Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías: […]”. En este tenor, la Corte Interamericana ha establecido que la comisión de un delito constituye en sí una violación a los derechos humanos de la víctima, por lo cual la obligación de investigar los hechos, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de la comisión del delito es un compromiso que emana de la Convención Americana, y que la responsabilidad penal debe ser determinada por las autoridades judiciales competentes siguiendo estrictamente las normas del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana. En consonancia con ello, no se soslaya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20, Apartado A, fracción I, estatuye expresamente que: «El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen».

De la interpretación armónica y funcional de la normativa constitucional y convencional prevista en los artículos 1, 14, 17 y 20 de nuestra Carta Magna y 1, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, atentos a los principios de debido proceso, igualdad de las partes, acceso a la justicia y a un recurso eficaz y de progresividad de los derechos fundamentales, atendiendo la doctrina jurisprudencial de nuestra Suprema Corte —en las Ejecutorias emitidas al resolver, entre otros, la Contradicción de Tesis 371/2012, el Amparo Directo 10/2012 y los Amparos Directos en Revisión 2855/2015 y 1814/2015— y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [CorteIDH] —en los Casos Radilla Pacheco, Rosendo Cantú, Fernández Ortega y Castañeda Gutman Vs. México; Masacre de La Rochela Vs. Colombia; Myrna Mack Chang Vs. Guatemala; Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador; Herrera Ulloa vs. Costa Rica, entre otros muchos—, la víctima de un delito tiene el derecho de intervenir, en igualdad de armas con el imputado, como parte plena en todas las etapas del procedimiento penal, con amplias posibilidades de participar y ser escuchado, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación; reconociéndose que la víctima u ofendido tienen la posibilidad de impugnar cualquier decisión que afecte sus derechos o intereses por vulneración de sus derechos fundamentales. En estos términos, la víctima, para hacer efectivo su acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación, tiene el derecho, constitucional y convencionalmente reconocido, a participar en todas las etapas de los procedimientos penales, para formular sus pretensiones, hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, expresar alegaciones y, en síntesis, hacer valer sus intereses, controvirtiendo los de la contraria. Con el mismo rango, la víctima tiene derecho a que los elementos probatorios presentados sean analizados de forma completa y seria por las autoridades antes de que se resuelva sobre hechos, responsabilidades, penas y reparaciones.

En nuestro ordenamiento, la Jurisprudencia constitucional de nuestra Alta Corte, al interpretar armónicamente los artículos 1, 14, 17 y 20 de nuestra Carta Fundamental, ha ido decantando una protección amplia de los derechos de las víctimas del delito y precisando el alcance de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, dentro de una concepción que recoge los avances del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la materia. Así, nuestra Máxima Corte ha sostenido enfáticamente que debe considerarse que la legitimación de la víctima u ofendido para promover el recurso de apelación, debe interpretarse de manera extensiva para poder impugnar no sólo las determinaciones que guarden relación directa con la reparación de daños y perjuicios, sino que también aquéllas que tengan una relación indirecta o que impacten de cualquier manera en ese derecho humano, así como en alguna de las garantías consagradas a su favor en el apartado C del artículo 20 de la Constitución Federal. Cabe señalar que esta interpretación de nuestro Alto Tribunal Constitucional, es acorde a la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana, quien ha señalado que de conformidad con el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, «[…] los Estados tienen la obligación de garantizar que, en todas las etapas de los respectivos procesos, las víctimas puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y, en síntesis, hacer valer sus intereses». Lo cual, de acuerdo con el Tribunal Interamericano, tiene la finalidad de hacer efectivo su «[…] acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación».

Aún y cuando de lo declarado por la testigo de cargo se conoce que le entregó a la Fiscalía una prenda de vestir para que se realizara un análisis sobre la misma, también se advierte que le fue regresada al día siguiente, en razón de que la propia testigo informó a la Fiscalía que había lavado la prenda de referencia, en estas condiciones el apelante no puede asegurar que dicha prenda de vestir haya sido analizada por los peritos oficiales y que al no encontrar resultados positivos que abonaran a su teoría del caso, ésta haya sido la razón por la cual le fue devuelta a la testigo, dado que se reitera, es la misma testigo de cargo que explica que por haber lavado la prenda en cuestión no fue posible que le practicaran análisis periciales. Bajo este orden de ideas se actualiza el principio de lealtad que consiste en el deber de ser veraces y proceder con ética profesional para hacer posible el descubrimiento de la verdad, actualizándose también el principio de la buena fe, orientada a cumplir con los deberes específicos de exponer los hechos con veracidad, pero también no ofrecer pruebas inútiles o innecesarias tal y como sucedió en el caso concreto.

La Sala procede a juzgar los medios probatorios, con perspectiva de género, pues como ya se acotó la víctima sufrió en forma constante hostigamiento, amenazas, acoso, violencia y lesiones que realizó el sujeto activo contra ésta, por las razones que a continuación se explican. De entrada es necesario precisar que los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), se deriva el reconocimiento de los derechos humanos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, que exige que todos los órganos jurisdiccionales impartan justicia con perspectiva de género, lo cual constituye un método que pretende verificar la existencia de condiciones de desventaja o vulnerabilidad que no posibilite impartir justicia de manera completa e igualitaria a las personas por condición de sexo o género. En efecto, al juzgarse con perspectiva de género, para identificar la existencia de un estado de vulnerabilidad que genere desventaja real o un desequilibro patente entre las partes, es necesario que existan elementos objetivos con los que: se advierta la actualización de situaciones de poder entre las partes a consecuencia de su género o sexo; cuestionen los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género; deben, en su caso, recopilarse las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o discriminación; tener el deber de cuestionar la neutralidad del marco normativo; y debe resolverse prescindiendo de cargas estereotipadas o prejuicios asegurando un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. De ahí que juzgar con perspectiva de género, como método analítico, deba aplicarse en todos los casos que involucren relaciones de poder asimétricas entre las partes, prejuicios o patrones estereotípicos, independientemente de las personas involucradas. Entonces, tratándose de delito de homicidio por asfixia, se tiene que representa una forma extrema de violencia contra la mujer, como en el caso bajo estudio, por lo que debe identificarse la existencia acreditada de relaciones de poder asimétricas entre las partes que se traduzcan en situaciones de desventaja o vulnerabilidad para las víctimas, provocadas por su condición de sexo o género, lo cual no puede presumirse sino valorarse y resolverse caso por caso. Así, se tiene que los indicios de los cuales, en atención a lo valorado y razonado previamente en esta Ejecutoria, se deriva una fuerte cadena de presunciones incriminatorias en contra del acusado y que, al valorarse conjunta e integralmente bajo la perspectiva de género, sin formalismos excesivos, según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico y natural de los indicios, dichas presunciones constituyen prueba plena tanto de la acreditación del delito como de la intervención como autor del enjuiciado en su comisión, en los términos previstos por los artículos 323 y 324 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, aplicable al asunto que se resuelve.

Atentos a una interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 20, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 259, 265, 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la valoración de las pruebas y la determinación de las conclusiones que se infieren de esas pruebas es potestad soberana del Tribunal de Juicio Oral, en virtud del principio de inmediación, pues es ante su presencia que se desahogaron las probanzas y fue quien obtuvo directamente la información de los medios de prueba practicados en la audiencia de juicio; en la inteligencia de que el Tribunal de Alzada sólo puede verificar si esas pruebas son válidas —legítimas— y si las conclusiones obtenidas se ajustan a las reglas del recto entendimiento humano —logicidad— y si la motivación de la decisión construida es expresa, clara y concreta, emitida con base en razonamientos lógico jurídicos aplicables, es decir, si la motivación es con arreglo a las normas que la regulan.

El interés superior de la niñez, deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes, de ahí que, en los casos relativos al ilícito de omisión de cuidado, es indispensable se procure su protección y el cuidado necesario para su bienestar, al ser un grupo vulnerable en la sociedad. En el presente asunto quedó acreditado que la encausada dejó en estado de abandono a sus tres menores hijas dentro de su domicilio en el que habitaban, sin los cuidados y atenciones de alguna persona adulta, y sin proveerles necesidades elementales de atención física, alimentos, seguridad y protección, vulnerando sus derechos básicos los cuales se engloban en la debida protección que requieren las menores, al exponerlas a peligros tanto de aquellos derivados de una mala alimentación, de condiciones insalubres, además de eventualidades que pudieran surgir al encontrarse sin supervisión alguna, ya que las niñas no se estaban alimentando adecuadamente, además las condiciones anti-higiénicas en que se encontraban, siendo clara la comisión del delito de omisión de cuidado en contra de menores de edad. En ese tenor, las autoridades federales, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, tienen la obligación de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta los derechos y deberes de una madre y un padre, y demás ascendientes, tutores y custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos. De igual manera y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto de sus derechos. De la misma forma, las decisiones adoptadas por las autoridades, además de ser acatadas, dicho órgano garante debe asegurar que se respeten, más si se trata de las esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, entre otras, así como se cumplan los deberes por los padres a quienes les asiste la obligación de cuidarlos, protegerlos y brindarles lo necesario para su sano desarrollo físico, mental y emocional. Lo anterior, ya que en función del interés superior del niño se les debe aplicar y tutelar todas las medidas, se requiere hacer conciencia de la importancia de los derechos que implican, y tener la voluntad de dar prioridad a los mismos, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate, tomándose como base lo establecido en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tanto del estado, como federal particularmente lo señalado en los numerales 3, 11, 19, 21 y 32 de la última en mención. En ese tenor, no puede, ni debe soslayarse por la autoridad judicial, asumir las medidas correspondientes, para que se respete el interés superior de la niñez, tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada asunto.

El delito de violación, tipificado en el artículo 179 del Código Penal para el Estado de Sinaloa vigente al momento de los hechos, san- ciona conductas que atentan contra la libertad sexual de las per- sonas, predominantemente contra las mujeres, conductas que, bajo determinadas circunstancias, se producen como una forma radical de violencia basada en el género que toda autoridad debe procurar combatir, en el ámbito de sus competencias constitucio-nales, tomando medidas protectoras. En casos de violencia sexual en contra de mujeres, juzgar con perspectiva de género implica, entre otras acciones, reconocer un estándar de valoración proba- toria de especial naturaleza con respecto a la declaración de las víctimas del delito, a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo del Juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas, a quienes, para la atendibilidad de su dicho, sólo les es exigible persistencia en lo esencial del hecho, sin que se les pueda requerir una minuciosa precisión en su relato, después de la ex- periencia emocional negativa por la que atravesaron. En los casos de agresión sexual violenta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú y el Pleno de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. XXIII/2015, establecieron una serie de pautas con pers- pectiva de género que deben ser oficiosamente observadas por los Juzgadores, que sintéticamente se pueden enunciar de la siguiente manera: a) la declaración de la víctima constituye una prueba fun- damental sobre el hecho, en atención a la realización generalmente oculta de estos ilícitos, por lo cual no se puede exigir la existencia de pruebas gráficas o documentales directas; b) dicha declaración debe valorarse tomando en consideración que las agresiones se- xuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que usualmente dicha denuncia conlle- va; c) se deben evaluar razonablemente las eventuales inconsis- tencias del relato de la víctima, considerando que es común que la narración de los hechos por la víctima pueda presentar algunas variaciones o imprecisiones, en las diversas ocasiones en las cua- les se le pide declare, en virtud de la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual; d) es necesario justipreciar ciertos aspec- tos subjetivos de la víctima, entre otros, su edad, condición social, grado académico, pertenencia a un grupo vulnerable —tales como mujeres, niñas y niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad— o históricamente discriminado —indígenas, homo- sexuales, migrantes, sexoservidoras, entre otros— para contextua- lizar lo depuesto; e) siendo prueba fundamental, la declaración de la víctima debe examinarse en conjunto con otros elementos de convicción aportados al proceso, tales como dictámenes médicos, psiquiátricos y/o psicológicos, testimonios sobre hechos sucesivos, pruebas circunstanciales, indicios o presunciones; y f) las prue- bas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba corroborantes de diversos segmentos de lo declarado por la víctima, así, ejemplificativamente entre otros, el dictamen médico ginecológico para respaldar la acreditación de la cópula en la violación; el dictamen médico de lesiones, para co- rroborar la violencia física; el dictamen psicológico y/o psiquiá- trico para confirmar las secuencias de afectación emocional que conllevan este tipo de agresiones; las declaraciones sobre hechos sucesivos, previos y posteriores, que, por ejemplo, ubican a víctima y victimario a la hora y en el lugar de los hechos o que refieren las condiciones físicas y/o emocionales de la víctima con posteriori- dad a los hechos —llorosa, alterada, asustada, desaliñada, con la ropa rota o sucia, con huellas corporales de violencia, con lesiones evidentes, entre otras— o exponen antecedentes objetivos conec- tados a los hechos de los cuales se pueden inferir indicios convali- dantes de la versión de la víctima.

La fracción XII del artículo 26 de nuestro Código Penal vigente, establece como causa excluyente del delito el que «se produzca un resultado típico por caso fortuito» y aunque no define qué se en- tiende por caso fortuito, esto se puede inferir de lo dispuesto en el artículo 14 del mismo Ordenamiento, que establece que el delito «puede ser cometido dolosa, culposa o preterintencionalmente».

En este tenor, el caso fortuito implica que el resultado típico se produzca por una conducta que no sea ni dolosa ni culposa, en el entendido que el obrar preterintencional se presenta, atentos a nuestro Código Punitivo, con una concurrencia de dolo y culpa.

Atentos a la doctrina jurisprudencial comparada, la apreciación del caso fortuito exigiría, los siguientes requisitos: a) objetivo en tanto la producción del hecho ha de ser debida a un mero accidente, b) subjetivo, por cuanto no debe haber dolo ni culpa, c) imprevisibi- lidad porque el evento no hubiera podido preverse por cualquier persona de capacidad psíquica normal. Por su parte, en sus prece- dentes jurisprudenciales, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, como excluyente de incriminación, ha definido el caso for- tuito en los siguientes términos: «causar daño por mero accidente, sin intención ni imprudencia alguna; ejecutando un hecho lícito con todas las precauciones debidas». Estableciendo como requisi- tos necesarios para la existencia de dicha eximente los siguientes: a) que el acto ejecutado sea lícito; b) que se haya ejecutado con la diligencia debida, esto es, empleando las precauciones racionales que no omiten las personas prudentes y previsoras; c) que a pesar de ello, resulte el mal por mero accidente material, no imputable ni a dolo ni a culpa; pues el hecho no es constitutivo de delito cuan- do en la ejecución de un acto se ha puesto todo el cuidado que suelen poner las personas diligentes en el ejercicio de su activi- dad y los resultados dañosos del propio acto voluntario no sola- mente no fueron previstos, sino que eran imprevisibles. Ello es así, ha sustentado la Corte, pues en el caso fortuito hay una conducta del sujeto, realizada sin dolo ni culpa, que, unida a una concausa ajena a dicho sujeto, no buscada ni procurada por él, produce un resultado lesivo imprevisible. Sosteniendo, para que se actualice el caso fortuito, es menester que la conducta se haya realizado to- mando todas las precauciones debidas, considerando como tales, todas aquellas medidas que la prudencia aconseje para evitar se produzca un daño, pese a lo cual el resultado lesivo se presenta. En síntesis, para nuestra Corte Suprema, doctrinal y legalmente, para la actualización de la excluyente del delito de caso fortuito, se requiere que la conducta desarrollada por el agente sea sin la voluntad encaminada a la producción del resultado típico y se haya realizado con todas las precauciones y cuidados debidos, no obs- tante lo cual surja el resultado en virtud de que al comportamiento del sujeto se le agregue una concausa extraña a su actuar, de cuya amalgama se produce el resultado típico penal, que por naturaleza debe ser imprevisible.

La circunstancia de ser parientes de una de las partes, no es legalmente bastante para desestimar sus declaraciones ni invalidar tales testimonios, máxime cuando resulta ilógico que los parientes cercanos traten de señalar responsabilidades sobre alguien a quien, si no fuere culpable, tratarían de defender con todos los medios a su alcance. En esta tesitura, la prueba testimonial de parientes conserva su valor convictivo, cuando en razón de la situación específica que guardaron los testigos durante la comisión del ilícito, pudieron percatarse de los hechos, evidenciándose de su relato una percepción o evocación fiel del evento; mayormente si no existe indicio objetivo alguno que su testimonio estuviera guiado por móviles espurios tales como odio, resentimiento, venganza o retribución, en el entendido que, en sana crítica, el legítimo deseo de justicia derivado de las afectaciones generadas por el propio hecho delictivo no puede, en ningún caso, calificarse como motivación espuria. Por lo que carece de fundamento jurídico la pretensión del acusado de que no deba tomarse en cuenta ni darle valor probatorio a lo declarado por los testigos de cargo en juicio, por la única razón de tratarse de familiares directos de la querellante y del menor de edad víctima del delito, ya que el parentesco no es causa forzosa de parcialidad, quedando la valoración de este medio convictivo al prudente arbitrio del Juzgador mediante una sana crítica, esto es, en forma libre y lógica.

Como resulta de explorado Derecho, en materia penal no existe tacha de testigos que haga a priori desestimables sus declaraciones, máxime en un sistema acusatorio en el cual rige el principio de libertad de valoración probatoria por el Juzgador. Lo anterior es así, con mayor razón, en los juicios por delitos que se generan en el ámbito de la familia, tales como, los de exposición de menores o incapaces, violencia familiar, incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, sustracción o tráfico de menores, entre otros. Delitos en los cuales, por su naturaleza, generalmente requieren para existir de la convivencia en el seno familiar de víctima, victimario y parientes consanguíneos o por afinidad. Parentesco y convivencia que no sólo no los inhabilita para fungir como testigos en juicio, sino por el contrario, resulta acorde al lógico acontecer de las cosas y a las máximas de experiencia, que precisamente son los familiares que viven en el mismo domicilio o conviven con cercanía con los involucrados, los que están en mejor condición de darse cuenta directamente de los hechos que ocurren dentro de ese ámbito entre los miembros de la familia. Por lo que carece de fundamento jurídico la pretensión del acusado de que no deba tomarse en cuenta ni darle valor probatorio a lo declarado por los testigos de cargo en juicio, por la única razón de tratarse de familiares directos de la querellante y del menor de edad víctima del delito, ya que el parentesco no es causa forzosa de parcialidad, quedando la valoración de este medio convictivo al prudente arbitrio del Juzgador mediante una sana crítica.

La recusación es un mecanismo legítimo que a su alcance tienen las partes de un procedimiento jurisdiccional, para que un Juzgador deje de conocer de un asunto determinado por existir, a juicio del promovente, alguna causa de impedimento prevista legalmente, que inhabilita al Jurisdicente para emitir resoluciones con imparcialidad en el negocio jurídico de que se trate. En torno este tema, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que la «[…] importancia de la imparcialidad, para ser considerada y exigida como derecho fundamental de las personas en las mencionadas normas superiores, radica en que constituye una condición esencial de la función jurisdiccional, por la cual se busca garantizar que las resoluciones obedezcan solamente a criterios jurídicos, y no por la inclinación a favorecer a alguna de las partes, por cualquier razón, sea la relación personal que el Juez tenga con alguna de ellas, o con el objeto del pleito, o alguna otra». Para nuestra Corte Suprema, la imparcialidad «[...] significa emitir una resolución apegada a Derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; así como en el deber que tienen los órganos jurisdiccionales de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas». Conforme a consolidada jurisprudencia de Cortes Internacionales de Derechos Humanos, la imparcialidad tiene una vertiente subjetiva y una objetiva, en torno a lo cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que «[…] mientras que la imparcialidad personal o subjetiva se presume a menos que exista prueba en contrario, consistente por ejemplo en la demostración de que algún miembro de un tribunal o Juez guarda prejuicios o parcialidades de índole personal contra los litigantes, la denominada prueba objetiva consiste en determinar si el Juez cuestionado brindó elementos convincentes que permitan eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona[…] la presunta falta de imparcialidad judicial de los Jueces debe establecerse a partir de elementos probatorios específicos y concretos que indiquen que se está efectivamente ante un caso en el que los Jueces claramente se han dejado influenciar por aspectos o criterios ajenos a las normas legales». Sin dejar de considerar que en un debido proceso el derecho a un Juez imparcial debe ser ponderado conjuntamente con el derecho a un Juez predeterminado por la Ley. Orden de ideas conforme al cual, una adecuada cobertura de ambos derechos requiere de un sistema que permita, por un lado, la separación de un asunto de todo Juzgador sobre el que recaigan sospechas fundadas de parcialidad, y, por otro, impida dicha separación sin motivo legítimo suficiente; evitando tanto las abstenciones o excusas como las recusaciones injustificadas que puedan promoverse con la finalidad ilegítima de excluir al Juez predeterminado por la Ley, que conforme a las normas constitucionales y procesales es el que tiene competencia ordinaria para conocer del caso.

Conforme a consolidada doctrina jurisprudencial comparada de la Corte Europea de Derechos Humanos, que se toma como orientadora —como en múltiples ocasiones lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos—, en vía de recurso en segunda instancia es factible la revocación de una sentencia absolutoria o la agravación de la pena, cuando dicha decisión derive de la valoración de cuestiones estrictamente jurídicas y se apegue a los hechos que el Juez de instancia tuvo por probados, conforme al acervo probatorio practicado en su presencia. Esto es, como lo ha sostenido reiteradamente el Tribunal Constitucional español, siguiendo la jurisprudencia orientadora de la señalada Corte Europea, al resolver una impugnación en vía de recurso, el Tribunal de Segunda Instancia, revisando cuestiones puramente jurídicas y sin variar los hechos tenidos por probados por el A quo, puede en sus resoluciones corregir errores de subsunción de la sentencia alzada, determinando que racionalmente, contrario a lo resuelto por el Juez primario, dichos hechos sí son subsumibles en el tipo del delito imputado, pues ello sólo implica la estricta calificación jurídica que deba asignarse a los hechos cuya existencia se tuvo por indubitablemente acreditados. Pues en puridad lógica, la subsunción o encuadramiento de hechos objetivos fehacientemente probados en el supuesto normativo representa una cuestión de estricta valoración jurídica. En otras palabras, el Tribunal de Apelación, en plenitud de jurisdicción, está legitimado para revocar la absolución o agravar la sanción determinada en la sentencia de primera instancia, sin alterar los hechos que se tuvieron por probados en la sentencia alzada, a partir de fundamentar el encaje de la conducta probada en el tipo penal en el que se sustentó la acusación, pues con ello se limita a resolver un aspecto puramente jurídico y no vulnera el debido proceso.

En el caso a estudio, como bien lo arguye el apelante ministerial, la Jueza de origen en su sentencia tuvo como hechos probados que los acusados encontrándose en el desempeño de sus funciones como agentes activos de Policía Municipal a bordo de la unidad oficial (patrulla), circulando por la vía pública, se percatan de la presencia de una persona que transitaba por la misma vía, en otra unidad motriz, al cual procedieron a marcarle el alto, lo hicieron que descendiera, lo esposaron y subieron a la patrulla, cuestionándolo sobre un carro robado, trasladándolo hasta las inmediaciones del panteón municipal, donde lo amenazaron y le ordenaron se comunicara con una tercera persona para que acudiera a dicho lugar, lo cual hizo; cuando el individuo convocado llegó al panteón los acusados lo interceptaron y esposaron, llevándolo a donde estaba el sujeto al cual detuvieron inicialmente, confrontándolos sobre el supuesto robo de un vehículo que ambos habían realizado, amagándolos «que si querían ahí mismo se los fregaban, que sus cabezas tenían precio», exigiéndoles la cantidad de sesenta mil pesos a cambio de dejarlos ir, liberando a uno de ellos para que consiguiera el dinero el cual debía entregar antes de la una y media de la tarde ese mismo día y que si no llevaba el dinero lo iban a denunciar. Sin embargo, en forma errónea, se agravia fundadamente el apelante, la Jueza determinó que dicha conducta no encuadraba jurídicamente en la típica del delito de cohecho. En efecto, le asiste la razón jurídica al inconforme pues racionalmente resulta evidente que la conducta descrita realizada por los acusados tiene encaje legal en el delito de cohecho, tipificado en el artículo 305 del Código Penal para el Estado de Sinaloa en vigor, pues ambos en su calidad de servidores públicos, en funciones de agentes activos de la Policía Municipal, por sí mismos solicitaron a sus víctimas dinero, a cambio de no delatarlos ante las autoridades competentes o no ponerlos a disposición de sus superiores, por la supuesta realización de un robo de vehículo; acción relacionada con sus funciones de agentes de Policía, como lo es poner de conocimiento de la autoridad competente la identidad de los presuntos responsables de un delito perseguible de oficio, como es público y notorio el de robo de vehículo. Razones hasta aquí expresadas que sustentan la procedencia de la revocación de la absolución dictada en primera instancia y emitir condena en contra de los acusados por el delito de cohecho.

Ello es así, pues de una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 36, 39, 40, 44 párrafos segundo, tercero y cuarto del Código Penal; 492 fracción I, del Código de Procedimientos Penales, ambos para el Estado de Sinaloa; y 500 fracción II y 502 de la Ley Federal del Trabajo vigentes al momento del hecho, la reparación del daño que deba ser hecha por el responsable de un delito tiene el carácter de pena pública, reparación que debe ser integral y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida y debe comprender, entre otros aspectos, la indemnización del daño material, moral y psicológico causados. En cuanto a la reparación del daño moral, como regla general, el monto de ésta será fijada por el prudente arbitrio del Juzgador, tomando en consideración las características del delito, las posibilidades económicas del obligado, la afectación moral sufrida por la víctima y las circunstancias personales de ésta, que tengan relevancia para la fijación del daño causado, monto que, también por regla general, no deberá exceder de cinco mil días de salario del sujeto obligado a la reparación. Sin embargo, estas reglas generales se matizan tratándose de delitos que afecten la vida o la integridad corporal de las personas, en los cuales el monto de la reparación del daño no podrá ser menor a la que resulte de la aplicación de las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo, y específicamente en el homicidio, el monto de la reparación no podrá ser menor a la que fije como indemnización en los casos de muerte la referida Ley Laboral. Ley Federal que en su artículo 502 expresamente establece que la indemnización en caso de muerte del trabajador será «[...] la cantidad equivalente al importe de cinco mil días de salario». En este orden de ideas, las reglas generales contenidas en el segundo párrafo del precepto 44 preinvocado, en cuanto al arbitrio judicial, los aspectos que deberá considerar y el monto que no podrá exceder la reparación moral del daño, se encuentran acotadas tratándose del delito de homicidio, el cual por su comisión el sentenciado deberá cubrir a las personas que tengan derecho, conforme al orden de prelación previsto en el diverso artículo 40 referido, una indemnización que no podrá ser menor a cinco mil días de salario. Atendiendo el fallo de Amparo, en virtud de todo lo razonado y fundado, se motiva porqué, en el delito de homicidio, el arbitrio del Juzgador está acotado y no puede decretar una indemnización por daño moral menor a los cinco mil días de salario del obligado, y a falta de prueba, del salario mínimo general vigente en la Entidad, que resulta ser el máximo que como regla general establece el segundo párrafo del numeral 44 antes invocado.

La sentencia definitiva tiene ejecutoriedad por sí misma, esto es, por naturaleza no sólo es declarativa sino esencialmente constitutiva del derecho a la efectiva reparación del daño en favor de víctima concreta, de suerte tal que lo en ella determinado resulta de cumplimiento obligado para el sentenciado, teniendo la víctima disponible y expedito su derecho a exigir, en ejecución de la resolución, las medidas coercitivas que sean necesarias por los medios legales a su alcance y, de esta forma, hacer efectiva dicha reparación en la etapa ejecutiva. Lo anterior se sustenta, por igualdad de razones jurídicas, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reiteradamente ha establecido que «[...] una sentencia declaratoria de violación de derechos constituye per se una forma de reparación». De suerte tal, que una sentencia condenatoria en materia penal, sea emitida en juicio ordinario o en procedimiento abreviado, lleva ínsita una forma de efectividad y garantía de reparación del daño.

Resulta inoperante el agravio de la parte ofendida «en relación a que el Juez de origen no debió aprobar el procedimiento abreviado en virtud de su oposición», basada en que el acusado no había previamente pagado o garantizado el pago de la reparación del daño, pues, en principio, no existe disposición legal aplicable al caso que así lo establezca y, además, a ningún efecto práctico llevaría anular la sentencia alzada y ordenar al Juzgador natural no aprobar el procedimiento abreviado, pues ello conduciría, atentos a lo preceptuado en el artículo 203 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a que el Juez de Control tuviera por no formulada la acusación realizada por el Ministerio Público y ordenara que todos los antecedentes relativos al planteamiento, discusión —incluida la aceptación de responsabilidad del acusado— y resolución de la solicitud del procedimiento abreviado fueran eliminados del registro, debiéndose continuar con el procedimiento ordinario hasta llegar a la Etapa de Juicio la cual culminaría con la emisión de la sentencia de fondo, la que de ser de condena, en cuanto al tema de interés de la aquí apelante, que lo es la reparación del daño, sería esencialmente en los términos que la que se combate. En atención a las anteriores razones, es evidente resulta de mayor beneficio para la aquí apelante el hacer efectiva, en incidente de ejecución, la sentencia impugnada la cual contiene ya una condena a la reparación integral del daño a cargo del sentenciado y en beneficio de la víctima, que esperar a agotar todas las etapas del proceso ordinario hasta llegar a la de Juicio y al dictado de una resolución de fondo, la cual, de ser condenatoria por haberse vencido la presunción de inocencia, contendría la obligación del sentenciado de reparar integralmente el daño causado y a partir de que quede firme, y únicamente hasta entonces, podría la víctima promover la ejecución de dicha condena, posponiendo innecesaria e improductivamente la concreción de un derecho a la reparación que ya obtuvo. Circunstancias en las cuales, conceder la pretensión del ofendido, resultaría contrario a los principios de celeridad, concentración y economía procesal y haría nugatorias en los hechos tanto la previsión de la fracción VII del apartado A del artículo 20 de la Constitución General, que prevé el procedimiento abreviado como una forma legítima de terminación anticipada del proceso penal en el sistema acusatorio, como lo previsto en el diverso artículo 17 Constitucional de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos fijados en las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta y completa.

Para determinar correctamente el monto de la pena correspondiente al delito de daños culposos, resulta preciso realizar una serie de operaciones que se derivan de una interpretación armónica e integral de lo dispuesto en los artículos 29, 79, 80, 81 y 228 vigentes del Código Penal para el Estado de Sinaloa. En efecto, es de considerar que el artículo 80 establece la punibilidad general de los delitos culposos, los cuales, conforme a dicho numeral, se penarán con prisión de tres a nueve años, de tres a doscientos días multa y suspensión de tres meses a tres años o privación definitiva para ejercer profesión u oficio. Sin embargo, se requiere tener en cuenta la regla del diverso artículo 81, el cual establece un límite a la punición de los delitos culposos, pues dispone que las penas previstas en el referido artículo 80 en ningún caso podrán exceder de las tres cuartas partes de las que corresponderían si el delito hubiese sido doloso. Regla que implica una disminución de las penas, acorde al principio de que el reproche penal por conducta culposa debe ser menor al de la conducta dolosa en la comisión del mismo tipo delictivo. Reducción que para su cálculo y aplicación debe sujetarse a lo prevenido en el artículo 79 preinvocado, el cual mandata que cuando alguna disposición contenida en el Código Penal local prevea la disminución o el aumento de una pena con relación a otra, la pena aplicable se fijará aplicando la disminución o el aumento a los términos mínimo y máximo de la punibilidad que sirva de referencia, sin que en ningún caso se puedan rebasar los extremos previstos para cada una de las penas en el propio Código. Para la pena de prisión, es el segundo párrafo del artículo 29 de dicho Ordenamiento el que establece su duración mínima en tres meses y máxima en setenta años. Por su parte, el aludido artículo 228, en el supuesto de su párrafo primero, prevé para el delito de daños dolosos prisión de tres meses a cinco años y multa de treinta a ciento ochenta días, en tanto que en el segundo párrafo indica de dos a ocho años de prisión y de noventa a trescientos sesenta días multa. Con los fundamentos anteriores, primero deberemos calcular el monto de la pena a imponer conforme al artículo 80, ubicando en la proyección punitiva el grado de punición decretado en el caso concreto. Luego, se deberá determinar el monto de la penalidad correspondiente atentos a las penas previstas en el primer párrafo del artículo 228, para lo cual se deberá primeramente aplicar la disminución de una cuarta parte a los mínimos y máximos de dichas penas, en apego a que las sanciones no podrán exceder de las tres cuartas partes de las que corresponderían si el ilícito hubiera sido intencional; para después computar en la proyección punitiva el monto de las sanciones atendiendo el grado de punición decidido. En el entendido que la mínima en ningún caso podrá ser menor a tres meses, como lo mandata la última parte del artículo 29 ya referido. Enseguida, se deberán confrontar ambos resultados para determinar si el que arroja la aplicación de las penas previstas en el artículo 80, no exceden las contempladas en el numeral 228, las cuales ya previamente se habían reducido en una cuarta parte en sus extremos mínimo y máximo, para proyectar sus tres cuartas partes. Si de la confrontación resultare menor la pena de prisión calculada conforme al artículo 80, se aplicará ésta; en cambio, si resultare mayor, se asignará la resultante de la aplicación del precepto 228.

De acuerdo con el artículo 201 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, en el delito de robo, el apoderamiento es el núcleo rector del tipo. Ahora bien, tratándose del delito de robo quebrantando la confianza derivada de una relación de servicio, se debe valorar dicho elemento de acuerdo con las particularidades de la relación aludida. Entre tales particularidades es necesario apreciar si la víctima u ofendido había concedido facultades de posesión, administración o disposición al imputado, en relación con los bienes objeto del delito. De ser así, es preciso identificar si la conducta efectivamente implicó un apoderamiento, o bien, se encuentra entre aquéllas inherentes a las facultades que le fueron concedidas. En consecuencia, si no se acredita que se actualizó un verdadero apoderamiento, los medios de convicción resultan ineficaces para probar todos y cada uno de los elementos de existencia del delito.

El artículo 214 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, establece que comete el delito de fraude genérico la persona que «engañando a alguien o aprovechándose del error en que éste se encuentre, obtenga ilícitamente alguna cosa ajena o alcance un lucro indebido para sí o para otro», de lo que se desprende que el «engaño» es un elemento central de dicha conducta delictiva. Conforme al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, gramaticalmente por engaño se entiende: «Falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre». También es la acción o efecto de engañar, definiendo esta última como: «Hacer creer a alguien que algo falso es verdadero». Jurídicamente nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, por engaño entiende «el provocar mediante argucias, maquinaciones o cualquier otro medio, un falso conocimiento en el sujeto pasivo para determinarlo a realizar un acto de disposición patrimonial en beneficio del sujeto activo o de un tercero»; en palabras diversas para la Corte el engaño «consiste en la mentira cuya finalidad es producir en el sujeto pasivo una representación falsa o errónea de la realidad que debe ser suficiente para producir convencimiento y causa eficiente para ello». En el tenor referido, el engaño como elemento constitutivo del delito de fraude genérico, en su connotación jurídica, se puede válidamente entender como una acción tendenciosa del sujeto activo para alterar la verdad, o sea, la actividad engañosa es positivamente mentirosa, pues se realiza mediante maquinaciones, artimañas, subterfugios o cualquier otro medio que hace incurrir a la víctima en una falsa creencia, con la intención de obtener de ella un beneficio económico indebido. Sin soslayar que el elemento engaño al cual la ley penal se refiere, es de naturaleza penal y no civil, de suerte tal que para que el mismo se actualice necesario es que exista en el autor una intención orientada no sólo a inducir a otro a celebrar un trato, sino a la obtención ilícita de una cosa o al alcance de un lucro indebido, o sea una acción falaz positiva para lograr la obtención de la cosa o el logro de un beneficio indebido. En otras palabras, el engaño en el fraude implica inducir a otro a tener por cierto lo que no lo es, valiéndose de palabras o de obras aparentes y fingidas alterando la verdad, con la insana intención de obtener una cosa o un beneficio económico ilegítimo. En el entendido que el engaño debe ser una causa eficiente y suficiente para obtener el lucro indebido. En el caso concreto, el activo asumió una conducta engañosa recibiendo dinero como anticipo y luego como finiquito del traspaso de la vivienda pactado, haciendo creer falsamente a la ofendida que honraría el trato, a sabiendas que la propietaria del inmueble había manifestado su decisión de no traspasar la finca, dinero que no entregó a la dueña, sino que lo gastó en su provecho personal, obteniendo un lucro indebido. Conducta que encuadra en la típica de fraude genérico prevista en el artículo 214 del Código Punitivo citado.

En el fraude la intención de obtener una cosa o un lucro indebido mediante el engaño, que forma parte del dolo de defraudar, al ser un elemento subjetivo la prueba idónea para acreditarlo es la confesión del agente del delito, empero ante su ausencia, puede comprobarse con la prueba circunstancial o de indicios. En el entendido que esta prueba se conforma a partir de indicios objetivos debidamente acreditados, de los cuales se obtienen datos incriminatorios, de cuyo enlace lógico y natural más o menos necesario, a través del esfuerzo de razonar silogísticamente, se puede llegar racionalmente a una conclusión respecto a la verdad que se busca. Siendo precisamente la suma de todos los indicios, lo que constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o menos necesario, entre la verdad conocida y la buscada. La prueba indiciaria o circunstancial, consiste en un ejercicio argumentativo en el cual, por medio de la lógica, las reglas de la experiencia y los conocimientos científicos, a partir de hechos probados se obtienen indicios objetivos de los cuales, debidamente enlazados, se puede racionalmente inferir la existencia del hecho delictivo y la participación del imputado en su comisión. En el caso concreto, están debidamente acreditados los siguientes indicios: a) el acusado maniobró ofreciendo un traspaso de vivienda a la ofendida, haciéndola creer que estaba todo en regla; b) el imputado sabía que la propietaria del inmueble había decidido no traspasar la finca; c) con esta actividad engañosa logró que la pasivo le entregara diversas cantidades de dinero, como anticipos y finiquito del precio acordado; y, d) el inculpado utilizó el numerario recibido en beneficio propio, pues ni lo entregó a la dueña del inmueble ni lo regresó a su víctima. Indicios los anteriores que son plurales, fiables, objetivos y convergentes y que enlazados lógicamente, resultan suficientes y eficientes para acreditar plenamente que el acusado realizó una actividad tendenciosamente mentirosa para hacer creer falsamente a su víctima que estaba en posibilidad real de realizar el traspaso de la vivienda y con esa acción engañosa lograr que la ofendida le entregara diversas cantidades de dinero que utilizó el activo en beneficio propio, obteniendo así, mediante engaño, un lucro indebido, con lo que se actualizó la comisión por el imputado del delito de fraude genérico.

En el fraude la intención de obtener una cosa o un lucro indebido mediante el engaño, que forma parte del dolo de defraudar, al ser un elemento subjetivo la prueba idónea para acreditarlo es la confesión del agente del delito, empero ante su ausencia, puede comprobarse con la prueba circunstancial o de indicios. En efecto, existen sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por conducto de los medios de prueba regulares, sino sólo a través del esfuerzo de razonar silogísticamente para llegar a una conclusión. La intencionalidad del agente del delito de fraude genérico de engañar para lucrar no es algo que se pueda apreciar aisladamente de un modo material, ya que, por estar inmerso en la voluntad, no es algo que se pueda advertir directa y objetivamente, sino que se puede acreditar a través de operaciones intelectuales que parten del análisis de hechos que tienen relación con esas conductas. En congruencia con este orden de ideas, se estima que el elemento subjetivo del tipo penal del delito de fraude genérico consistente en la intención del sujeto activo de maniobrar para falsear la realidad como medio para engañar al sujeto pasivo con la finalidad de obtener ilegítimamente, de esa forma, una cosa o un beneficio económico, es difícil demostrarse con prueba directa, dada la naturaleza de la conducta que se encuentra íntimamente relacionada con la voluntad del activo, que no siempre puede percibirse por medio de los sentidos, válidamente se concluye que en la mayoría de los casos habrá de acreditarse mediante prueba indirecta, para lo cual habrán de concatenarse distintos hechos objetivos conocidos, de los que se obtienen indicios, para inferir, con base en la prueba circunstancial, que el acusado tenía el dolo de defraudar.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, ha sostenido que, conforme a los principios de valoración de la prueba, «las evidencias deben ser apreciadas en su integralidad, es decir, teniendo en cuenta sus relaciones mutuas, y la forma como se prestan soporte unas a otras o dejan de hacerlo», de suerte tal que se vulneran estos principios cuando para valorar el acervo los Jueces «fragmentaron el acervo probatorio y luego pretendieron enervar, caso por caso, los alcances de todos y cada uno de los elementos probatorios de la responsabilidad de los imputados». En este orden de ideas, cuando el Juzgador realiza una apreciación del acervo probatorio analizando en forma aislada y fraccionada cada una de las pruebas desestimando, con esa visión parcializada, su valor probatorio, vulnera el debido proceso y se aparta de la obligación legal de realizar una crítica racional de la prueba y justificar su valor con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de la totalidad del acervo probatorio. Integralidad en la valoración que impone al Juzgador el deber ineludible de confrontar cada prueba con las demás probanzas, teniendo en cuenta las relaciones mutuas entre ellas y la forma como se prestan o no apoyo o corroboración unas a otras. En el caso concreto, la decisión de absolución es producto de una valoración probatoria incorrecta, pues el Juez natural apreció las probanzas en forma separada y aislada, proceder con el cual indebidamente demerita su valor para arribar a su indebida conclusión de emitir fallo en el sentido de absolver al acusado. En este contexto, este Tribunal aprecia que el Juzgador de origen no realizó una valoración lógica y racional de las pruebas ni llevó a cabo una apreciación conjunta e integral del acervo probatorio, ya que no valoró los testimonios emitidos por su contenido incriminatorio y su conexión con el resto del material, pues los desvaloró, sin fundamento legal alguno, no por lo que declararon sino por circunstancias y aspectos que el A quo considera, subjetiva e infundadamente, debieron haberse dicho. Por lo que su apreciación no es acorde a la obligación que le impone una interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 259, 265, 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, por lo cual resulta ilógica y arbitraria.

En el proceso penal acusatorio de nuestro país rige un «sistema de prueba libre», tanto en lo relacionado a lo que puede ser probado y los medios que pueden ser utilizados como en lo relativo a su valoración por el Juzgador, ello derivado de una interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 259, 265, 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor. En efecto, conforme a los preceptos invocados se prescribe que cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito y que las pruebas serán valoradas por el Órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. Libre pues el Tribunal de enjuiciamiento apreciará la prueba según su libre convicción extraída de la totalidad del debate, asignando libremente el valor correspondiente a cada una de las probanzas, al no estar sujeto a un valor legal predeterminado de los medios utilizados para probar, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas. Lógica, pues deberá hacerlo conforme a una sana crítica racional, en base a las leyes de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, expresando motivadamente los razonamientos utilizados para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional; todo ello basado en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los medios de prueba obtenidos lícitamente e incorporados al debate conforme a las disposiciones legales aplicables, lo que excluye la valoración aislada y fragmentada de las probanzas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, ha sostenido que, conforme a los principios de valoración de la prueba, «las evidencias deben ser apreciadas en su integralidad, es decir, teniendo en cuenta sus relaciones mutuas, y la forma como se prestan soporte unas a otras o dejan de hacerlo», de suerte tal que se vulneran estos principios cuando para valorar el acervo los Jueces «fragmentaron el acervo probatorio y luego pretendieron enervar, caso por caso, los alcances de todos y cada uno de los elementos probatorios de la responsabilidad de los imputados».

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como la prohibición de discriminar a las personas en razón de su edad. A su vez, el inciso A) de la fracción II del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores prevé, como Criterios objeto, garantizar a dichas personas el derecho a recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre. Lo anterior nos indica que todas las autoridades que intervengan en un procedimiento judicial están obligadas, en el ámbito de su competencia, a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas adultas mayores, evitando discriminaciones que atenten contra su dignidad. En consecuencia, resulta violatorio de derechos humanos que obren en autos de una causa penal fotografías de las personas adultas mayores en ropa interior, en virtud de que se vulnera su dignidad e implica una discriminación prohibida, máxime cuando en el proceso penal rige el principio de igualdad entre las partes.

No existe disposición jurídica expresa ni jurisprudencia obligatoria que obligue al Juzgador a referirse a cada postura o argumento expuesto en los alegatos de las partes, pues lo completo de la sentencia se cumple, por un lado, con la existencia de congruencia esencial entre la sentencia y la acusación y, por otro, con la valoración de todas las pruebas aportadas a juicio, tanto las de cargo como las de descargo, como así sucedió en el caso sub júdice. Sin que se advierta en forma alguna que en los alegatos de la Defensa se hayan expuesto aspectos concretos y específicos que por trascender en el resultado del fallo ameritaran que obligadamente el Jurisdicente se ocupara de ellos y se pronunciara al respecto. Ello es así, en virtud de que cuando los alegatos de las partes, como en el caso que nos ocupa lo son los de la Defensa, constituyan meras opiniones o conclusiones unilaterales sobre los fundamentos de sus pretensiones o expectativas de resultado en el juicio, éstas no tienen jurídicamente la fuerza procesal para incidir en la condena o la absolución del enjuiciado, como si la tienen la acusación y las defensas de fondo —como lo son, por ejemplo, entre otras, el hacer valer alguna excluyente del delito o de la responsabilidad penal del encausado—. Así mismo, atentos a lo dispuesto en los artículos 20, párrafo primero, fracciones III, V y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nadie podrá ser condenado sino cuando el Tribunal que lo juzgue adquiera la convicción, más allá de toda duda razonable, de que es penalmente responsable de la comisión de los hechos, tipificados por la ley como delito, por los que fue acusado y se le siguió el proceso, en base a pruebas lícitas, aportadas legalmente por el Ministerio Público e incorporadas en el juicio oral conforme a los principios de publicidad, contradicción e inmediación.

El artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales obliga al Tribunal de Enjuiciamiento a hacer referencia a todas y cada una de las pruebas desahogadas, incluso de aquéllas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. Dicha referencia debe realizarse al momento de motivar la sentencia e incluye la obligación de valorar lo efectivamente acontecido al momento del desahogo correspondiente. En ese tenor, cuando las violaciones que alega el recurrente, de acuerdo con el material remitido para la revisión del recurso (videograbación), parten de premisas falsas, es decir, se refieren a hechos no acontecidos durante el desahogo de las pruebas, lo conducente es declarar inoperantes los agravios y confirmar la sentencia recurrida.

Para tener por acreditado que la víctima menor de edad fue abusada sexualmente por el acusado, al manipularle la parte exterior de su área vaginal con los dedos de sus manos, no resulta obstáculo que el dictamen médico ginecológico realizado por peritos oficiales haya concluido que no presentaba huellas de violencia física en su superficie corporal, ya que, en principio, el tipo de abuso sexual previsto y sancionado en el artículo 183 del Código Penal local vigente no requiere la existencia de lesiones para su integración, además dicha pericial fue realizada con menos proximidad a los hechos y acorde a las máximas de la experiencia los signos que evidencian irritación en la piel por rozadura tienden a desvanecerse con el paso del tiempo hasta desaparecer. Sin dejar de considerar, en contrario, que la existencia de huellas de manipulación del área vaginal externa, como lo son enrojecimiento e irritación, pueden quedar acreditados mediante otros medios de prueba, como, en el caso concreto, pueden ser la declaración del médico y la enfermera que atendieron a la niña con proximidad a los hechos y refieren con claridad y certeza que la menor les señaló que sentía dolor en su área genital y que en la exploración clínica realizada por el médico, en presencia de la enfermera, se le encontró «irritación del introito vaginal», lo cual se encuentra en concordancia con lo declarado por la mamá quien refiere que la menor señalaba que sentía dolor al orinar y lo depuesto por la abuela, quien, ante lo manifestado por su nieta en el sentido que sentía dolor porque el acusado le había «metido la mano» en su vagina, exploró a la menor y percibió con sus sentidos que ésta presentaba «rozadura» en su área vaginal y que por ello le tuvo que aplicar una crema para que se le «quitara lo rozado». En el entendido que conforme a las máximas de la experiencia cuando en nuestra región alguien expresa que otra persona «estaba rozada», se refiere a que presentaba los signos característicos de una rozadura en un área del cuerpo, esto es, una irritación en la piel con enrojecimiento. Así las cosas, resulta racional colegir que la conclusión del dictamen médico ginecológico que reportó la no existencia de lesiones en la superficie corporal de la víctima, no es determinante para decretar la no comprobación del delito de abuso sexual, pues hay elementos de convicción objetivos que justifican la ausencia, al tiempo de la exploración, de irritaciones o escoriaciones. Una, el tiempo transcurrido entre el acontecimiento de los hechos y la revisión realizada por los peritos oficiales; y otra, la aplicación por la abuela, días antes del examen, de una crema para rozaduras en el área afectada.

Conforme a una consolidada doctrina jurisprudencial comparada, retomada por la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia al resolver el Amparo Directo en Revisión 669/2015, en atención al principio de continuidad, el proceso penal acusatorio se desarrolla en una secuencia continua de actos procesales que deben ejecutarse dentro de la etapa y plazos procesales precisamente señalados para ellos, esto es, se integra por una relación ordenada de fases regidas por el principio de preclusión de los actos procesales; principio con base al cual una vez superadas las etapas y oportunidades delimitadas en el ordenamiento jurídico, es inviable devolver la actuación a una etapa ya concluida, ello debido a que el acusatorio es un procedimiento dividido en una serie de etapas que se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, de modo que sólo superándose una se puede comenzar con la siguiente, sin que exista la posibilidad de renovarlas o reabrirlas. En otras palabras, en aplicación del principio de preclusión opera la clausura definitiva de cada una de las etapas procesales, impidiéndose el regreso a fases y momentos procesales ya extinguidos o consumados. Por consiguiente, al expirar el término contemplado para la específica actividad en la etapa correspondiente no puede ya realizarse porque su oportunidad ha precluido. En el entendido, que la preclusión se traduce en la clausura de un determinado tracto procesal y cierra la posibilidad de ejercer un determinado derecho, y también la de cumplir una específica carga procesal que debió colmarse en un lapso preestablecido, resguardando, de este modo, el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas y los postulados de continuidad, igualdad de armas, lealtad y seguridad jurídica. Razones en virtud de las cuales, las partes en el procedimiento penal se encuentran obligadas a cumplir con las cargas procesales que les corresponden de acuerdo a la legislación adjetiva, lo que deberán hacer en el momento o etapa correspondiente y en el plazo y forma fijados para tal efecto, esto es, es necesario que se cumplan los pasos procesales previstos en su momento y oportunidad, pues de no hacerlo así, se entiende que, por regla general, pierden su oportunidad para hacerlo con posterioridad, ya que su derecho a hacerlo precluye, pues quien no hizo valer su derecho en la secuela de la audiencia correspondiente, no podrá hacerlo en las subsecuentes. En este orden de ideas, se considera que las partes en el procedimiento penal acusatorio se encuentran obligadas a hacer valer sus impugnaciones en el momento o etapa correspondiente, o sea, toda inconformidad debe ser reclamada oportunamente a través de los recursos e incidentes que la ley procesal establece como medios idóneos y válidos para dejar sin efecto el acto procesal refutado, pues de no hacerlo precluye su derecho. Bajo este contexto, en el caso a estudio, en segunda instancia no procede el análisis de las cuestiones planteadas por los agravistas respecto a lo que consideran violaciones acaecidas en las etapas de investigación e intermedia, referentes a las negativas, tanto de la encargada de la carpeta de investigación como del Juez de Control actuante, de la práctica nuevamente de diversas periciales médicas y psicológicas a la víctima, siendo en las audiencias de las etapas correspondientes cuando debió impugnar esas decisiones por los medios adecuados, teniendo dicha posibilidad de hacerlo conforme lo dispone el artículo 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, al no hacerlo así precluyó su derecho.

No les asiste la razón jurídica al apelante y su Defensor, cuando alegan que se vulneró en su perjuicio el derecho de defensa al no habérsele admitido como probanzas las periciales médicas y psicológicas por él propuestas, para que fueran confrontadas con las oficiales que ya se habían realizado, expresando que su finalidad era «saber con exactitud si su dictamen tiene similitud o discrepancia con el ya realizado, y se coteje con las actuaciones del perito […] adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado», probanzas que venía proponiendo desde la etapa de investigación y pretendió se le admitieran en la etapa de juicio; en esta última le fue inadmitida en virtud de no ser el momento procesal oportuno para ello, y en las etapas previas no le fueron concedidas en razón de que, como el mismo apelante lo reconoce, ya existían previamente dictámenes periciales realizados por peritos oficiales y de acceder a lo peticionado no se estaría protegiendo el derecho de la víctima en condición de vulnerabilidad —persona con discapacidad mental o intelectual— a no ser revictimizado, como en su momento resolvió el Juez de Control. Determinación judicial la anterior que se encuentra apegada a Derecho. En efecto, en cumplimiento de la normativa contenida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad; Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad vigente en nuestro país y conforme a los criterios jurídicos emitidos por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Federales de Amparo en la materia, las personas con discapacidad intelectual o mental constituyen un grupo de mayor vulnerabilidad, en razón de lo cual las autoridades tienen la obligación de brindarles una protección de mayor intensidad, esto es reforzada, para el respeto y efectividad de sus derechos fundamentales. Así las cosas, el acuerdo que determina no admitir las pruebas médicas y psicológicas pretendidas por la Defensa en virtud de que ya existían dictámenes periciales sobre la misma materia y el desahogo de las propuestas implicaba explorar nuevamente la integridad física y practicar exámenes psicológicos a una víctima de violación con discapacidad intelectual, evitando con dicha determinación su revictimización y la causación de mayores inquietudes psicológicas, resulta razonable pues cumple con un fin constitucional y convencional legítimo de proteger al máximo a la víctima que se encuentra en especial condición de vulnerabilidad. Tenor en el cual, en un ejercicio de ponderación, esta determinación no afecta sustancial y materialmente el derecho de defensa del acusado, en virtud de que ya obran en la causa dictámenes periciales sobre los temas planteados y el procesado y su Defensor pueden ejercer el derecho de defensa formal y material al tener la posibilidad real de cuestionar y contrainterrogar directamente en audiencia a los peritos oficiales que emitieron los dictámenes y las opiniones técnico profesionales, para evidenciar inconsistencias, omisiones, contradicciones o falta de apego a los conocimientos científicos generalmente aceptados y de esta forma restarle credibilidad y eficacia a las conclusiones de dichos peritos y a la prueba en su conjunto, lo que puede incidir en la valoración del Juzgador. En el caso concreto, al encontrarse en disputa el derecho del acusado a la prueba, integrante del de defensa adecuada y el derecho de la víctima a no ser revictimizada, este último adquiere una dimensión especial al tratarse de persona en condiciones de mayor vulnerabilidad por su discapacidad mental o intelectual, máxime cuando el delito del que se reputa como afectado es el delito sexual de violación. Prevaleciendo ponderadamente el derecho a la no revictimización, en condiciones en las cuales no se aceptaron al acusado pruebas periciales sobre temas en los cuales ya existían dictaminaciones de peritos oficiales con capacidad y experiencia en la materia, a quienes tuvo la oportunidad de interrogar y cuestionar en la audiencia de juicio oral y evidenciar que sus opiniones técnicas no eran fundadas, eran dogmáticas o inatendibles por contener inconsistencias o contradicciones sustanciales.

De una interpretación sistemática e integral de los artículos 1, 4, 5, 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; I, II, III, de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; reglas (1), (3), (4), (7), (8), (11), (12), (25), (33), (34), (50), (51), (62), (72), (75) de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad; numerales 1, 2, 4, 28 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad vigente en nuestro país; y conforme a los criterios jurídicos emitidos por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Federales de Amparo en la materia, es obligación de todas las autoridades de nuestro país, incluidos los Juzgadores, el adoptar todas las medidas pertinentes, realizando los ajustes razonables necesarios, para asegurar y promover, sin discriminación alguna, el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, especialmente cuando tienen el carácter de víctimas de delitos sexuales y cursan discapacidad mental o intelectual, pues ello los coloca en situación de doble vulnerabilidad y, por consiguiente, sus derechos esenciales deben ser objeto de una protección de mayor intensidad, a fin de lograr su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. En la medida en que, conforme a la normativa invocada, se considera en condición de vulnerabilidad toda persona que, por causa de su edad, género, discapacidad física o mental, pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, victimización, migración o desplazamiento interno, pobreza o privación de la libertad, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. En este orden de ideas, se considera en situación vulnerable aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización, destacándose como dignos de una protección reforzada las víctimas de delitos sexuales con discapacidad mental o intelectual. Debiendo las autoridades jurisdiccionales, atendiendo el caso concreto, adoptar todas las medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito —victimización primaria— y procurar, con todos los medios a su alcance, no se propicie una revictimización de la persona afectada, esto es, que el daño a la víctima no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia penal —victimización secundaria—. Así mismo, los Juzgadores deben asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones, incluso mediante ajustes razonables al procedimiento, debiéndose velar que en toda intervención en un acto judicial como parte ofendida se le respete su dignidad y se realice de manera adecuada a las circunstancias propias de su condición vulnerable. Procurando formular preguntas claras, con una estructura sencilla y adaptar el lenguaje utilizado a las condiciones de la persona en condición de vulnerabilidad tales como, entre otras, su grado de madurez y su capacidad intelectiva; así como, garantizar que la víctima sea oída en el proceso penal en el que estén en juego sus intereses, propiciando medidas para la simplificación de la práctica de determinados actos procesales, a fin de favorecer el acceso a la justicia a dichas personas. Y, de ser necesario, los titulares de los órganos jurisdiccionales deberán tomar las acciones afirmativas positivas consistentes en apoyos de carácter específico destinadas a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad mental o intelectual que sufren un mayor grado de discriminación. Con esta visión, los Juzgadores deben interpretar y orientar el sistema judicial como instrumento efectivo para la defensa de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, pues éstas encuentran obstáculos mayores para su ejercicio, por ello cuando una persona con discapacidad intelectual participe en una actuación judicial, deberá hacerlo en un entorno en el que se atienda el grado de desarrollo de sus facultades mentales, máxime cuando lo hace en calidad de víctima de un delito de naturaleza sexual.

En respeto irrestricto al derecho fundamental de la mujer a desarrollar su vida libre de violencia de todo tipo, consagrado en normatividad jurídica convencional y legal, tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada por la Organización de Naciones Unidas; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), adoptada y aprobada por la Organización de Estados Americanos, ambas ratificadas por el Estado Mexicano; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa, juzgando con perspectiva de género, resultan discriminatorios y de todo punto rechazables criterios estereotipados que llegaron a postular que para la integración del delito de violación es indispensable acreditar que la víctima opuso una «resistencia real, seria, efectiva y constante» en forma sostenida «a fin de evitar el propósito del activo» y que tal oposición «fue superada por la fuerza física o el temor de un mal inminente», como se hubo sostenido en precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Tribunales Colegiados de Circuito. Llegados a este punto, la Sala hace hincapié en las obligaciones que imponen a todo Juzgador el respeto y protección de los derechos fundamentales de toda persona y la indeclinable perspectiva de género que debe presidir el análisis de casos que involucren situaciones de violencia hacia la mujer. Sin soslayar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que al resolver el caso Espinoza González vs. Perú, sostuvo que «una garantía para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual debe ser la previsión de reglas para la valoración de la prueba que evite afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas». Contexto en el cual resulta inaceptable que, para establecer la violencia prevista por el tipo de violación, se exija, como lo hizo el A quo, que se hayan perpetrado en contra de las víctimas golpes y lesiones de gran magnitud, o que se opusiera de parte de ésta una resistencia tal que equivalga a poner en peligro su propia integridad corporal o la vida, para sólo así tener por demostrada la ausencia de consentimiento contemplada en el ilícito. Pues juzgando con perspectiva de género y tomando en cuenta la vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres que sufren violencia sexual, con parámetros internacionales se puede afirmar que resulta aplicable, al caso concreto, la regla de que el supuesto consentimiento de la agredida no se puede inferir de la «falta de resistencia de la víctima» hacia el ataque sexual a que era sometida. Siendo inaceptable el estereotipo de que la mujer violentada consintió la acción en razón de que su actitud ante el ataque no fue de manifiesta oposición activa. En este orden de ideas, dado que la seguridad sexual de las personas debe salvaguardarse y su libre expresión de voluntad debe respetarse, para la actualización del delito de violación basta que la víctima se niegue a tener relaciones sexuales para evidenciar su ausencia de voluntad, sin que se deba requerir además que deba oponer verdadera resistencia para evidenciar que no consiente dicha relación.

Resulta inatendible el argumento de la Defensa en el sentido que no existe violación en virtud de que entre la pasivo y el sentenciado existía una relación de pareja, lo que hace presumible que la relación sexual en los hechos que se juzgan fue consentida. Lo que se sostiene, pues aún en el caso hipotético de que hubiere existido una relación sentimental entre la ofendida y el acusado, en modo alguno de tal circunstancia se pueda extraer la presunción de consentimiento de la cópula, pues ello significaría, además de una falacia argumentativa, dar cabida, en la apreciación de los hechos, de prejuicios y estereotipos de género violatorios de la dignidad de la víctima en su condición de mujer, máxime que en la causa se encuentra sobrada evidencia acerca de la violencia física sufrida por la pasivo. Considerando, en pauta garantista, que si el bien jurídico penalmente tutelado en el delito de violación concierne esencialmente a la libertad sexual del ser humano, la imposición por violencia física o moral de la cópula a una persona constituye el máximo ultraje contra dicha libertad, ya que es una expresión de violencia sexual que denota abuso de poder del agente activo que «degrada o daña […] la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física», como señala la legislación protectora. Esto es, con dicho tipo penal se protege el derecho que a todo ser humano corresponde de autodeterminarse en sus relaciones sexuales, decidiendo libremente en cada momento y circunstancia específica tenerlas con quien su voluntad elija o de abstenerse de hacerlo con quien no fuere su voluntad, sin que el consenso expresado en un momento determinado implique de manera alguna que es una aceptación con efectos también a futuro, esto es, para dar por consentidas todas las relaciones que se pudieran llevar a cabo con posterioridad. Ello es así, pues la existencia de relaciones sexuales anteriores que fueron consentidas, no desvirtúa por sí sola el que en la ocasión que se juzga el activo no haya impuesto la cópula y configurado el delito de violación, pues ello equivaldría, sin fundamento lógico, suponer que necesariamente por siempre consentirá todas las relaciones posteriores, lo cual riñe con la libertad de discernimiento y decisión que por esencia tiene todo ser humano frente a cada evento o situación concreta.

La fracción V del artículo 241 Bis C del Código Penal para el Estado de Sinaloa prevé que será perseguible de oficio el delito de violencia familiar cuando existan datos de prueba que establezcan conductas previas de violencia familiar cometidas por el mismo agresor contra la víctima. Por otra parte, el segundo párrafo del artículo 1º y el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen los principios de protección más amplia a la persona y de exacta aplicación de la ley penal, respectivamente. Por tanto, cuando el Juez de origen determina que el delito de violencia familiar es perseguible de oficio porque existe un antecedente de averiguación previa por el delito de lesiones agravadas por razón de parentesco donde figura el mismo sujeto activo y la misma víctima, nos encontramos ante una aplicación inexacta de la ley penal y ante una interpretación desfavorable para la persona imputada, lo que contraviene los principios constitucionales citados.

El artículo 359 del Código Familiar del Estado de Sinaloa establece que quienes tengan menores de edad bajo su custodia tienen la facultad de corregirlos. Sin embargo, el segundo párrafo del mismo artículo precisa que dicha facultad no implica la posibilidad de infligir al menor de edad actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica. Esta precisión armoniza con los criterios emitidos por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, que sostienen que la intervención con enfoque disciplinario se autoriza siempre que sea para protegerlos y sin que se utilice deliberadamente la fuerza para provocarles dolor como medida punitiva. Por tales razones, el maltrato físico empleado como corrección disciplinaria constituye una acción de las previstas por el artículo 241 Bis del Código Penal para el Estado de Sinaloa para la configuración del delito de violencia familiar.

El segundo párrafo del artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, al substanciarse el procedimiento abreviado, no podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado. En consecuencia, la sentencia dictada por el Juez de origen donde condena a una pena distinta a la acordada por las partes en el procedimiento mencionado resulta ilegal y debe modificarse.

El artículo 202 del Código Penal para el Estado de Sinaloa establece que se dará por consumado el robo desde el momento en que el ladrón tiene en su poder la cosa robada, aun cuando después la abandone o lo desapoderen de ella. Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el delito de robo es de consumación instantánea, por lo que se configura en el momento en el que el sujeto activo lleva a cabo la acción de apoderamiento, independientemente de que obtenga o no el dominio final del bien o de la cosa. Lo anterior significa que la actualización de los elementos objetivo y subjetivo del apoderamiento, son suficientes para la consumación del delito. En con Criterios secuencia, si el agente ya se había apoderado del objeto, resulta irrelevante que la cosa se haya recuperado en el mismo lugar de los hechos. En estos casos, se actualiza el delito de robo consumado y no en grado de tentativa.

Existen casos con circunstancias en las cuales, aun prescindiendo del dictamen médico pericial inhabilitado, es factible tener por acreditada la existencia de las lesiones, porque en autos obran otros elementos de convicción, tales como las declaraciones del pasivo, de los testigos presenciales y la confesión del acusado, vinculadas con la fe ministerial de las afectaciones a su salud que presentaba el afectado, pues la circunstancia de que no tenga validez el dictamen legal correspondiente, sólo puede significar que la lesión no ha sido clasificada jurídicamente, ni se ha determinado su gravedad, pero no que no haya existido, pues de la valoración integral del resto de probanzas se obtiene la certeza de la alteración de la salud del ofendido por causas externas, como lo fue el golpe con un instrumento de fierro asestado por el enjuiciado. Ello en virtud de que el dictamen médico tiene por objeto la clasificación técnica de las lesiones y la gravedad de las mismas, en cuanto su naturaleza influye en la imposición de la pena que se rige por el daño causado. Los dictámenes periciales médicos son necesarios para que se esté en condiciones de calificar qué tipo de lesiones sufrió el pasivo, esto es, si son de aquéllas que ponen o no en peligro la vida, si afectaron permanentemente o no algún órgano, si dejaron o no cicatriz visible o si tardan o no más de quince días en sanar, por tanto, si se carece de este requisito, tal aspecto indudablemente motiva la imposición de una pena más benigna y favorable para el reo. Así las cosas, la ausencia de prueba fehaciente sobre la clasificación técnico jurídica de las lesiones no propicia atipicidad de la conducta, sino su incidencia en la sanción aplicable al activo, debiendo adoptarse la situación más favorable para el inculpado y condenarlo por las lesiones que tengan la penalidad más leve, que son las contempladas en la fracción I del artículo 136 de nuestro Código Penal vigente.

De una interpretación sistemática e integral de los artículos 1, 4, 5, 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; I, II, III, de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; reglas (1), (3), (4), (7), (8), (11), (12), (25), (33), (34), (50), (51), (62), (72), (75) de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad; numerales 1, 2, 4, 28 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad vigente en nuestro país; y conforme a los criterios jurídicos emitidos por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Federales de Amparo en la materia, es obligación de todas las autoridades de nuestro país, incluidos los Juzgadores, el adoptar todas las medidas pertinentes, realizando los ajustes razonables necesarios, para asegurar y promover, sin discriminación alguna, el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, especialmente cuando tienen el carácter de víctimas de delitos sexuales y cursan discapacidad mental o intelectual, pues ello los coloca en situación de doble vulnerabilidad y, por consiguiente, sus derechos esenciales deben ser objeto de una protección de mayor intensidad, a fin de lograr su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. Bajo esta óptica, resulta razonable sostener que el Juzgador al valorar el testimonio de una persona en situación vulnerable, como lo son los niños y los discapacitados mentales, debe hacerlo tomando en cuenta su desarrollo cognitivo y emocional y considerando que dichas personas tienen un lenguaje diferente, así mismo, que narran un evento vivido de forma desordenada e interrumpida a partir de los recuerdos que le son relevantes e influenciado por la presencia de emociones. Sin que sea racional pretender que su narrativa sea fluida y que sea de precisión tal que comprenda detalles específicos, como la hora, el día o el mes exacto de la conducta acusada, pues una víctima menor de edad o con discapacidad intelectual por su condición inmadura de su desarrollo cognitivo y emocional, con muchas dificultades puede tener la lucidez necesaria para ubicar, en tiempo, lugar y forma, hechos ocurridos. Por ello, no le asiste la razón jurídica al apelante cuando se duele de que el ofendido no precisó circunstancias de día y hora en que acontecieron los hechos delictivos y por consiguiente no se logró probar por el Órgano de Acusación, a quien le corresponde la carga de la prueba, que la conducta ilícita que se le reprocha al acusado ocurrió en las horas que señala, pues es evidente, como se razona en esta Ejecutoria, que atendiendo la condición de discapacidad intelectual de la víctima, es atendible y suficiente su testimonio pues refiere que cuando acaecieron los hechos era «de noche», lo cual se corrobora con lo declarado por sus compañeros de trabajo y vivienda, a quienes al día siguiente les contó lo que le había hecho el acusado la noche anterior. Condiciones en las cuales, de manera alguna se puede afirmar que la falta de exactitud en las horas en que se acusa ocurrieron los hechos, pueda ser causa suficiente y eficiente para afirmar que los hechos no ocurrieron, porque, conforme a su capacidad y condición intelectiva, la víctima describió lo esencial de la conducta realizada por el activo diciendo que en la noche en un cuarto de la vivienda donde habitaban y, después, debajo de un árbol, el acusado, a quien identificó indubitablemente al señalarlo y reconocerlo en la Sala de Audiencias, le «picó su cola» con «su pene», identificando gráficamente, al señalarlos, cada uno de estos órganos en su cuerpo. Incriminación del pasivo que resulta preponderante y al estar corroborada con el resto de las probanzas, como se razona en esta resolución, es eficiente y suficiente para acreditar el delito y la intervención del acusado en su realización. Tercera Sala. Toca: 459/2018. Magistrado ponente: José Antonio García Becerra. Fecha de la ejecutoria: 14 de diciembre de 2018. VÍCTIMA DE DELITOS SEXUALES. PAUTAS DE LA CORTE IN- TERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA SUPRE- MA CORTE DE JUSITICIA DE LA NACIÓN PARA, CON PERS- PECTIVA DE GÉNERO, VALORAR SU DECLARACIÓN Y DE- TERMINAR SI, EN CONCORDANCIA CON LAS OTRAS PRUEBAS ALLEGADAS AL SUMARIO, RESULTA SUFICIENTE PARA VENCER LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Todo Juzgador al abordar el estudio de casos de violencia sexual tiene el deber de juzgar con perspectiva de género, conforme a la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —Casos González y otras (“Campo Algodonero”) y Fernández Ortega y Rosendo Cantú, ambos vs México— y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —Amparos Directos en Revisión 3186/2016 y 1412/2017, entre otros—. Doctrina conforme a la cual juzgar con perspectiva de género constituye una herramienta indispensable en el desarrollo de la función jurisdiccional en la tutela de los derechos de igualdad, no discriminación y acceso a la jurisdicción, centrando el énfasis en cómo se resuelve y en la calidad de lo resuelto. En virtud de ello, los Juzgadores deben ser sensibles a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres y a las posibles situaciones de desequilibrio de poder que se presenten como consecuencia de su género. Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado en el sentido de que la declaración de las víctimas de violencia sexual, en especial de violación, debe constituir una prueba fundamental sobre el hecho, toda vez que, de manera general, este tipo de agresiones suceden en secrecía, por lo que no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales. No obstante, se dijo que no cualquier testimonial resulta suficiente para vencer la presunción de inocencia, toda vez que en respeto a ésta y en aras de no dejar en estado de indefensión al inculpado, las pruebas de cargo y descargo que existan deben ser confrontadas para estimar si se acredita la existencia del delito, así como su responsabilidad penal. Razones por las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido, atendiendo siempre las circunstancias de cada caso concreto, como pautas para valorar el testimonio de la víctima de delitos sexuales las siguientes: a) Por tratarse de delitos sexuales que normalmente ocurren en secrecía, se requieren medios de prueba distintos de otras conductas periféricas, toda vez que no se espera la existencia de pruebas gráficas o documentales, por lo que la declaración de la víctima deberá considerarse como un elemento probatorio fundamental sobre el hecho; b) Se debe tomar en consideración, al analizar la declaración de la víctima, que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que usualmente dicha denuncia conlleva; c) Debe considerarse la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual; en virtud de lo cual, debe entenderse que es usual la existencia de inconsistencias o variaciones al narrar los hechos en las diversas diligencias en las que se le solicita a la víctima exponerlos; d) Dichas posibles variaciones en el relato, por consiguiente, no podrán constituir fundamento alguno para restar valor probatorio a la declaración de la víctima; e) Se tomarán en consideración algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros; f) Se analizará la declaración de la víctima en conjunto con los elementos probatorios existentes, tales como dictámenes médicos y psiquiátricos, testimonios, exámenes médicos, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, recordando que dicha declaración es la prueba fundamental; y, g) Las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones serán utilizados cuando de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos que se juzgan. En el entendido que dichas reglas, remarca la Suprema Corte, deben de ser adaptadas al caso concreto; ejemplificando, que las inconsistencias que pudiera tener el testimonio, en algunos casos, pueden ser explicadas desde las propias particularidades y circunstancias de la víctima, así como las secuelas psicológicas que pudiera tener por el hecho, tal como lo hizo la Corte Interamericana al valorar las declaraciones de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. En el caso concreto, en sana crítica, como antes se valoró en esta Ejecutoria, la Jueza ponderó como fundamental el testimonio de la víctima; respaldándolo con los múltiples testimonios sobre hechos anteriores y posteriores vinculados con los hechos que se juzgan vertidos por personas dignas de fe; así como los informes de los Agentes de Policía y los indicios colectados al momento de la detención y en los lugares donde se desarrollaron los hechos delictivos; los testimonios expertos de los peritos que realizaron los exámenes médicos, clínicos y psicológicos a la víctima; probanzas las anteriores de las cuales en su conjunto, racionalmente valoradas como lo hizo la Jueza, se obtienen indicios y presunciones objetivos aptos y suficientes para conformar prueba circunstancial de cargo con valor pleno.

La fracción II del artículo 101 del Código Penal para el Estado de Sinaloa establece como requisito para la concesión del beneficio de la suspensión condicional de la pena, que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así como por la naturaleza, modalidades y móviles del delito, se presuma fundadamente que el sentenciado no volverá a delinquir. Ahora bien, al pronunciar- se sobre el particular, el Juzgador debe partir de la presunción de que, previo a la comisión del delito, el sentenciado contaba con an- tecedentes adecuados y modo honesto de vivir, salvo que en la cau- sa existan datos o indicios que desvirtúen dicha presunción. Por tanto, resulta infundado negar dicho beneficio únicamente por la naturaleza, modalidades y móviles del delito. Adoptar este criterio ocasionaría que solo se interpretara el precepto de manera parcial y no armónica o complementaria.

En Tratados Internacionales firmados por el Estado mexicano se dan parámetros para comprender los elementos del delito de desaparición forzada de personas, pues definen y delimitan esta conducta. En el Sistema Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, lo hace en su Artículo 2; el Estatuto de Roma, en su Artículo 7.2.i.; en tanto que, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en su Artículo II. Dicho artículo ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sosteniendo en su jurisprudencia consolidada, que los elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada de personas son: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de estos; y, c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada. En atención a estos parámetros internacionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ejecutoria del Amparo Directo en Revisión 3165/2016, determinó que todo tipo penal de desaparición forzada —entendiendo que se trata de una violación múltiple de derechos humanos y un delito grave de naturaleza permanente—, debe contemplar las siguientes conductas típicas mínimas: a) La privación de la libertad de una o más personas; b) Seguida de una negativa a reconocer tal detención; c) O del ocultamiento de la persona o personas; d) O de una negativa de brindar información sobre el paradero o la suerte de las personas. Conductas las descritas que pueden ser pautas orientadoras para valorar los elementos que configuran el delito de desaparición forzada en nuestra Entidad, conforme a lo previsto en el artículo 172 Bis de nuestro Código Penal vigente. En el caso concreto, con las probanzas valoradas integralmente, quedó acreditado plenamente que los enjuiciados al momento de los hechos eran servidores públicos en funciones de agentes de policía y con ese carácter privaron de su libertad —detuvieron— al ofendido, lo subieron a una patrulla y lo trasladaron en dicha unidad hacia un lugar desconocido —no lo presentaron ante sus superiores ni ante el Ministerio Público— y han sostenido una negativa a reconocer la detención realizada; negándose, además, a brindar información sobre el paradero o la suerte del detenido, el cual desapareció desde esa fecha, condición en la cual, resulta obvio, se le ha impedido a la víctima el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes en relación a su detención. Conductas, de los aquí sentenciados, que encuadran en el delito de desaparición forzada de personas que se juzga, actualizándolo, por lo cual son penalmente responsables de la comisión del mismo.

Atendiendo la doctrina jurisprudencial nacional y comparada, para la actualización del homicidio en grado de tentativa se requiere la indispensable convergencia de dos elementos, uno de carácter subjetivo que consiste en la intencionalidad del agente activo del delito de privar de la vida al ofendido —ánimo homicida o animus necandi—; y otro de carácter objetivo, que se configura, por un lado, con la exteriorización de los actos de ejecución tendientes a la consumación del ilícito y, por el otro, el hecho de que el homicidio no se consumó por causas ajenas a la voluntad del agente. Se reconoce que la determinación y acreditación del ánimo o intención homicida constituye uno de los problemas más clásicos del Derecho penal en los delitos en grado de tentativa con resultado de lesiones. Y perteneciendo dicha intencionalidad al ámbito subjetivo del sujeto, su comprobación resulta generalmente reacia a la prueba directa —salvo confesión expresa del inculpado—, por lo que se reconoce la posibilidad de acreditarla a través de inferencias obtenidas de los datos objetivos relativos a la probada mecánica de los hechos. Hechos objetivos que deben evidenciar que el activo exteriorizó actos materiales de ejecución del delito tendentes a su consumación y que ésta no se logró por causas ajenas a la voluntad del agente del delito. En el entendido, que la intención homicida puede inferirse atendiendo aspectos objetivos probados en el juicio, tales como los datos existentes acerca de las relaciones previas entre agresor y agredido —enemistad, amistad, indiferencia, desconocimiento—; el comportamiento del atacante antes, durante y después de la agresión —por ejemplo, entre otros, expresiones proferidas, exteriorización de palabras amenazantes, prestación o no de ayuda a la víctima—; el arma o los instrumentos empleados, con capacidad lesiva letal o no; la forma en que se materializa la acción homicida —condiciones objetivas de espacio, tiempo y lugar; comportamiento de los intervinientes—; la zona del cuerpo a la que se dirige el ataque; la intensidad del golpe o golpes agresivos, así como otras características de la agresión; si hubo repetición o reiteración de los ataques; la forma en que concluyeron las acciones violentas; y, en general cualesquier otro dato que pueda resultar de interés en función del caso concreto y sus particularidades. Criterios de inferencia los anteriores, que no pueden constituir un catálogo cerrado de aspectos a considerar, sino que son de carácter orientador y que podrán modelarse, reducirse o ampliarse, acorde a las circunstancias objetivas de cada caso concreto. A estos efectos, y aunque todos los datos deben ser considerados, tienen especial interés, por su importante significado, la previa relación conflictiva entre agresor y agredido; el haber proferido amenazas de muerte; el arma empleada, si resulta un medio letal idóneo para causar la muerte de la víctima; la forma, intensidad y reiteración de la agresión; y, el lugar del cuerpo al que ha sido dirigida. Tenor en el cual, si del probado desarrollo de los hechos se infiere válidamente que el inculpado se propuso privar de la vida a su víctima, empleando para ello medios idóneos con capacidad letal y llevando a cabo todas aquellas acciones conducentes a la consumación del homicidio y que éste no se materializó en virtud de que se presentaron causas que no dependieron de la voluntad del sujeto, indubitablemente se actualiza el delito de homicidio en grado de tentativa. En este orden de ideas, es claro que no puede prosperar la alegación defensiva referente a la inexistencia de la intención homicida y la configuración, en todo caso, del delito de lesiones. Alegato que se encuentra contradicho por los datos objetivos probados en la causa. En efecto, en el caso concreto que nos ocupa, está fehacientemente probado que entre el activo y el pasivo no existía una buena relación personal; que con anterioridad a los hechos había el primero proferido amenazas de muerte al segundo; el día de los hechos, el inculpado agredió inesperadamente al ofendido cuando éste se encontraba de visita en la sala de la casa habitada por la expareja de aquél, utilizando para ello un arma de fuego; realizándole, a poca distancia, disparos al cuerpo logrando impactar uno de ellos en la región del hombro; el activo quiso seguir disparando su arma, pero no lo logró en razón de que se le encasquilló la pistola; además, el pasivo logró resguardarse introduciéndose a una recamara cercana. Circunstancias objetivas las anteriores de las cuales, lógica y racionalmente, se puede válidamente inferir que el acusado tenía la clara e indubitable intención de privar de la vida al agredido, pues habiéndole proferido en días anteriores amenazas de matarlo si volvía a verlo junto con su exesposa, consta probado que utilizó un medio letal idóneo para causar la muerte de la víctima, como resulta público y notorio lo es un arma de fuego; agrediéndolo en forma sorpresiva, estando el agredido indefenso; intentando realizar más disparos, prolongando la agresión, lo cual no logró por el malfuncionamiento de la pistola; y, se retiró del lugar sin prestar auxilio a la víctima. La mala relación existente entre ambos por celos del activo, las amenazas de muerte proferidas, la agresión sorpresiva, el uso de un instrumento idóneo con alto poder letal, la persistencia en la decisión de seguir disparando, así como la circunstancia de no auxiliar o pedir auxilio para la víctima, resultan un cúmulo de factores evidenciadores de la existencia de un ánimo homicida en la conducta del acusado.

En el caso concreto que nos ocupa, está fehacientemente probado que entre el activo y el pasivo no existía una buena relación personal; que con anterioridad a los hechos había el primero proferido amenazas de muerte al segundo; el día de los hechos, el inculpado agredió inesperadamente al ofendido cuando éste se encontraba de visita en la sala de la casa habitada por la expareja de aquél, utilizando para ello un arma de fuego; realizándole, a poca distancia, disparos al cuerpo logrando impactar uno de ellos en la región del hombro; el activo quiso seguir disparando su arma, pero no lo logró en razón de que se le encasquilló la pistola; además, el pasivo logró resguardarse introduciéndose a una recamara cercana. En estas condiciones, probado el ánimo de privar de la vida, resulta inatendible el alegato de la Defensa en el sentido de la no configuración del delito de homicidio en grado de tentativa y, en su caso, la actualización sólo del de lesiones. Sin que trascienda, que las lesiones causadas al ofendido por la agresión sufrida, hayan sido dictaminadas como de las que no ponen en peligro la vida. Pues, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la existencia del delito de homicidio en grado de tentativa no se basa en el resultado, sino en la intención homicida. De manera tal que, si el resultado fue de lesiones, no se requiere que éstas sean de las que ponen en peligro la vida, ya que la naturaleza de las lesiones no es el aspecto determinante en el homicidio tentado, sino lo es el ánimo del agente de dar muerte a su víctima, el cual quedó debidamente acreditado. Sobre el particular, también los Tribunales Colegiados de Circuito han establecido jurisprudencia, cuyos criterios se comparten al estar en consonancia con lo sustentado por nuestra Corte Suprema, en el sentido de que si bien es cierto el homicidio en grado de tentativa requiere que la vida de la víctima se coloque en peligro, la acreditación de dicho elemento no depende de que se dictamine pericialmente que las lesiones causadas al pasivo lo colocaron en real peligro de muerte, sino que ello se obtendrá de la valoración integral que realice el Juzgador del cuadro probatorio existente en la causa para determinar si los actos ejecutivos externados por el activo fueron idóneos para poner en riesgo la vida del sujeto pasivo, que es el bien jurídico tutelado por la norma jurídico penal. Ello en razón de que la intención directa de privar de la vida a otra persona, como sucede en el caso concreto, subsume el ánimo de lesionar. Correspondiendo al Juzgador, con los datos objetivos acreditados en el juicio, determinar la concurrencia de la intención homicida, de suerte tal que la naturaleza de las lesiones inferidas no es base para excluir el ánimo de matar, pues son las circunstancias objetivas del caso, valoradas libre y lógicamente por el Juzgador, las únicas que pueden evidenciar si el agente del delito quiso ir más allá y procuró la muerte de la víctima.

Resulta infundado e inconducente el alegato expresado por la Defensa en la audiencia de aclaración de agravios, de que el sentenciado quería y debía estar presente en dicha diligencia, por lo que al no poderlo hacer, por la determinación de esta Sala, se vulneraba su derecho a la defensa material, al contradictorio y a la presunción de inocencia. En efecto, como se fundamentó y razonó en el auto admisorio de la apelación —el cual no fue impugnado—, en la audiencia no se encontraría presente el sentenciado, en principio, por razones de seguridad en virtud de encontrarse recluido en el Centro Penitenciario ubicado en ciudad distinta a la sede de este Tribunal de Alzada donde se realizan sus actuaciones; y, además, considerando que el único objeto de la audiencia es la expresión oral de alegatos aclaratorios sobre los agravios formulados por escrito, materia cuya naturaleza es estrictamente jurídica. Circunstancias en las cuales la presencia del sentenciado no es indispensable para el desarrollo de la audiencia, pues para todos los efectos legales sus intereses en la causa se encuentran válidamente representados por su defensa técnica, en la persona de su Defensor que estaría presente. Sin dejar de considerar, que para el desarrollo de dicha audiencia en segunda instancia —en la cual, no se producen pruebas ni se determinan hechos, sino que sólo se dilucidan cuestiones técnico jurídicas—, los artículos 476, 477 y 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no mandatan la indispensable presencia del sentenciado. Determinación la anterior que no causa agravio al sentenciado en virtud de que, conforme a la naturaleza de la audiencia de alegatos aclaratorios, se insiste, en ella no se debaten ni resuelven cuestiones de hecho sobre la culpabilidad o no del apelante, ni se producen pruebas, sino únicamente, como lo dispone el artículo 477, se vierten por la Defensa argumentos tendentes a aclarar los agravios formulados previamente por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de agravio, lo que constituye materialmente un aspecto de carácter eminentemente jurídico, que sólo está al alcance de la defensa técnica y no requiere la presencia del encausado.

Conforme lo preceptúan los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales que nos rige, el Tribunal de enjuiciamiento ordenará los aplazamientos que se requieran, indicando la hora en que continuará el debate, sin que sea considerado aplazamiento ni suspensión el descanso de fin de semana y los días inhábiles de acuerdo con la legislación aplicable. Por su parte, el diverso artículo 102 del mismo Ordenamiento dispone que sólo será sujeto legitimado para solicitar la declaración de nulidad el interviniente perjudicado por un vicio en el procedimiento, siempre que no hubiere contribuido a causarlo. En el caso que nos ocupa, los aplazamientos fueron obligados por la incomparecencia de una testigo, motivada por las amenazas que le infirió el acusado de causarle un mal si acudía a declarar, como quedó debidamente acreditado en el juicio con múltiples testimonios aportados. Condiciones en las cuales, el enjuiciado no puede pretender beneficiarse de una situación por él creada, con su ilícito actuar de intimidación hacia la testigo para evitar se presentara a declarar en su contra, ello conforme al principio jurídico de que «nadie puede beneficiarse de su propio acto ilícito».

Conforme a afianzada jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos —que se toma como orientadora, como en infinidad de casos lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos—, el derecho a un juicio con todas las garantías —debido proceso penal— en segunda instancia, no otorga el derecho al justiciable a estar presente en audiencias en las que sólo se ventilen cuestiones de naturaleza jurídica, estando sus derechos garantizados a través de su Defensor, quien en la audiencia tiene la oportunidad de participar activamente, presentando los argumentos que estime necesarios para la defensa de su cliente. Conforme a este criterio consolidado de tan prestigioso Tribunal Internacional de Derechos Humanos, cuando el sentenciado alega que el no ser personalmente oído en una audiencia pública de segunda instancia, es contrario a las exigencias de defensa adecuada, inmediación, contradicción y de presunción de inocencia, carece de razón jurídica. Ello en virtud de que el testimonio presencial del sentenciado no es indispensable en audiencia, puesto que tratándose de diligencia en la que se ventilan únicamente cuestiones de derecho y no de hechos, el sentenciado, por conducto de su Defensor, tiene expedita la oportunidad de exponer pública y oralmente ante el Tribunal de Alzada todas las consideraciones jurídicas que considere pertinentes y necesarias en favor de la causa de su defendido y contradecir los argumentos de su contraparte. Además, ha señalado expresamente dicha Corte de Estrasburgo, cuando la naturaleza de las cuestiones examinadas por el Tribunal Superior tiene «un predominante carácter jurídico» y el acusado «haya podido presentar sus argumentos por escrito a través de su abogado», el hecho de que no haya comparecido personalmente para ser oído por el Tribunal de Alzada «no supone que se haya vulnerado su derecho a un proceso equitativo» y contradictorio. Puesto que en los «procedimientos consagrados exclusivamente en puntos de derecho y no de hecho», la presencia del acusado ante el Tribunal de apelación para «expresarse en persona ante él» no resulta indispensable, en razón a que el derecho a un debido proceso en segunda instancia «no garantiza necesariamente el derecho a una vista pública ni, si tal juicio tiene lugar, el de asistir en persona a los debates». En similar sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional de España, sosteniendo en jurisprudencia consolidada, la cual también se retoma con carácter orientador, que «la exigencia de presencia del acusado en el juicio de segunda instancia se produce en los supuestos en que se debaten cuestiones de hecho», en cambio, «si el debate planteado en segunda instancia versa exclusivamente sobre estrictas cuestiones jurídicas no resulta necesario oír personalmente al acusado en un juicio público, pues dicha audiencia ninguna incidencia podría tener en la decisión que pudiera adoptarse, y en la medida en que el debate sea estrictamente jurídico, la posición de la parte puede entenderse debidamente garantizada por la presencia de su abogado, que haría efectivo el derecho de defensa frente a los argumentos esgrimidos por la otra parte». Así las cosas, el derecho a una defensa adecuada para el sentenciado en una audiencia que versa sobre cuestiones estrictamente jurídicas, sólo puede ser asumida por un técnico en Derecho, como lo es el Defensor designado por el acusado, sin que, por consiguiente, tenga materia de actuación una defensa material a cargo del enjuiciado que no es perito en Derecho. En el entendido, que con la presencia e intervención de su Abogado se garantiza y hace efectivo su derecho a una defensa adecuada. Condiciones en las cuales, carece de trascendencia en el resultado de la apelación la presencia o no del sentenciado ante el Tribunal de segunda instancia, en una audiencia cuyo objetivo, legalmente acotado, lo es cuestiones técnicas de carácter jurídico, como lo es la expresión de alegatos aclaratorios de los agravios previamente formulados por escrito. Por todo lo anteriormente fundado y motivado, es lógico concluir que ningún derecho fundamental del sentenciado se vulneró en virtud de no estar presente en la multirreferida audiencia.

Son de declararse infundados los agravios de la recurrente en los que se duele de supuestas vulneraciones de derechos humanos al debido proceso o a la presunción de inocencia por insuficiencia de pruebas o por indebida (subjetiva) valoración de las mismas, por inacreditación de la intervención en autoría del sentenciado en el delito imputado. Ello en virtud de que del cuadro probatorio de la causa, valorado en su conjunto, de manera integral y en forma lógica y racional, evidencia la existencia de una pluralidad de indicios objetivos y fiables y de contenido eminentemente incriminatorio, suficientes para conformar prueba circunstancial con valor probatorio pleno tanto del delito imputado como de la intervención, en autoría material, del acusado en su comisión; por consiguiente, resulta prueba suficiente y eficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de que inicialmente goza todo enjuiciado y ser base para una condenatoria. Probanzas de las cuales resulta manifiesto que el acusado actuó exteriorizando acciones objetivas —disparos de arma de fuego dirigidos incuestionablemente hacia donde se encontraba la víctima, disparos que, conforme a las máximas de la experiencia, resulta inobjetable son de potencialidad letal—, que patentizan la clara intención del activo de privar de la vida al ofendido —pues habiendo exteriorizado, en ocasión anterior, amenazas de muerte contra el afectado, utilizó un medio idóneo para ello, de carácter letal—, resultado mortal que no logró por causas ajenas a la voluntad del agente, como lo fueron, por un lado, que el arma de fuego se «encasquilló» y no pudo seguir disparando, y, por otro, que su víctima reaccionó y se resguardó rápidamente en la recamara de la casa. Conducta del acusado que, contrario a lo alegado por la Defensa, encuadra en el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 133, 139, 16 primer párrafo, 87 y 89 último párrafo, del Código Penal Local precitado. En estas condiciones, no se advierte materialización de vulneración de derechos humanos del acusado, como infundadamente alega la Defensa, ya que, en observancia del debido proceso, fue sentenciado por un tribunal competente conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; por la comisión de una conducta tipificada como delito en la legislación de la materia; en un juicio oral en el que se observaron las formalidades esenciales del procedimiento, previa acusación del Ministerio Público por la comisión de hechos delictivos, respecto de los cuales el acusado tuvo la oportunidad de conocerlos y contradecirlos, asistido por un Defensor perito en Derecho para su adecuada defensa; proceso en el que las partes tuvieron, en igualdad de circunstancias, la oportunidad de aportar pruebas, las cuales se les admitieron y fueron desahogadas en apego a la ley, bajo los principios de publicidad, inmediación y contradicción; emitiéndose sentencia condenatoria congruente con los hechos materia de la acusación; resolución de fondo en la cual fueron debidamente valoradas, en sana crítica, las pruebas de cargo y de descargo que conforman el cuadro probatorio integral de la causa; imponiéndole las penas que para el delito imputado prevé la ley; fundamentando y motivando el Juzgador la decisión; teniendo el enjuiciado la oportunidad de impugnar dicha sentencia ante un Tribunal de superior jerarquía, lo que dio causa a la apelación que aquí se resuelve. Sin que se advierta por este Tribunal de Alzada, violación alguna a los derechos humanos del sentenciado como de manera genérica y abstracta alega el agravista. Sin dejar de considerar, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que del principio pro homine o pro persona, no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser «constitutivo de derechos» alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de Derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.

El artículo 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, en cuanto a las causas de reposición, en su fracción III estatuye como causal: «Cuando si se hubiere violado el derecho de defensa adecuada o de contradicción siempre y cuando trascienda en la valoración del Tribunal de enjuiciamiento y que cause perjuicio». Esto es, la reposición, para su procedencia, requiere que la eventual vulneración del principio de contradicción o al derecho de defensa adecuada tenga tal carácter que trascienda en la valoración del Tribunal de enjuiciamiento y, además, cause perjuicio al encausado. Sin dejar de considerar que la Suprema Corte de Justicia, en jurisprudencia definida, entre otras, en la tesis con rubro «Procedimiento, reposición del. Sólo cuando la violación trascienda al resultado de la sentencia definitiva es procedente», ha sostenido que no toda actuación procesal omitida que se diga afecta las defensas del enjuiciado lleva indefectiblemente a la reposición del procedimiento, sino que «la reposición únicamente cabe decretarla cuando la violación relativa efectivamente trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente», razonando que de no hacerlo así «se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios … sin ningún resultado práctico». También la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal Constitucional, en la Ejecutoria del Amparo Directo en Revisión 669/2015, ha considerado que, en el marco de un proceso de corte acusatorio y oral, en atención a las características y principios propios de dicho sistema, la reposición del procedimiento como mecanismo de reparación de una violación procesal, «presenta diversas complicaciones», en virtud de lo cual su utilización como remedio debe «asignarse a los casos que ineludiblemente lo ameriten». En el caso concreto, el Defensor del sentenciado en su primer agravio solicitó la reposición del procedimiento para la producción de declaración de testigo cuya deposición se incorporó en la audiencia de debate mediante lectura del acta de la entrevista realizada a dicha testigo, reposición que resulta inatendible. Lo anterior en virtud de que la Juez A quo en su sentencia no le dio el carácter de prueba valorable con capacidad para incidir en el resultado del fallo, en virtud de que dicha «acta de entrevista fue incorporada por lectura por vía de excepción, la misma no constituye prueba plena al no encontrarse sometida a los principios de inmediación y contradicción». Lo que evidencia que dicho dato no fue determinante en el sentido de la sentencia condenatoria. En este orden de ideas, la incorporación mediante lectura del acta de entrevista referida, al no tener tal carácter que haya trascendido en la valoración del Tribunal que emitió la sentencia alzada, puede afirmarse razonablemente que no causó perjuicio jurídico al sentenciado, condiciones en las cuales no procede la reposición del procedimiento, como lo solicita el agravista, para el efecto de que se rinda en juicio el testimonio de la referida entrevistada, pues ello únicamente llevaría a retardar el trámite y solución del asunto sin ningún resultado práctico, en demérito del derecho de la víctima a que se le administre justicia pronta y expedita.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la disposición jurídico procesal que prevé que el recurrente al interponer el recurso de apelación expresará los agravios que estime le causa la resolución recurrida, debe interpretarse correctamente en el sentido de que ambos actos procesales —presentación del recurso y expresión de agravios— deban realizarse dentro del término perentorio previsto por las normas procesales aplicables, sin que ello signifique que si se interpone el recurso de apelación y no se expresan agravios, opere indefectiblemente el principio de consumación procesal y se extinga el derecho para proponer motivos de inconformidad a través de promoción posterior y dentro del término correspondiente. La preclusión procesal, entonces, sólo operará en la hipótesis en que la presentación del recurso de apelación o la expresión de agravios, se presenten fuera del término legal correspondiente. Esto es, atendiendo el principio pro actione y de acceso a un recurso efectivo, para tener por interpuesto el recurso en tiempo y forma dentro del plazo legal, no resulta indispensable que la presentación del recurso y la expresión de agravios sean coetáneos y en un solo escrito, pero sí lo es que ambos actos procesales se realicen dentro del término de cinco días que el párrafo primero del artículo 471 del Código Nacional preinvocado prevé para apelar una sentencia dictada por un Juez de Control. En otras palabras, el recurso puede ser admisible si dentro de los cinco días del término legal se hubieren interpuesto ambos escritos: el primero donde se hace la manifestación de que se apela la sentencia emitida por el Juez de origen y el segundo, donde se expresan los agravios. Cosa que no sucedió en el asunto que nos ocupa, pues si bien el primer escrito se allegó al Juzgado dentro de los cinco días, en él no se formularon agravios, en tanto que el segundo escrito, donde se expresan los agravios, se presentó con mucha posteridad, cuando ya habían pasado varios días después del vencimiento del término legal, fecha en la cual ya había precluido el derecho de interponer el recurso en tiempo y forma. Incumpliendo las condiciones de forma de interposición del recurso dentro del plazo legalmente establecido para ello. De ahí la inadmisibilidad del recurso.

La Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia, al resolver el Amparo Directo en Revisión 1619/2015, delimitó la naturaleza y alcances del procedimiento abreviado en nuestro sistema constitucional. De suerte tal que, se dice en la Ejecutoria aludida, si en el procedimiento abreviado no estuvieron a debate ni la acreditación del delito ni la responsabilidad del acusado en su comisión, debido a la aceptación del acusado de ser juzgado con base en los medios de convicción que sustentan la acusación, dichos elementos no admiten contradicción en sede judicial; precisamente, porque son resultado del convenio asumido por las partes en un caso en que el acusado y su Defensor concluyen que no tienen forma de revertir los elementos que sustentan la acusación. El que la acreditación del delito y de la responsabilidad penal del imputado no admitan contradicción en sede judicial por la aceptación que de las mismas hace el acusado, se determina por nuestra Alta Corte, obedece a que: «Ello está fuera de debate, porque así lo convinieron las partes; de no ser así, entonces carecería de sentido la previsión del procedimiento abreviado como medio anticipado de solución de la controversia jurídico penal». De igual forma se hace hincapié en los razonamientos de la Ejecutoria de mérito, que «de no considerarse así, de ninguna manera existirá firmeza en lo acordado con el acusado, respecto a la aceptación de su participación en el delito a partir de los datos de prueba recabados durante la investigación. Y menos aún, seguridad jurídica para la víctima u ofendido del delito, quien espera que de acuerdo al daño inicialmente aceptado por el acusado, obtenga una reparación proporcional a la afectación que le generó la comisión del delito». Conforme a las consideraciones anteriores, sostiene nuestra Corte Suprema, resulta claro que en un juicio de amparo directo derivado de un procedimiento especial abreviado, «sólo podrá ser objeto de cuestionamiento la violación al cumplimiento de los presupuestos jurídicos fundamentales para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio; lo cual comprende el análisis la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados por el Ministerio Público en la acusación. Así como, de ser el caso, la imposición de penas que sea contraria a la ley, distintas o mayores a las solicitadas por el Ministerio Público y aceptadas por el acusado, además la fijación del monto de la reparación del daño». Razones jurídicas las precedentes que, atendiendo que subyace la misma cuestión de Derecho, resultan aplicables para lo que puede ser materia de impugnación en la apelación respecto de una sentencia dictada en un procedimiento abreviado.

Conforme a la normativa constitucional y legal, resulta apegado a Derecho que, entre la Fiscalía y el acusado, asesorado por su Defensor, puedan celebrarse acuerdos orientados a que se dicte anticipadamente sentencia condenatoria, lo que implica la renuncia a la etapa del juicio, es decir, a ser vencido en juicio. En este supuesto, corresponde al Juez de Control verificar que no se hayan desconocido o quebrantado garantías fundamentales, así como que se actúa de manera libre, voluntaria, debidamente informado de las consecuencias de su decisión, y que el imputado o procesado se encuentra para ello asesorado por su Defensor. El procedimiento abreviado es una expresión de justicia consensuada, en las que la acusación y la defensa, respetando el principio de legalidad penal y de exacta aplicación de la ley, llegan a acuerdos respecto a la responsabilidad penal del acusado y la pena a proponer. Acuerdos cuya constitucionalidad y legalidad corresponde verificar y validar al Juez de Control al decretar la procedencia del abreviado. Y en apego a ellos dictar la sentencia correspondiente. Lo anterior, por cuanto aceptados por el procesado los hechos materia de la investigación y su responsabilidad en la comisión de los mismos y existiendo elementos de convicción suficientes para dictar sentencia condenatoria, se hace innecesario el agotamiento de todas y cada una de las etapas del proceso, por lo que procede dictar el fallo sin haberse agotado todas las etapas del proceso ordinario, a fin de otorgar pronta y cumplida justicia, sin dilaciones injustificadas, según así también se consagra en el artículo 17 de nuestra Constitución federal. De lo precedente, se impone para el Juez de Control la asunción de un rol especial, como lo es verificar el cumplimiento de la libertad en la manifestación del procesado, que su consentimiento esté desprovisto de algún vicio, se le hayan respetado sus garantías fundamentales, así como debe advertirle las consecuencias que ello apareja ante la necesaria emisión de fallo condenatorio con la imposición de las penas consensuadas. En apego a los principios de lealtad, probidad, buena fe e igualdad entre las partes que rigen en el proceso acusatorio, los acuerdos a que lleguen las partes para la procedencia del procedimiento abreviado deben ser tributarios de seriedad en su conformación y cumplimiento, ello en acatamiento no sólo de la seguridad jurídica, sino de los fines que los informan de involucrar a los justiciables en la solución del conflicto originado por el delito, de humanizar la actuación procesal y la pena, obtener una pronta y cumplida justicia y propiciar la reparación integral del daño. Verificado por el Juez el debido cumplimiento de los requisitos de procedencia, autorizará el procedimiento abreviado, escuchará los planteamientos que le formulen el Ministerio Público, la víctima u ofendido o a su Asesor jurídico, la Defensa y el acusado; concluido el debate, el Juez emitirá oportunamente la sentencia, la cual deberá ser congruente con los hechos atribuidos al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como el monto de la reparación del daño y las penas a imponer, las cuales no podrán ser distintas o de mayor alcance que las solicitadas por el Ministerio Público y aceptadas por el acusado. Aceptación voluntaria, libre, informada y espontánea de las penas por el acusado, con la asesoría jurídica de su Defensor, respecto de la cual no resulta posible retractación alguna, según se sostiene en consolidada jurisprudencia comparada, que se toma con carácter orientador; resultando vinculante para las partes y el Juez de Control, pues por mandato del artículo 206 del Código Nacional Procesal invocado, no podrá imponerse «una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado». Por ese efecto vinculante de lo aceptado por las partes, el interés del Defensor y del procesado para impugnar el fallo sufre una restricción ante los principios de irretractabilidad y el de interés legítimo de parte, pues por mandato expreso del artículo 458 del invocado Código Nacional, las partes «sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo». Efectivamente, constituye presupuesto para recurrir la decisión judicial que el sujeto procesal haya sufrido un perjuicio en su situación jurídica con la misma, de ahí que, si al acusado se le han atendido sus pretensiones, como cuando el fallo se dicta en apego a los acuerdos que se pueden realizar en la llamada justicia consensuada, no es admisible que en apelación cuestione los aspectos de responsabilidad penal y de la pena que en forma voluntaria, libre, consciente e informada aceptó.

Conforme a la doctrina constitucional de la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, los acuerdos consentidos por las partes en cuanto a la clasificación del delito y las penas a imponer son vinculantes para el Juzgador al dictar sentencia en el procedimiento abreviado, al ser éste una forma pactada de terminación anticipada del proceso penal —no un juicio oral simplificado—, en la cual el acusado acepta su participación en la comisión del delito que se le atribuye y que se dicte sentencia con los medios de convicción que obran en la carpeta de investigación. En ese sentido, la aceptación para ser sentenciado con los antecedentes recabados en la investigación, tal como han sido presentados por la Fiscalía, constituye un «pacto procesal expreso con anclaje constitucional» frente al cual el Juzgador sólo tiene el deber de verificar que la aceptación sea libre, voluntaria e informada. Circunstancias procesales en las cuales, sostiene dicha Sala Constitucional, el acuerdo consensuado entre las partes constituye el fundamento de la sentencia; pacto que, una vez superada la fase de verificación de requisitos prevista normativamente, es vinculante para el propio Juzgador en lo que respecta a la calificación jurídica y penas a imponer. Así lo determinó esa Alta Sala en la Ejecutoria del Amparo Directo en Revisión 6389/2015, razonando que ello es así, en atención a que la labor del Juez se constriñe a figurar como un ente intermedio que funge como órgano de control para que se respete el debido proceso y no se vulneren los derechos procesales de las partes, y es quien debe determinar si la acusación contra el imputado contiene lógica argumentativa, a partir de corroborar que existan suficientes medios de convicción que la sustenten; es decir, que la aceptación del acusado de su participación en la comisión del delito no sea el único dato, sino que ésta se encuentre relacionada con otros medios de convicción que le den congruencia a las razones de la acusación. Pues, se sostiene en la invocada Ejecutoria, de no considerarse así, «no tendría sentido contar con un procedimiento abreviado, pues éste se convertiría en un juicio oral un tanto simplificado, otorgándole la misma carga al juzgador de valorar los datos medios de convicción para comprobar la acusación y premiando al imputado con el beneficio de penas disminuidas». Concluyendo la Sala de la Corte, que los datos de prueba recabados por el Ministerio Público y cuyo contenido aceptó el acusado, con la asesoría de su Defensor, «pactando ser sometido al citado procedimiento, deben sólo sustentar la acusación para poder servir de fundamento al Juez de Control en la emisión de una sentencia. Tanto los hechos como los medios de convicción han sido sustraídos del natural proceso contradictorio inherente al juicio oral para formar parte de un acuerdo que, una vez superada la fase de verificación de requisitos prevista normativamente, es vinculante para el propio juzgador en lo que respecta a la calificación jurídica y penas impuestas».

El procedimiento abreviado, como forma de terminación anticipada del proceso penal, en nuestro régimen jurídico tiene base de jerarquía constitucional, ello en la fracción VII, del apartado A del artículo 20 de nuestra Carta Magna, que dispone: «Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad». La ley de la materia a la que remite el aludido precepto constitucional lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenamiento en cuyos artículos del 201 al 207 regula los requisitos de procedencia, oportunidad, admisibilidad y trámite del procedimiento abreviado, como forma de terminación anticipada del proceso. Ciertamente la terminación anticipada del proceso implica que el caso no llegue a la etapa de juicio oral. Sin embargo, ello no significa merma de los derechos fundamentales del acusado ni vulneración al debido proceso. Pues el acceso efectivo a un juicio oral para ser juzgado en asuntos penales se mantiene incólume como derecho de todo inculpado. Es éste, con la asesoría de su Defensor, el que de una ponderación de los hechos delictivos que se le imputan y de los elementos de convicción existentes sobre su intervención en ellos, de manera voluntaria, libre e informada decide ser sentenciado anticipadamente renunciando al juicio oral, considerando que de esta forma obtiene consecuencias jurídicas o sanciones más benignas o favorables. Así lo visualizó el Constituyente Permanente en la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública al instituir el sistema acusatorio en 2008, pues en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de fecha 10 de diciembre de 2007, sostuvo: «El juicio oral es el horizonte último de toda la estructura del sistema de justicia penal. Sólo la existencia y efectividad de las garantías del juicio hacen viable y legítimo, desde una perspectiva democrática, la existencia de otras instituciones como las salidas alternas, las formas anticipadas de terminación de casos y la procedencia del procedimiento abreviado. Sin la existencia del juicio oral sería válida la crítica que muchos enderezan en contra de la denominada justicia negociada o por consenso, en el sentido de que admite un proceso penal sin prueba y sin verdad. No obstante, la posibilidad de un juicio con garantías como derecho fundamental del imputado permite hacer una anticipación de lo que en él ocurrirá y determinar la mejor forma en que se quiere enfrentar la persecución penal. Quien se sepa inocente optará siempre por un juicio oral para que se le absuelva.» En igual sentido, en esencia, se ha pronunciado la Jurisprudencia comparada, que es retomada con sentido orientador. Así, por ejemplo, lo ha resuelto la Corte Constitucional de Colombia, cuando ha determinado: «La posibilidad de renunciar a un juicio público, oral, mediante la celebración de acuerdos entre la fiscalía y el imputado, no viola las garantías constitucionales propias del debido proceso, en la medida en que debe surtir el control de legalidad del juez correspondiente y deben ser aprobados por el juez de conocimiento, verificándose la no violación de derechos fundamentales y el cumplimiento del debido proceso, y que se trata de una decisión libre, consciente, voluntaria, debidamente informada, asesorada por la defensa, para lo cual es imprescindible el interrogatorio personal del imputado o procesado así como que se actuó en presencia del defensor». La Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia, al resolver el Amparo Directo en Revisión 1619/2015, delimitó la naturaleza y alcances del procedimiento abreviado en nuestro sistema constitucional. En dicha Ejecutoria el Alto Tribunal reconoce que la regla del sistema procesal acusatorio es la solución de los conflictos jurídico penales mediante el procedimiento ordinario, el cual se compone por diversas etapas secuenciales hasta llegar al juicio oral; puntualizando que esta trayectoria procesal de cursar las diversas etapas hasta llegar al juicio oral, que constituye la regla general, no es la misma por la que transita el procedimiento abreviado, en virtud de que éste es un procedimiento especial que permite la terminación del proceso de manera anticipada. Lo que significa que en ningún caso tendrá que pasar por todas las etapas secuenciales del procedimiento ordinario —etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio—. Para nuestro Máximo Tribunal, en este procedimiento especial, ante el Juez de Control, el acusado acepta su participación en la comisión del delito por el que se le acusa, a cambio de que a través de un procedimiento que permita la terminación anticipada del proceso se le dicte una sentencia con penas inferiores a las que pudieran imponérsele como resultado de la tramitación del procedimiento ordinario de juicio oral.

Los artículos 5, 123 y 124 de la Ley General de Víctimas del Estado de Sinaloa establecen la obligación del Estado de garantizar el res- peto al núcleo esencial de los derechos de toda víctima del delito. Además, ordenan la aplicación de un enfoque diferencial y espe- cializado tratándose de personas en situación de vulnerabilidad, primordialmente cuando se involucren niñas, niños y adolescen- te, para evitar una revictimización secundaria. Por otra parte, las fracciones I, VIII y XIII, del artículo 82 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevén la obligación de las autoridades de todos los niveles de gobierno de proteger el inte- rés superior de la niñez, de ponderar la pertinencia de las audien- cias a que son citadas las niñas, niños y adolescentes considerando su edad, madurez estado psicológico y cualquier otra condición específica, para efecto de evitar sufrimientos durante su participa- ción. En consecuencia, cuando un operador jurídico de cualquier índole pregunta o permite que le pregunten a una niña menor de edad, víctima del delito de abuso sexual, si le gustaba la conducta que realizaba el sujeto activo, se vulnera lo dispuesto en las nor- mas mencionadas, ya que ninguna víctima independientemente de su edad, debe cuestionársele en tal sentido, ya que se afecta la dignidad y se propicia una victimización secundaria. Por tanto, lo conducente es exhortar a los operadores jurídicos para que, en el ámbito de su competencia, tutelen debidamente los derechos de toda víctima, mayormente cuando se involucren niñas, niños y adolescentes.

Cuando se acredite en la causa que el imputado participó tanto en el robo de vehículo como en el posterior desmantelamiento de la unidad robada, no se propicia una doble afectación al bien jurídico tutelado, como lo es el patrimonio económico del pasivo. En estos casos, tampoco puede realizarse un doble juicio de reproche. Por tanto, el desmantelamiento del vehículo robado no constituye una conducta delictiva autónoma, sino que forma parte de la misma dinámica del hecho. Sin embargo, lo anterior no evita que dicho desmantelamiento incida en el apartado de sanciones y reparación del daño.

Respecto a la alegada vulneración del derecho a una defensa técnica adecuada, en virtud de habérsele tomado al indiciado muestras biológicas para realizar la prueba de alcoholemia sin estar presente abogado defensor, ésta resulta inatendible. Lo anterior es así, en razón a que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo Directo en Revisión 901/2015, sostuvo que no se vulnera el derecho de defensa adecuada si durante una indagatoria se extraen al inculpado muestras biológicas sin la asistencia de un Defensor oficial o particular, toda vez que el Ministerio Público y sus auxiliares pueden recolectar evidencia con pleno respeto a los derechos humanos, pero de una forma conveniente y práctica, ya que la obtención de pruebas biológicas no se relaciona ni vulnera el derecho de defensa, pues lo que se pretende determinar, mediante una evidencia científica, es si el imputado consumió o no determinadas sustancias y su nivel de intoxicación. Asimismo, en dicho asunto, el Tribunal Pleno determinó que las pruebas de carácter técnico que se toman en cualquier proceso de esta naturaleza, son parte del procedimiento y del protocolo de actuación que tiene que llevar a cabo el propio agente del Ministerio Público y, de alguna manera, el personal auxiliar, como los médicos, químicos y otros, que son precisamente auxiliares de la administración de justicia y al ser peritos tienen la presunción de imparcialidad. En la Ejecutoria del Amparo referido, el Tribunal Pleno de nuestro Máximo Tribunal Constitucional, determinó que la toma de muestras biológicas al sujeto, sorprendido en delito flagrante, que es puesto a disposición del agente del Ministerio Público y con ello «establecer si el presunto autor del delito se encuentra en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna otra sustancia, o bien, si lo estaba cuando ocurrieron los hechos considerados delictivos», no requiere la necesaria presencia de Abogado defensor, pues dicha toma de muestras tiene como una de sus finalidades «determinar el estado en el cual se encontraba el inculpado o imputado cuando acontecieron los eventos delictivos»; de suerte tal que «el lapso que podría haber transcurrido en espera de un defensor que asistiera o asesorara al inculpado o imputado sobre la pertinencia o no de extraerle de su cuerpo la muestra correspondiente, hacían factible o altamente probable que la evidencia hubiera desaparecido o alterado conforme pasaba el tiempo, poniéndose en riesgo la fiabilidad del indicio o dato obtenido con motivo de la extracción de la muestra, lo cual se traduce, en supuestos como éste, en que el fiscal tenga menos elementos para obtener la verdad del hecho que se encuentra investigando». Razonando en dicha Ejecutoria, que en supuestos como el anterior «la naturaleza y finalidad de la diligencia de extracción de muestras biológicas, justifica que se realice sin la presencia de un defensor que asesore al inculpado o imputado respecto a la misma, pues ésta resulta necesaria para preservar la fiabilidad de las pruebas encaminadas a descubrir —junto con las demás pertinentes— el estado del sujeto que es puesto a disposición del agente del Ministerio Público y con ello establecer si el presunto autor del delito se encuentra en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna otra sustancia, o bien, si lo estaba cuando ocurrieron los hechos considerados delictivos». Precisando el Tribunal Pleno que entender lo contrario «volverían nugatorias las facultades de investigación del Ministerio Público previstas en el artículo 21 constitucional (punto a) y que son necesarias para el descubrimiento de la verdad material, entendida como un ideal del proceso penal, pues esperar para realizar la prueba hasta que se encuentre presente un defensor para asesorar al inculpado o imputado, se insiste, podría llevar al desvanecimiento o falta de eficacia de la evidencia obtenida con la extracción de las citadas muestras biológicas». Razones jurídicas que llevaron al Pleno a concluir que, en la obtención de muestras biológicas del sujeto investigado, la ausencia de Defensor para que asesore al inculpado en cuanto a la pertinencia de que le sea realizada la citada extracción y correspondiente peritación, no conlleva, por sí misma, una vulneración al derecho constitucional a gozar con la defensa adecuada inmerso en el artículo 20, apartado A, fracción IX y último párrafo, de ese apartado, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el diverso 8.2 d) y e) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que la presencia de aquél para que asesore al inculpado o imputado respecto a la extracción de las muestras biológicas no será necesaria.

En cuanto a la calificativa de ensañamiento, la fracción V del artí- culo 139 del Código Penal para el Estado de Sinaloa vigente, pre- vé que se sancionará con pena agravada cuando para cometer el homicidio «se obre con ensañamiento», sin definir expresamente dicho obrar. Gramaticalmente obrar con ensañamiento es actuar con saña. Conforme al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, saña: significa «Intención rencorosa y cruel»; por su parte el Diccionario de la Lengua Española Espasa-Calpe, la de- fine como «Intención rencorosa y cruel con que se intenta causar daño». Para la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ensañamiento con la víctima, «[...] coexiste general- mente con una motivación arraigada de venganza, de desprecio o de odio hacia dicha víctima». Con los anteriores parámetros, po- demos fundadamente concluir que la calificativa prevista en la pre invocada fracción V del artículo 139, de obrar con ensañamiento en la comisión de homicidio, se actualiza cuando el agente del de- lito priva de la vida al pasivo accionando con una intención ren- corosa y brutal contra éste, motivada por razones de venganza, desprecio u odio hacia su víctima. En el caso concreto, el acusado reconoció que ante el trato que le daban sus víctimas en la taquería donde los tres laboraban —quienes, dijo, lo ofendían, humillaban y maltrataban de muchas formas— y ante los insultos que en ese momento recibía «le ganó el coraje» y fue a su área de trabajo y agarró el cuchillo con el que él picaba la carne en la taquería y de manera sorpresiva atacó con dicha arma primero a uno y luego al otro, propinándole a uno diecinueve cuchilladas y al otro treinta y tres en el abdomen, el tórax, el cuello, la cabeza y otras partes del cuerpo, causándoles las lesiones que fueron la causa directa y necesaria de su muerte, todas ellas antemortem conforme a las periciales, lo que indica estaban vivos cuando recibieron todas las heridas y sufrieron el inmenso dolor que es público y notorio pro- ducen éstas. Agresión que no cesó pese a las súplicas de sus vícti- mas. Circunstancias las anteriores que denotan un arraigado odio del activo en contra de sus víctimas, a quienes intencionalmente les produjo un sufrimiento inhumano e innecesario, para vengarse del trato insultante que dice recibía de ellos. Conducta la del incul- pado, que, contrario a lo alegado por la Defensa, indubitablemente actualiza la calificativa de obrar con ensañamiento en la privación de la vida de sus dos compañeros de trabajo.

Cuando la sentencia alzada se basó en prueba plural en naturaleza y cantidad, como lo son: imputación incriminatoria de la ofendida, sostenida con persistencia en lo esencial en sus diversas declara- ciones tanto ante la autoridad ministerial como ante la autoridad judicial y ante los peritos en Psicología; señalamientos que se ro- bustecen, en sus diversos segmentos, con las declaraciones minis- teriales de los testigos de cargo sostenidas en careos con el acusado ante la autoridad judicial, así como con los dictámenes periciales en Psicología, no puede alegarse insuficiencia probatoria. Y aun- que el sentenciado negó los hechos, tal negativa es ineficaz pues no encuentra respaldo en prueba objetiva diversa y sí en cambio está desvirtuada por una sólida cadena de indicios incriminatorios, que valorados conjunta e integralmente conforman prueba circunstan- cial de cargo con valor pleno. Máxime que de las declaraciones del propio inculpado, se derivan ciertos indicios de cargo pues acepta haber acudido al domicilio que habita la víctima, aceptando que ésta «me ha comentado y me ha enseñado una orden de restric- ción…ha llamado a la policía informándoles que no puedo estar en mi vivienda» (sic); así mismo, reconoció es totalmente cierto, yo recogí la camioneta y que ese día la ofendida llamó a la Policía y llegó al lugar en un taxi. Datos los anteriores, que concuerdan con lo manifestado y declarado por la afectada. Pruebas que valo- radas en su conjunto resultan idóneas por su carácter netamente incriminatorio y suficiente por el respaldo que encuentran entre sí. Sin que existan pruebas atendibles en contrario, con fuerza para desvirtuarla, porque la sola negativa del inculpado no la tiene. Así las cosas, la cadena no desvirtuada de indicios incriminatorios existentes en la causa, resultan prueba suficiente y eficiente para acreditar el delito imputado y la responsabilidad del acusado en su comisión y por consiguiente para desvanecer la presunción de inocencia que inicialmente obra en favor de todo inculpado.

No puede asistirle la razón al inconforme cuando alega insuficien- cia probatoria, pues la sentencia alzada se basó en prueba plural, como lo son: imputación incriminatoria de la ofendida, sostenida con persistencia en lo esencial en sus diversas declaraciones tanto ante la autoridad ministerial como ante la autoridad judicial y ante los peritos en Psicología; señalamientos que se robustecen, en sus diversos segmentos, con las declaraciones ministeriales de los tes- tigos de cargo sostenidas en careos con el acusado ante la autori- dad judicial, así como con los dictámenes periciales en Psicología. Condiciones en las cuales, contrario a lo argumentado por el ape- lante, el testimonio de la víctima no se puede tener por singular e insuficiente, pues, en cambio, atendiendo las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, resulta atendible, idóneo y eficiente para fincar la condenatoria. Ello es así, en razón a que en la narración de su relato se aprecia un dis- curso coherente, lógico y verosímil en lo esencial sobre lo sucedido, lo narrado no resulta irreal o no creíble; dicho testimonio cuenta con elementos de corroboración externos, esto es, no se encuentra aislado sino respaldado por el resto del material probatorio antes referido; y, no está acreditado en autos que haya declarado como lo hizo por motivos espurios, esto es, no existe probado en el sumario alguna causal de incredulidad subjetiva que afecte lo dicho por la ofendida. Prueba que, adminiculada con el resto del material pro- batorio, resulta idónea por su carácter netamente incriminatorio y suficiente por el respaldo que encuentra en las otras probanzas que obran en el sumario. Sin que existan pruebas atendibles en contra- rio, con fuerza para desvirtuarla.

Conforme a la mejor doctrina y jurisprudencia comparada, la cade- na de custodia es un procedimiento de control que se emplea a fin de garantizar que no habrá un vicio determinante de los elementos de prueba. Es un instrumento que tan sólo sirve para garantizar que la evidencia analizada —objeto, sustancia, huellas, materia, etcétera— es la misma que fue asegurada, generalmente, al inicio de las actuaciones y se encuentra íntegra. Concepción material de la cadena de custodia que prevalece respecto de una concepción meramente formal de la misma. Materialmente la cadena de cus- todia comprende el conjunto de actuaciones tendentes a asegurar que el material asegurado o intervenido, esto es, los vestigios del delito que pueden ser pruebas de su comisión, es el que realmen- te se presenta en el juicio. Ciertamente para la fiabilidad de que la evidencia asegurada, la analizada pericialmente y la presentada en juicio es la misma, la cadena de custodia debe realizarse aten- diendo ciertas formalidades, las cuales constituyen un sistema for- mal de garantía que tiene por finalidad dejar constancia de todas las actividades llevadas a cabo por cada una de las personas que se ponen en contacto con las evidencias. En el entendido que, en palabras del Tribunal Supremo español, que se toma con carácter orientador, «[...] la cadena de custodia no es una especie de litur- gia formalizada en la que cualquier falla abocaría a la pérdida de toda eficacia». Ello en virtud de que dicha cadena no es un fin en sí mismo, ya que «[...] lo único que garantiza es la indemnidad de las evidencias desde que son recogidas hasta que son analizadas, lo que en caso de quiebra puede afectar a la credibilidad del análisis, pero no a su validez». Sin soslayar los señalamientos en cuanto a posibles discrepancias en fechas y horarios a que alude el agravis- ta, pues éstos, eventualmente, únicamente constituirían inconsis- tencias formales que no afectan la esencia de la cadena de custo- dia, que lo es garantizar que el objeto o evidencia localizado en el lugar de los hechos es el mismo que fue evaluado pericialmente sin que haya sufrido alteración, daños, contaminación o destrucción y corresponde al presentado como prueba en el proceso penal. Las formas esenciales que garanticen la mismidad e inalterabilidad de la evidencia asegurada deben observarse. Sin embargo, como sos- tiene el referido Tribunal ibérico, «[...] la comisión de algún posi- ble error, ello no supone, por sí solo, sustento racional y suficiente para sospechar siquiera que la analizada no fuera aquella sustan- cia originaria, ni para negar el valor probatorio de los análisis y sus posteriores resultados, debidamente documentados». En otras palabras, afirma dicho Tribunal, «[...] la mera irregularidad en el modo de documentar las actuaciones de mera recepción de efectos no puede acarrear, como se pretende, la inexistencia de los mis- mos».

Materialmente la cadena de custodia comprende el conjunto de actuaciones tendentes a asegurar que el material asegurado o in- tervenido, esto es, los vestigios del delito que pueden ser prue- bas de su comisión, es el que realmente se presenta en el juicio. Ciertamente para la fiabilidad de que la evidencia asegurada, la analizada pericialmente y la presentada en juicio es la misma, la cadena de custodia debe realizarse atendiendo ciertas formalida- des, las cuales constituyen un sistema formal de garantía que tiene por finalidad dejar constancia de todas las actividades llevadas a cabo por cada una de las personas que se ponen en contacto con las evidencias. De suerte tal que, como lo ha sostenido el Tribunal Supremo de España en jurisprudencia consolidada, que se retoma con carácter orientador, «[...] ha de estimarse que una infracción menor de la cadena de custodia sólo constituye una irregularidad que no determina la exclusión de la prueba del proceso, por lo que debe igualmente ser valorada como prueba de cargo apta para des- virtuar la presunción de inocencia». Una vulneración trascendente de la cadena de custodia no se materializa, sostiene dicho Tribunal, «[...] como mera constatación de la supuesta infracción de normas administrativas, sino por su hipotética incidencia en el derecho a la presunción de inocencia». Pues una irregularidad tal «[...] no alcanza a tener la virtualidad suficiente para negar eficacia pro- batoria a lo efectivamente intervenido». En el entendido que úni- camente «[...] si las deficiencias formales despiertan serias dudas racionales, debería prescindirse de esta fuente de prueba, no por el incumplimiento de algún trámite o diligencia establecida en el protocolo de recepción de muestras y su custodia, sino por quedar cuestionada su autenticidad». En el caso concreto, las supuestas vulneraciones a la cadena de custodia alegadas en los agravios son, por un lado, por eventual inobservancia de normas protocolarias de carácter administrativo, y, por otro, de errores e inconsistencias meramente formales en la documentación, que no trascienden ma- terialmente para cuestionar la existencia y autenticidad del casqui- llo calibre .223 Rem localizado, levantado, embalado y asegurado en el lugar de los hechos y que fue materia de análisis en los dictá- menes periciales de balística aportados como prueba en el proceso que se le siguió a la enjuiciada. Porque lo que resulta indubitable es la existencia del referido casquillo, pues como se acredita con el acta de la fe ministerial realizada por el Agente actuante —con fe pública—, en el lugar de los hechos que se describe en el acta minis- terial se encontró dicho casquillo; el cual fue levantado y embalado por los peritos que actuaban en apoyo del Agente del Ministerio Público; resguardado en el Depósito de Indicios y Vestigios de la Dirección de Servicios Periciales; fue analizado y dictaminado por los peritos oficiales en balística, determinando la correspondencia del casquillo con el arma homicida que lo disparó. Pues, se insiste, el Agente del Ministerio Público fedatario explicó la forma en que el casquillo asegurado en el lugar de los hechos fue encontrado, levantado, embalado y remitido al Depósito de Indicios y Vestigios y cómo se remitió a los peritos. De suerte tal que eventuales incon- sistencias o errores involuntarios en su documentación, no pueden hacer dudar de la cadena de custodia. Cadena de indicios de la cual racionalmente se infiere la autenticidad de la evidencia que sirvió de materia de las periciales, esto es, que el casquillo asegurado en el lugar de los hechos y el analizado y dictaminado pericialmente es el mismo. Máxime que en el sumario no existe dato o indicio al- guno, mucho menos prueba plena, de que el casquillo encontrado y asegurado en la escena del crimen no corresponde al que fue dic- taminado. Por las antepuestas razones jurídicas, resulta infundada e inatendible la pretensión del agravista de que se excluyan como pruebas de cargo la evidencia consistente en el casquillo calibre .223 Rem y los dictámenes periciales de balística en base a él reali- zados y aportados a la causa.

El supuesto del artículo 141 del Código Penal para el Estado de Sinaloa en vigor al momento de los hechos —hoy derogado—, establecía una pena atenuada para quien cometiera homicidio «[...] por encontrarse en un estado transitorio de grave conmoción emocional, que las circunstancias hagan explicable, motivado por una agresión a sus sentimientos afectivos». El citado artículo contiene un elemento objetivo, material, privar de la vida a otro, que se traduce en un cambio del mundo exterior; el elemento subjetivo del tipo: «[...] en estado transitorio de grave conmoción emocional [...]», que atañe al sujeto activo, ubicado en su psique, o sea, el estado de conciencia que da tono a la acción; a lo que se agrega un elemento normativo, que precisa un juicio valorativo jurídico, cultural: «[...] que las circunstancias hagan explicable». La atenuante esgrimida —estado transitorio de grave conmoción emocional— es abordada por la doctrina y la jurisprudencia comparada, como un actuar en «estado de emoción violenta» o «estado de arrebato o de obcecación», como lo denomina la legislación española. Atendiendo, con carácter orientador, la doctrina jurisprudencial comparada, cabe precisar, de entrada, que, con la atenuante de emoción violenta, no se otorga una prerrogativa especial a los sujetos accesibles a la cólera ni a la persona que está emocionada, conmovida, agitada o despechada, sino de quien es llevado al estado subjetivo de emoción violenta por circunstancias que la hacen explicable. Es indispensable exista, al momento del hecho, un estado de emoción violenta que haya impulsado al agente a la agresión de quien lo agraviaba gravemente en sus legítimos sentimientos afectivos, al mismo tiempo que afectaba el control de sus impulsos. Igualmente, para que se actualice la atenuante de emoción violenta, es preciso que las circunstancias que rodearon al hecho demuestren inequívocamente que el agente del delito obró con profunda perturbación de su conciencia a grado tal que le impidió controlar los frenos inhibitorios de su voluntad.

Es preciso que en esta relación de causa y efecto entre el estímulo desencadenante y la conducta ha de darse una conexión temporal y que cualquier reacción colérica que las que, con frecuencia, acompañan a ciertas acciones delictivas, no basta para la estimación de la atenuante. De tal manera que no es susceptible de tener por presente la conexión temporal entre el estímulo y la reacción cuando transcurre cierto tiempo que pueda ser apreciado como causa eliminatoria de la efectividad del estímulo desencadenante —refiriéndose por ello a la inmediatez o propincuidad temporal entre la reacción y el estímulo—, de suerte tal que cuando se pierde la conexión temporal la atenuante no se actualiza. Para que la emoción violenta constituya atenuante es menester que se produzca en el momento mismo del hecho. Es decir, resulta condición indispensable de la atenuante que la ofensa y la reacción del agente sean inmediatas o con proximidad o cercanía temporal, pues uno de los motivos de la atenuación de la Ley, es lo repentino de la acción, la falta de tiempo durante el cual pueden recobrar todo su imperio las facultades reflexivas. No es suficiente que el sujeto haya estado emocionado, sino que es necesario que la descarga emotiva sea concomitante con la ejecución misma del hecho, es decir, que se encuentre en estado de emoción violenta mientras lo realiza, porque la atenuante radica en que por la emoción de tales características haya visto severamente limitados el dominio de sus facultades o frenos inhibitorios. Siendo acorde a las máximas de la experiencia, que el tiempo suele apagar las pasiones y la discontinuidad prolongada entre el hecho provocante y la reacción, normalmente permite serenarse a la persona, circunstancias en las cuales debe descartase el estado emocional violento. Aunque medie emoción violenta por provocaciones injustas, ofensas innecesarias y aún reiteradas, ella no opera como atenuante si no existió inmediatez tempo-espacial entre la estimulación y la acción reactiva. No implican emoción violenta excusable las reacciones tardías, extemporáneas, por venganza, odio, iracundia, enojo, indignación, desequilibrio y alteraciones nerviosas, repulsa, despecho, o destinadas a escarmentar, por más explicaciones criminológicas que tengan y por más ingredientes victimológicos que reúnan.

Como lo ha sostenido la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la generalmente denominada atenuante de emoción violenta deben probarse los siguientes aspectos: a) que el activo al momento del hecho se encontraba en un estado emotivo en el cual el individuo actúa a su impulso y no tiene los frenos inhibitorios que le impidan la comisión del hecho delictivo, o bien, los mismos se ven disminuidos considerablemente; no basta actuar bajo cualquier emoción, sino que ésta debe ser violenta; b) debe existir una provocación de tal manera grave que haga excusable (explicable) el estado subjetivo bajo cuyo impulso actúa el agente, ya que es fundamental el motivo de dicha emoción violenta para hacer operar o no la atenuación de la pena; y, c) debe darse una relación de proporcionalidad entre el estado de emoción violenta y la provocación detonante, pues de no existir ésta desaparece la posibilidad de tal atenuación. Por su parte, los Tribunales Colegiados de Circuito han sostenido que la forma atenuante de pena en el homicidio, exige la concurrencia de un elemento subjetivo, o sea el estado de emoción violenta, que atañe al sujeto activo, ubicado en su espíritu, y de otro elemento de carácter normativo que precisa un juicio valorativo jurídico cultural: «[...] que las circunstancias hagan explicable [...]»; de manera que, para la existencia de la figura atenuada del delito, no basta el raptus emotivo que inhiba o disminuya los controles volitivos del sujeto, sino que es del todo indispensable la presencia de un acontecimiento o de un hecho de orden externo que lo origine, provocando el estallido incontenible que excede el poder de inhibición. Esto es, lo que actualiza la atenuante no lo es el solo hecho de haber obrado bajo el influjo de la emoción, sino, fundamentalmente, las circunstancias motivantes, dado que la emoción no es atenuante por sí, sino que a su vez tiene que ser explicada ella misma por medio del análisis de la situación objetiva. Sin dejar de considerar que, además, esos móviles deben ser capaces de determinar adecuadamente las reacciones de una conciencia normal, de tal manera que el hecho aparezca explicable de acuerdo al consenso común y a las normas de convivencia social.

La atenuante de encontrarse el agente en un estado transitorio de grave conmoción emocional al cometer el homicidio, que la doctrina mayoritaria denomina «estado de emoción violenta», debe distinguirse del mero acaloramiento o exaltación, que en más de una ocasión llevan implícitos determinados delitos. Como lo señala en su doctrina jurisprudencial consolidada el Tribunal Supremo de España, que se retoma con carácter orientador, el acaloramiento o aturdimiento como situación emocional es de todo punto concurrente con situaciones de tensión, ofuscación e incluso de cierto descontrol anímico. Pero para que se dé la atenuante tal estado emocional —que no puede identificarse con una mera disposición anímica de enfado o irritación—, debe tener una intensidad suficiente para romper los mecanismos inhibitorios, de modo que el sujeto se encuentre inmerso en una situación emotiva que la Ley española ha denominado como de «arrebato» u «obcecación». Así mismo, dicho Tribunal hispano ha postulado que, para su estimación, la atenuante precisa que haya en su origen un determinante poderoso de carácter exógeno o exterior y de entidad suficiente para desencadenar un estado anímico de perturbación y oscurecimiento de sus facultades psíquicas con disminución de las cognoscitivas o volitivas del agente, de modo que sin alcanzar la cualidad propia del trastorno mental transitorio, exceda del aturdimiento normal que suele acompañar a ciertos delitos. Precisando igualmente, que la emoción violenta —arrebato u obcecación— debe producir una ofuscación de la inteligencia, determinando a la persona a obrar de modo irreflexivo, limitando en el sujeto sus facultades de querer — voluntad— o entender —comprensión y conocimiento—. La emoción violenta, sin llegar a suprimir la conciencia ni la memoria, es más intensa que la simple emoción concomitante a todo hecho delictivo que impacta la psique del sujeto; no encuadran, entonces, en esta categoría, la serie de sentimientos que no alcanzan a superar las situaciones normales del espíritu. La emoción violenta implica una perturbación del equilibrio psíquico, con la consiguiente inhibición, siquiera parcial, del intelecto y de la voluntad. La reflexión en el actuar es inconciliable con un estado emocional súbito y obnubilante; la actitud reflexiva degrada y empaña la emoción violenta. La venganza, los celos, el odio, el despecho, son sentimientos que por sí mismos la Ley no ampara. No cabe considerar que el homicidio se ha cometido en estado de emoción violenta, si no se ha probado que existiese en el espíritu del acusado una turbación subitánea de tal magnitud que propiciara perdiera el control de sus actos, determinando en ella una reacción incontenible. Reiterando que tal atenuante será incompatible con aquellas situaciones en que el acaloramiento y la perturbación anímica que produce dicho estado son naturalmente consustanciales con el desarrollo de la comisión delictiva. En otras palabras, cualquier reacción pasional o colérica, que en tantas ocasiones acompaña a determinadas manifestaciones delictivas, no puede constituirse en atenuación. Para la estimación de la atenuante sería preciso que estuviese contrastada la relevancia del estímulo provocador del disturbio emocional en que el arrebato —acaloramiento— consiste, así como la influencia menguante sobre la inteligencia y voluntad del agente, a partir de una razonable conexión temporal entre el estímulo y la emoción desatada.

El artículo 26 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, en su fracción IX, estatuye que el delito se excluye, entre otras causales de inculpabilidad, cuando el agente al momento de realizar la conducta típica no tenga capacidad de comprender el carácter ilícito de aquélla o de conducirse de acuerdo con dicha comprensión, en virtud de padecer un trastorno mental transitorio involuntario. Como se obtiene de lo dispuesto en dicho ordenamiento, el estado mental que actualiza la excluyente del delito implica un trastorno transitorio de magnitud tal que anule en el sujeto su capacidad de comprender el carácter ilícito de su actuar o de autodeterminarse para conducirse de conformidad con esa comprensión al momento mismo en que realiza el delito. En esta tesitura, como lo sostiene la mejor doctrina y jurisprudencia, el trastorno mental transitorio es una condición en la cual el agente tiene afectadas sus facultades cognoscitivas y volitivas a grado tal que no tiene capacidad tanto para apreciar el mandato de la norma y justipreciar las consecuencias de su conducta, como para autodeterminarse a actuar acorde a esa comprensión; implica una exclusión de la capacidad de entender y querer en el sujeto, por una perturbación tan grave de la conciencia que queda excluida la parte consciente de la persona, anulando la voluntad del agente que actúa en un estado de inconsciencia total de sus actos. Es decir, para que se actualice el trastorno mental transitorio eximente es indispensable que la perturbación psíquica se produzca en grado tal que altere sustancialmente las facultades mentales del sujeto, privándolo del uso normal de las mismas. O, dicho de otra manera, para que ese trastorno tenga eficacia como excluyente del delito, resulta imprescindible que el efecto que produce en la persona sea de naturaleza tal que afecte sus facultades intelectivas y le impidan comprender lo antijurídico de su conducta y autodeterminarse conforme una valoración normal.

Como lo sostiene la jurisprudencia comparada y la nacional, el trastorno mental transitorio supone una perturbación de intensidad psíquica idéntica a la enajenación, si bien diferenciada por su temporal incidencia. Estimando que dicho trastorno, con fuerza para fundamentar la eximente del delito, supone la aparición en el sujeto de una perturbación fugaz, una reacción vivencial anormal, tan enérgica y avasalladora para la mente del sujeto, que le priva de toda capacidad de raciocinio, eliminando y anulando su capacidad decisoria y sus libres determinaciones volitivas, siempre originado por un choque psíquico exterior, cualquiera que sea su naturaleza. Trastorno mental que implica una fulminación de conciencia tan intensa y profunda que impide al agente conocer el alcance antijurídico de su conducta, despojándole del libre arbitrio que debe presidir cualquier proceder humano responsable. En este orden de ideas, no constituye causal de inculpabilidad ni excluye el delito una alteración emocional por trance temperamental, pasional o emotivo que únicamente altere o aún enerve las facultades inhibitorias de la persona, pero que no elimine la conciencia de la ilicitud, la voluntad de decidir y actuar y la representación del resultado. En efecto, como lo ha determinado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras muchas en las tesis con números de registro 234023, 908151, 260019 y 235491, no existe trastorno mental transitorio inculpante en situaciones de alteración psíquica por sentimientos de ira, celos, decepción amorosa, frustración o cualquier otro de anormalidad temperamental, por muy agudos que sean, ya que ante éstos el ser humano tiene la capacidad racional de controlarlos ordinariamente, pues no anulan la conciencia del agente, aun cuando hayan disminuido o desaparecido las inhibiciones. Situaciones las descritas que, si bien pueden implicar un trastorno de la personalidad, sin embargo, en ellas no puede afirmarse, con base científica, que la persona pierda el dominio de sus actos.

El artículo 26 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, en su fracción IX, inconciencia estatuye que el delito se excluye, entre otras causales de inculpabilidad, cuando el agente al momento de realizar la conducta típica no tenga capacidad de comprender el carácter ilícito de aquélla o de conducirse de acuerdo con dicha comprensión, en virtud de padecer un trastorno mental transitorio involuntario. En esta tesitura, como lo sostiene la mejor doctrina y jurisprudencia, el trastorno mental transitorio es una condición en la cual el agente tiene afectadas sus facultades cognoscitivas y volitivas a grado tal que no tiene capacidad tanto para apreciar el mandato de la norma y justipreciar las consecuencias de su conducta, como para autodeterminarse a actuar acorde a esa comprensión; implica una exclusión de la capacidad de entender y querer en el sujeto, por una perturbación tan grave de la conciencia que queda excluida la parte consciente de la persona, anulando la voluntad del agente que actúa en un estado de inconciencia total de sus actos. Es decir, para que se actualice el trastorno mental transitorio eximente es indispensable que la perturbación psíquica se produzca en grado tal que altere sustancialmente las facultades mentales del sujeto, privándolo del uso normal de las mismas. Parámetros con los cuales se puede racionalmente sostener que cuando en sus declaraciones rendidas ante la autoridad y los peritos con proximidad a la comisión del ilícito, un imputado describe en forma detallada, con claridad y precisión los hechos previos, los concomitantes y los posteriores a la comisión del delito, no podía encontrarse en ese momento comisivo en un estado de inconciencia derivado de un trastorno mental involuntario y transitorio, que le haya privado de toda capacidad de raciocinio, eliminando y anulando su capacidad decisoria y sus libres determinaciones volitivas, condiciones en las cuales no puede tenerse por acreditada la excluyente de delito por dicho trastorno. Relato de hechos amplio, detallado, secuenciado, claro y preciso, que racionalmente, conforme a las máximas de experiencia, no puede ser recordado y expuesto por una persona que padeció, aun transitoriamente, un trastorno mental por el cual, al momento de realizar el delito, estuviera privada de razón; esto es, se encontrara privada temporalmente de toda capacidad de raciocinio, o sea, que tuviera anuladas su capacidad decisoria y sus libres determinaciones volitivas; condiciones en las cuales sería ilógico recordara con tanta lucidez y detalle los actos realizados no sólo en el preciso momento en que privó de la vida a su hija, sino lo acontecido inmediatamente antes y después de que lo hizo.

El artículo 14, en relación con la fracción V del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, entre las formalidades esenciales del procedimiento penal, que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, adjudicando la carga de la prueba a la parte acusadora. Parte de esta norma fundamental se desarrolla por los artículos 341, 342 y 345 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa, precisando los lineamientos a seguir para la formulación de conclusiones. En efecto, dichas normas establecen la obligación del Ministerio Público de exponer sus pretensiones, el dispositivo donde se ubica la punición del hecho materia de la acusación, los medios de prueba que sirvieron para acreditar cada elemento de la figura delictiva y la intervención del justiciable en su ejecución. Esta obligación tiene por objeto dar oportunidad al encausado de rebatir y contestar adecuadamente las acusaciones, respetando de esta forma su derecho a una adecuada defensa. Por tanto, si con posterioridad a la formulación de conclusiones y celebración de la audiencia de vista se desahogan pruebas, lo conducente es decretar nuevamente el cierre de instrucción y poner la causa a la vista de las partes para que formulen conclusiones. De lo contrario, dichas pruebas no pueden valorarse en sentencia, puesto que se vulnerarían las formalidades esenciales del procedimiento penal al impedirse al imputado la posibilidad de rebatir la acusación y los elementos de convicción que se derive de ellas. En consecuencia, si las pruebas mencionadas fueron valoradas en sentencia, al tratarse de una violación subsanable, lo conducente es ordenar la reposición del procedimiento para efecto de formular nuevas conclusiones y celebrar la audiencia de vista.

El principio de igualdad obliga a la función jurisdiccional a aplicar la categoría analítica de perspectiva de género al emitir sus resoluciones. Sin embargo, esta perspectiva no excluye la posibilidad de valorar también diversas situaciones fácticas de desventaja en que pudiera ubicarse la víctima. Por el contrario, la coexistencia de dichas situaciones incrementa el grado de vulnerabilidad. En consecuencia, si de la causa se desprende que el imputado atribuía a la víctima cargas sociales que consideraba «femeninas», le dictaba órdenes porque ella era niña en edad de adolescencia y porque aquél contaba con una solvencia económica de la que ella carecía, además, le refería su estado civil al ser madre de un niño, sin contar con el apoyo del padre, el Juzgador debe valorar ineludiblemente el grado de vulnerabilidad para, bajo esa perspectiva, emitir una resolución acorde a la equidad, la justicia y a la igualdad material.

Tratándose de la calificativa aplicable al feminicidio consistente en que entre el activo y la víctima existió una «relación de hecho», prevista y sancionada en el tercer párrafo del artículo 134 Bis del Código Penal para el Estado de Sinaloa en vigor al momento de la comisión del delito, atendiendo la exposición de motivos del Dictamen de las Comisiones Unidas de la LX Legislatura del Congreso del Estado y los criterios jurídicos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puede afirmar válidamente que para efectos del feminicidio por «relación de hecho» se entiende toda relación amorosa de pareja entre dos personas que se da sin vínculos regulados por la Ley, tal como se presenta, entre otras relaciones sentimentales, en el noviazgo o en el amasiato. Relación que, por consiguiente, es diferente al matrimonio y al concubinato. De suerte tal que, si en el caso concreto está acreditado que entre el acusado y la ofendida existió una relación de noviazgo de varios años, resulta indubitable que entre el activo y la víctima existió una «relación de hecho» y se actualizó, por consiguiente, la figura de feminicidio calificado.

El error de prohibición tiene su base legal en lo dispuesto en la fracción X del artículo 26 del Código Penal del Estado de Sinaloa y constituye una causa excluyente del delito cuando se realice el hecho bajo un error invencible en virtud del cual estime el sujeto activo que su conducta está amparada por una causa de licitud. De una interpretación armónica de este dispositivo legal, se puede concluir que tal eximente debe encuadrarse en la conducta desplegada por el sujeto activo del delito en condiciones de una errónea creencia sobre el amparo de una válida autorización del orden jurídico y que la misma sea insuperable en condiciones de normalidad. Pues como resulta de explorado Derecho, el error o la ignorancia invencible en que el autor se encuentra respecto de la existencia de la Ley penal o del alcance de ésta, debe ser insuperable, en la exigencia de la norma aludida. En el caso concreto, el alegado error por el inculpado de considerar lícita y justificada su conducta de encontrarse un arma y guardarla en su mochila por no tener conocimiento de la norma, de ninguna manera puede configurar un error de prohibición invencible respecto de la conducta delictiva realizada, ya que, en primer término, la conducta ilícita por la que se le juzga no es relativa a la posesión o portación ilícita de un arma, sino a un homicidio culposo realizado mediante disparo de arma de fuego; y, en segundo término, pues aun suponiendo, sin conceder, la concurrencia del error en el inculpado, el mismo no sería invencible y, por lo contrario, sí superable en atención a que lo importante en el caso es que resulta público y notorio que en nuestro país, cualquier persona tiene conocimiento que manipular un arma de fuego sin la pericia necesaria propiciando que se dispare un proyectil e impacte en el pecho de otra persona es una conducta prohibida por la Ley, por lo cual es increíble, por inverosímil, la supuesta ignorancia alegada por el inculpado. Máxime que, en el lógico acontecer de las cosas, ninguna persona en pleno uso de sus facultades mentales puede creer que el orden jurídico lo autoriza para imprudentemente operar un arma de fuego, orientarla hacia el pecho de una persona y ocasionar se dispare la misma hiriendo mortalmente a dicha persona. Circunstancias en las cuales de ninguna manera puede actualizarse la excluyente de error de prohibición.

Conforme al artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para los efectos del dictado de la sentencia definitiva, sólo deben ser valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en el Código, de ahí que resulte irrelevante si al ser entrevistado por los Agentes, en un primer momento, la víctima de los hechos hubiera o no señalado al inculpado como uno de los intervinientes en el robo del vehículo, cuenta habida, que de haberlo hecho con anterioridad al juicio, dicha imputación carecería de valor probatorio, siendo por otro lado, únicamente efectiva la que se realiza en audiencia de juicio, pues es hasta entonces cuando los medios de prueba se constituyen en prueba propiamente dicha y por ende apta para ser valorada por el Juzgador, máxime que, como el propio agravista lo puntualiza, la víctima al comparecer ante el Ministerio Público, esto es, en su primera intervención ante la autoridad investigadora, fue preciso y contundente en señalar al aquí enjuiciado como uno de los responsables del robo del vehículo propiedad de la ofendida. Señalamiento que se legitimó al efectuarse en audiencia de juicio oral ante el órgano jurisdiccional. Imputación que sostuvo a lo largo del proceso penal, de ahí que resultaba innecesaria tal precisión ante los mencionados Agentes, de cuyos atestes por otra parte, se obtiene que en efecto la víctima del delito les describió la forma en que fue desapoderado del automotor, el vehículo utilizado para ello, que eran dos personas las intervinientes y que usaron armas de fuego. Extrayéndose igualmente del testimonio del Agente de Policía Municipal, que el paciente del delito le hizo saber el temor que tenía de que su familia sufriera un daño, ya que el sujeto que lo sometió los tenía ubicados. Consideraciones con base a las cuales, esta Colegiada advierte apegado a Derecho el valor probatorio otorgado, por quien sentenciara en primera instancia, al testimonio de la víctima con resguardo de identidad, por lo que no podía ser materia de desechamiento, aunado a que en apego al preinvocado numeral 259, los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva. Luego entonces, se reitera que resulta irrelevante si la víctima hubo señalado o no al acusado como tal en el parte informativo y al formular su denuncia ante el Ministerio Público, misma que aduce el inconforme se presentó en contra de quien o quienes resultaran responsables, constituyendo el señalamiento efectuado en el juicio oral, la única imputación que puede valorarse como válida en contra del sentenciado con base a lo antes ponderado. Argumentos que cobran mayor vigencia, en términos del artículo 385 del Código Procedimental Nacional Penal vigente, que incluso prohíbe la lectura e incorporación al juicio de registros de la investigación y documentos, al establecer que no se podrán incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura durante el debate, a los registros y demás documentos que den cuenta de actuaciones realizadas por la Policía o el Ministerio Público en la investigación, salvo en casos de excepción, que en el caso concreto no se actualizaron. En consecuencia, el examinado argumento del Defensor particular emerge notoriamente infundado y por ende inatendible.

La versión proporcionada por los testigos en audiencia de juicio, resulta valorada por el Juez en total apego a Derecho, al margen de que hipotéticamente al entrevistarse con los agentes investigadores o al denunciar los hechos, en el caso de la víctima, hubieran omitido algún detalle, pues tanto la denuncia como la entrevista previa al juicio constituyen sólo datos de información recabada durante la etapa de investigación, sin valor para ser tomados en cuenta al dictar sentencia. Ya que únicamente tienen el carácter de prueba los testimonios vertidos en el juicio oral con inmediación —ante el Juez que le corresponderá valorarlos al dictar el fallo de fondo— y con oportunidad de contradicción por las partes. Advirtiéndose de la reproducción de la audiencia de juicio respectiva, que los analizados testigos presenciales, describieron pormenorizadamente todos y cada uno de los aspectos relativos a los hechos a que se constriñe la causa. Por ende, adquieren mayor valor los testimonios de carácter personal y directo, adverso a lo argumentado por el Defensor particular, que cualquier otro documento en que se contengan sus afirmaciones, aun y cuando aquél fuera más cercano a los hechos, máxime que sus declaraciones fueron en los mismos términos que lo informado a los Agentes, sin que se perciban contradicciones o inconsistencias sustanciales en cuanto a la esencia de los hechos, no coligiéndose tampoco de la imposición de las declaraciones de la víctima y testigos, contenidas en el disco versátil digital en la audiencia de juicio oral, que se hubieran evidenciado, por parte de la Defensa del acusado, imprecisiones o inconsistencias, con respecto a su testimonio confrontados entre sí, de lo que se concluye una total imparcialidad en sus atestos, pues habiéndose tenido la oportunidad de contradecirlos, no se controvirtieron sus testimonios y mucho menos se aportó prueba en contrario para desvirtuarlos. Por lo tanto, resultan atendibles y valorables como pruebas de cargo.

En torno al elemento apoderamiento, contrario a lo argumentado por la Defensa, para ser considerado coautor no resulta necesario que el aquí encausado hubiera tomado materialmente el vehículo automotor propiedad de la ofendida, cuenta habida que la coautoría no exige la realización del verbo rector del tipo por sí mismos de cada uno de los intervinientes, para que los elementos del delito se actualicen, sino únicamente que la aportación de los activos sea tal que sin la misma el ilícito no se pudiera llevar a cabo o se dificultara su ejecución, como ocurrió en el caso que se estudia, en virtud de que la aportación del inculpado fue sustancial, ya que si él no hubiera conducido hasta el lugar de los hechos y amagado mediante el uso de arma de fuego a la víctima desapoderándolo de las llaves del automotor propiedad de la ofendida, mismas que además entregó al diverso sujeto interviniente para que se llevara la unidad —conduciéndola—, el ilícito no se hubiera consumado, habiendo ejecutado el inculpado, adverso a lo alegado por su Defensor, las acciones más fundamentales para apoderarse del vehículo que les era ajeno. Razonamientos al amparo de los cuales, además, se aprecia manifiestamente inatendible lo señalado por el apelante, cuando aduce que al haber sido el procesado el único detenido en los presentes hechos, no podía tenerse por acreditada su intervención en calidad de coautor.

En ese contexto, contrario a lo alegado por el inconforme, los elementos de prueba desahogados en el juicio oral, se aprecian plurales, suficientes e idóneos, así como valorados correctamente por el Tribunal Natural, para tener por validada la forma de intervención en coautoría del acusado, por la que el Ministerio Público lo acusó en definitiva, consecuencia de lo cual, se considera legal y motivada, en apreciación de este Tribunal, la determinación de la realización conjunta del delito de Robo de Vehículo Cometido Mediante el Uso de Arma que Pueda Intimidar a la Víctima por Dos Personas, que se juzga; al haberse probado en juicio, más allá de toda duda razonable, y en contraposición a lo alegado por la Defensa del acusado, la existencia de una decisión común acordada por quienes ejecutaron el evento delictuoso; coligiéndose la existencia entre ellos, de un plan unitario con división de tareas para la realización del ilícito; así como el aporte esencial a través del cual tuvo el enjuiciado en sus manos el codominio funcional del hecho; consistiendo la aportación del aquí acusado, en conducir la unidad tipo camioneta, transportando a una segunda persona, haber descendido de la misma y mediante el uso de arma de fuego, intimidaciones y amagos, exigirle las llaves de la camioneta apoderada a la víctima, para posteriormente entregarle las llaves al diverso sujeto que lo acompañaba en la unidad en la que juntos arribaron al lugar de los hechos, persona ésta que es quien aborda el vehículo apoderado y se lo lleva, mientras el justiciable nuevamente amaga a la víctima diciéndole que se metiera a su casa y que no denunciara porque ya sabe dónde vive, para posteriormente huir a bordo de la camioneta en que llegó al lugar, detrás del diverso interviniente. Razonamientos al amparo de los cuales, además, se aprecia manifiestamente inatendible lo señalado por el apelante, cuando aduce que al haber sido el procesado el único detenido en los presentes hechos, no podía tenerse por acreditada su intervención en calidad de coautor.

En cuanto a la calificativa de haberse realizado el robo de vehículo mediante violencia, se tiene que de conformidad con lo preceptuado en la fracción I del artículo 205 del Código Penal para el Estado de Sinaloa vigente, se establece que las penas previstas para el robo en los artículos 203 y 204 del citado Código, se aumentarán si el robo se realiza «con violencia contra las personas», de lo cual se obtiene que se actualiza cuando se ejerce sobre la víctima cualquier tipo de violencia, por la cual jurídicamente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia al resolver el Amparo Directo en Revisión 3266/2012, entiende «la acción de utilizar la fuerza y la intimidación para conseguir algo». Pudiendo ser fuerza física o moral. La violencia moral «es la que se hace a través de medios de presión psicológica, que tuercen o desvían la voluntad de la víctima», constriñendo su libertad de obrar. En virtud de la violencia ejercida sobre una persona, la decisión de la víctima queda eliminada. Al tener la violencia, sea física o moral, el carácter de elemento normativo de valoración cultural del tipo de robo calificado, se debe determinar, en cada caso concreto, si dicha calificativa se actualizó en las circunstancias específicas en las que ocurrieron los hechos delictivos. Sin que el tipo penal calificado previsto en la citada fracción I del numeral 205 pre invocado, requiera para su configuración que se cause a la víctima un daño psicológico o emocional, ni que sea necesario un dictamen pericial especializado para acreditar dicha afectación.

En cuanto a la calificativa de haberse realizado el robo de vehículo mediante violencia, se tiene que de conformidad con lo preceptuado en la fracción I del artículo 205 del Código Penal para el Estado de Sinaloa vigente, se establece que las penas previstas para el robo en los artículos 203 y 204 del citado Código, se aumentarán si el robo se realiza «con violencia contra las personas», de lo cual se obtiene que se actualiza cuando se ejerce sobre la víctima cualquier tipo de violencia, por la cual jurídicamente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, al resolver el Amparo Directo en Revisión 3266/2012, entiende «la acción de utilizar la fuerza y la intimidación para conseguir algo». Pudiendo ser fuerza física o moral. La violencia moral «es la que se hace a través de medios de presión psicológica, que tuercen o desvían la voluntad de la víctima», constriñendo su libertad de obrar. En virtud de la violencia ejercida sobre una persona, la decisión de la víctima queda eliminada. En un lenguaje jurídico penal, sostuvo dicha Alta Sala, la violencia moral como medio comisivo del delito de robo, «se traduce en sostener que dicho ilícito se cometió prevaliéndose del uso de la fuerza sobre la psique de la persona del sujeto pasivo». Al tener la violencia, sea física o moral, el carácter de elemento normativo de valoración cultural del tipo de robo calificado, se debe determinar, en cada caso concreto, si dicha calificativa se actualizó en las circunstancias específicas en las que ocurrieron los hechos delictivos. En el caso particular bajo estudio, conforme a las máximas de experiencia, el haberle dicho el acusado al ofendido «dame las llaves, si no, te mato», constituye una amenaza con causar un mal grave capaz de intimidar; tan es así, que su utilización cumplió la finalidad pretendida por el activo, que era lograr vencer la resistencia del pasivo y de esta forma garantizar el éxito en su ilícita conducta de apoderarse del vehículo ajeno. Actitud intimidatoria asumida por el acusado que encuadra y actualiza la referida calificativa de haberse realizado el robo de vehículo ejerciendo violencia moral contra las personas, desde el momento en que se logró intimidar a su víctima doblegando su voluntad y éste, coaccionado, entregó las llaves de la unidad motriz al creer fundadamente estar en peligro inminente, al ser amenazado violentamente con ser privado de la vida.

El artículo 183 del Código Penal para el Estado de Sinaloa prevé, entre los elementos descriptivos del delito de abuso sexual, a la ejecución de un acto sexual sin el propósito directo e inmediato de llegar a la cópula. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 151/2005, que independientemente del acto que se realice, se debe examinar la intención del sujeto activo para definir si la misma era lasciva. En consecuencia, si la conducta consistió en tocamientos en piernas, cintura y brazos, mismos que se realizaron de manera dolosa con sentido lascivo, se configura el elemento «acto sexual» a que se refiere el citado artículo 183.

El artículo 296 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, abrogado, prevé a la confrontación como el medio idóneo para identificar a una persona que presuntamente participó en un hecho delictivo, estableciendo la forma en que ha de celebrarse dicha diligencia para cerciorarse de que la identificación es indubitable. Por tanto, el reconocimiento que se realiza sin cumplir con el procedimiento previsto por el mencionado artículo296, por haberse efectuado con fotografías donde no se procuró que el confrontado se acompañara con individuos con vestimenta o señales semejantes y que dichos acompañantes fueran de condición análoga, vulnera el debido proceso en perjuicio del imputado, máxime si las fotografías fueron integradas a la causa de manera ilícita.

El artículo 134 Bis del vigente Código Penal para el Estado de Sinaloa estatuye que comete el delito de feminicidio quien, por razones de género prive de la vida a una mujer, precisando en su fracción VI que existen razones de género cuando la víctima se haya encontrado en «estado de indefensión», entendiéndose por tal «la situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa». Así, juzgando con perspectiva de género, un ataque realizado por un varón por sorpresa, de modo súbito, inopinado y fulgurante, ejecutado sobre una mujer en situación de inferioridad de fuerza física —lo cual hace evidente la existencia de un estado de vulnerabilidad que genera una desventaja real—, quien encontrándose en la recámara en un momento íntimo de caricias mutuas con el agresor —quien era su pareja sentimental—, está confiada en que tal clase de ataque no se produzca. En estos casos, es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión, es decir, la acción a traición, esto es, cometida quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener, lo que tiende a suprimir la posibilidad de defensa, pues quien, confiado, no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él. Circunstancias concretas del hecho, en las cuales se puede válidamente concluir que dicha agresión, con sus propias características, no podía ser esperada por la víctima en modo alguno. Ahora bien, en cuanto a la razón de género determinada por la norma legal, consistente en que al momento de la privación, la víctima se encontraba en un estado de indefensión, esto es, una desprotección real o la incapacidad que imposibilitaran su defensa, en el caso, contrario a lo determinado por el A quo, se actualizaron ambos supuestos, al advertirse que el día de los hechos la víctima se encontraba en un estado de confianza con su pareja, al previamente haber estado en un escarceo amoroso como preámbulo para tener relaciones sexuales en el interior de su recámara, en el planta alta del domicilio que habitaban, cuando después de intercambiar unas palabras, el acusado por celos aseguró la puerta de la recámara y le dijo «te voy a matar», yendo sobre ella sujetándola del cuello fuertemente con el brazo derecho, logrando inmovilizarla, derribándola al suelo, enseguida se hincó sobre ella enredándole en el cuello un cinto de tela con el que la estranguló hasta que fue sorprendido por el testigo de cargo quien traspasó la puerta. De lo descrito en la causa a estudio, claramente se advierten circunstancias en las que la pasivo no estuvo en condiciones de defenderse o recibir ayuda para evitar la acción funesta de la que era objeto, al haber estado desprotegida desde el momento mismo en que el acusado aseguró la puerta y aprovechándose de su fuerza traicioneramente y de forma inesperada con violencia física se abalanzó sobre ella apretándola del cuello e inmovilizándola, no teniendo posibilidades por una parte de defenderse pues aun cuando intentó hacerlo, al patalear y manotear, no lo logró derivado de la superioridad en fuerza del activo, y por otra parte, como dijo la Representante Social, al haberla tomado del cuello tampoco pudo gritar o pedir auxilio para que la persona que estaba en la planta baja la auxiliara, máxime que, se insiste, el inculpado había cerrado la puerta; por tanto, la víctima estuvo en un total estado de indefensión, pues le fue imposible repeler la acción de su agresor o recibir auxilio para evitarlo. Y ha de convenirse que, dada la mecánica de los hechos, el inicial estrangulamiento realizado por el activo con el brazo hasta hacer desfallecer a la víctima, después de lo cual le enredó en el cuello un cinto de tela para continuar asfixiándola, resulta racional concluir que el ataque tuvo que ser sorpresivo e inesperado hasta el punto de impedir cualquier clase de defensa. Condiciones en las cuales, contrario a lo que resolvió el Juez de Primera Instancia, jurídicamente se puede tener como acreditado el «estado de indefensión», que actualiza la existencia de una razón de género en la privación de la vida de la ofendida.

En el caso concreto, si en la audiencia de solicitud, procedencia y autorización de procedimiento abreviado, como forma de terminación anticipada del proceso en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, ante el Juez de Control competente, y contándose con la presencia del acusado y su Defensor, el Ministerio Público formuló la acusación y expuso los datos de prueba que la sustentaban, derivados de los registros contenidos en la carpeta de investigación, y entre ellos dio cuenta que en la misma obraba documento certificado de una sentencia ejecutoria emitida en un proceso diferente, seguido contra el mismo acusado, en la cual se le condenó por la comisión de un delito doloso, dato de prueba cuya existencia fue corroborado expresamente en la misma audiencia por el procesado y su Defensor, dicho elemento de convicción resulta suficiente para tener por acreditado que no es la primera vez que dicho imputado incurre en un delito doloso, esto es, no se trata de primodelincuente; y por consiguiente, no reúne el requisito previsto en la fracción I, del artículo 101 del Código Penal para el Estado de Sinaloa vigente. Circunstancias en las cuales, indebidamente el Juez de Primera Instancia concedió al sentenciado el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta. Razón por la cual, ante la procedencia de los agravios formulados por el Ministerio Público apelante, lo jurídicamente procedente es modificar la sentencia alzada y revocar la concesión de dicho beneficio.

La normativa de fuente nacional e internacional en materia de derechos humanos que integra el parámetro de regularidad constitucional en nuestro país establece la obligación gubernamental de velar por el interés superior de la niñez. Por ello, en el recurso de apelación promovido por la madre de la víctima menor de edad, el tribunal de alzada debe valorar todos y cada uno de los aspectos que impliquen la salvaguarda de sus derechos, aun cuando se trate de consideraciones que no se hicieron valer por la recurrente.

En el caso concreto, no se aprecia violación al derecho humano de debido proceso que refiere la sentenciada, ya que del contenido de los discos versátiles digitales y de las constancias escritas enviadas, elaboradas conforme el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este Tribunal de Alzada advierte que el proceso fue regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, pues, como se valoró, se desarrolló en todo momento bajo contexto de oralidad, donde las partes, previa y debidamente notificadas, estuvieron presentes en cada una de las audiencias públicas; durante el desarrollo de las mismas, se comunicaron en forma hablada, siendo escuchados directamente por el Juez de Enjuiciamiento sus respectivos argumentos; se les recibieron las pruebas que ofrecieron, éstas les fueron admitidas, desahogadas y valoradas conforme a las pautas constitucionales y legales que las rigen; en la audiencia de juicio oral el Tribunal dirigió ordenadamente su desarrollo en los términos previstos por las leyes, emitiendo las decisiones oportunas y necesarias; apreciándose que el Juez en todo momento fue atento y garante de los derechos fundamentales de cada una de las partes. Circunstancias en las cuales se puede concluir válidamente que se observaron cabalmente las bases esenciales del debido proceso.

Referente al denominado principio de oralidad, es de señalarse que el artículo 20, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al igual que el numeral 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consagran que «el proceso penal será acusatorio y oral», y se regirá por «los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación». Además, la referida norma Constitucional en su fracción IV establece que, en el juicio, «la presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral». Así también, el referido Código Nacional, en sus numerales 44 y 396, al respecto dispone: «Las audiencias se desarrollarán en forma oral…», y «La audiencia de juicio será oral en todo momento». Bajo ese contexto constitucional y legal, tenemos que el proceso penal se desarrollará bajo la oralidad, esto es, se plantearán verbalmente ante el Juez o Tribunal las pretensiones, argumentaciones y el desahogo de las pruebas del desarrollo del proceso; siendo entonces, la oralidad un instrumento primordial, una norma de comunicación, que debe entenderse como la obligación de que las partes estén presentes en las audiencias para que se comuniquen en forma hablada, de tal manera que el Juez o Tribunal escuche directamente sus argumentos en el momento que expongan sus pretensiones para sostener la mimputación o la defensa, así como recibir los datos que se ofrezcan. Entonces, del análisis de las videograbaciones contenidas en los discos versátiles digitales remitidos a este Tribunal en los que constan las audiencias relativas al procedimiento seguido en contra de la hoy sentenciada, contrario a lo que argumentó en sus agravios, en todo momento se privilegió el principio de oralidad como lo preceptúa el precitado artículo 396 del Código Nacional invocado, ya que del desarrollo de la audiencia de juicio oral se advierte que tanto la acusada y su Defensor como el Ministerio Público y el Asesor Victimal, en igualdad procesal, expusieron sus pretensiones verbalmente, de tal manera que el Juez Primario resolvió conforme a lo que percibió en las intervenciones orales que cada una de las partes efectuaron. Sin que lo anterior se vea afectado, como lo pretende hacer valer la acusada en sus agravios, por la circunstancia de que tanto el Agente del Ministerio Público como el representante de la parte ofendida dieron lectura a un documento en el que habían elaborado sus argumentos de apertura, pues como lo consideró el A quo, el motivo de la objeción en nada afectaba, ya que el artículo 44 del Código Nacional en cuestión, establece que en el desarrollo de la audiencia oral las partes podrán auxiliarse de documentos o con cualquier otro medio. Por tanto, el hecho de que cualquiera de las partes se apoye o auxilie en algún documento para dar seguimiento de sus argumentos o pretensiones, como en esencia lo hizo valer el Asesor Victimal, explicando que el motivo de la lectura que hizo fue para dar una mayor exactitud y precisión a su teoría del caso, entonces, el proceder del Juez al permitir que el representante de la parte ofendida continuara con su exposición, en ningún momento trasgredió la oralidad del proceso, ya que como se dijo anteriormente, estaba percibiendo las pretensiones verbales que hacían valer cada una de las partes en sus intervenciones, máxime que se le dio la oportunidad a la Defensa para que expresara sus alegatos. Por lo demás, del resto de la videograbación de la audiencia de juicio oral en el proceso de la imputada, se advierte que las partes en todo momento se expresaron verbalmente con oportunidad y fueron oídos y atendidos directamente por el Juez de Enjuiciamiento, cumpliéndose así con el principio de oralidad.

Del examen de las razones dadas por el Juzgador al apreciar el material probatorio incorporado a juicio oral, esta Sala, contrario a lo señalado por la recurrente, advierte elementos de juicio objetivos y razonables para considerar que el Tribunal Primario al valorar las múltiples pruebas de cargo no se apartó de las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia; pues apreció las probanzas de manera conjunta, armónica e integral y razonadamente estimó resultan suficientes y eficientes para acreditar el delito atribuido así como la intervención culpable de la sentenciada en su comisión y, por consiguiente son aptas para desvirtuar la presunción de inocencia. En este orden de ideas, no resulta ilógica o irracional la conclusión del A quo respecto a la comisión del delito y la culpabilidad de la sentenciada, pues este Tribunal de Alzada constató que la sentencia condenatoria se fundamentó en una prueba de cargo plural —en número y naturaleza—; prueba que fue constitucional y legalmente obtenida y practicada; racionalmente valorada de forma conjunta e integral; de la cual se infiere válidamente tanto la comisión del hecho delictivo como la participación de la acusada; sin que existan elementos objetivos acreditados que permitan calificar de ilógico, irrazonable o insuficiente el razonamiento que conduce desde la prueba al hecho probado; resultando, por consiguiente, suficiente y eficiente para desvirtuar la presunción de inocencia y cimentar, más allá de toda duda razonable, la determinación de culpabilidad de la sentenciada.

En cuanto al agravio relativo al tema de la reparación del daño, sobre el que la sentenciada refirió que fue indebida su condena, al no quedar acreditado quiénes tenían derecho recibirla, en términos del artículo 40 del Código Penal en el Estado, existiendo incertidumbre jurídica al respecto, lo cual emerge infundado, dado que con independencia de quienes sean los derechosos, no se puede eximir de su pago al ser una pena de carácter público, por las siguientes razones. Obtener la reparación del daño, es un derecho fundamental que le asiste a la víctima u ofendido del delito conforme lo dispone la fracción IV, Apartado C, del artículo 20 de nuestra Carta Magna; tiene el carácter de pena pública y se exigirá de oficio por el Ministerio Público, siendo obligación de los responsables del delito cubrir el importe de dicha reparación, la cual debe ser integral y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida por la víctima u ofendido, según mandatan los artículos 36, 39 y 43 del Código Penal para el Estado de Sinaloa en vigor. El monto de la reparación del daño material y moral, conforme lo dispone el artículo 44 del Código Penal invocado, será fijada por el Juzgador según el daño que sea preciso reparar, de acuerdo a las pruebas obtenidas en el procedimiento penal, valoradas libre, lógica y racionalmente. Ahora bien, el pago de dicho monto se enterará a los derechosos en el orden preferencial dispuesto en el artículo 40 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, y se hará efectivo conforme a lo dispuesto en el artículo 47 del mismo ordenamiento. En el caso concreto, de la sentencia escrita se advierte que el Juez sentenciador conforme a las reglas aplicables emitió la condena a dicha sanción pecuniaria, sin violar, a juicio de este Tribunal de Alzada, ninguna regla de la lógica, de las máximas de la experiencia ni de los conocimientos científicos, y el pago se hará efectivo conforme a las disposiciones de ejecución de la sentencia. Por consiguiente, de manera alguna la eventual falta de individualización de la persona concreta titular de la acción reparadora puede llevar a la absolución del pago obligado, pues en ejecución de la sentencia se cubrirá la reparación del daño a quien acredite jurídicamente tener derecho a ello, en el orden de preferencia estatuido en el invocado numeral 40 de nuestro Código Punitivo vigente.

Al valorar la imputación de la persona víctima menor de edad, en el caso que nos ocupa, atendiendo al interés superior del niño y en virtud de que la víctima forma parte de un grupo vulnerable, resulta procedente, como lo sostuvo el Tribunal de Enjuiciamiento, concederle valor probatorio suficiente para tener por demostrada la responsabilidad del acusado de referencia, vinculándolos con el resto del material probatorio. Ello, habida cuenta que el artículo 4o, párrafo noveno, primera parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: «…En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos…». De igual forma, el artículo 3, numeral 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño señala: «…En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño...». Bajo ese contexto y atentos a que el principio del interés superior de la niñez debe observarse y respetarse en todo procedimiento de carácter penal, cuando en éste tenga intervención una persona menor de edad víctima del delito, en tanto que forma parte de un grupo vulnerable, se colige que su dicho es susceptible de ser valorado preponderantemente, con perspectiva de género, tanto para acreditar el delito como para demostrar la plena responsabilidad del sujeto activo en su comisión; sobre todo, cuando el injusto cometido es de aquéllos que, por lo general, se perpetran en ausencia de testigos, procurándose impunidad, como en el caso, fue la corrupción de la menor. Aunado a lo anterior, se aplica una perspectiva de género al estar en presencia de una mujer menor de edad en situación de violencia y vulnerabilidad en la cual la colocó su propio padre, a quien la menor le tenía temor por su conducta agresiva y respecto del cual se encontraba en una relación de subordinación padre-hija, por lo cual debe dimensionarse con preponderancia que en esas circunstancias la menor ofendida haya declarado en la audiencia de juicio oral y narrado los hechos frente a su victimario sosteniendo sus señalamientos, encontrando éstos respaldo en el resto del material probatorio. Razón la aquí expuesta para tener por razonable la valoración realizada por el A quo del testimonio inculpatorio de la menor víctima en contra del acusado. En ese tenor, se aprecia valorada en sana crítica en apego a la lógica y las máximas de la experiencia, con valor probatorio preponderante la imputación de la menor víctima, para quedar demostrada la responsabilidad penal del acusado en términos del artículo 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente.

Resulta razonable que la imputación jurídica de la persona menor de edad ofendida fuera adminiculada por el A quo en apego a la lógica y las máximas de la experiencia, con las testimoniales de la madre de la pasivo y de cuatro personas más, quienes, en lo sustancial, describieron haber tenido conocimiento directo por parte de la víctima del delito, de los actos ejecutados por el justiciable. Testimonios que el Juez de primer grado razonablemente calificó de eficaces para corroborar el dicho de la menor víctima en juicio oral, sin que por otra parte, se haya demostrado que los atestantes tuvieran algún motivo de animadversión en contra del enjuiciado, otorgándoseles por el Tribunal de Enjuiciamiento valor indiciario en términos del artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente, decisión que emerge fundada en apego a los lineamientos procesales, al tratarse de testigos cuyo conocimiento del evento delictuoso es referencia directa de quien los sufriera llanamente, sin que dicha circunstancia como lo pretende la Defensa del inculpado, pueda mermar la valoración otorgada por el Juzgador, máxime que tratándose de delitos de naturaleza sexual, se procura la ausencia de testigos presenciales, como en el caso que nos ocupa. Probanzas que atendiendo a la naturaleza del ilícito que se estudia, con sustrato sexual, se consuman en ausencia de testigos, lo cual los hace refractarios a la prueba directa, por lo que la declaración de la víctima con perspectiva de género tiene especial relevancia probatoria y merece un valor preponderante, en contraposición a lo alegado por el agravista. Además, el Código Nacional de Procedimientos Penales vigente no exige un quantum probatorio, sino una valoración libre, atendiendo a la sana crítica, en base a las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica y los conocimientos científicos.

De la lectura de lo declarado ministerialmente por el menor coacusado, se advierte que su narrativa es clara, precisa y sin dudas, al incriminar directamente al aquí inculpado como responsable de los hechos imputados, al decir que junto con él, previo acuerdo para robarle privaron de la vida a la víctima, sin que se advierta falso ni parcial, pues señaló el motivo de su presentación y porqué le constaban los hechos, así como dio las razones de su presencia en el lugar, datos que se encuentran corroborados con otros indicios en la causa; observándose que narró cronológica y pormenorizadamente desde la preparación del hecho hasta la ejecución del mismo, detallando las particularidades que lo rodearon, siendo: cómo contactaron a la víctima y los motivos por los qué lo hicieron —incluso señaló que el aquí encausado iba provisto de un arma de fuego—; el horario y los lugares a los que se trasladaron hasta llegar a donde se perpetró la muerte; las circunstancias que imperaron con anterioridad a ésta; la resistencia del pasivo de entregarles el dinero que le pedían y que derivado de ello, el inculpado le disparó en dos ocasiones para enseguida apoderarse de todo el efectivo y objetos personales que portaba el ya entonces occiso; las actividades que posteriormente realizaron para subir el cuerpo de la víctima al vehículo propiedad del mismo y la limpieza del sitio; el trayecto del traslado del cadáver hasta el lugar donde lo abandonaron y fue encontrado; que siguieron con su persistencia de apoderarse de objetos propiedad del occiso, por lo cual se trasladaron en su propia camioneta a su domicilio abriéndolo con las llaves que le quitaron, donde al llegar se sorprendieron al no encontrarlo solo, y en consecuencia interactuaron con los familiares del victimado, incluso por cuestionamientos del hijo de éste se fueron. Sin que trascienda, como se determinó en la sentencia apelada, que el menor modificó ante el Juez su primer versión de los hechos, respecto al señalamiento que hizo en contra el aquí acusado, ya que esa versión posterior no es creíble —y por consiguiente resulta inatendible— pues se advierte como un mero y burdo ardid defensista para tratar de ayudar al aquí sentenciado a evadir su responsabilidad en el ilí- cito; ya que, entre otros aspectos que se valoran infra, mostró un evidente interés de favorecer al enjuiciado al hacer expreso énfasis “el NOEL es inocente”(sic) en diversas diligencias judiciales. Evidenciado que el interés que lo movía no era precisamente contribuir al esclarecimiento de los hechos, sino favorecer la situación jurídica de su amigo y fuera declarado “inocente”. Además de que el menor se contradijo en sus deposiciones judiciales, no existen en el sumario probanzas idóneas que respalden los argumentos vagos que dio para justificar su cambio de postura al decir que fue obligado para aceptar tanto su intervención como la del acusado en los hechos, pues en autos no existe ningún indicio que confirme esa versión. Por el contrario, como antes se evidenció, después de su pormenorizada declaración de los hechos previos, concomitantes y posteriores a la privación de la vida de la víctima —que únicamente puede verter con tanto detalle habiéndolos vivido directamente—, su Defensor le preguntó expresamente “si fue presionado para declarar de la forma en que lo viene manifestando”(sic) a lo cual en forma clara y sin reticencia alguna respondió: “que nadie me presionó ni me obligó a declarar porque así fueron los hechos” (sic); ratificando todo lo declarado ministerialmente, para constancia de lo cual estampó su firma y huella digital, avalando lo por él declarado. Así las cosas, bajo un estándar de razonabilidad más que justificada, es lógica la determinación de inatendibilidad de la versión posterior del coacusado argumentando fue presionado para emitir su declaración ministe rial en los términos que lo hizo, pues ante la autoridad investida de fe pública, expresamente a pregunta de su Defensor manifestó que: “nadie me presionó ni me obligó a declarar”(sic); además se dio fe por el Agente de la Representación Social que “no presentaba lesiones recientes”(sic) ni “refiere dolores en ninguna parte de su cuerpo”(sic), lo que viene a desvirtuar totalmente su unilateral cambio de versión. Máxime que la declaración ministerial del menor coacusado tiene mayor credibilidad dado que fue realizada espontáneamente, tan sólo unos días después de los hechos, sin tiempo de reflexionar sobre la conveniencia de modificarlos y además, se encuentra plenamente corroborada en sus diversos segmentos con el resto del material probatorio, como se evidencia en esta Ejecutoria.

Juzgando con perspectiva de género, es válido concluir que el hecho de que previamente se hubieran sostenido relaciones sexuales consentidas por la víctima no desvirtúa el delito de violación, al imponer posteriormente cópula a la víctima en un entorno en el cual el acusado instantes antes la había golpeado en diversas partes de su cuerpo y amenazado con causarle más daño, en razón de que no es dable suponer que el haber estado de acuerdo en ocasión previa signifique una expresión de consentimiento para siempre, lo cual es contrario a la libertad de la persona y a su capacidad de discernir y decidir en cada una de sus acciones, con independencia a lo que se haya decidido en ocasión anterior.

Las opiniones periciales corroboran el dicho de la víctima en cuanto a las lesiones que presentaba, que expone se las provocó el acusado al golpearla con los puños después de que éste le revisó su teléfono celular y le encontró mensajes con contactos con hombres, al tiempo que le gritaba que era una puta, que se merecía esos golpes, entre otras cosas, y que posteriormente la obligó a tener relaciones sexuales sin su consentimiento y mediante el uso de violencia moral, pues de su narrativa se desprende que ella se encontraba atemorizada, adolorida y llorando por los golpes que le había dado en diferentes partes de su cuerpo, aun así pretendió oponerse diciéndole que no quería, cerrando las piernas, pero el acusado se las abrió y la penetró vía vaginal, para lo cual le quitó las mallas y ropa interior que traía puestos. Ahora, juzgando con perspectiva de género, la circunstancia de que la víctima no haya presentado lesiones mayores a las que hace referencia el agravista, en nada beneficia al sentenciado, ya que ello no significa que no le haya sido impuesta la cópula vía vaginal el día de los hechos, pues la opinión expuesta del perito médico legista determinó con bases científicas que la víctima si presentó lesiones en diversas partes de su cuerpo y desgarre en la región vaginal, sin que por el otro lado el tipo penal de violación requiera para su actualización el que se produzcan lesiones, o que éstas sean de cierto tipo o grado, o en otras partes del cuerpo.

Desde una perspectiva de género, la mujer tiene actualmente derecho al libre desarrollo de su sexualidad, por lo cual el tipo penal del delito de violación no requiere para su actualización que la víctima realice ciertos actos de resistencia a la acción sexual, bastando en un entorno de intimidación, su negativa a sostener relaciones, para establecer que no dio su libre consentimiento para la cópula que le fue impuesta.

De lo expuesto en la sentencia alzada, se advierte que la valoración de las pruebas fue realizada objetivamente por el Juez de Juicio Oral, y no de manera dogmática, pues contrario a lo esgrimido por el inconforme, el de Origen sí explicó el por qué le daba valor probatorio a las pruebas ofertadas por el órgano acusador, ya que del análisis de los audiovisuales que contienen el desarrollo de la audiencia respectiva, se advierte que las mismas fueron estimadas al tenor de la fracción segunda, del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los numerales 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues al valorarlas el Juzgador realiza una operación intelectual de manera lógica y natural, de acuerdo a una combinación de criterios lógicos y de los conocimientos científicos afianzados; porque al resolver, escuchó a las partes, calificando de manera objetiva la narrativa de los hechos penalmente relevantes, sopesándolos con las probanzas ofertadas a instancia de la institución investigadora y la racionalidad de los argumentos expresados por la defensa, uniendo de esta manera la lógica y la experticia, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento a través de procesos sensibles para la correcta apreciación de los hechos, exponiendo cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica de su decisión, observando de la misma manera los principios generales y procesales contenidos tanto en Tratados Internacionales firmados por el Gobierno Mexicano, la Ley Fundamental, así como el Código Procesal de la Materia mismos que garantizan la protección de los derechos humanos de los intervinientes; por lo que esta Sala considera que la actuación del órgano jurisdiccional de Primera Instancia no irroga agravio alguno a los intereses jurídicos del sentenciado representados por la defensa.

En el caso que nos ocupa, es innecesario ordenar nuevamente la ratificación de dictámenes periciales, pues además de que así lo solicitó el Defensor del sentenciado en sus agravios al considerar ello un perjuicio en contra de su defendido, esta determinación no afecta derechos fundamentales del enjuiciado, pues ello resulta irrelevante puesto que de los mismos no emergen datos incriminatorios en contra del sentenciado, además que ya fueron excluidos de valoración; sin que ello trascienda al fallo, pues con el resto del material probatorio analizado —fes ministeriales, informes policiales, declaraciones ministeriales y judiciales de los testigos y del acusado— se acredita plenamente el delito y su comisión por el sentenciado, tal como se razona y valora en el curso de la resolución. Y en todo caso, lo innecesario de la reposición del procedimiento para subsanar vicios formales, se deriva de que a ningún fin practico conduciría ordenar la reposición al no generar consecuencias procesales, pues los dictámenes no ratificados fueron excluidos y no tomados en cuenta como indicio de cargo; y contrariamente, como se expuso en el pliego de agravios por parte del Defensor del sentenciado, con dicha reposición sólo se incidiría en perjuicio de su derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia que se consagra en el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Sin soslayar, que los dictámenes que no fueron ratificados por ninguno de los peritos oficiales, en plenitud de jurisdicción, este Tribunal de Alzada los excluyó de valoración, esto es, no les atribuyó ningún valor probatorio a lo en ellos determinado, de tal suerte que, al no tener efecto alguno, jurídicamente es como si no existieran.

De la interpretación funcional y sistemática de los artículos 252 fracción IV y 269 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que durante la investigación el Ministerio Público e incluso la Policía, podrán, entre otras acciones, solicitar a cualquier persona la aportación voluntaria de muestras biológicas, fluido corporal, vello o cabello u otros análogos —aliento—, u obtener imágenes internas o externas de alguna parte de su cuerpo; siendo la única obligación de dichas autoridades, que la extracción o proporción de muestras no impliquen riesgos a la salud y la dignidad de la persona, así como informar al interesado el motivo de su aportación y el derecho que tiene a negarse a proporcionarla, sin que por otro lado, se establezca en la norma que tales circunstancias deban ser plasmadas en un documento. Esto es, la norma procesal penal no exige que la persona a la que se le solicita proporcione la muestra de aliento, otorgue su consentimiento o plasme su voluntad por escrito, como lo alega el Defensor del encausado, al tratarse precisamente de una aportación voluntaria —derivado de que la mecánica de obtención de ese tipo de muestra implica necesariamente la participación activa de la persona, realizando una exhalación mantenida durante un lapso, lo cual sólo es factible teniendo la cooperación voluntaria del individuo—, infiriéndose lógicamente que la muestra de aliento del imputado no pudo ser extraída en contra de su voluntad, pues de no haber querido proporcionarla no lo hubiera hecho. Por lo que se colige fue proporcionada en forma voluntaria, luego entonces, también jurídicamente puede presumirse que fue informado del motivo de dicha aportación y su derecho a no facilitarla.

Atentos a lo razonado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo Directo en Revisión 901/2015 , en el sentido que no se vulnera al derecho de defensa adecuada si durante una indagatoria se extraen al inculpado muestras biológicas sin la asistencia de un Defensor oficial o particular, toda vez que el Ministerio Público y sus auxiliares pueden recolectar evidencia con pleno respeto a los derechos humanos, pero de una forma conveniente y práctica, ya que la obtención de pruebas biológicas no se relaciona ni vulnera el derecho de defensa, pues lo que se pretende determinar, mediante una evidencia científica, es si el imputado consumió o no determinadas sustancias y su nivel de intoxicación. Asimismo, en dicho asunto, el Tribunal Pleno determinó que las pruebas de carácter técnico que se toman en cualquier proceso de esta naturaleza, son parte del procedimiento y del protocolo de actuación que tiene que llevar a cabo el propio Agente del Ministerio Público y de alguna manera, el personal auxiliar, como los médicos, químicos, etcétera, que son precisamente auxiliares en la administración de justicia y al ser peritos tienen la presunción de imparcialidad. De igual forma, el Pleno del Máximo Tribunal estableció que habría una violación al derecho de debida defensa si no se le permitiera al Abogado o al inculpado tener esa evidencia para poder hacer prueba en contrario que la desvirtúe; no obstante, en la toma de la muestra biológica por los servicios periciales, el hecho de que no estuviese presente un Abogado titulado, no tiene por qué afectar la validez de la prueba. Concluyendo nuestra Máxima Corte, que “no es violatorio del derecho de defensa adecuada del inculpado no haber sido asistido por su defensor, sea Abogado o persona de su confianza, para la toma de una muestra biológica”. En esa tesitura, en el caso concreto, a la luz de los argumentos antes aludidos, no se vulneró derecho humano alguno, ni se afectó en forma alguna la garantía de defensa adecuada del acusado, al haberse efectuado la prueba de alcoholemia sin que estuviera presente su Abogado, de ahí que no le asiste la razón jurídica a la Defensa cuando arguyen que la muestra proporcionada para la realización de la aludida prueba, su resultado y los exámenes periciales derivados del mismo, correspondía declararlos ilícitos, y que por ende no debían tomarse en cuenta para sustentar la condena al inculpado; en virtud de que el agente del Ministerio Público actuó en ejercicio de sus facultades de investigación, sin que por otra parte se desprenda de las constancias que conforman la causa, que durante el lapso que el justiciable no estuvo asistido de Abogado, hubiera mostrado oposición en proporcionar la prueba o bien que fue obligado a ello, lo cual se encuentra contradicho, como lo argumentó la Jueza de origen, por la declaración del Médico legista en el sentido de haber recabado previamente la autorización del inculpado para realizar la prueba, lo cual que encuentra respaldo, contrario a lo sostenido por los agravistas, en la evidente participación activa del inculpado cooperando al realizar exhalaciones sostenidas de aliento durante al menos siete segundos, colaboración que denota su anuencia, como antes se valoró. Lo antepuesto, máxime que se trata de obtención de evidencia posterior a la detención en control preventivo, tomando en cuenta que por las características especiales de ciertas pruebas, no pueden recabarse con la misma efectividad o contundencia con el transcurso del tiempo, ya que ello las altera o las hace desaparecer. Tal es el caso de la prueba de alcoholemia, para determinar el grado de intoxicación por consumo de alcohol; debiendo atenderse a la justificación constitucional de la presencia de un Abogado durante una investigación penal, como la de asistir a la persona imputada para no auto incriminarse, o responder a cuestionamientos policiales o ministeriales, no así para la obtención de muestras o pruebas biológicas, puesto que con ello sólo se pretende determinar, mediante una prueba científica, si el imputado consumió o no determinadas sustancias, existiendo a la postre, diversas disposiciones legales y reglamentarias, de índole penal y administrativa, que obligan a una persona a entregar muestras corporales, máxime que no incide la presencia de un Abogado o persona de confianza que no es perito en la materia de obtención de muestras biológicas, por lo cual su asistencia a la persona imputada en el momento de la extracción de la muestra o ejecución de la prueba respectiva, no impactaría realmente en su derecho a la no autoincriminación. En ilación de lo anterior, se considera infundado por lo tanto inoperante el concepto de invalidez de pruebas en la parte relativa a que se tomaron muestras, sin que el acusado estuviera asistido por un Abogado defensor, puesto que al analizar la prueba de alcoholemia y los diversos dictámenes que le fueron practicados —toxicológico de abuso de alcohol y drogas— la Jueza de sentencia razonablemente llegó a la convicción de que el sentenciado, el día de los hechos, presentó primer grado de ebriedad, por lo que el hecho de que hubiera estado presente un Abogado defensor o no, no invalida el procedimiento, dado que, como lo sostuvo el Pleno de la Corte al resolver el amparo citado, las pruebas de carácter técnico que se toman en cualquier proceso de esta naturaleza son parte del protocolo de actuación de los Agentes del Ministerio Público y de su personal auxiliar —médicos, químicos, etcétera—, constituyendo igualmente dichas acciones no sólo una facultad del Órgano Ministerial integrador, sino una obligación consistente en ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión; aunado a que si la muestra o el resultado de ésta tuviera algún vicio o fuera contraria a los conocimientos científicos avanzados, existe la posibilidad de presentar prueba en contrario, lo que en el presente caso no sucedió.

Conforme a lo mandatado por el artículo 252 fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, únicamente se requerirá autorización de carácter judicial —Juez de Control—, cuando quien debe proporcionar una muestra biológica de fluido corporal, vello o cabello, sangre u otros análogos se negara a hacerlo, lo que no ocurrió en la especie. En efecto, en el caso concreto que nos ocupa, no se infiere de las constancias procesales la oposición por parte del procesado en la etapa de investigación, para que la muestra de alcoholemia le fuera tomada, pues contrariamente a lo que argumentan sus Defensores, aun y cuando el acusado haya manifestado —en audiencia de juicio— no haber otorgado su consentimiento para la realización de la prueba aludida, su negativa se desvirtúa al atender la naturaleza de la muestra y la mecánica indispensable para su obtención, al tratarse de una muestra de aliento. Conforme al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la palabra «aliento» tiene entre sus significados los siguientes: «Aire que se expulsa al respirar» y «Emanación, exhalación»; por su parte «exhalación» es «Acción y efecto de exhalar o exhalarse» y «vapor o vaho que un cuerpo echa de si por evaporación»; y exhalar significa «Despedir gases, vapores u olores». Así, atendiendo a su significado gramatical, «aliento» es la exhalación bucal de aire, gases o vapores que el cuerpo humano echa de sí. Para el caso subjúdice, la obtención de la muestra de aliento de una persona requiere que ésta realice una exhalación bucal de aire de cierta intensidad y duración. Es decir, para que el estudio de alcoholemia se llevara a cabo, en el lógico acaecer de las cosas, como resulta público y notorio, era estrictamente necesario que el inculpado proporcionara una muestra de aliento expirado, misma que corresponde a un flujo continuo de aliento; esto es, la persona a examinar debe llenar sus pulmones de aire y después soplar sostenidamente dentro de la boquilla del alcoholímetro. Mecánica de la que indubitablemente se colige que la persona que provee su muestra de aliento debe tener una participación netamente activa, por ende, no puede ser obligada de no quererlo, de lo que se colige la aceptación y la participación voluntarias de la persona en proporcionar la muestra, la cual resulta público y notorio tiene por objeto determinar si la persona ha ingerido alcohol. Sin desatender que la Jueza motivó que de la declaración del médico legista que realizó la prueba se obtiene que procedió a su realización “previo consentimiento del hoy acusado” pues el experto informó al Tribunal que para tomar la muestra de aliento “le pidió permiso para realizar la prueba de alcoholemia, para confirmar su estado como a cualquier persona lesionada y accedió fácilmente a la prueba”; concluyendo razonablemente la A quo, que “en su actitud de defensa el acusado con su solo dicho no desvirtúa este medio de convicción”. En ese contexto, resultan infundados los agravios hechos valer en ese sentido, pues considerar lo contrario nos llevaría a concluir que habiéndose negado el encausado a que se le efectuara dicha prueba, fue obligado a someterse a la misma, lo que a toda luces surge inverosímil dada la mecánica de proporcionar una muestra para la prueba de alcoholemia; máxime que no se vislumbra una oposición fehaciente por parte del inculpado a proporcionar la multirreferida muestra, pues de haberse negado, como lo pretende establecer el Defensor, bastaba con que no participara en la misma para que ésta no se llevara a cabo, pues bajo ninguna circunstancia se puede obligar a una persona a través de otra, a extraer aire de sus pulmones de forma continua y sostenida durante al menos un lapso de siete segundos; lapso que se deriva de la opinión técnica del médico que la practicó.

Una declaración ministerial que se rindió libre y espontáneamente, resulta atendible como prueba de cargo, pues se vertió ante una autoridad constitucionalmente facultada para recibirla, dotada de fe pública y regida por el principio de buena fe, contando el declarante en su deposición con la asistencia jurídica de su Defensor, quien incluso le formuló preguntas, contestándolas el deponente de viva voz y a la número dos en el sentido que dijera “si fue presionado para declarar de la forma en que lo viene manifestando ante esta agencia social”, contestó enfáticamente: “que nadie me presionó ni me obligó a declarar porque así fueron los hechos”(- sic). Asentándose en el acta de la diligencia ministerial, que, ratificó todo lo expuesto en su declaración ministerial “previa lectura que se le dio en voz alta al acta levantada y para constancia firma y estampa su huella digital”; firma y huella que se constata efectivamente están insertas al fin del acta, al igual que el nombre y la firma autógrafa de su Defensor, que lo asistió en la diligencia. Así las cosas, bajo un estándar de razonabilidad más que justificada, la determinación de inatendibilidad de la versión posterior del coacusado argumentando fue presionado para emitir su declaración ministerial en los términos que lo hizo, pues ante la autoridad investida de fe pública, expresamente a pregunta de su Defensor manifestó que: “nadie me presionó ni me obligó a declarar”; además se dio fe por el Agente de la Representación Social que “no presentaba lesiones recientes”, ni “refiere dolores en ninguna parte de su cuerpo”, lo que viene a desvirtuar totalmente su unilateral cambio de versión. Tercera Sala. Toca: 158/2017. Magistrado ponente: José Antonio García Becerra. Fecha de la ejecutoria: 10 de agosto de 2017. HOMICIDIO POR CULPA GRAVE. LA ACTUALIZACIÓN DEL TIPO PENAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 144 DEL CÓDIGO PENAL LOCAL, NO REQUIERE QUE SE ACREDITE LA VELOCIDAD EXCESIVA EXACTA NI UN GRADO DE EBRIEDAD DETERMINADO, SINO ÚNICAMENTE SE PRUEBE QUE EL ACTIVO CONDUCÍA UN VEHÍCULO BAJO EL INFLUJO DE SUSTANCIAS QUE AFECTAN SU ADECUADA CONDUCCIÓN. El tipo penal de homicidio por culpa grave previsto en el artículo 144 de Código Penal para el Estado de Sinaloa que nos rige, no exige para su configuración el que el activo condujera su unidad a exceso de velocidad, sino que su actualización requiere que el imputado conduzca un vehículo bajo el influjo de sustancias que afectan su adecuada conducción, lo cual la Jueza tuvo razonablemente por acreditado que sucedió, pues el hoy sentenciado conducía su unidad automotriz encontrándose bajo el influjo del alcohol con un primer grado de ebriedad, lo cual atentos a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y a los conocimientos científicos, afecta su capacidad de conducir adecuadamente el vehículo que piloteaba; falta de debido cuidado que propició perdiera el control de la unidad y arrollara a personas que incluso se encontraban fuera del área de rodamiento por la que circulaba en su vehículo. Conducta imprudente —conducir encontrándose bajo el influjo del alcohol, con ebriedad de primer grado— que al causar la muerte de dos personas encuadra indubitadamente en la típica de homicidio por culpa grave antes señalada. En efecto, en el caso en estudio quedó fehaciente e indubitablemente probado que la causa determinante del resultado típico dañoso lo fue la inobservancia del deber de cuidado atribuible al imputado, pues al haber conducido rebasando los límites de velocidad permitidos —a exceso de velocidad— y bajo los influjos del alcohol —con ebriedad de primer grado, perturbando su capacidad para conducir adecuadamente—, propició perdiera el control de la unidad motriz, impactándose contra la humanidad de las hoy víctimas quienes se encontraban en los patios frontales de un domicilio particular, en virtud de lo cual perdieron la vida; pues contrario sensu, de haber el activo respetado los límites de velocidad permitida y no haber conducido bajo los efectos del alcohol, la colisión a que se contrae la presente causa no hubiera acontecido, concluyéndose así, que la causa generadora del ilícito que nos ocupa lo fue el actuar imprudente del sentenciado.

La fracción IV del artículo 134 Bis del Código Penal para el Estado de Sinaloa define como razones de género, para efectos del feminicidio, cuando existan datos de prueba que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Lo anterior nos indica que el legislador ha identificado a dichos actos o hechos como algunos de los supuestos que, de acreditarse, denotarán que la privación de la vida de la mujer se efectuó por razón de género. Por tanto, si en la causa se demostró plenamente que el sujeto activo de forma consuetudinaria maltrataba a la víctima, la agredía en forma física y verbal, le prohibía salir de su domicilio y le obligaba a comportarse de acuerdo a su idiosincrasia de cónyuge-dueño, dichas acciones configuran las amenazas, acoso, violencia o lesiones a que se refiere la citada fracción del artículo 134 Bis. En conclusión, con dichos elementos probatorios se acredita la razón de género para efectos del feminicidio.

El artículo 6.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece la obligación estatal de garantizar su supervivencia y desarrollo en la máxima medida posible. A su vez, el artículo 38 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa reconoce su derecho a vivir en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. En consecuencia, si un niño es víctima indirecta del delito de feminicidio perpetrado en contra de su progenitora, de cuyo hecho fue testigo presencial, el Estado cuenta con la obligación de garantizar su desarrollo, bienestar y crecimiento en las condiciones previstas por el artículo 38 citado. Para ello, se deben apreciar los efectos negativos que pudieron ocasionarse a su persona, mismos que se derivan de las siguientes circunstancias: El parentesco con la víctima indirecta; la edad del niño; y la cercanía del sujeto activo al entorno familiar. Por tanto, resulta fundamental que el órgano jurisdiccional ordene medidas de protección a favor del niño, con la finalidad de garantizar, en la máxima medida posible, su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, en cada uno de los aspectos que indica la ley.

Ante la existencia de dos declaraciones de la misma persona que resultan contradictorias entre sí y que impliquen una retractación — rectificación— posterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Amparo en Revisión 913/2015, ha señalado que «los órganos jurisdiccionales deben analizar y ponderar rigurosamente esa retractación», pues «aquello que la persona inculpada dice ante un juez debe ser tomado con toda seriedad»; sosteniendo, en relación a la retractación —rectificación—, que, en su caso, para «llegar a la convicción de que ese dicho está debidamente refutado por el resto del material probatorio, se necesita argumentación y motivación. Por ello, el principio de inmediatez procesal de ninguna manera puede entenderse en el sentido de que exime al juzgador de explicar sus convicciones razonadamente». Igualmente, en la Ejecutoria del Amparo Directo 78/2012, nuestra Corte Suprema sostuvo, que en la valoración que hace el Juzgador de la testimonial «también debe realizarse un ejercicio de confrontación con las declaraciones de otros testigos y, en caso de que no sea la primera declaración del testigo, es importante comparar tales manifestaciones con las que hubiese realizado con anterioridad»; confrontación entre las testimoniales que «se encuentra sujeta al denominado principio de inmediatez», mismo «que no implica que deba darse mayor crédito al testimonio de la persona que declara antes, sino que entre dos declaraciones emitidas por una misma persona, merece crédito preferente la primera en tiempo». Explicitando en esta última Ejecutoria, en torno al principio de inmediatez, que en base al mismo «por regla general se tendrá que dar mayor crédi to a la primera declaración de una persona, sin que ello implique una regla estricta o que no admita solución en contrario, ya que la determinación que se haga en el caso en concreto, dependerá del análisis que el juzgador realice de las circunstancias que de forma particular concurran en el asunto». Debiendo el Juzgador «confrontar ambas testimoniales (es decir, la rendida en un primer momento y la rectificación que sobre la misma se hubiese realizado), a efecto de valorar cuál de ellas es más verosímil, ello acorde al resto de elementos de convicción que constan en el expediente, a la actitud y narración del testigo en ambas declaraciones, a los factores externos e internos que hubiesen podido influir en uno u otro momento, y al tiempo transcurrido entre una declaración y la otra, esto es, entre mayor sea el tiempo transcurrido entre las testimoniales, la preferencia que se otorgue a la primera declaración también aumentará, pues debido a que, como ya se indicó, el testigo capta los sucesos de forma circunstancial y fugaz, por regla general sus dichos tendrán un mayor asidero en la realidad en tanto más cercanos sean –en un aspecto temporal– a los hechos que los originaron […]El principio de inmediatez aplicado a las testimoniales no es más que un reflejo de lo anterior, esto es, que se realice un análisis de razonabilidad y pertinencia en torno al cúmulo probatorio, a efecto de poder concluir si en base al mismo es posible extraer la responsabilidad penal del acusado». Concluyendo nuestra Alta Corte, en la Ejecutoria 78/2012 invocada: «Es por ello que en el supuesto de que una persona rinda varias declaraciones, el juzgador deberá emprender un análisis conjunto de las mismas, pues en el caso de que éstas sean discordantes se tendrá que elegir el escenario más verosímil, ello acorde a los parámetros indicados en los párrafos precedentes».

Como resulta de explorado Derecho, en la justipreciación de la prueba testimonial rige un sistema de libre apreciación en sana crítica, en el cual el arbitrio judicial en la valoración de las pruebas está sujeto a la observancia de las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia y supone una apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios o datos de convicción que obran en el expediente, a través de un ejercicio de ponderación de todo el acervo probatorio. En virtud de ello, ante la existencia de dos declaraciones de la misma persona que resultan contradictorias entre sí, el Juzgador está obligado a realizar un ejercicio de ponderación de estas declaraciones opuestas tanto en relación a la congruencia interna de cada una de ellas, como respecto del respaldo que se obtenga de su adminiculación con el resto del caudal probatorio, para llegar a una decisión fundada en torno a cuál de ellas, por sus méritos internos y externos, debe prevalecer. Esto es, se determinará cuál declaración —la primera o la posterior— es jurídicamente atendible, considerando sus méritos intrínsecos —claridad, precisión, coherencia, no contradicción y racionalidad interna del testimonio— y sus méritos externos, en base a su mejor articulación con los demás medios de convicción que obren en el sumario. Bajo estos parámetros, si en una primera declaración el imputado, el ofendido o el testigo ofrece una versión con datos incriminatorios con un relato claro, preciso, circunstanciado y congruente sobre los hechos delictivos que se pretende esclarecer y esos datos encuentran respaldo y corroboración en el resto del material probatorio, en tanto que en la deposición posterior cambia su versión modificando su relato inculpatorio, sin que esta nueva narrativa de los hechos encuentre apoyo idóneo en las diversas probanzas existentes en la causa, resulta lógico concluir que es válido que el Juzgador opte por la primera declaración en una correcta y completa comprensión del principio de inmediatez procesal.

Ante la existencia de dos declaraciones de la misma persona que resultan contradictorias entre sí y que impliquen una retractación —rectificación— posterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Amparo Directo 78/2012, sostuvo, que en la valoración que hace el Juzgador de la testimonial «también debe realizarse un ejercicio de confrontación con las declaraciones de otros testigos y, en caso de que no sea la primera declaración del testigo, es importante comparar tales manifestaciones con las que hubiese realizado con anterioridad»; confrontación entre las testimoniales que «se encuentra sujeta al denominado principio de inmediatez», mismo «que no implica que deba darse mayor crédito al testimonio de la persona que declara antes, sino que entre dos declaraciones emitidas por una misma persona, merece crédito preferente la primera en tiempo». Explicitando en esta Ejecutoria, en torno al principio de inmediatez, que en base al mismo «por regla general se tendrá que dar mayor crédito a la primera declaración de una persona, sin que ello implique una regla estricta o que no admita solución en contrario, ya que la determinación que se haga en el caso en concreto, dependerá del análisis que el juzgador realice de las circunstancias que de forma particular concurran en el asunto». Con sustento en estos parámetros, resulta lógico concluir que es válido que el Juzgador opte por la primera declaración en una correcta y completa comprensión del principio de inmediatez procesal, el cual no se limita ni depende exclusivamente de la temporalidad o prelación en orden cronológico estricto, sino que, además, se complementa con el factor imprescindible de que esas primeras versiones del declarante, en su adminiculación con el resto del caudal probatorio, se encuentren corroboradas. En este contexto, en el análisis riguroso y prudente ponderación de dos versiones sobre los mismos hechos, una que afirma y otra que niega, a partir de un raciocinio lógico, es jurídicamente correcto optar por la primera declaración, máxime cuando se encuentra confirmada con otras pruebas, a diferencia de la segunda que además de estar aislada se encuentra debidamente refutada con el resto del material probatorio, independientemente de la etapa procedimental en que se hayan vertido, cuando ambas declaraciones hayan sido formuladas ante autoridades constitucionalmente facultadas para recibirlas. Valoración de la prueba testimonial la anterior, que resulta ajustada a Derecho pues se están ponderando todas aquellas circunstancias que resultan en pro y en contra de las diversas declaraciones estimadas, razonando por qué se optó por el testimonio que por su lógica y conexión con las demás probanzas contribuía a esclarecer los hechos que se juzgan.

El artículo 75 del Código Penal para el Estado de Sinaloa establece los elementos a valorar para determinar la gravedad de la conducta típica y antijurídica. Entre ellos, encontramos el valor del bien jurídico y su grado de afectación en virtud de la magnitud del daño causado o del peligro en que éste fue colocado, las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, así como la calidad de la víctima u ofendido. Ahora bien, tratándose del delito de lesiones producidas por un hombre contra una mujer, el juzgador, como autoridad neutral en el derecho aplicable, debe buscar una resolución justa e igualitaria acorde con el contexto de desigualdad, en aras de suministrar justicia con perspectiva de género. Por otra parte, debe valorar las circunstancias fácticas en que se produjo el hecho concreto. Por tanto, si además de la situación contextual de desventaja, el activo laboraba como agente policiaco, utilizó un arma de fuego para golpear el rostro de la pasivo y realizó el acto en presencia del hijo, menor de edad, de la víctima, dichos elementos no pueden dejar de valorarse al momento de determinar el nivel de gravedad de la conducta.

El artículo 75 del Código Penal para el Estado de Sinaloa establece los elementos a valorar para determinar la gravedad de la conducta típica y antijurídica. Entre ellos, encontramos el valor del bien jurídico y su grado de afectación en virtud de la magnitud del daño causado o del peligro en que éste fue colocado, las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, así como la calidad de la víctima u ofendido. Ahora bien, tratándose del delito de violación agravada por haberse cometido por dos o más personas, encontramos que se produce un alto grado de afectación a un bien jurídico de especial importancia como lo es la libertad sexual. Además, si la víctima es una mujer, de condición humilde, dedicada a las labores del campo y con escasa ilustración, es de deducirse que su calidad refleja un alto grado de vulnerabilidad. Por tanto, el principio de igualdad y la perspectiva de género obligan al juzgador a valorar adecuadamente dichas situaciones fácticas para determinar la gravedad de la conducta.

En lo que respecta al agravio en el que se duelen los recurrentes de que se rebasó la acusación por el hecho de que desde su apreciación el delito de privación ilegal de la libertad, se debió de subsumir en el diverso delito de robo de vehículo, al ser un medio comisorio del mismo, resulta infundado. De una interpretación literal y funcional de los artículos 207 párrafo primero, en relación con el 205 fracciones II, III, IV y V, y del 164 fracción I, todos del actual Código Penal para el Estado de Sinaloa, se advierte que no es subsumible la conducta del delito de privación ilegal de la libertad en el delito de robo de vehículo calificado, puesto que ambos delitos son autónomos, con independencia de que el primero al inicio fuera el medio de consumación del segundo, porque la privación de libertad no sólo fue para despojar el vehículo afecto, sino se prolongó en el tiempo, por lo tanto se transgreden diversos bienes jurídicos tutelados por la norma penal, como son por una parte el patrimonio y por otra la libertad deambulatoria de las personas, circunstancias que confirman su autonomía. En consecuencia, contrariamente a lo argumentado por los recurrentes, quienes refieren que el tipo penal de privación ilegal de la libertad, al haber sido un medio comisorio para consumar del diverso delito de robo de vehículo calificado se debió subsumir en este último, tenemos que no es dable que pueda producirse dicha figura, puesto que en el caso se tratan de delitos autónomos y en consecuencia subsisten con independencia el uno del otro, al no ser factible su absorción. En efecto, para determinar si el delito de privación ilegal de la libertad, debe quedar o no subsumido en el diverso delito de robo de vehículo calificado, previstos en la normativa penal antes indicada, debe hacerse un análisis minucioso de los elementos que integran los aludidos preceptos. El artículo 164 fracción I, del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, prevé como requisito del delito de privación ilegal de la libertad, que el sujeto activo por medio de la violencia prive a otro de su libertad personal. En ese contexto, el ilícito tiene como características el privar de la libertad deambulatoria al pasivo. En cambio, para el delito de robo de vehículo, previsto en el preinvocado artículo 207 párrafo primero, consiste en la voluntad del sujeto activo de despojar de un bien al pasivo y si bien se pueda privar de la libertad a los pasivos momentáneamente durante el tiempo de ejecución del delito de robo de vehículo, tal privación debe ser momentánea y no prolongada. De lo anterior se colige, que el núcleo del tipo previsto en el artículo 164 fracción I, del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, es que el sujeto activo mediando violencia prive de la libertad a otro. Ahora, el núcleo del tipo previsto en el artículo 207 párrafo primero, del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, consiste necesariamente en que el sujeto activo disponga de un vehículo ajeno sin la autorización de quien legalmente pueda otorgarla. En ese orden de ideas, del contenido de los preceptos legales de mérito, se advierte que se trata de dos delitos distintos, con características y elementos propios y diversos entre sí, de manera que el delito de privación ilegal de la libertad difiere del diverso de robo de vehí- culo, desde el momento en que este último, se actualiza de forma instantánea al despojar de un vehículo al pasivo, y el primero tuvo su origen al momento de que se les restringió a los pasivos de su libertad deambulatoria por un lapso considerable, en consecuencia, como se vio, se transgreden diversos bienes jurídicos tutelados por la norma penal.

La sentencia reclamada fue dictada en un procedimiento penal de corte acusatorio adversarial predominantemente oral, acorde con la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho. El referido sistema procesal penal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VII, apartado A, del artículo 20 Constitucional, prevé medios alternativos de solución de conflicto, así como mecanismos de aceleración para concluir el proceso de forma anticipada, tales como el procedimiento abreviado previsto en los artículos 201, 202, 203 y 205 que integran el Capítulo IV del Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo es en el que fue dictada la sentencia recurrida. El procedimiento abreviado procede hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral, para su tramitación se requiere que el imputado admita el hecho que se le atribuya en la acusación y consienta la aplicación de dicho procedimiento; su sustanciación tiene lugar ante el Juez de control y no ante el Tribunal o Juez de Juicio oral. En ese tipo de procedimientos no está prevista una dilación probatoria, es decir, no se desahoga ninguna prueba ante el Juez de control, por tanto, la sentencia que dicte será con base en los datos de prueba recabados hasta la etapa inmediata anterior, es decir, en la etapa de investigación, así como con la acusación formulada por el Ministerio Público y la exposición que a manera de réplica o contra réplica realice el imputado o su defensa. Así pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 201 del ordenamiento adjetivo referido, en el procedimiento abreviado el Ministerio Público podrá formular su acusación y efectuar una exposición resumida de su acusación y de las actuaciones y diligencias de la investigación que la fundamenten; a continuación, el Juez de control dará la palabra a los demás intervinientes. En todo caso, la exposición final corresponderá siempre al acusado. Elementos de convicción que serán la base para la emisión de la sentencia.

Atentos al marco legal que rige el procedimiento abreviado — artículos 201 al 207 del Código Nacional de Procedimientos Penales— y a los principios de igualdad y de contradicción previstos en los artículos 6 y 10 del invocado ordenamiento procesal, habiendo el imputado de manera libre e informada, contando con la asistencia jurídica de su Defensora, aceptado en sede judicial en audiencia ante el Juez de Control, tanto su responsabilidad en los hechos como el ser juzgado y procesado en base a los datos de prueba en que se sustentó la acusación, no es jurídicamente factible que en una fase posterior pretenda desconocer los hechos previamente reconocidos, pues ello iría en contra del principio de seguridad jurídica.

En el caso a estudio, este Tribunal estima que los requisitos procedimentales previstos en la fracción VII del Apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 201 al 205 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la procedencia del procedimiento abreviado, fueron colmados y confirmados por el Juez de Control en la audiencia de procedencia y verificación respectiva. En efecto, de la visualización de las videograbaciones de dicha audiencia se obtiene indubitablemente que, contando con asistencia de su Defensora, los imputados sujetos a proceso, de manera libre, voluntaria e informada, opta ron por el procedimiento abreviado que contemplan los preceptos tanto constitucionales como legales invocados, por lo que aceptaron su participación en los hechos y pidieron que se resolviera su situación jurídica con los datos de prueba obrantes en la carpeta de investigación, renunciando así al juicio oral y con ello a ofrecer pruebas de su parte; lo que nos lleva a concluir que el derecho de contradicción fue respetado a los impetrantes y que fueron ellos quienes decidieron no hacerlo valer, por así convenir a sus intereses. Basta con imponerse del contenido integral de los discos ópticos que contienen la referida audiencia, para constatar que los aquí recurrentes sí estuvieron asesorados legalmente por su Defensora, Licenciada en Derecho, pues fue en presencia de ésta cuando se les cuestionó a los acusados por parte del Juez de Control que si se les había hecho saber sus derechos y que si estaban debidamente informados por su Defensora a lo que ambos respondieron que “si”, con posterioridad a ello se les cuestionó nuevamente que si tenían duda a lo que respondieron que “no”, ante la presencia de la Defensora y de los acusados se desglosaron cada uno de los hechos imputados por el Ministerio Público así como los datos de prueba en que sustentara su imputación; de igual forma, con posterioridad a lo anterior y en presencia de la defensa se les cuestionó respecto a que si estaban debidamente informados de las consecuencias de acceder al procedimiento abreviado a lo que respondieron que “si” y por último por consejo de su Defensora señalaron que no tenían más nada que declarar.

Los recurrentes manifestaron que no se les respetó el derecho a una adecuada defensa, argumento que también resulta infundado, pues basta con imponerse del contenido integral de los discos ópticos que contienen la audiencia relacionada con la apertura del procedimiento abreviado, para advertir que los recurrentes en todo momento se encontraron asistidos por un licenciado en derecho a quien se le encomendó su defensa, tratándose de una Defensora Pública que ejerce la profesión y que además, de acuerdo con las intervenciones que realizaron a lo largo de la causa penal de origen, se desprende que tiene los conocimientos técnicos requeridos para litigar en el sistema acusatorio oral cuyas reglas rigen en dicho procedimiento. Luego, considerando que en la audiencia dichos acusados se encontraban asistidos por un Defensor público, ante lo cual no hubo oposición expresa por parte de los acusados; además en la mencionada audiencia el Juzgador hizo el cuestionamiento a los aquí quejosos respecto a si se le habían hecho saber sus derechos y que si les informaron en que consiste el procedimiento abreviado, así como sus consecuencias, a lo que respondieron que sí. De lo anterior se evidencia que el Juzgador cumplió con esta obligación, al no obstruir su materialización y al asegurarse por todos los medios legales a su alcance que estén satisfechas las condiciones que posibiliten la defensa adecuada, sin que esto implique que el juez deba revisar la forma en que los defensores lleven a cabo su cometido.

En lo referente al concepto de agravio en el que los sentenciados se adolecen que no conocieron los nombres y datos personales de las víctimas por tener resguardo de identidad, situación que alegan los dejó en estado de indefensión, resulta del todo infundado y por lo tanto inoperante. En un análisis de la figura del resguardo de identidad, tenemos que la guarda de identidad de los declarantes es una figura procesal que se encuentra legalmente aceptada y reconocida en el sistema jurídico en el artículo 20, apartado C, fracción V Constitucional, que dispone que la víctima u ofendido tendrá derecho «Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. […]”. Por consiguiente, dicha figura resulta lícita al ser autorizada por la ley, aunado a lo anterior tenemos que a su vez es inoperante el concepto de agravio referido de que no se le reveló la identidad de los testigos por lo que se le dejó en estado de indefensión. Ello es así, puesto que independientemente de la identidad de los testigos, las imputaciones contra los recurrentes y sus términos y circunstancias, fueron hechas de su conocimiento y no afecta la defensa no conocer la identidad de los ofendidos porque lo que se juzgan son hechos cometidos y la afectación de personas, con independencia de su identidad. Sin que los tipos de robo de vehículo calificado y privación de la libertad personal requieran una cualificación personal de la víctima que hagan indispensable su individualización.

De las constancias procesales, la Sala aprecia que la determinación de la Jueza a quo de negar la concesión del aludido beneficio emerge fundada y motivada, en virtud de que adverso a lo alegado por el patrocinador del encausado y como se infiere del propio escrito de agravios, la Juzgadora de origen debidamente atendió el derecho que el enjuiciado hizo valer de contradecir los elementos de convicción existentes, pues tal y como lo aduce el propio recurrente, en la audiencia de Procedimiento Abreviado se le corrió traslado a la defensa con las copias certificadas de sentencias condenatorias dictadas en contra del acusado; extrayéndose del material video grabado de la audiencia respectiva, que la Jueza de Control hubo verificado a cabalidad la satisfacción de todos y cada uno de los requisitos que para la procedencia y verificación del Procedimiento Abreviado, establece en el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el cabal cumplimiento a los artículos 335 fracción X y 336 del Código Procesal Nacional que nos rige. Apreciándose de la analizada audiencia que el Defensor del justiciable tuvo entero conocimiento de la existencia de antecedentes penales en contra de su representado, con anterioridad a la celebración de la audiencia, como válidamente lo ponderara la Juzgadora Primaria, al inferirse de las constancias que conforman la causa y de la visualización óptica del disco versátil digital (dvd) que registra la audiencia, que al haberse efectuado la referencia de los elementos de convicción existentes en la causa por parte del Ministerio Público, se informó previamente de la existencia como datos de prueba del Informe policial emitido por los Agentes investigadores, quienes realizaron investigación y recabaron los antecedentes penales del acusado entre los que se mencionan diversas averiguaciones previas integradas y el número y datos de identificación del expediente seguido contra el acusado por delito patrimonial donde se dictó sentencia de condena que causó ejecutoria; así como de Informe y dictamen de antecedentes penales del sistema AFI, en el que se constatan los antecedentes antes referidos. Documentos de los que el Defensor tuvo conocimiento y acceso previo, pudiendo haber ofertado prueba en contra, lo que no aconteció. Coligiéndose por esta Sala, que contrario a lo argüido por el Defensor del sentenciado, el Agente del Ministerio Público expuso en tiempo y forma los elementos de convición que acreditaban los antecedentes penales del acusado, constituyendo las copias certificadas de las mencionadas sentencias únicamente un complemento de los informes de los antecedentes penales que previamente obraban en la carpeta de investigación y los cuales tuvo acceso el Defensor del inculpado, habiéndosele corrido traslado igualmente con dichas copias certificadas en la propia audiencia de Procedimiento Abreviado, por lo que estuvo en posibilidad de controvertirlos, con medios de prueba que vinieran a desvir tuarlas, lo que no ocurrió en la especie. Por otra parte, para que se proceda a la concesión del Beneficio de la Suspensión Condicional, deben satisfacerse los requisitos establecidos en el artículo 101 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, entre ellos, el que «sea la primera vez que el sentenciado incurre en un delito doloso». En tales condiciones en el presente caso se constata que resulta correcta la determinación de la Jueza de Control al no haberle concedido al sentenciado dicho beneficio; toda vez que se encuentra evidenciado que no es la primera vez que el acusado incurre en la comisión de un delito doloso.

Por otra parte, contrario a lo argumentado por los agravistas, en cuanto a la acreditación de los elementos del delito de que los actos ejecutados resultaron idóneos para producir el resultado que el acusado pretendía, esto es, que el agresor dio principio a la ejecución del delito mediante hechos exteriores manifiestos, practicando en todo o en parte los actos que objetivamente deberían producir el resultado fatal, relativo a privar de la vida al agraviado y que éste no se produjo por causas ajenas a la voluntad del agresor, el Juez los tuvo idóneamente por acreditados con el hecho de que el acusado llegó hasta el domicilio de la víctima, lugar donde lo agredió físicamente, colocándole una arma de fuego previamente abastecida a la altura de la cabeza, con el ánimo de privarlo de vida, pero como la víctima se cubrió el rostro con sus brazos sólo lo lesionó del codo del brazo derecho, motivo por el cual trató de accionar nuevamente el arma en el cuerpo del pasivo pero ésta se trabó, acción que aprovechó la víctima para forcejear con el acusado y tratar de quitarle el arma, sacando el sentenciado otra arma, disparándole dos veces más, logrando impactarlo con un tiro en el pecho, cayendo al suelo el ofendido, momento en el que el acusado le dijo que le iba a dar el “tiro de gracia”, le disparó en la cabeza, pero antes de retirarse del lugar, se detuvo para verlo agonizar y al verlo sangrando de la cara pensó que iba a morir, aunado al grito de la esposa del ofendido, que le dijo que lo dejara, lo que motivó se retirara del lugar, siendo inmediatamente auxiliado por su esposa y un vecino, llevándolo a una clínica del Seguro Social, para que recibiera atención médica; circunstancias que constituyen actos inequívocos del designio del imputado de privar de la vida a su víctima, que fue interrumpido en un primer momento porque se le trabó la primer arma utilizada —calibre .380— y posteriormente cuando le dio el tiro en la frente, dándolo por muerto, aunado al grito de la esposa del ofendido, que le dijo que lo dejara, lo que motivó se retirara del lugar, siendo inmediatamente auxiliado por su esposa y un vecino, llevándolo al Seguro Social, para que recibiera atención médica, circunstancias que impidieron su consumación, y que lógicamente resultan ajenas a la voluntad del agente.

La afirmación que efectuó el justiciable de que las lesiones sufridas por la víctima no pusieron el riesgo su vida, pues de haber deseado privarlo de la vida lo hubiera hecho; constituye una apreciación sin sustento jurídico, al haber quedado acreditado en forma con tundente e indubitable que las acciones realizadas por el acusado fueron más que idóneas para lograr el resultado como se razonó con antelación, pues se reitera que el acusado efectuó múltiples disparos hacia la corporeidad del ofendido, la mayoría de ellos en el área de la cabeza y del pecho, logrando impactarse en la frente y en el tórax del pasivo, siendo esta última lesión la que de acuerdo al dictamen pericial correspondiente puso en peligro su vida, máxime que para configurar la tentativa no es necesario que las acciones realizadas por el activo sean inexorables para suprimir la vida, sino que basta que sean idóneas para lograrlo, lo que en este caso ocurre porque se ha demostrado un ataque de esa magnitud y en las relatadas circunstancias. Ello es así, puesto que concluyó el Juez de origen, se llegó a la convicción de que la conducta emprendida por el activo fue idónea para lograr el resultado fatal, lo que se patentiza en la especie, debido a que los datos valorados apuntan a que el activo realizó actos externos idóneos para producir la muerte de la víctima, no obstante que primero se le trabó el arma, pues posteriormente con otra pistola lesionó dos veces más al pasivo, y al verlo sangrar de la cara y que estaba agonizando, pensó que estaba muerto, pero la ayuda inmediata de su esposa y un vecino para que recibiera atención médica impidió la consumación del resultado.

La premeditación y la ventaja asistieron en todo momento al autor del delito, pues se trataba de un victimario quien iba provisto de dos arma de fuego —previamente abastecidas—, lo que indica una firme y persistente intención de suprimir la vida de su víctima, mientras que el pasivo del delito estaba indefenso, evidenciándose fehacientemente la superioridad del activo, y la certeza respecto de no correr riesgo a resultar afectado, desde el momento en que el acusado se introdujo al domicilio de la víctima —a la cual conocía previamente, pues llegó diciéndole que lo mataría porque tenía muy mal a su mamá—, de lo que se evidencia que sabía no se encontraba armado; así, le apuntó con un arma de fuego en la frente diciéndole que lo iba a matar, disparándole, ocasionándole una lesión en el codo de su brazo derecho con el cual trataba de protegerse la cara, entrampándosele el arma, intentando cambiar de cartucho, lo que aprovechó el acusado para tratar de quitarle el arma, sacando el agresor otra arma efectuando múltiples disparos, uno de los cuales hizo blanco en el pecho de la víctima, cayendo al suelo boca arriba, y ahí le dijo: “te voy a dar el tiro de gracia”, efectuando otros disparos más, uno de los cuales se impactó en la frente del ofendido y otros en el suelo, de lo que se puede concluir que el acusado ya había reflexionado su actuar puesto que se dirigió al domicilio de la víctima, le manifestó que lo iba a matar, iba provisto de dos armas de fuego, las accionó contra el cuerpo de la víctima efectuando varios disparos lesionándolo en el codo de su brazo derecho, después en el pecho y por último en la frente, de ahí la seguridad de que el enjuiciado ya había reflexionado su actuar y de que no corría riesgo alguno, que sumado a la superioridad sobre su víctima, con la utilización de dos armas de fuego, en los términos planteados en la sentencia que se revisa, queda decididamente evidenciada, contrario a lo expuesto por el acusado y sus Defensores particulares en sus agravios; puesto todo ello imposibilitó la defensa de la víctima, patentizándose también que dicho acusado ya había reflexionado su actuar y que no corría riesgo alguno de ser muerto o lesionado, asimismo que tenía conocimiento de dicha situación, con lo que se configuran las calificativas de premeditación y ventaja, previstas en el numeral 139 fracción I, párrafos primero y segundo del Código Penal para este Estado.

Hay premeditación siempre que el agente cometa el hecho después de haber reflexionado sobre el mismo; y ventaja cuando el sujeto realiza el hecho empleando medios o aprovechando circunstancias o situaciones tales, que imposibiliten la defensa del ofendido y aquél no corra riesgo alguno de ser muerto o lesionado, con conocimiento de esta situación. Así estas calificativas se acreditan principalmente con los señalamientos efectuados por el agraviado —víctima—, los atestos de la esposa de la víctima y los testigos presenciales, relativos a que el acusado llegó hasta el domicilio del ofendido y de manera inesperada se introdujo al mismo, le disparó con una primer arma de fuego —calibre .380—, después realizó más disparos con una segunda arma que traía —calibre .22— ya estando en la calle, hasta donde llegaron forcejeando, es decir, en ocasión buscada por el acusado y no circunstancial, advirtiéndose que con su conducta el acusado puso en peligro la integridad física de terceras personas, como lo eran la esposa de la víctima y los dos albañiles que también se encontraban con ellos en ese momento de los hechos; así la relativa a la reflexión que implica que el activo al llegar al domicilio del ofendido le efectuó varios disparos a corta distancia, utilizando para ello dos armas de fuego distintas, debido a que la primera se le entrampó, fue cuando el pasivo forcejeó con su victimario, lo que motivó que sacara una segunda arma de fuego, lesionándolo dos veces en el tórax y en la cabeza en la parte frontal, y en cuanto a la superioridad implica, que el activo del delito se encontrara armado —provisto con dos armas de fuego abastecidas, de diverso calibre— mientras la víctima se hallaba tirado en el piso inerme y desprovisto de armas, quedó fundamentalmente evidenciada con lo manifestado por la víctima, su esposa y los testigos de cargo, puesto que todos señalaron que se utilizaron dos armas de fuego y que fue el acusado quien intervino en el hecho que se analiza, presentándose al domicilio del pasivo.

El artículo 241 Bis C del Código Penal para el Estado de Sinaloa establece que el delito de violencia familiar se perseguirá de oficio, entre otros supuestos, cuando la víctima sea una mujer en estado de embarazo. Dicha norma, al ser de orden público, obliga al juzgador para que, al otorgarse el perdón, analice las constancias que integran la causa y valore los medios de prueba para determinar su eventual procedencia. Por tanto, resulta infundado decretar el sobreseimiento argumentando que el Ministerio Público no acreditó a cabalidad que al momento de los hechos, la víctima estaba embarazada y que al ser esto así, procedía el sobreseimiento por perdón de la pasivo, soslayando el juzgador del conocimiento que se encuentra obligado a identificar si está demostrado el embarazo por desprenderse de las declaraciones y dictámenes médicos ofrecidos como medios de prueba, así como de los razonamientos lógico-jurídicos que se puedan aplicar. Por tales motivos, el sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria decretado sin valorar detalladamente los medios de convicción debe revocarse, por tratarse de un delito perseguible de oficio.

El artículo 184 del Código Penal para el Estado de Sinaloa establece los elementos del tipo penal de estupro. Para la configuración de la conducta descrita en forma ordinaria, se requiere que el activo haya obtenido el consentimiento de la víctima por medio de engaño. Por tanto, dicho elemento debe acreditarse fehacientemente para sustentar una sentencia condenatoria. Sin embargo, el último párrafo del mencionado artículo 184 prevé un trato diferenciado en los casos donde la víctima sea menor de dieciséis años de edad. En tales circunstancias, se presume el elemento engaño por la simple minoría de la edad señalada, resultando innecesaria su acreditación por parte del Ministerio Público para la configuración del delito.

Resulta inatendible el agravio de que no es dable darles validez a los testimonios de los peritos pues sólo refirieron lo que les fue manifestado por la ofendida. En efecto, el Juez de Enjuiciamiento válidamente atendió lo expuesto: por la perito médico forense, quien describió las lesiones que presentaba la víctima en su integridad corporal; por el perito en Criminalística quien recabó las evidencias encontradas en el domicilio de la víctima (huellas humanas, cuchillo, ropa, condón); y por la perito en Psicología quien en lo que interesa señaló que la víctima presentaba estado ansioso, con sentimientos de tristeza, afectada emocionalmente, preocupada por volver a ser agredida sexualmente por el activo, secundario al evento delictivo, de ahí que no se trate de testimonios carentes de validez para corroborar lo manifestado por la víctima, puesto que la información proporcionada por estos testigos expertos tiene relación y corroboración en el resto del material probatorio lo cual los hace atendibles; sin que por otra parte se advierta en lo actuado la existencia de medio de prueba que haga presumir alguna razón o causa para considerarse que lo narrado por éstos haya sido con el espurio propósito de dañar al imputado. Luego entonces sí se valoraron en forma lógica en razón de su resultado con otras pruebas, más no por mayoría de razón o con el afán de favorecer el dicho de la víctima y si bien es cierto que en un dictamen pericial el experto puede tomar en consideración lo manifestado por la víctima, también lo es que ello no es con el objeto de determinar si dice la verdad, dado que esa es una facultad exclusiva de la autoridad judicial, sino para contrastar su versión con el escenario, a fin de concluir si se acerca más a lo que demuestran los indicios encontrados en el lugar.

En cuanto al agravio relativo a la invalidez de lo manifestado por los diversos peritos en la audiencia de juicio oral y su indebida valoración por el Juez de la sentencia, tenemos que tales argumentos resultan desacertados, habida cuenta que el Natural al valorar las pruebas de referencia, indicó que merecían valor probatorio, ya que provienen de personas con conocimientos especiales en la materia sobre las que dictaminaron y en base a tales conocimientos llegaron a sus conclusiones, las cuales no fueron desvirtuadas por la Defensa durante el contrainterrogatorio que les practicó en ejercicio de su derecho de contradicción, además de que son congruentes con los otros medios de prueba desahogados en la audiencia de debate —señalamientos de la víctima y los testigos de cargo—, y que dichos peritos expusieron ante el Tribunal la metodología y técnicas empleadas para llegar a las conclusiones a las que arribaron. Por otra parte, es inexacto que carecen de valor probatorio los dictámenes emitidos por los peritos oficiales de referencia, por la circunstancia de que no presentaron los documentos necesarios que acreditaran su personalidad y por ello no cuentan con los conocimientos necesarios para la emisión de sus opiniones en la materia sobre la cual versaron sus manifestaciones, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 89 fracción III, 90, 91 y 118 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. El primero al establecer que la finalidad de la Dirección General de Servicios Periciales es la de proporcionar la asesoría técnica y servicios en materia de investigación criminal que le sean requeridas por las autoridades ahí señaladas. Por su parte, los diversos preceptos 90, 91 y 118 de la legislación citada, establecen los requisitos que deberán reunir los peritos para ingresar al Instituto de referencia, así como los criterios bajo los cuales se clasificarán los expertos. De modo que las condiciones mencionadas en la legislación procesal constituyen un requisito que el legislador estableció y que, de acuerdo a los artículos invocados, los peritos previamente cumplieron con tales exigencias ante dicha Dirección. Máxime cuando los preceptos de la ley prevén mayores requisitos para que los especialistas sean contratados por dicha dependencia pública, dado que exige la ciudadanía mexicana, el tí- tulo legalmente expedido y registrado por la autoridad competente que lo faculte para ejercer la profesión, ciencia, técnica u oficio, arte o disciplina de que se trate, o acreditar plenamente los conocimientos correspondientes en la materia sobre la que deba dictaminar cuando de acuerdo con las normas aplicables, no requieran título o cédula profesional para su ejercicio. En tales condiciones, el perito oficial al pertenecer a dicha Institución, es evidentemente notorio que ha cumplido con los requisitos exigidos por dicha dependencia, entre otros, título expedido por la autoridad competente que lo faculta para ejercer la profesión respectiva. De ahí que dichos expertos se encuentran aptos para intervenir, cada uno en su campo, en la exploración física, ginecológica y de lesiones, psicológica a la ofendida y de analizar los vestigios encontrados en el lugar de los hechos y emitir su opinión al respecto. De ahí la razón jurídica por la que basta que los peritos oficiales pertenezcan a dicha Institución, para que la autoridad correspondiente —Juez de Origen— tenga por acreditados los conocimientos sobre los que emitirá su opinión, dado que el nombramiento con que cuentan pone de manifiesto su idoneidad.

El agravista manifiesta que el Juez de primer grado omitió valorar correctamente los elementos de prueba aportados en defensa, consistentes en las manifestaciones tanto del acusado como de los testigos de descargo, lo cual resulta infundado. Al respecto, tenemos que del análisis de los discos versátiles digitales que contienen el desarrollo de la audiencia de juicio oral, así como de la resolución en ella emitida, este Tribunal de Alzada, constata que el Juez de Primer Grado, al justipreciar el caso, no omitió valorar las pruebas incorporadas al proceso por la defensa, pues las mismas fueron analizadas a cabalidad en la sentencia impugnada, ajustándose a las reglas para su debida valoración, cumpliendo objetivamente con las formalidades esenciales del procedimiento, aplicando en todo momento los principios constitucionales y legales que rigen el nuevo modelo de justicia penal de corte acusatorio y adversarial, verificando la legalidad de los medios de convicción y su debida apreciación, atendiendo a la sana crítica, observando las reglas de la lógica formal de identidad y de razón suficiente, los conocimientos técnicos científicos y las máximas de la experiencia, las que se desplegaron al tratar en lo específico cada una de las pruebas incorporadas al proceso. Por lo que válidamente el A quo concluyó que las pruebas aportadas en defensa no eran suficientemente contundentes para desvirtuar el valor demostrativo de las desahogadas en la audiencia de debate de juicio oral a cargo del órgano acusador; lo cual le permitió arribar a la conclusión que las mismas no eran aptas para el pronunciamiento de una sentencia absolutoria pretendida por el Defensor, puesto que en esencia, como bien lo refiere el Natural, a dichos testigos no les constan los hechos, ya que de sus declaraciones sólo se advierte que refieren momentos previos a los hechos materia de análisis, así como a la relación que existía entre la víctima y el acusado. Asimismo, se obtiene que la resolución impugnada fue emitida bajo los principios constitucionales de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, ejes centrales del proceso penal oral; lo que nos obliga a considerar que la audiencia relativa, así como la sentencia que se revisa, fueron llevadas con estricto apego a Derecho y sin trasgredir precepto legal alguno, cumpliendo con todas las garantías de legalidad y formalidades del procedimiento que permea al debate en el juicio oral. Por lo que se estima que la actuación del Tribunal de Origen no irroga agravio alguno a los intereses del sentenciado, pues el hecho de que las pruebas consistentes en las declaraciones de testigos defensivos, no se hayan apreciado conforme a sus intereses, ello no significa que se hayan trasgredido las reglas esenciales de su debida valoración o que la autoridad jurisdiccional primigenia no las tomara en cuenta al momento de emitir su decisión, como injustificadamente lo expone el agravista en su expresión relativa.

Resulta infundado el agravio del inconforme que refiere que la víctima, de acuerdo a la mecánica de los hechos, pudo defenderse del atacante y no lo hizo, ya que tal afirmación de ningún modo representa consentimiento para la realización del acto sexual, ya que se aprecia que la víctima no pudo resistir la cópula, por verse en las circunstancias de los hechos imposibilitada para solicitar auxilio o repeler la agresión, no otorgándole eficacia por la perspectiva de género que el Defensor haya referido que la ofendida pudo defenderse con ciertas acciones cuando ella le realizó el sexo oral al acusado y no lo hizo. Lo anterior en atención a que cualquier análisis debe hacerse ex ante y no ex post, además la ofendida refiere haber estado siempre amenazada de lesiones con un cuchillo y ello impide cualquier defensa voluntaria. Toda vez que como quedó acreditado por el Natural, lo que la Sala advierte razonable, los hechos se suscitaron en horas de la madrugada; que la víctima se encontraba sometida por el acusado quien la tenía amenazada con un cuchillo que portaba, no era razonable ni ló- gico que opusiera ese tipo de resistencia ante el riesgo que corría no sólo para su vida, sino para el producto de su embarazo que en ese tiempo era de más de ocho meses, lo que repercute en una limitación de facultades físicas, incluso para sus menores hijos y sobrino que se encontraban en el mismo domicilio, de lo que se infiere que la víctima se encontraba privada de los elementos de defensa que una persona normal puede hacer valer en principio para rechazar un ataque sexual. Esta determinación encuentra sustento, con carácter orientador, en las Reglas de Procedimiento y Prueba del Estatuto de Roma, aprobadas mediante Resolución ICC-ASP/1/3 de fecha septiembre de 2002, las cuales contemplan, en su Regla 70, incisos a) y c) como Principios de la prueba en casos de violencia sexual, que: «a) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre»; y «c) El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual».

Respecto al delito de violación, en el caso bajo estudio, no se actualiza la excluyente del delito prevista en el artículo 26 fracción III, del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa. Lo anterior, habida cuenta que en la especie no sólo no se demostró por el sentenciado que en el momento en que copuló a la pasivo, ésta le haya otorgado su consentimiento. Ya que de la mecánica de los hechos se desprende claramente que mediante la violencia moral y física el acusado le impuso la cópula a la víctima, utilizando un cuchillo que en todo momento trajo consigo y con el cual la mantuvo amagada para que no opusiera resistencia, pues la amenazaba con matarla a ella o a sus hijos si no accedía, ya que se lo ponía en el cuello y en el abdomen. Lo cual se corroboró con el dictamen en ginecología practicado por la perito médico forense, quien describió las lesiones que presentaba la víctima en su integridad corporal que sin duda fueron ocasionadas por un cuchillo, así como la hiperemia o enrojecimiento en introito vaginal, que objetiva hubo cópula por esa vía, con data próxima a las veinticuatro horas; así como con el dicho del menor sobrino de la víctima, quien se encontraba con ésta y sus menores hijos en la misma recámara donde dormían cuando iniciaron los hechos, el cual manifestó en forma clara y segura haber visto al sujeto que se introdujo a la recámara tapándose la cara con un trapo blanco y llevando un cuchillo, quien sacó de ese lugar de los cabellos a su tía, sin saber él lo que había ocurrido afuera de la recámara; lo que encuentra mayor corroboración con la opinión del perito en criminalística, quien recabó las evidencias encontradas en el domicilio de la víctima (huellas humanas, cuchillo, ropa, condón); así mismo se encuentra lo expuesto por la perito en Psicología quien en lo que interesa señaló que la víctima presentaba estado ansioso, con sentimientos de tristeza, afectada emocionalmente, preocupada por volver a ser agredida sexualmente por el activo, secundario al evento delictivo; manifestaciones que le dan credibilidad al dicho de la víctima en cuanto a lo que narra.

El Estado mexicano, a través de las diversas funciones gubernamentales, realiza esfuerzos constantes por garantizar el respeto al interés superior de la niñez. Por tal motivo, dicho principio implica obligaciones transversales a todos y cada uno de los poderes constituidos. Así, las normas de derechos humanos de fuente internacional, nacional y local, establecen la necesidad de ponderar el bienestar del infante en cualquier situación jurídica. Lo anterior, nos indica el deber de valorar con especial atención la vulneración a su entorno, a su seguridad sexual y normal desarrollo, con motivo de una conducta constitutiva de delito. Por tanto, en los casos de abuso sexual cometidos contra niñas o niños menores de doce años, nos encontramos ante la transgresión de un bien jurídico de especial valor y ante una afectación en grado mayor. Ahora bien, si las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, nos indican que se realizó la conducta en el hogar de la víctima, aprovechando situaciones de parentesco y confianza familiar, lo conducente es ubicar la gravedad en una medida superior.

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la facultad exclusiva y soberana del juzgador para la imposición de la pena. Por tal motivo, la medida que fue solicitada por el representante social no limita la facultad del órgano jurisdiccional para graduarla. En ese sentido, el tribunal de segunda instancia puede imponer una pena mayor a la planteada por el Ministerio Público apelante, sin que esto vulnere el principio de estricto derecho que rige su actuación.

Las normas en materia de derechos humanos de fuente internacional, nacional y local, reconocen al interés superior de la niñez como bien jurídico que amerita especial protección. Por otra parte, identifican a la reparación del daño como pena pública. En ese sentido, resulta infundado absolver de la misma cuando la progenitora de una niña o niño víctima otorga el perdón al sujeto activo. Máxime, si el delito se cometió en contra de su seguridad sexual y normal desarrollo, debido a que el órgano jurisdiccional debe garantizar el resarcimiento en busca del bienestar del infante.

Retomando con carácter orientador, doctrina jurisprudencial consolidada en el Derecho comparado, la función de protección del derecho a la presunción de inocencia por un Tribunal de Alzada en un sistema penal acusatorio, comporta: a) la supervisión de que la actividad probatoria se ha practicado con las garantías necesarias para su adecuada valoración y para la preservación del derecho de defensa; b) comprobar, cuando así se solicite, que el órgano de enjuiciamiento expone las razones que le han conducido a constatar el relato de hechos probados a partir de la actividad probatoria practicada; y, c) supervisar externamente la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico resultante, sin que implique volver a valorar la prueba ni cotejar sus conclusiones con las alcanzadas por los órganos judiciales; pues la función del Tribunal de segunda instancia no consiste en enjuiciar el resultado alcanzado sino el control externo del razonamiento ló- gico seguido para llegar a él. Y para que dicha ponderación pueda llevar a desvirtuar la presunción de inocencia, es preciso exista al menos una actividad probatoria producida con las garantías procesales que de alguna forma pueda entenderse de cargo y de la que razonablemente se pueda deducir, por tanto, la culpabilidad del procesado. En este tenor, sólo se podrá constatar una vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, en palabras del Tribunal Constitucional español, «cuando no exista una actividad probatoria de cargo constitucionalmente válida de la que, de modo no arbitrario, pueda inferirse la culpabilidad».

En el caso que nos ocupa, se puede advertir existe prueba de cargo plural y suficiente, practicada con todas las garantías, pues con tal carácter el Juez consideró los atestos de al menos cuatro testigos, vinculado con lo aducido por los múltiples y diversos peritos y lo informado por los agentes de Policía que acudieron al lugar de los hechos y realizaron las entrevistas del caso; declaraciones que valoró conjunta e integralmente, construyendo una prueba circunstancial o indiciaria, de la que infirió la convicción plena, más allá de toda duda razonable, de la acreditación en juicio tanto de la comisión del delito como la responsabilidad del imputado en su comisión. De igual forma, en la sentencia alzada el A quo refirió los medios de prueba que hubo desestimado y expuso las razones que tuvo para hacerlo. Probanzas las señaladas que fueron no sólo legalmente desahogadas en la audiencia de juicio oral, sino también racionalmente valoradas por el Juez Natural, de manera libre y ló- gica, exponiendo la motivación respectiva, sin que la misma pueda calificarse de ilógica, irrazonable o insuficiente. Condiciones en las cuales, este Tribunal de segunda instancia considera que el Juez de origen, contrario a lo alegado por el recurrente, racionalmente llegó a la convicción que en el sumario el Ministerio Público aportó pruebas de cargo plurales que, valoradas de manera libre y lógica y apreciadas de manera conjunta, integral y armónica, resultan suficientes y eficientes para acreditar la culpabilidad del imputado y, por consiguiente, para desvirtuar la presunción de inocencia que conforme al marco constitucional y convencional que nos rige asiste a todo imputado.

En el caso objeto de examen, se observa de las constancias procesales que los hechos imputados —precisados en lo esencial en cuanto a sus circunstancias de modo, tiempo y lugar en el auto de vinculación a proceso y en la acusación definitiva— y su calificación jurídica no se modificó en ningún momento desde el inicio del proceso, siendo siempre acusado el imputado, hoy recurrente, por los mismos hechos y delitos, de los cuales se ocupó el Juez de enjuiciamiento manteniéndose la condena en el marco de estas calificaciones. De manera que en la medida en que los hechos considerados punibles imputados a los acusados hubieron permanecido «esencialmente invariables» durante el proceso y constituyeron el objeto de la sentencia impugnada, no puede sostenerse que se haya producido la alteración del hecho objeto de acusación y fallo, habiendo entonces el Juzgador emitido su resolución en estricto apego al principio de congruencia invocado y con pleno respeto a las garantías de exacta aplicación de la ley en materia penal y a los principios acusatorio y contradictorio.

Conforme a la mejor doctrina, el principio de congruencia se enmarca en el principio general de debido proceso y alude a la imposibilidad que tiene el Juez, en cualquier rama del Derecho, de fallar extra, ultra, citra o mínima petita, salvo las excepciones legales, por cuanto tales facultades a manos del Juez darían al traste con un esquema liberal de justicia rogada donde impera por sobre todo los principios de igualdad e imparcialidad por parte de la administración de justicia. En materia penal en nuestro país, de una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 311, 316 párrafos segundo y tercero, 335 párrafo segundo, fracciones III, IV y V y párrafo tercero, 398, 402, 403 y 407, del Código Nacional de Procedimientos Penales conforme a la doctrina dominante, en el sistema penal acusatorio nadie puede ser condenado por hechos distintos de los que se le ha acusado y de los que, por tanto, haya podido defenderse, prevaleciendo el principio de congruencia o correlación entre acusación y sentencia el cual implica que debe existir una identidad esencial entre los hechos punibles establecidos en el auto de vinculación a proceso que fueron motivo de la imputación y la acusación definitiva, con los hechos debatidos en la audiencia de juicio y los declarados como probados en la sentencia de instancia; hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, que deben haber sido del conocimiento del imputado así como la clasificación jurídica de los mismos, de suerte tal que haya tenido oportunidad de contradecirlos en juicio.

En cuanto, a lo alegado en los agravios, respecto a que los testimonios aportados por la Representación Social se basan en suposiciones, y que el comportamiento del agente de Policía y el resto de los policías investigadores fue hostil, es de decirse, que de la observación de las videograbaciones, específicamente respecto de la declaración vertida por el aludido agente, no se observa que éste hubiera adoptado dicho comportamiento, lo que igualmente se advierte de los dichos de los diversos agentes investigadores declarantes; sin embargo, no es ocioso decir, que la sola circunstancia de que un testigo en su caso adopte tal comportamiento no da lugar a desestimar su dicho, debiéndose en su caso permitir a la parte interrogante efectuar preguntas sugestivas de conformidad con el artículo 375 del Código Nacional de Procedimientos Penales, posibilidad que en todo momento pudo ejercer el Defensor de quien se dice agraviado, sin que el hecho de que un testigo sea hostil cause una afectación directa al debido proceso o a los derechos Constitucionales de un enjuiciado.

De acuerdo con las exigencias que el artículo 75 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa impone al Juzgador, estableciendo los parámetros que ha de seguir al momento de graduar la culpabilidad de los sentenciados y la gravedad del hecho cometido, el Juez no puede basarse en meras apreciaciones subjetivas o intuitivas, sino que debe tener sustento en los diversos elementos previstos en las distintas fracciones que integran la norma citada, en la cual se establece que el Juez, en cada caso, tiene que motivar por qué establece un determinado grado de gravedad y de culpabilidad como base de la individualización de la pena. En estas condiciones, el Juzgador no puede conducirse de modo arbitrario al aplicar el artículo 75 antes mencionado; por el contrario, todos sus razonamientos deben tener consistencia lógica y guardar correspondencia material con los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En conclusión, los artículos 2, 75 y 77 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, al contemplar una técnica de graduación que da margen a la discrecionalidad, no son en sí mismos generadores de arbitrariedad. Sin embargo, para que el uso del arbitrio judicial quede controlado y se apegue a los contenidos que demanda nuestro régimen constitucional, es de esencial importancia que el Juez motive su resolución de modo adecuado.

En lo pertinente al agravio expresado sobre la reclasificación que realizó el Ministerio Público al formular sus alegatos de clausura, al incluir acusación por el diverso delito de privación ilegal de la libertad personal agravado al haberse cometido con violencia, dado a que del desarrollo de los hechos se advierte, se alega por los inconformes, que jamás fue la finalidad de privarlos de la libertad, sino que el fin de los acusados era apoderarse de la unidad motriz, resulta infundado. Ya que debe afirmarse la coexistencia de ambos ilícitos, como legal y fundadamente lo determinara el Juez a quo, al establecer que debido a que el segundo de ellos nace jurídicamente desde el momento mismo en que se impide a los sujetos pasivos descender de su automotor y dada su naturaleza permanente su consumación se prolongó en el tiempo hasta el último acto de su ejecución. Porque si el objetivo de tal restricción era la de cometer el injusto de robo de vehículo, es el caso que dicho precepto legal no impone como condición para que el mismo pueda integrarse cierta temporalidad en su permanencia, como erróneamente lo alegan los sentenciados, ya que la restricción de la libertad deambulatoria debe ser sólo por el tiempo que dure desapoderar del vehículo a una persona. Por lo que si después del desapoderamiento las víctimas que viajaban en el vehículo son amagados con arma de fuego por los activos, con lo que se les impidió a los pasivos descender de la unidad por voluntad propia y en el momento que lo decidieran, de ahí que como fundadamente lo sentenciara el Tribunal de origen surge la autonomía delictiva entre un hecho típico y otro, al haber existido independencia entre los actos de ejecución y consumación de cada uno de los delitos imputados; lo anterior máxime que el delito de robo de vehículo es de consumación instantánea. Esto es, el robo se había ya consumado desde el momento mismo en el cual se realizó el apoderamiento del vehículo, sin que el tipo penal prevea como medio comisivo la privación de la libertad deambulatoria de los ofendidos. De suerte tal que al obligarlos a permanecer en el vehículo sin opción de decidir libremente cuándo y dónde bajarse y ser trasladados con amenazas a bordo de la unidad en un trayecto en el que se alejaron considerablemente del lugar donde efectuaron el desapoderamiento de la unidad, dicha acción fue autónoma y configurativa de un delito diverso al del robo de vehículo previamente consumado, como lo es el de privación ilegal de la libertad personal.

Tratándose del procedimiento abreviado, como lo ha delimitado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Amparo Directo en Revisión 1619/2015, mutatis mutandi, en la impugnación de la sentencia que pone fin a dicho procedimiento, únicamente podrá ser materia de cuestionamiento la inobservancia de los presupuestos jurídicos fundamentales para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio —establecidos en los artículos del 201 al 207 del Código Nacional de Procedimientos Penales—, lo cual comprende el análisis de: a) el cumplimiento de los requisitos de procedencia y oportunidad señalados en dicho Código; b) la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados por el Ministerio Público en la acusación; c) la imposición de penas que puedan ser contrarias a la ley, por ser distintas o mayores a las solicitadas por el Representante Social y aceptadas por el acusado; y, d) la fijación del monto de la reparación del daño. En contraposición, sostuvo la Corte en la Ejecutoria referida, no podrá ser materia de cuestionamiento la acreditación del delito y la responsabilidad penal del acusado, ni la exigibilidad de valoración de pruebas, pues ello no tiene aplicación en dicha forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio. Lo anterior es así, en virtud de que en el procedimiento abreviado no están a debate ni la acreditación del delito ni de la responsabilidad del acusado en su comisión, derivado de la aceptación del imputado de ser juzgado con base en los medios de convicción que sustentan la acusación. En este tenor, dicha acreditación no admite contradicción en sede judicial, precisamente porque es resultado del convenio asumido por las partes en un caso en que el acusado con la debida asistencia de su Defensor, que le explica las consecuencias del juicio abreviado, concluyen que no tienen forma de revertir los elementos que sustentan la acusación. Es por ello que el acusado, en los casos en que proceda, acepta su participación en la comisión del delito del que se le acusa ante el Juez de control, a cambio de que a través de un procedimiento que permita la terminación anticipada del proceso, se le dicte una sentencia con penas inferiores a las que pudieran imponérsele en la tramitación del procedimiento ordinario de juicio oral.

La interpretación sistemática de los artículos 67, 88, 248 y 382 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa nos indica que, para garantizar el acceso a la justicia y su derecho a la tutela judicial efectiva, las personas con discapacidad auditiva y oral deben ser asistidas por un intérprete en todas y cada una de las diligencias donde intervengan. Además, el artículo 1° de la Constitución Federal establece los criterios interpretativos que rigen los derechos humanos, entre los que se encuentran el principio pro persona y la interdependencia. Por tanto, si se notifica la sentencia definitiva a una persona con discapacidad auditiva y oral, a través de una persona quien también es coacusado y funge como intérprete, es evidente que no se cumple con las exigencias aludidas, ya que se omitió la asistencia de un intérprete ajeno al proceso que explique al sentenciado el contenido de la misma, así como los derechos que goza para recurrirla, lo que propició una limitación inválida a su derecho de acceso a la justicia, por lo que procede reponer el procedimiento de segunda instancia para que la violación procesal sea subsanada.

El diverso agravio relacionado con la individualización de la pena impuesta a los sentenciados, aplicada por el Juez en términos del artículo 139 fracción I, en relación con los numerales 16 y 87 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, resulta infundado. Los Defensores arguyen inexacta aplicación del artículo 87 del aludido Código punitivo, señalando que la punibilidad de la tentativa se debe considerar con base a la que corresponda al delito básico como si se hubiera consumado, empero sin incluir calificativas o agravantes, como sí lo hizo el Juez, lo que los recurrentes de la alzada consideran atentatorio contra la garantía de exacta aplicación de la ley. De inicio, es menester precisar que conforme al principio de culpabilidad para la individualización de las penas en el caso de delitos agravados cometidos en grado de tentativa, debe atenderse el rango de punibilidad previsto en la norma aplicable tanto para el delito genérico como para las agravantes, esto es, la suma de la pena aplicable para el tipo genérico más el de la conducta calificada o agravada, aplicando hasta las dos terceras partes de la suma de las penas en los términos establecidos para la tentativa, al constituir la calificativa —adverso a lo argüido por los patrocinadores de los sentenciados—, un componente de la conducta típica, razón por la cual no puede actualizarse aisladamente, mucho menos ser sancionada como si fuera un delito autónomo, concretándose las agravantes de los ilícitos en su caso, aun y cuando se trate de conductas inacabadas.

Se afirma lo infundado de los motivos de disenso antes sintetizados, debido a que contrario a lo alegado por la apelante, como se puede apreciar de autos, el acusado fue detenido en un supuesto constitucional válido con motivo de una orden de aprehensión girada en su contra, que fue librada con arreglo a lo dispuesto por los artículos 16 Constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimiento Penales, pues tal como lo estipulan dichos dispositivos, habiéndola solicitado el Ministerio Público fue ordenada por autoridad judicial, al haber sido precedida por la denuncia y/o querella formulada por la víctima con resguardo de identidad en compañía de su madre, por el delito de violación equiparada que se encuentra tipificado y se castiga con pena privativa de libertad según los artículos 179 y 180 fracción III, párrafo segundo, del actual Código Penal para el Estado de Sinaloa. Habiéndose tenido como respaldo datos de prueba derivados de las declaraciones de la víctima del delito; una testigo; el informe policial y lo manifestado por el acusado. Circunstancias en las cuales se aprecia la existencia de datos que evidencian que se cometió el hecho delictivo y que existe la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, ello independientemente de que el acusado se encontrara arrestado por faltas administrativas al Bando de Policía y Buen Gobierno, puesto que tal acto constituye uno diverso a los analizados en la causa, cuya investigación tuvo origen con la denuncia de la ofendida referida con anterioridad. En este orden de ideas, la detención del imputado no se encuadra en el supuesto constitucional de flagrancia, sino en el diverso de haberse realizado en virtud de la emisión y ejecución de una orden judicial de aprehensión en la que se cumplieron las condiciones y requisitos del invocado artículo 16 Constitucional y en los términos del numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Al haber ejecutado el inculpado una pluralidad de conductas realizadas en actos y tiempos distintos, cada una de ellas actualiza el delito de violencia familiar, ocasionando esos actos la afectación del bien jurídico tutelado, a merced de la reiteración de conductas, cuyo resultado se agota en cada momento, encontrándonos en presencia de delitos pluri subsistentes que requieren la concurrencia de diversas conductas relevantes, ejecutadas en momentos distintos, actualizándose de esta forma el verbo rector del tipo; máxime que en el caso concreto las diversas acciones de violencia efectuadas por el encausado en diversas fechas —el día 17 diecisiete, 19 diecinueve, 22 veintidós de febrero, y el día 23 veintitrés de marzo, todas del año dos mil dieciséis—, recayeron además sobre tres pasivos diversos, afectando en diversas ocasiones el bien jurídico tutelado por la norma, que lo es el orden familiar de los referidos pasivos. Sin embargo, aun cuando existió homogeneidad jurídica no se concibió por el imputado una unidad de propósito criminal, pues el delito continuado obedece a la idea de unificar acciones jurídicamente, siempre y cuando se vulnere el mismo bien jurídico tutelado por la norma con respecto del mismo sujeto activo, lo que en el caso que revisa no ocurre, al no actualizarse lo dispuesto por el artículo 13 fracción III, del Código Penal local actual, pues se itera no existió unidad de intención, ni tampoco identidad en los ofendidos, integrándose por ende cuatro diversos resultados delictivos, como acertadamente lo determinara el Natural.

En ese sentido, en el presente caso, no puede hablarse de un delito continuado, en razón de que las conductas atribuidas al inculpado no son susceptibles de actualizar la unidad de propósito delictivo que requiere este tipo de delitos, entendiendo como tal el elemento de carácter subjetivo que exige del sujeto activo un conocimiento estructurado, un trazo a modo de plan o proyecto o un designio único, mediante el cual las diversas acciones delictivas aparecen significando etapas de realización hacia un objetivo común y por esa razón integran un delito único, o sea que desde la realización de la primera conducta haya unidad de propósito delictivo. Es decir, que al iniciarse el primero de los actos ilícitos esté presente la intención de llevar adelante los consecuentes actos futuros, hasta llegar a la unidad, alcanzando cabalmente el propósito final, designio único que de estar ausente, como en la causa que se revisa, no configura delito continuado sino concurso real de delitos, máxime que los delitos fueron realizados contra diversos pasivos y en distintos tiempos.

Las fracciones I y IV del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen los derechos humanos de las víctimas a recibir asesoría adecuada y a que se les repare el daño. Dicha asesoría debe incluir, por lo menos, dos aspectos: 1) el pleno conocimiento de los alcances jurídicos de las actuaciones donde intervengan; y 2) el grado de afectación causado por el daño recibido, para efectos de su reparación. Ahora bien, si de autos no se desprende que el juzgador se haya cerciorado de que la víctima conocía plenamente los alcances del otorgamiento del perdón, el grado de afectación por el daño recibido, y además ante la falta de notificación del Agente del Ministerio Público, lo conducente es reponer el procedimiento, con el fin de que se deje sin efecto la comparecencia donde se otorgó el perdón y se cite nuevamente a todas las partes, para que la víctima, contando con una asesoría adecuada y teniendo pleno conocimiento del alcance de su actuación, se pronuncie al respecto.

En delitos de índole sexual como la violación, el Tribunal sentenciador está obligado a aplicar la perspectiva de género y juzgar sin estereotipos tales como, entre otros, son: sólo cierta clases de mujeres pueden ser violadas (por ejemplo, las que son vírgenes, físicamente débiles, o llevan una conducta sexual «moralmente aceptada»); las mujeres que desean resistirse a la violación, pueden hacerlo; cuando las mujeres no logran rechazar de manera exitosa los ataques sexuales, es porque realmente desean tener sexo; o, las mujeres inventan alegatos de violación por rutina. Con esta misma perspectiva, con carácter orientador, es dable recordar que las Reglas de Procedimiento y Prueba del Estatuto de Roma, aprobadas mediante Resolución ICC-ASP/1/3 de la Asamblea de Estados Partes en el Estatuto de Roma adoptada de conformidad y por mandato del artículo 51 de dicho Estatuto de fecha septiembre de 2002, contemplan, en su Regla 70, como Principios de la prueba en casos de violencia sexual, los siguientes: a) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre; b) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre; c) El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual; d) La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrán inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o de un testigo. Por lo tanto, resultan infundadas las razones del Defensor —que evidencian estereotipos discriminatorios que imponen a las mujeres víctimas de violencia sexual conductas de oposición a las acciones de sus agresores para acreditar su no consentimiento—, como son: a) la ofendida y el imputado fueron pareja; b) la ofendida tuvo oportunidad de pedir auxilio y no lo hizo; c) al irse a trabajar la mamá del imputado vio acostada a la ofendida sin ninguna lesión en el rostro; determinación que se sustenta en los criterios jurídicos de interpretación con perspectiva de género antes enunciados, sin desatender que en delitos de violación la imputación de la ofendida tiene un valor preponderante y que, conforme a las máximas de experiencia, de haber habido voluntad de la ofendida de tener relaciones sexuales no habría denunciado, ni habría presentado señales de lesiones visibles en rostro y cuerpo, como se evidenció.

De una interpretación teleológica y sistemática de los artículos 1 y 20, apartado C, fracciones II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción III; 5, 7, fracción VII; 10, 12, fracción III; 14, 18 y 74, fracción II, de la Ley General de Víctimas, en vigor, es de orden público e interés general la efectividad de los derechos constitucionales y convencionales de las víctimas en el proceso penal, por lo cual las autoridades de todos los ámbitos de gobierno y sus Poderes tienen la obligación de velar por la protección de las víctimas, aplicando siempre la norma que más favorezca a la persona. El Código Nacional de Procedimientos Penales vigente estatuye, entre muchos otros, como derechos de las víctimas: que en todo momento, las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima como la dignidad del imputado [artículo 4, párrafo segundo]; de igualdad ante la ley, recibiendo el mismo trato que las otras partes y teniendo las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa [artículo 10]; de igualdad entre las partes, garantizándole el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen [artículo 11]; a que el Ministerio Público y sus auxiliares así como el Órgano jurisdiccional les faciliten el acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la debida diligencia [artículo 109, fracción II]; y, los demás que establezcan dicho Código y otras leyes aplicables [artículo 109, fracción XXIX], entre ellos el del artículo 14 de la Ley General de Víctimas pre invocado. Sin dejar de considerar que conforme a la mejor doctrina, todos estos derechos y garantías de las víctimas, procuran asegurar que ninguna persona pueda ser privada de defender su derecho vulnerado por el delito y reclamar su reparación integral ante los tribunales de justicia. Reconociendo que en el proceso penal de la actualidad, los derechos humanos se manifiestan en un plano de bilateralidad, tanto en favor del imputado como de la víctima, siendo común a ambos los derechos y garantías del debido proceso, tales como las de acceso a la justicia, de igualdad ante los tribunales, a la justicia y defensa en juicio y a la imparcialidad de los jueces. Para ello, tendrán facultades de intervenir en el proceso penal como partes plenas, debiendo ser reconocidas como sujetos procesales en el mismo, ejerciendo durante el mismo sus derechos, los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado.

De una interpretación teleológica y sistemática de los artículos 1 y 20, apartado C, fracciones II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción III; 5, 7, fracción VII; 10, 12, fracción III; 14, 18 y 74, fracción II, de la Ley General de Víctimas, en vigor, es de orden público e interés general la efectividad de los derechos constitucionales y convencionales de las víctimas en el proceso penal, por lo cual las autoridades de todos los ámbitos de gobierno y sus Poderes tienen la obligación de velar por la protección de las víctimas, aplicando siempre la norma que más favorezca a la persona. En consonancia con ese marco normativo, es obligación ineludible de autoridades y poderes públicos garantizar, con la debida diligencia y removiendo obstáculos, un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral, con estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso, en un plano de igualdad, sin que sea afectado el núcleo esencial de sus derechos. En el proceso penal, las víctimas tienen derecho a que se les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito; a que los autores de los delitos sean enjuiciados y sancionados; y, a obtener una reparación integral por los daños sufridos. Para ello, tendrán facultades de intervenir en el proceso penal como partes plenas, debiendo ser reconocidas como sujetos procesales en el mismo, ejerciendo durante el mismo sus derechos, los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. En el entendido que, si no se apersonaran en el proceso, serán representadas, en su caso, por el Ministerio Público, conforme mandato expreso del artículo 14 de la Ley General de Víctimas.

En el presente caso el inculpado fue acusado por el delito de HOMICIDIO CON VENTAJA, calificativa prevista en el artículo 139, fracción I, párrafo IV, del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, análogo a lo dispuesto en los numerales 297 y 298, párrafo segundo, de la Ley Punitiva que se encontraba vigente en la época de los hechos (1991); determinándose por el juzgador de origen al dictarse la correspondiente sentencia que adverso al acreditamiento de la mencionada calificativa, lo que se actualizaba es la atenuante de riña contemplada en el artículo 142 del Código Penal en vigor, similar al numeral 295 del Código Punitivo vigente en la época de los hechos y en virtud que desde la fecha de la última actuación dentro de la causa a estudio en lo referente al sentenciado al tiempo en que fue ejecutada la correspondiente orden de aprehensión librada en su contra, trascurrió un lapso de catorce años, dos meses, veintiocho días, el cual supera con exceso el término medio aritmético de la pena correspondiente al delito de HOMICIDIO EN RIÑA, es por lo cual la Sala determina que se consuma el fenómeno jurídico denominado EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA, conforme a lo dispuesto en los artículos 106, fracción VIII, 122 y 125 del Código Penal, con relación al numeral 366, fracción I, del Código Procesal Penal, ordenamientos vigentes en nuestra entidad, y consecuentemente atento a lo establecido por el artículo 371 del citado Código Procesal Penal, se decreta SOBRESEIMIENTO CON EFECTOS DE SENTENCIA ABSOLUTORIA A FAVOR DEL JUSTICIABLE, ordenándose su INMEDIATA Y ABSOLUTA LIBERTAD.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 106, fracción VIII, 122 y 125 del Código Penal, con relación al numeral 366, fracción I, del Código Procesal Penal, ordenamientos vigentes en nuestra entidad, y consecuentemente atento a lo establecido por el artículo 371 del citado Código Procesal Penal, se decreta SOBRESEIMIENTO CON EFECTOS DE SENTENCIA ABSOLUTORIA A FAVOR DEL JUSTICIABLE, ordenándose su INMEDIATA Y ABSOLUTA LIBERTAD.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su doctrina constitucional, sintetizó las condiciones que podrían justificar un acto de molestia para el individuo —control preventivo provisional— y que, con base en dicho acto, se dé una detención en flagrancia. En atención a criterios jurídicos expresos de dicha Alta Sala, expuestos en diversas Ejecutorias —entre otras, en los Amparos Directos en Revisión 3463/2012, 1596/2014 y 3998/2012—, existen dos supuestos diferentes e independientes entre sí que pueden dar pauta, cada uno por separado, para que la autoridad lleve a cabo un control preventivo provisional legítimo y en base a ellos realice una legal detención en flagrancia. Un primer supuesto autónomo lo es la existencia de un señalamiento por denuncia informal de que una persona esté cometiendo —o acaba de cometer— un delito. Denuncia que precede a la detención y da base al acercamiento de la autoridad a la persona señalada y a la realización del control preventivo. Es en este supuesto de denuncia informal, donde dichas circunstancias deben coincidir objetivamente con los objetos materiales del ilícito, los sujetos, lugares y horarios descritos por las víctimas o testigos de algún delito en las denuncias que haya recibido la policía previamente. El segundo supuesto —para que se justifique que la autoridad realice un control preventivo provisional legítimo y derivado de él una detención legal en flagrancia—, diferente e independiente del anterior, se actualiza cuando el comportamiento del individuo dé lugar a una «sospecha razonada» o «sospecha razonable» de que está cometiendo un delito o lo acaba de cometer. Comportamiento que precede a la detención y da base al acercamiento de la autoridad a la persona y a la realización del control preventivo. Este segundo supuesto, se remarca, es distinto y autónomo del primero enunciado, tiene su base de actualización en el comportamiento —inusual, evasivo y/o desafiante— del individuo ante la autoridad, por consiguiente, no requiere de la existencia de una denuncia previa ni mandato de autoridad ministerial, para que los agentes que realizan funciones de seguridad pública puedan actuar y efectuar un control preventivo provisional. Que no se requiera de una denuncia previa ante la autoridad ministerial y una orden de ésta para realizar un control preventivo provisional, es en virtud de que el control sobre la persona y sus pertenencias no se lleva a cabo «para realizar una investigación con relación a algún delito en particular» sino que es «realizado con fines preventivos por las circunstancias objetivas» que justifican la intervención de los agentes de seguridad, a partir del cual se puede sorprender al individuo controlado en la comisión flagrante de delito. En efecto, en este tipo de casos el comportamiento inusual, evasivo o desafiante de las personas representa un «contexto empíricamente acreditable» que justifica una sospecha razonable o razonada de que alguien probablemente ha cometido un delito o que esté por cometerlo. En el entendido, que dicha Sala Constitucional ha hecho hincapié en que los parámetros que dan pauta a la detención por sospecha razonable derivan de situaciones y condiciones distintas a aquéllas en las que la detención de una persona se realiza en virtud de que los agentes de seguridad pública han presenciado directamente que el individuo estaba cometiendo el delito. Para que se dé la «sospecha razonada», no se requiere que los agentes de la autoridad presencien directamente que se está en ese momento cometiendo un ilícito, tampoco se requiere necesariamente que exista una denuncia previa de que se está cometiendo o se acaba de cometer un delito, pues objetivamente la sospecha razonada se genera en virtud del comportamiento inusual, evasivo o desafiante del individuo que es presenciado por el agente que realiza funciones de seguridad pública. En la actualización de la sospecha razonada o razonable, la comisión del delito no es evidente ni apreciable de forma directa, pero sí existen condiciones circunstanciales que justifican un control preventivo provisional por parte de los agentes de la autoridad; control preventivo que se da mediante un acercamiento y contacto de la autoridad de seguridad pública con la persona, siendo en virtud de esta aproximación de carácter preventivo que se descubre por la autoridad que se está cometiendo o se acaba de cometer un delito flagrante por la persona controlada, en base a lo cual podrá válidamente realizar una detención en flagrancia. Como conducta o actitud evasiva de una persona frente a la autoridad, que autorizan a los agentes la realización de un control preventivo provisional de grado mayor restricción provisional de la libertad deambulatoria y revisión más exhaustiva— y a la eventual detención subsecuente por flagrancia delictiva, la Primera Sala de la Corte ha sostenido expresamente que «una persona [...] que intenta darse a la fuga, puede ser objeto de un control preventivo más intenso». Atendiendo lo resuelto en diversas Ejecutorias, se advierte que la Alta Sala consideró como casos de conductas o actitudes evasivas de las personas controladas, que autorizan la realización de un legítimo control preventivo provisional, los siguientes: a) Dar vuelta en «U» o retornar para alejarse del lugar al percatarse de la presencia de la autoridad [Véase: Ejecutorias de los Amparos Directos en Revisión 2778/2011 y 4086/2015]; b) Intentar huir o tratar de huir del lugar ante la presencia de los agentes [Véase: Ejecutoria del Amparo Directo en Revisión 2190/2014]; c) Darse a la fuga o tratar de darse a la fuga, sin atender el llamado de los agentes de hacer alto [Véase: Ejecutorias de los Amparos Directos en Revisión 5033/2014 y 492/2016]; y, d) Retroceder bruscamente con el fin de dar vuelta y retomar la vía de regreso al darse cuenta de la presencia de la autoridad [Véase: Ejecutoria del Amparo Directo en Revisión 255/2015].

Como resulta de explorado Derecho, todo delito obliga al responsable del mismo al pago de la reparación del daño material y moral, por ser de estricta justicia que quien causa un daño injustificado debe soportar la carga de restablecer, hasta donde sea posible, la situación afectada, tal como lo establece la Ley penal, sin distinción alguna, aunque exigiendo se tenga en cuenta la naturaleza del daño y las pruebas aportadas. El daño patrimonial consiste en todas las pérdidas económicas efectivamente sufridas y los desembolsos realizados en atención al daño, así como los perjuicios o el lucro cesante, entendidos como los beneficios que la víctima hubiera recibido de no haber resentido el hecho ilícito. De lo anterior se concluye que deben ser resarcidas todas las consecuencias económicas derivadas del daño, tanto presentes como futuras. Esto es, tanto los gastos ya erogados, como los perjuicios y el lucro cesante derivados del daño. Como lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para efectos de la reparación del daño en materia penal, el daño patrimonial se integra por todas aquellas consecuencias económicas, presentes y futuras, derivadas de la comisión del delito. Así, el derecho fundamental de las víctimas u ofendidos a ser resarcidas por los daños derivados de un delito, contenido en el artículo 20, fracción IV, de la Constitución General, debe interpretarse como el derecho de la víctima del delito a una indemnización justa e integral. Esto es, proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido, atendiendo a las directrices y principios que han establecido los organismos internacionales en la materia. De conformidad con una interpretación funcional y sistemática de lo dispuesto en los artículos 7, fracción VII; 12, fracción II; 26, 27, fracciones I y III; 64, fracción III, de la Ley General de Víctimas y 39, fracciones II y III, del Código Penal para el Estado de Sinaloa en vigor, la reparación integral del daño como consecuencia del delito comprende, como mínimo, entre otros aspectos, la indemnización del daño material, moral y psicológico causados, la reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima, el resarcimiento de los perjuicios ocasionados económicamente evaluables, el pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que fueren necesarios orientados a la recuperación de la salud de la víctima y la declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima. En esta tesitura, en el presente caso está acreditado en autos que, como consecuencia del delito, el ofendido después de ser herido por los imputados requirió atención médica para tratar de salvarle la vida, lo que ocasionó una pérdida económica al patrimonio de las víctimas indirectas que tuvieron que pagar por los tratamientos médicos recibidos por el afectado, haciendo un gasto que tienen derecho les sea resarcido.

En los términos del artículo 471, segundo párrafo, in fine, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el escrito de expresión de agravios, —de no tratarse de violaciones a derechos fundamentales del sentenciado que podrán estudiarse ex officio—, deberán los recurrentes precisar las disposiciones de Derecho violadas, así como señalar el porqué la valoración de los hechos le causa perjuicio al contravenir los principios científicos, lógicos y de las máximas de la experiencia, lo cual es así porque tales agravios le fijan a esta Sala de Alzada los parámetros a que debe sujetarse la revisión de la sentencia impugnada, ello en atención a que en apelación, se deben cumplir los principios que establece el artículo 4, párrafo primero, del Ordenamiento supra citado, como son los de contradicción y el de inmediación. Así, de no estar los agravios formulados por el defensor del sentenciado en la forma en que lo establece el artículo 471 invocado, dado a que en éstos no se expresa puntualizadamente: a) Las disposiciones legales violadas; y, b) Los motivos de agravios correspondientes, este Tribunal Ad Quem debe sujetarse al principio de estricto Derecho, por no poder analizar oficiosamente qué preceptos legales se violaron y porqué ello le causó una afectación al sentenciado, así como tampoco las razones que motivaron tal afectación.

De las aportaciones de la Comunnia Opinio Iuris, de lo sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos «Mendoza y otros Vs Argentina», así como «Norín Catrimán y Otros Vs Chile», y de una posible opción sostenida en el Congreso Nacional «El Nuevo Sistema de Justicia Penal desde la óptica del Juicio de Amparo (Interacción de sistemas para una adecuada implementación)», bien podemos sostener que este Tribunal Ad quem con sujeción a los agravios en lo que se exprese: a) las disposiciones violadas; y, b) los motivos de agravios correspondientes, está impedida en los términos del artículo 468, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para valorar la prueba en forma propia, aun cuando de la revisión de los discos versátiles digitales (DVDs), no compartiéramos la valoración hecha por el A quo, por lo que en forma semejante al recurso de casación, sólo con sujeción a los parámetros fijados en los agravios, podrá efectuarse el estudio de cuestiones de Derecho y los hechos concernidos en los razonamientos formulados para valoración de las pruebas hechas por el Juzgador de primera instancia, por lo tanto no podrá emitir esta Sala Ad quem una valoración propia de éstas, sino sólo atajar la valoración que no fuera racional por no sujetarse a los principios científicos, lógicos y de las máximas de la experiencia, que subyacen en la apreciación de la prueba, hecha por el Juzgador de origen.

Por mandato constitucional y legal todo delito obliga al responsable del mismo al pago de la reparación del daño material y moral, por ser de estricta justicia que quien causa un daño injustificado debe soportar la carga de restablecer, hasta donde sea posible, la situación afectada, tal como lo establece la Ley penal, sin distinción alguna, aunque exigiendo se tenga en cuenta la naturaleza del daño y las pruebas aportadas. La reparación del daño derivada de la comisión de un delito, constituye un derecho humano reconocido en el artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de las personas ubicadas en el supuesto de víctimas u ofendidos de la conducta ilícita penal, cuyo cumplimiento exige que se satisfaga de forma eficaz e integral. Como lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para efectos de la reparación del daño en materia penal, el daño patrimonial se integra por todas aquellas consecuencias económicas, presentes y futuras, derivadas de la comisión del delito y consiste en todas las pérdidas económicas efectivamente sufridas y los desembolsos realizados en atención al daño, así como los perjuicios o el lucro cesante, entendidos como los beneficios que la víctima hubiera recibido de no haber resentido el hecho ilícito. De lo anterior se concluye que deben ser resarcidas todas las consecuencias económicas derivadas del daño, tanto presentes como futuras. Esto es, tanto los gastos ya erogados, como los perjuicios y el lucro cesante derivados del daño. Así, el derecho fundamental de las víctimas a ser resarcidas por los daños derivados de un delito, contenido en el artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución General, debe interpretarse como el derecho de la víctima del delito a una indemnización justa e integral. Esto es, proporcional al daño sufrido. Conforme lo ha sostenido nuestra Corte Suprema, la reparación integral del daño tiene como objetivo que con la restitución se devuelva a la víctima u ofendido a la situación anterior a la comisión del delito, lo que comprende cualquier tipo de afectación generada: económica, moral, física, psicológica u otras. De una interpretación funcional y sistemática de lo dispuesto en los artículos 7, fracción VII; 12, fracción II; 26, 27, fracciones I y III; 64, fracción III, de la Ley General de Víctimas y 39, fracciones II y III, del Código Penal para el Estado de Sinaloa en vigor, en el caso que nos ocupa, la reparación integral del daño como consecuencia del delito comprende, como mínimo, entre otros aspectos, la indemnización del daño material causado, así como el resarcimiento de los perjuicios ocasionados económicamente evaluables. Estando acreditado en autos, que para apoderarse del numerario se causó daños a la caja fuerte donde éste se encontraba, causando con ello un perjuicio económico adicional al ofendido, que requiere ser reparado. Sin dejar de considerar, que, conforme a reiterados criterios de los Tribunales de Amparo, la acción del activo de causar daños a una propiedad con la finalidad de apoderarse de objetos, sin derecho y sin consentimiento de quien podía disponer de ellos con arreglo a la ley, no configura el delito autónomo de daños, sino tan sólo es el medio de que se vale el agente del delito para cometer el robo, por lo que aquél queda subsumido en este último. En tal supuesto, la reparación integral deberá comprender el resarcimiento de los perjuicios ocasionados con motivo de la afectación patrimonial sufrida en virtud de los medios utilizados para llevar a cabo el robo, sin que para ello se requiera una acusación separada por el delito de daños, además del de robo, pues en ese supuesto no se configuran conductas delictivas autónomas.

Conforme a reiterados criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y de Tribunales Colegiados de Circuito, la acción del activo de causar daños a una propiedad con la finalidad de apoderarse de objetos, sin derecho y sin consentimiento de quien podía disponer de ellos con arreglo a la Ley, no configura el delito autónomo de daños, sino tan sólo es el medio de que se vale el agente del delito para cometer el robo, por lo que aquél queda subsumido en este último. Igualmente, resulta de tomarse en consideración que en determinados casos, atendiendo los referidos criterios, el delito de robo no puede coexistir con el diverso de daños, lo cual únicamente ocurre cuando los daños son el mecanismo de violencia utilizado para realizar el robo; mas no cuando el robo y el daño son cometidos de manera independiente y el daño nada tiene que ver con el delito de robo, pues entonces adquieren autonomía los dos ilícitos. En este orden de ideas, si los daños fueron el medio para realizar el robo, quedan subsumidos en esta conducta ilícita sin configurar otro delito. Supuesto en el cual, la reparación integral deberá comprender el resarcimiento de los perjuicios ocasionados en virtud de la afectación patrimonial sufrida en virtud de los medios utilizados para llevar a cabo el robo, sin que para ello se requiera una acusación separada por el delito de daños, además del de robo, pues no se configuran conductas delictivas autónomas. En cambio, si el robo y los daños son cometidos de manera independiente y el daño no tiene relación causal con el robo, entonces se configuran ambos delitos: robo y daños, cada uno de los cuales requiere de la acusación respectiva, al tener autonomía ambos ilícitos

El control preventivo provisional es una figura o concepto jurídico ideado por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal Constitucional y desarrollado a partir de lo sentenciado en los Amparos Directos en Revisión 3463/2012 y 1596/2014, a fin de construir un parámetro para determinar los supuestos constitucionales en los cuales se justifica, objetiva y razonablemente, que los agentes de la autoridad, en sus funciones de seguridad pública y prevención del delito, puedan restringir momentáneamente la libertad personal deambulatoria de las personas —así como otros derechos interdependientes respecto la libertad, como puede ser los de propiedad, libre circulación o intimidad—, y realizar una revisión de su persona, objetos o vehículo, como restricción provisional válida a la libertad personal de manera previa a la existencia de una detención en flagrancia. Puntualizando, en la Ejecutoria 3463/2012, que dichos controles tienen tres finalidades distintas e independientes entre sí, siendo las siguientes: a) la prevención de la comisión de algún posible delito; b) la salvaguarda de la integridad y la vida de los agentes policiales; y, c) corroborar la identidad de alguna persona con base en información de delitos previamente denunciados ante la policía. La actualización de cualesquiera de ellas en casos concretos, legitimará a la autoridad que lleva a cabo funciones de seguridad pública para realizar un control preventivo provisional. En el entendido constitucional de que dichos controles preventivos provisionales «podrían propiciar y legitimar la detención de cualquier persona por la comisión de algún delito flagrante». Ahora bien, se postuló por dicha Sala Constitucional que las condiciones fácticas de las circunstancias que justifiquen la realización de un control preventivo provisional, determinarán el grado de intensidad del control preventivo por parte de la autoridad. En ese tenor, sostuvo la Alta Sala en la Ejecutoria 3463/2012, existen dos grados de intensidad del control preventivo: a) Un control preventivo de grado menor implicaría que los agentes de la policía pudiesen limitar provisionalmente el tránsito de personas y/o vehículos con la finalidad de solicitar información a la persona controlada. Asimismo, el agente de la policía estaría en posibilidad de realizar una revisión ocular superficial exterior de la persona o del interior de algún vehículo; y, b) Un control preventivo de grado superior, motivado objetivamente por conductas proporcionales y razonablemente sospechosas, implicaría que los agentes policiales estarían en la posibilidad de realizar sobre la persona y/o vehículos un registro más profundo, con la finalidad fundamental de prevenir algún delito, así como para salvaguardar la integridad y la vida de los propios agentes. En estas condiciones, dichos agentes podrían además registrar las ropas de las personas, sus pertenencias, así como el interior de los vehículos. Esto ocurriría, por ejemplo, si las circunstancias objetivas y particulares que rodean a un delito y al sujeto activo corresponden ampliamente con las descritas en una denuncia previa, o bien si los sujetos controlados muestran un alto nivel de desafío o de evasión frente a los agentes de autoridad. En resumen, se dice expresamente en la Ejecutoria, una persona violenta o que intente darse a la fuga, puede ser objeto de un control preventivo más intenso. Es de destacar que conforme a los criterios transcritos, la Primera Sala de la Suprema Corte sostiene, expresa y enfáticamente, que con la finalidad esencial de prevenir algún delito, los agentes que realizan funciones de seguridad pública pueden fundadamente realizar un control preventivo más intenso a una persona cuyo comportamiento objetivo denote que «intente darse a la fuga» —esto es, asuma una actitud o conducta evasiva—, pudiendo además los agentes, a partir de este comportamiento, válidamente interceptar a la persona, registrar sus ropas, pertenencias y el interior del vehículo en el cual se desplaza y —de descubrir en la revisión la comisión de un delito flagrante— detener a la persona controlada. Precisando la Sala de la Corte, que si en base a la realización del control los agentes advierten la comisión flagrante de un ilícito por parte del sujeto controlado podrán lícitamente detenerlo y las pruebas descubiertas en la revisión tendrán pleno valor para ser ofrecidas en juicio.

El artículo 195 del Código Penal Federal establece la presunción de que la posesión de un narcótico es con fines de comercio si la cantidad asegurada es igual o superior a la que resulte de multiplicar por mil las referidas en el artículo 479 de la Ley General de Salud. Por otra parte, éste último precepto prevé las cantidades que no se deben exceder para que se presuma que la posesión del narcótico es para uso personal. Con base en lo anterior, esta Sala concluye que la posesión de narcótico en cantidad superior a las previstas en el artículo 479 de la Ley General de Salud, pero inferior a la que resulte de multiplicarla por mil, no produce la presunción legal de que se realiza con fines de comercio; por ende, para tener por comprobada tal finalidad, no sólo debe tomarse en cuenta la cantidad del narcótico, sino diversos aspectos, correspondiendo al conjunto de indicios que evidencien la posesión con fines de comercio.

En el caso de que se trata, el Juez de la causa consideró que por el hecho de que el acusado fue detenido por agentes policiacos a las 13:30 minutos y en el correspondiente oficio remitido al Agente del Ministerio Público investigador, poniendo a disposición al aprehendido, no se asentó la hora de recibido, esto refleja que existió detención prolongada y que esto trajera como consecuencia que las pruebas de cargo recabadas carecieran de eficacia convictiva, apreciación que la Sala califica como equivocada, toda vez que de la respectiva nota de cuenta que obra en autos, se constata que el Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Contra la Salud en su Modalidad de Narcomenudeo, recibió mediante oficio tanto el correspondiente parte informativo suscrito por los agentes aprehensores, así como al detenido a las 15:30 horas del mismo día de los hechos, lo que refleja que entre el momento de la detención a la puesta en disposición del acusado ante la Representación Social, sólo transcurrieron dos horas, espacio de tiempo que en absoluto puede considerarse como excesivo, para el efecto de aseverar que se vulneró en perjuicio del justiciable lo establecido en el párrafo quinto del artículo 16 Constitucional y mucho menos que esto trajera como consecuencia la invalidez de todo los elementos de prueba existentes en la causa. Empero, en lo que no le asiste la razón al Ministerio Público agravista, es que en la causa exista suficiencia probatoria para revocar el fallo absolutorio decretado, esto en virtud que los dictámenes periciales realizados sobre la sustancia asegurada no fueron debidamente ratificados, lo que imposibilita el acreditamiento de la existencia del delito.

Conforme a la regulación legal del recurso de apelación en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, sólo se faculta al Tribunal Ad quem, a través de los agravios, a revisar los hechos contenidos en la valoración y fundamentación de los razonamientos realizados por el Juez y su conformidad con los principios científicos, lógicos y de la máxima experiencia para determinar la culpabilidad del imputado en el delito del que se le acuse, así como para constatar que es correcta la motivación realizada por el A quo al valorar las pruebas que recibió; por ello, lo que puede ser analizado en apelación son las cuestiones de Derecho, así como la apreciación de los hechos concernidos en la valoración de las pruebas que subyacen en las deducciones, que conforme a los artículos 265 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Enjuiciamiento hizo a partir del estudio de las pruebas que se allegaron y justipreció. Por lo consiguiente dado a que en los agravios expresados por los Defensores del sentenciado, sólo se limitan a señalar que se violaron en su contra las disposiciones legales correspondientes a la valoración de la prueba, sin referir: a) Las razones o argumentos de por qué las contradicciones e inconsistencias por ellos referidas en su escrito de agravios, convierten en ilógica la argumentación que el Juzgador de origen hizo para valorar las pruebas de autos, por lo tanto, esta Sala ex officio no tiene parámetros para analizar si las contradicciones e inconsistencias referidas por los inconformes convierten en irracional la valoración asignada a las pruebas; b) En lo atinente a las manifestaciones realizadas sobre el testimonio del perito los inconformes no expresaron el porqué la valoración asignada a esta prueba contraviene principios científicos así como tampoco las razones por las cuales no debió de otorgársele valor; por lo tanto, no es suficiente para invalidar un atesto de un perito, que sólo se señalen aspectos que en opinión del agravista invalide el atesto correspondiente, porque expresamente deben señalarse las razones de porqué dicho testimonio carece de eficacia por no sujetarse a principios científicos o máximas de la experiencia; c) Por otra parte, con respecto a las manifestaciones vertidas en contra de lo declarado por el testigo no sólo no se precisó porqué el A quo al otorgarle valor contravino algún principio científico, sino tampoco precisó las razones metodológicas avaladas por la ciencia de porqué se pueden obtener con la prueba «Abacard P30», muestras de enzima gammaseminoprotéica, no obstante se haya mojado la pantaleta de la víctima con resguardo de identidad sin lavarla, pues sólo de esta forma se pudo concluir que al no existir la enzima señalada con antelación, el sentenciado no la había copulado; d) Además, los agravistas dejaron de expresar porqué conforme a principios científicos al ser negativa la prueba que nos ocupa se derivaba que no había habido imposición de copula; y, e) Por último, se dejó de expresar porqué es irracional el valor otorgado a los testimonios, por lo que no es suficiente que los agravistas sólo se hayan referido a la existencia de supuestas contradicciones e inconsistencias, pues debieron precisar porqué el valor que se les otorgó no se sujeta a la racionalidad de la valoración. Así pues, en los agravios expresamente debió evidenciar porqué en la apreciación de los hechos, al valorar las pruebas, no se observó por parte del Juez natural las leyes que rigen los conocimientos científicos, lógicos y de máxima de la experiencia que subyacen en las inferencias que de los hechos hizo, no habiendo por lo tanto aportado los motivos jurídicos que dan fundamento al agravio para trastocar las consideraciones contenidas en la resolución recurrida y le dan sustento a ésta; todo ello da pauta para que los agravios se declaren deficientes y por consiguiente inoperantes.

Si de autos se advierte que durante el desarrollo del proceso penal no se acreditó la existencia del delito imputado, en virtud de la ausencia de elementos probatorios suficientes y la representación social al interponer recurso de apelación no formula agravios adecuados; sin embargo, la Sala al entrar al estudio del caso se percata de que existen datos con los que se podría acreditar un diverso ilícito en contra de la libertad sexual y el sano desarrollo de una niña, la autoridad debe armonizar los derechos humanos del sentenciado y la víctima conforme al juicio de proporcionalidad, para efecto de garantizar el respeto al interés superior de la niñez, así como el derecho de audiencia y exacta aplicación de la ley penal. En consecuencia, atendiendo al principio de interdependencia, se deben proteger los derechos de uno, sin menoscabar los del otro. Por tanto, el estado debe proteger a la víctima y garantizar su sano desarrollo, sin que para ello se deba revocar la absolutoria.

Cabe señalar que conforme a criterios jurídicos definidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Amparo, en las tesis de jurisprudencia con números de registro 1005815 y 1006342, una denuncia informal o anónima, al no cumplir con los requisitos legales propios de la denuncia formal como lo son, entre otros, la identidad y firma del denunciante, no es una prueba en sí misma, pero sí se traduce en la noticia de la comisión de un hecho presumiblemente delictuoso —notitia criminis— para que la autoridad actúe en consecuencia; en este orden de ideas, atentos a lo sostenido por dicho Alto Tribunal al resolver, entre otros, los Amparos Directos en Revisión 3463/2012 y 3898/2012, resulta fundado sostener que una denuncia informal —anónima o no— justifica la activación de los Agentes de Policía para realizar un control preventivo provisional legítimo; y si después de realizar dicho control los agentes advierten la comisión flagrante de algún delito, habrá fundamento Constitucional para efectuar una detención en flagrancia, la cual será lícita y también lo serán las pruebas descubiertas en la revisión que, a su vez, tendrán pleno valor jurídico para ser ofrecidas en juicio.

Atentos a lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, entre otros, los Amparos Directos en Revisión 3463/2012 y 1596/2014, con fundamento en lo estatuido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra legítimamente justificado el actuar de los Agentes de Seguridad Pública de efectuarle una revisión al inculpado, dado que en sus funciones de prevención de los delitos, están facultados a realizar «controles preventivos provisionales», cuya finalidad es evitar la comisión de algún delito y constitucionalmente se justifican con la actualización de una «sospecha razonada objetiva» de que se está cometiendo el ilícito o se pretende ocultar su realización. En las referidas Ejecutorias de Amparo, se postuló que para que se justifique la intercepción y revisión de una persona desde la óptica constitucional debe existir una «causa razonable mínima» que lo justifique tales como el comportamiento inusual, conductas evasivas y/o desafiantes frente a los agentes de la policía, o cualquier otro comportamiento de la persona que razonablemente pueda ser interpretado dentro de una situación normal como preparatorio para la comisión de un delito que pueda justificar un control preventivo provisional. Precisándose por dicho Alto Tribunal Constitucional, que en la actualización del supuesto de sospecha razonada, si bien no existe la condición fáctica de la comisión del delito evidente y apreciable de forma directa, sí existen condiciones circunstanciales que justifican la realización del control preventivo provisional por parte de los agentes de la autoridad, ya sea porque haya una denuncia informal o anónima, o porque el sujeto exteriorice acciones que objetivamente den lugar a considerar que se pretende ocultar la realización de un delito. Resolviéndose en las Ejecutorias en mención, que si los agentes de la policía después de realizar el control preventivo legítimo advierten la comisión flagrante de algún delito, la detención del sujeto controlado será lícita y, en consecuencia, también lo serán las pruebas descubiertas en la revisión que a su vez tendrán pleno valor jurídico para ser ofrecidas en juicio, como en el caso, contrario a lo sostenido por el Juez de Primera Instancia, aconteció. En efecto, en el caso concreto, los Agentes de Policía actuaron válidamente al tener conocimiento por medio de una denuncia informal —aquélla que no se rinde ante el Ministerio Público en las condiciones de regularidad formal que deben operar ordinariamente y por consiguiente no le son exigibles los requisitos que la regulación procesal penal vigente establece para las denuncias formales y que puede ser anónima o no—, sobre un delito cometido en flagrancia, por lo que, en base a la ubicación, descripción del individuo y su vestimenta dada por el denunciante, procedieron a abordar a la persona señalada marcándole el alto mediante comandos de voz, llamado que fue desatendido por dicha persona echándose a correr —esto es, asumiendo una actitud evasiva—, lo que propició fuera perseguido e interceptado por los agentes realizándole legítimamente un control preventivo provisional mediante una revisión, encontrándole en su poder la droga afecta a la causa, razón por la cual lo detuvieron al sorprenderlo en delito flagrante, acción válida conforme a la normativa Constitucional y a los criterios jurídicos antes invocados. Por consiguiente, en estas circunstancias, resultan válidos y atendibles como medios de prueba, contrario a lo re-suelto por el Juez de la causa, tanto el informe policial como los objetos y evidencias recogidos al momento de la detención.

Retomando en lo conducente el criterio jurídico sostenido en las tesis con números de registro 1006243 y 199750, para efectos de tener por acreditada la finalidad de comercio de la posesión de narcóticos tipificada en el artículo 476 de la Ley General de Salud, no se requiere que deba quedar debidamente acreditado que el agente activo del delito efectivamente realizó actos específicos de comercio o suministro de la droga, pues no se juzga sobre esa conducta especifica que encuadraría en la diversa modalidad de comercio contemplada en el artículo 475 de la Ley General de Salud, sino que es suficiente la existencia de indicios objetivos bastantes —tales como la cantidad excesiva del narcótico poseído y/o la posesión de diversos tipos de droga, vinculados con otros datos como la tenencia de los narcóticos en la vía pública, en presentaciones en envoltorios de dosis individualizadas, por una persona que no es farmacodependiente o que asumió una conducta evasiva frente a la autoridad, entre otros—, de los cuales pueda inferirse fundadamente que el inculpado tenía la posesión de los narcóticos con la finalidad de comerciarlos. Pues conforme a lo preceptuado en el artículo 477 de la Ley preinvocada, interpretado contrario sensu, la finalidad de la posesión se puede tener por configurada «cuando por las circunstancias del hecho tal posesión [...] pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos».

Conforme al marco constitucional federal que nos rige —artículo 16, párrafo quinto—, existe flagrancia cuando el indiciado es detenido «en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido», supuesto en el que cualquier persona puede detener al inculpado. En el caso en estudio, el aquí sentenciado fue detenido en el momento mismo que estaba en posesión de un narcótico en cantidad que excede la dosis permitida, sin tener la autorización legal necesaria. Detención que, contrario a lo erróneamente determinado por el Juez de la sentencia, esta Sala advierte fue lícita, como lo señaló la recurrente, ya que los agentes de policía actuaron al realizar un control provisional preventivo legítimo, pues del contenido del parte informativo emerge que los agentes aprehensores intervinieron por el comportamiento inusual y agresivo del imputado, al encontrarse en la vía pública escandalizando con palabras altisonantes y agrediendo verbalmente a las personas que pasaban por el lugar, en virtud de lo cual los agentes del orden lo interceptaron y le practicaron un registro preventivo, encontrándole un envoltorio de polietileno de color negro, conteniendo en su interior seis envoltorios de polietileno color blanco, cada uno de ellos con una sustancia granulada que resultó ser metanfetamina conocida como cristal, con un aproximado de trescientos miligramos netos, considerada como psicotrópico por la Ley General de Salud, además sin contar con autorización de la Autoridad Sanitaria, conducta que constituye delito flagrante y autoriza la detención de la persona

En cuanto a la figura de la coautoría, es conveniente partir de la regulación legal de esta figura, así como los precedentes jurídicos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito han sustentado y de las aportaciones doctrinales, para su actualización y prueba. El artículo 18 fracción III, del Código Penal vigente para nuestra Entidad, dispone que son responsables del delito cometido: «III. Los que lo realicen con juntamente». Realización conjunta que actualiza la figura de la coautoría, cuya configuración implica, doctrinaria y jurisprudencialmente, los siguientes requisitos: a) Realización conjunta del hecho, lo que conlleva, que al menos dos personas tomen parte en la realización del ilícito, lo que también presupone una decisión común de éstas. Esta decisión o común acuerdo, puede ser antes o concomitante a la realización del hecho delictuoso. Además, la decisión conjunta debe conformar un plan global unitario, con una distribución de funciones entre los intervinientes; b) Codominio del hecho, lo cual implica que cada interviniente haga un aporte esencial que revele su codominio del hecho, a través del dominio de la función parcial que le correspondió realizar, conforme al plan global unitario, con lo cual cada coautor controlando su aporte esencial domina el conjunto del hecho. El que coactúa ha codecidido hasta el último momento sobre la realización del tipo, pues cuando alguien aporta al hecho una contribución necesaria, tiene por este medio en sus manos la realización del tipo. El dominio del hecho no se presenta únicamente en los casos en los que el sujeto por sí mismo realiza los elementos del tipo, sino que también existe aunque cada persona que interviene no realice por sí solo y enteramente el tipo, siempre y cuando la aportación sea de tal naturaleza que sin la misma el delito no se hubiera podido realizar o fuera de muy difícil realización; y, c) Aporte objetivo esencial de cada interviniente. La coautoría requiere que cada uno de los intervinientes contribuya con una conducta objetiva y fundamental a la realización del delito, aunque algún sujeto no realice por sí mismo los elementos del tipo. Con esto se quiere distinguir entre el aporte del coautor y el aporte del cómplice doloso a que alude la fracción VI, del artículo 18 del vigente Código Penal local, consecuentemente, se hace menester contar con algún criterio que permita establecer la distinción entre un rol y otro. El criterio correcto debe establecer si la división de tareas acordada importa una subordinación de unos respecto de otros. Para la existencia de coautoría es necesario que no haya subordinación a la voluntad de uno o de varios que mantengan en sus manos la decisión sobre la consumación del delito. Así, el «acuerdo previo» es necesario, pero no es suficiente por sí mismo para configurar la coautoría.

Atendiendo la fórmula legal de la fracción III del artículo 18 del Código Penal para el Estado de Sinaloa en vigor, doctrinaria y jurisprudencialmente, la figura de la coautoría se puede condensar en tres requisitos básicos que la configuran, a saber: 1. Decisión común de dos o más personas, que integra un plan unitario, que a la vez posibilita división de trabajo, por distribución de funciones, para la realización del delito; 2. Aporte esencial de cada interviniente, de modo que si uno de ellos hubiere retirado su aporte pudo haberse frustrado todo el plan de ejecución, o, cuando menos hubiere requerido de modificaciones substanciales para continuar con el mismo; y, 3. Tomar parte todos los intervinientes en la realización del delito, en el que, cada sujeto, coautor, tiene un dominio parcial del acontecer delictivo, a través del dominio de su aporte penal. En el entendido que aunque la aportación de un sujeto al hecho delictivo no pueda, formalmente, ser considerada como una porción de la acción típica, si aquélla resulta adecuada y esencial al hecho de tal manera que evidencia que existió entre los agentes un reparto del dominio del hecho en la etapa de su realización, tal aportación es suficiente para considerar a dicho agente coautor material del delito. Así, la coautoría se caracteriza por la intervención de dos o más sujetos en la comisión de un delito, en el cual los coautores ejecutan conjuntamente el hecho guiando el proceso causal hasta la consecución del fin, pero cada uno mantiene la facultad de interrumpir su consumación, por lo cual tienen repartido el dominio del hecho, o como lo denomina la doctrina y la jurisprudencia mexicanas, el codominio funcional del hecho. En este tenor, doctrinaria y jurisprudencialmente, la coautoría implica la realización de un hecho punible por dos o más personas que actúan en forma conjunta, mediante un acuerdo que integra un plan común unitario con distribución de funciones entre los intervinientes, teniendo éstos el codominio funcional del hecho a través de la aportación objetiva esencial, que cada uno hace a la realización del ilícito, aun y cuando la aportación al hecho delictivo no pueda, formalmente, ser considerada como una porción de la acción típica, si aquélla resulta adecuada y sustancial al hecho

En cuanto a la modalidad atenuante de riña, como figura común al homicidio y las lesiones, ésta se define en el párrafo primero del artículo 142 del Código Penal vigente para nuestra Entidad que dispone: «La riña es la contienda de obra o la agresión física de una parte y la disposición material para contender de la otra, cual-quiera que sea el número de contendientes, cuando actúen con el propósito de dañarse recíprocamente». Regulación de la que se obtiene que para la configuración de la modalidad de riña se requieren como elementos objetivos la contienda de obra o agresión física de una parte y la disposición material para contender de la otra parte; y como elementos subjetivos el ánimo rijoso de los protagonistas y el propósito de dañarse recíprocamente. Elementos, tanto objetivos como subjetivos, que requieren ser probados plenamente, pues no pueden presumirse, para que pueda legalmente constituirse la riña. En el entendido que la figura jurídica de la riña va más allá de su significado común u ordinario de mera discusión, pelea o pendencia. En efecto, en atención a la fórmula legal del artículo 142 invocado, para que se configure la riña se requiere como primer elemento objetivo la existencia de una «contienda de obra» o «agresión física» actual, lo cual doctrinaria y jurisprudencialmente se ha dicho que implica necesariamente un combate material, una pelea física, una lucha violenta entre varias personas, las cuales cambian golpes con potencialidad lesiva, esto es, se requiere la materialización de un intercambio de acciones físicas agresivas entre los contendientes; en otras palabras, resulta necesario «que los participantes asuman, por voluntad expresa o tácita, una injustificable actitud mutua de violencia material»; por lo que «no es posible confundirla con aquellos altercados en que dos o más personas, sin acudir a las vías de hecho, se cruzan injurias o amenazas». Requiriéndose también, el que exista una bilateral y manifiesta disposición material —real y tangible— de contender físicamente de ambas partes. Debiendo conjugarse además con los elementos subjetivos de la riña consistentes tanto en el mutuo «ánimo rijoso» de los intervinientes como en el «propósito de dañarse recíprocamente». Ánimo y propósito que pueden originarse de forma deliberada o espontánea, pero que deben estar presentes y mantenerse indeclinables —sin interrupciones temporales prolongadas— por ambas partes durante todo el desarrollo de la contienda material. En este tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al ineludible elemento objetivo o material consistente en la contienda de obra, se ha pronunciado en el sentido de que dicha contienda material implica necesariamente que ambos sujetos se ataquen mutuamente por medios materiales violentos, además subjetivamente deben estar animados por el propósito de causarse daño. Requiriendo dicho Alto Tribunal, que el desarrollo de la contienda material y la intención lesiva sean ininterrumpidos, de suerte tal que cuando uno de los contendientes realiza acciones que denotan su intención manifiesta de que se retira del lugar la riña cesa, en virtud de que «dejan de producirse los dos elementos que la contienda presupone, esto es, el elemento subjetivo que es el ánimo de pleito y el objetivo que es el intercambio de ataques».

En el caso que nos ocupa, además de que las cantidades de los narcóticos metanfetamina y marihuana —las cuales dieron un peso neto de 151.4 gramos, 2.5 gramos, 118.4 gramos y 1.2 gramos respectivamente—, rebasaron con mucho el máximo previsto en la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato del artículo 479 de la Ley General de Salud, existen otros indicios que aunados a la cantidad permiten conformar la prueba circunstancial y demostrar la finalidad de la posesión, tales como el lugar de la comisión de la conducta posesoria —en la vía pública—; que los narcóticos se encontraban repartidos en porciones individualizadas, en quince, once, doce y ocho envoltorios respectivamente; que al ver a los agentes de policía los inculpados trataron de darse a la fuga para no ser detenidos con la droga en su poder; que resultaron no ser farmacodependientes a ninguna droga. Circunstancias las antes reseñadas que mediaron en el caso y conforme al lógico y natural enlace de los indicios antes valorados, bien podía inferirse que las cantidades de metanfetamina y marihuana poseídas eran para fin diverso al consumo personal y permite concluir que el elemento de naturaleza subjetiva que integra el tipo penal aludido, consistente en la intención volitiva pretendida por el poseedor de los narcóticos, sí se encuentra demostrado en autos, en tanto que de los hechos y los indicios que de ellos objetivamente se obtienen, se deriva una cadena incriminatoria de la que se infiere fundadamente que la posesión que se imputa a los inculpados tenía como finalidad la realización de la conducta de comercio (venta), prevista en el artículo 476 de la citada Ley General de Salud. En este contexto, del enlace lógico y natural existente entre los hechos y circunstancias que están plenamente probados, se desprenden indicios o presunciones que, valorados en términos del artículo 324 del Código de Procedimientos Penales Estadual que nos rige, alcanzan el rango de prueba plena, en tanto que de su apreciación conjunta e integral se llega a la plena convicción de que la posesión de los estupefacientes por los acusados tenía como finalidad el comercio de los narcóticos y no la posesión simple como indebidamente determinó el Juzgador de Primera Instancia

También resulta infundado por lo tanto inoperante, el agravio en el que se duele el sentenciado de que a los espermatozoides que afirma el perito haber localizado en un papel con el que se limpió la vulva la ofendida, no se le practicó estudio de ácido desoxirribonucleico (ADN), para determinar su identidad con el esperma del acusado; porque no le es imputable al Ministerio Público la circunstancia de que al imputado no se le haya tomado muestra hemática, para así identificar que el ácido desoxirribonucleico que se encontró en el papel referido corresponde al esperma del acusado; porque como se advierte del correspondiente disco versátil digital en que se grabó la audiencia de debates, el imputado se opuso a que se le tomara una muestra hemática, no obstante haberse ordenado por un Juez de Control. En estas condiciones atentos a lo dispuesto en el primer párrafo de los artículos 270 y 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado no puede impugnar exponiendo como agravio un hecho o circunstancia provocada por su decisión de no permitir se le tomara la muestra, ya que conforme al último numeral invocado, las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo

Para tener por acreditado objetivamente en qué consistió el actuar imprudente que ejecutó el sujeto activo del ilícito es necesario que el órgano técnico acusador exponga de manera razonada, conforme al material probatorio allegado a la causa, en qué consistió la conducta imprudencial que desplegó el acusado, para poder determinar los elementos constitutivos del tipo y la responsabilidad penal; dado que es de capital importancia analizar dichos elementos para comprobar la existencia de los actos con los que se infringió el deber de cuidado conforme a lo establecido por el artículo 14, párrafo tercero, del Código Penal para el Estado de Sinaloa

Cuando se trata de un delito de naturaleza culposa, no se admite la autoría indeterminada prevista en el artículo 18, fracción VIII, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, la cual consiste en atribuir la responsabilidad a los que intervienen con otros en la comisión de un delito, aún y cuando no conste quién de ellos produjo el resultado; sin embargo, esta figura de acuerdo con el artículo 93 de la ley sustantiva de la materia, sólo es aplicable a los delitos de naturaleza dolosa y, es importante destacar que conforme lo establece el artículo 14, párrafo tercero, obra culposamente el que realiza el hecho típico infringiendo un deber de cuidado que debía y podía observar, según las circunstancias y condiciones personales, causando un resultado típico que no previó, siendo previsible, o previó confiando en poder evitarlo; es decir, que esa infracción al deber de cuidado debe desplegarse por el autor que lo comete, lo que implica que para acreditar la responsabilidad en un delitos culposo necesariamente tiene que existir una persona determinada para poder probar jurídicamente y en forma plena la responsabilidad penal

En el recurso de apelación interpuesto por la Representación Social, la Sala Colegiada está legitimada para aplicar la suplencia de la queja en toda su amplitud cuando se trata de una víctima menor de edad y analizar los supuestos jurídicos que perjudican a la víctima con el fin de otorgarle la mayor protección dada su calidad específica, así pues si los agravios expresados atacan el tópico de la gravedad del hecho y la autoridad ministerial se enfoca en argumentar que se aumente el porcentaje de la gravedad del hecho atendiendo únicamente las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión en que sucedieron los hechos, sin especificar qué factores de dichas circunstancias son los que permitirán elevar dicho porcentaje, además alude de manera superficial al bien jurídico tutelado y hace un análisis desde el punto de vista subjetivo de otros delitos que el acusado pudo cometer; sin embargo, este Tribunal de alzada, debe entrar al análisis oficioso de los factores a valorarse para determinar la gravedad bajo las directrices previstas en el artículo 75, fracciones de la I a la IV, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, con el objetivo de garantizar los derechos de la víctima menor de edad. Así pues, es importante señalar que para determinar el aumento de la gravedad del hecho se debe examinar el hecho delictivo desde todas sus vertientes, es decir, en los delitos de naturaleza sexual no se puede dejar de observar el lugar donde se encontraba la víctima, si éste era considerado por ella como seguro, así como con quién estaba, qué relación tenía con el acusado; así como los medios empleados por éste, la edad de la víctima y las consecuencias que en el futuro tendrá el impacto del delito que se ejecutó en su persona.

Se tiene que indebidamente el Juez absolvió al sentenciado, al tener por acreditada a su favor la excluyente de responsabilidad relativa a su farmacodependencia, ya que en el caso no opera dicha excluyente pues el acusado al momento de su detención poseía una cantidad superior a la determinada por la Ley para el estricto e inmediato consumo personal, atentos a lo dispuesto en el artículo 479 de la Ley General de Salud, que dispone sobre los narcóticos que: «cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda las previstas en el listado» (sic), desglosándose enseguida sus cantidades, que en el caso de la metanfetamina señala 40 cuarenta miligramos. Sin que para lo anterior trascienda el hecho de que el acusado fuere farmacodependiente, toda vez que la Ley de Salud en cuestión no lo condiciona así, sino que de una interpretación sistemática de sus artículos 477, 478, 479 y 481, emerge que la condición en cuestión no exime de ilícitamente poseer una cantidad superior de la droga a la permitida ni de una droga diversa, sino que determina que al advertirse ese estado en el agente debe proveérsele el tratamiento correspondiente, y no excluirlo de responsabilidad. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido en jurisprudencia firme obligatoria, que si bien la farmacodependencia constituye una causa excluyente del delito, ella está condicionada a la posesión de narcóticos y en las cantidades establecidas en la Tabla prevista en el artículo 479 de la invocada Ley General, en razón de que la posesión de narcóticos por farmacodependientes no puede constituir una acción desmedida, por lo cual la posesión de narcóticos diversos o en cantidades distintas a las establecidas en la citada tabla, no actualiza causa de exclusión del delito.

La eventual falta o deficiencia del dictamen pericial no tiene como consecuencia jurídica decretar la inexistencia de las lesiones, si éstas se tuvieron por comprobadas con otros medios de prueba —tales como la fe ministerial vinculada con las declaraciones de los intervinientes y/o fotografías, entre otros—, pero sí implica que las lesiones no pueden ser clasificadas legalmente ni determinada su gravedad; por consiguiente, ante la ausencia de prueba fehaciente sobre la clasificación médica legal de las lesiones que sufrió el ofendido, para determinar la pena que deba imponerse al imputado, atendiendo el principio favoris reo, deberán considerarse como aquéllas de las que tardan en sanar hasta quince días contempladas en la fracción I del artículo 136 del Código Penal que nos rige, por ser éstas las que tienen contemplada una menor penalidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis con rubro “PRUEBA ILÍCITA. LÍMITES DE SU EXCLUSIÓN”, ha determinado que existen límites sobre hasta cuándo se sigue la ilicitud de las pruebas de conformidad con la cadena de eventos de la violación inicial que hacen posible que no se excluya la prueba. Señalando, de manera enunciativa y no limitativa, como supuestos, los siguientes: a) si la contaminación de la prueba se atenúa; b) si hay una fuente independiente para la prueba; y c) si la prueba hubiera sido descubierta inevitablemente. Para el supuesto de la atenuación de la contaminación de la prueba, nuestro más Alto Tribunal enuncia como factor que se podría tomar en cuenta para determinar si el vicio surgido de una violación constitucional ha sido difuminado, entre otros, el siguiente: entre más distancia temporal exista entre la ilegalidad inicial y la adquisición de una prueba secundaria, es decir, que entre más tiempo pase, es más probable la atenuación de la prueba, propiciando su no exclusión. Precisando que la aplicación del anterior estándar debe hacerse en cada caso concreto. En este contexto, la confesión judicial del sentenciado vertida en declaración preparatoria, donde aceptó haber realizado el apoderamiento que le atribuían, es atendible y no se excluye al no estar relacionada con la ilegal detención de la que fue objeto el acusado, pues fue emitida libre y espontáneamente en sede judicial, con asistencia de su defensor, meses después, con independencia de su primera declaración, dado que seguidamente a ésta fue puesto en libertad y su nueva detención se ejecutó mediante cumplimiento de orden de aprehensión emitida por la Jueza de la causa con las formalidades que exige la Ley, interrumpiéndose así la secuencia de la ilegal detención, constituyéndose un elemento probatorio autónomo. Además del contenido de lo declarado por el activo en preparatoria se advierte que hizo referencia a lo que declararon las personas que lo señalan confirmando que realizó el robó que se le imputa.

Conforme al marco constitucional que nos rige —artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos—, existe flagrancia cuando el indiciado es detenido «en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido», supuesto en el cual cualquier persona puede detener al inculpado. En el caso concreto, como en esencia lo exteriorizó el apelante, se advierte que en la detención de los acusados se cumplieron con las exigencias constitucionales señaladas en referido dispositivo Constitucional, al existir flagrancia delictiva por parte de los encausados, al haber sido interceptados por los agentes de aprehensores en el momento de estar cometiendo el hecho ilícito que se les atribuye. En efecto, como lo señala el recurrente en sus agravios, se detuvo a los acusados en flagrancia, ya que fueron detenidos cuando sacaban el diésel robado del relleno sanitario —establecimiento donde prestaban servicios como vigilantes—, instalaciones bajo su custodia en cuyo interior cargaron la camioneta con bidones de plástico en los cuales depositaban el combustible que sustrajeron con mangueras de las unidades recolectoras de basura que ahí se encontraban resguardadas; siendo precisamente cuando salían de dicho lugar con el producto robado que fueron detenidos por los agentes de policía. En el caso en estudio, los aquí sentenciados fueron avistados, interceptados y detenidos en el momento mismo —en altas horas de la noche— en el cual con los bidones contenedores del combustible, ilícitamente apoderado, salían del relleno sanitario; acción que presenciaron directamente los agentes aprehensores, lo cual, contrario a lo sostenido por el Juez de Primera Instancia, configura indubitablemente un contexto de delito flagrante.

Conforme lo ha determinado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis con número de registro 1002991, del Apéndice de Jurisprudencia 1917-Septiembre 2011, los agravios que se hagan valer en un recurso no necesitan cumplir con formalidades rígidas y solemnes, ya que, por una parte, los diversos preceptos que los regulan no exigen requisitos para su formulación y, por otra, el escrito a través del cual se hagan valer éstos debe examinarse en su conjunto, por lo que será suficiente que en alguna parte de éste se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que las respectivas consideraciones le provocan, así como los motivos que generan esta afectación, controvirtiendo las consideraciones que por su estructura lógica sustentan la resolución recurrida, o, en su caso, las circunstancias de hecho que afectan la validez de esta última, para que el órgano revisor deba analizarlos. En este contexto, en cuanto al formalismo que rige a los conceptos de violación y a los agravios en materias de estricto Derecho, es de señalarse que el análisis de los motivos de inconformidad implica la comprensión de los planteamientos y la finalidad que se persigue con su exposición, sin tecnicismos ni rigorismos, o sea, sin la exigencia de un silogismo formal; de ello se obtiene que aún en agravios vertidos por la autoridad en una materia de estricto Derecho sin que ello se signifique en suplencia de la queja deficiente, lo único que corresponde al Juzgador es poner de manifiesto la verdadera intención de quien recurre, a través de los argumentos expuestos, sin que le sea exigible al recurrente que se tenga que ocupar de combatir punto por punto o línea por línea lo expuesto en la sentencia, sino que basta que se ocupe de controvertir los razonamientos centrales que sirvieron de base a la resolución.

La extinción de la pretensión punitiva procede, de conformidad con el artículo 106, fracción IV, del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, cuando se otorga el perdón por parte de la persona ofendida, siempre y cuando se trate de un delito de querella. Ahora bien, si se acredita que la parte ofendida de un delito, que admite dicho presupuesto, falleció antes de que la sentencia dictada en el proceso penal causara ejecutoria, dado que se encontraba en trámite un recurso de apelación, y la madre del ofendido, otorga el perdón y al advertirse de autos que el pasivo era soltero; ésta, como familiar consanguíneo directo, está legitimada para otorgar a la parte acusada el perdón, máxime cuando ni el Ministerio Público ni el acusado se oponen en que éste sea otorgado y en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento de la causa, por persona legitimada para hacerlo.

El artículo 203 del Código Penal para el Estado de Sinaloa prevé la pena base para el delito de robo mientras que el artículo 204 del Código de referencia establece tanto las circunstancias que agravan dicho delito, como la punición que se debe aplicar cuando se acredita cualquiera de ellas; así pues, para determinar el quantum de la pena, quien juzga debe atender los parámetros fijados en ambos artículos. Sin embargo, en lo que hace al delito base el legislador sí fijó los parámetros máximos y mínimos que debe considerar, pero en cuanto al segundo, que establece las agravantes, sólo se ocupó de establecer el parámetro máximo, el cual corresponde a tres cuartas partes de la pena prevista para el delito base, sin definir cuál debe ser el mínimo. Por ello, y atendiendo el denominador de la fracción que se prevé como máxima, debe entenderse que, para determinar el quantum de la pena, quien juzga deberá tomar como mínimo la cuarta parte de misma para poder ubicar en forma concreta la punición de las agravantes que prevé el aludido precepto legal.

La fracción II del artículo 39 del Código Penal para el Estado de Sinaloa prevé al aspecto moral como uno de los rubros susceptibles de indemnización para lograr una reparación del daño en forma integral. Por otra parte, generalmente se acredita la afectación relativa mediante un dictamen psicológico. Sin embargo, tratándose del delito de estupro, existen elementos fácticos que permiten al juzgador apreciar la afectación emocional y moral aún ante la falta de un dictamen en la materia, debiendo considerar el restante acervo convictivo. Por tanto, cuando entre el sujeto activo y la menor víctima exista una diferencia de edad y grado de madurez considerable, el juzgador debe condenar a la reparación del daño moral, independientemente de que su cuantificación se defina en la fase de ejecución

Los artículos 1, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen a la víctima como parte activa del sistema procesal penal, lo que la ubica en un plano de igualdad procesal frente al imputado. A su vez, el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño establece la obligación estatal de velar por el respeto a los derechos humanos de los niños y su efectivo acceso a la justicia. Por tanto, si el Tribunal de Alzada advierte violaciones formales del procedimiento, cometidas en perjuicio de los derechos humanos, máxime tratándose de niñas, niños y adolescentes, en su calidad de víctimas, lo procedente es dejar sin efecto la sentencia absolutoria y ordenar la reposición del procedimiento para que dichas irregularidades sean subsanadas.

El 30 de julio de 2014 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” una reforma al artículo 101 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, en la cual se estableció que se podrá otorgar en sentencia el beneficio de la suspensión condicional de la pena cuando ésta no exceda de cuatro años. El decreto a través del cual se publicó dicha reforma contiene además la adopción del sistema procesal penal acusatorio y oral conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que entrará en vigor de manera gradual y sucesiva, por regiones o circuitos judiciales; dicho decreto, según la publicación, entró en vigor al día siguiente de su publicación; por ello, aún y cuando la reforma al artículo 101 del Código Penal para el Estado de Sinaloa estuvo contemplada en ese mismo decreto, ésta no puede estar sujeta al régimen gradual para su aplicación si contiene un beneficio para el encausado, aún cuando el trámite sea en el sistema anterior, dado que tal reforma no forma parte de la legislación procesal sino que es una norma de carácter formal y materialmente sustantiva, por ende, la misma entró en vigor conforme al único artículo transitorio del decreto; es decir, al día de su publicación. Así pues, al tratarse de una norma favorable para el acusado, y en atención a que la retroactividad in bonam partem de las normas, constituye un derecho fundamental, la autoridad judicial está obligada a su aplicación oficiosa.

Si de autos se advierte que al inicio del proceso, precisamente al rendir su declaración preparatoria el acusado designó a varios defensores, pero nombró como su representante a uno de ellos y éste fue el único que aceptó y protestó el cargo conferido y, durante la celebración de la audiencia de vista quien compareció es uno de los defensores nombrados -pero que no protestó el cargo-, es razón suficiente para que el Tribunal de Alzada considere vulnerado el derecho que tiene el acusado a una defensa legal adecuada, ya que no surte eficacia jurídica y no legitima correctamente la intervención del abogado en la referida audiencia, en virtud de que no protestó el cargo anteriormente ni se advierte que en ella éste haya solicitado tiempo para imponerse de los autos antes de participar y que permitan a este Tribunal cerciorarse de que el acusado estuvo representado adecuadamente. En consecuencia el incumplimiento consistente en la protesta y aceptación del cargo de la persona, que fungió como abogado defensor en la audiencia de vista, violenta las formalidades esenciales del procedimiento prevista en el artí- culo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo tercero, impone la obligación a todas las autoridadesdel Estado Mexicano, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Dicha norma constitucional, de conformidad con el sentido y alcance que le ha sido atribuido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, inter alia, el expediente varios 912/2010 y la contradicción de tesis 293/2011, preconiza el papel de los jueces nacionales como garantes de los derechos humanos. Es así que todos los juzgadores del país, con independencia de fuero o jerarquía, tienen el indeclinable carácter de jueces de derechos humanos, con lo que se ratifica el contenido imperativo de la Constitución como norma jurídica prevalente y vinculante en la función de juzgar, así como el carácter indisponible de los derechos fundamentales. Lo anterior significa que los juzgadores de cualquier instancia deben aplicar judicialmente la Constitución y los tratados internacionales, para someter los actos de autoridad de los que deban conocer —como son los cumplidos por el Ministerio Público en la fase de investigación del delito y averiguación previa— a un aná- lisis de compatibilidad con el contenido de los derechos humanos en concernencia, para lo cual se deberá atend er a la interpretación normativa autorizada que otorgue mayor amplitud a su protección, bien sea de cuño nacional o bien del sistema interamericano.

El delito de despojo se integra, de conformidad con el artículo 225, fracción I del Código Penal para el Estado de Sinaloa, de tres elementos que deben ser acreditados en su totalidad para tenerse por demostrado, que consisten en: 1) una conducta de carácter positivo de ocupación, 2) Que la ocupación recaiga sobre un bien inmueble ajeno y 3) Que se realice sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo o engañando a éste. Ahora bien, referente al elemento objetivo o material de la conducta, consistente en la ocupación del inmueble, debe delimitarse con exactitud la superficie afectada, para lo cual la prueba idónea es un dictamen pericial en materia de agrimesura en el cual se establezcan las medidas y colindancias del predio en conflicto, así como se expongan los razonamientos suficientes para la localización de las distancias y líneas divisorias del inmueble afectado, para que así el juzgador pueda tener por determinada la delimitación exacta del inmueble y por ende la ocupación indebida que se le atribuye a la parte acusada.

Para acreditar la existencia del delito de robo de vehículo automotor equiparado, en su modalidad: al que a sabiendas transite en un vehículo robado, es necesario que se acrediten plenamente todos los elementos que lo configuran, en el entendido que de conformidad con el artículo 207 bis, fracción VII del Código Penal para el Estado de Sinaloa, dicho elementos configurativos deben entenderse como: 1) al que (sujeto activo), 2) a sabiendas (elemento subjetivo específico, 3) transite (verbo rector) y 4) que ese vehí- culo sea robado; por ende, si el elemento subjetivo no se demostró plenamente, los hechos resultan atípicos, ya que para acreditar dicho elemento no es suficiente el simple hecho de que los agentes aprehensores manifiesten que el acusado les dijo que sí tenía conocimiento que el vehículo en el cual transitaba era robado, toda vez que el mismo no se encuentra concatenado con algún otro medio probatorio idóneo para acreditarlo y, en consecuencia no es suficiente para otorgarle valor probatorio pleno y sostener una sentencia de condena.

Para tener por acreditada la relación de causalidad entre la conducta desplegada por el sujeto activo y el resultado obtenido, es necesario que de autos se advierta que la acusada del delito ocasionó a la ofendida las lesiones que finalmente le causaron el daño a su salud que se indicó en el dictamen médico que obra en autos; por ende, si con el material probatorio desahogado en la causa penal no se sustenta que la acción, base genérica del delito, perpetrada por la acusada fue el motivo de la lesión de la que se aqueja la ofendida, no se puede demostrar relación de causalidad entre el golpe supuestamente ocasionado con la fractura que presentó la ofendida de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código Penal para el Estado de Sinaloa.

De acuerdo a lo previsto por el artículo 242 bis, fracción III, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, éste no sólo exige como calidad del sujeto activo que sea ascendiente del menor o incapaz de quien se diga sustraído o retenido, también se requiere que sea el titular de la guarda y custodia del menor y que éste impida las convivencias (a la madre o al padre) decretadas por resolución judicial; sin embargo, si de autos se advierte que no existe una orden judicial que decrete la convivencia de éste con su progenitora, aún y cuando se acredite que existió un incumplimiento por parte del acusado de una resolución judicial de orden familiar en la que se ordenó hacer entrega del menor a su madre, si la resolución incumplida no decreta convivencia, la conducta del acusado no encuadra en la hipótesis delictiva indicada en el artículo analizado y por la cual fue acusado.

La retractación del ofendido es de desestimarse, pues además de no corroborarse con ningún medio probatorio que la justifiquen jurídicamente, se tiene que la primera declaración del ofendido es en esencia precisa, sin dudas ni reticencias y está robustecida con otros indicios incriminatorios que debidamente adminiculados conducen a la certeza de la imputación contra el encausado inicialmente hecha por el pasivo, evidenciando que la retractación realizada con mucha posterioridad a la fecha del ilícito fue motivada no por el legítimo interés de enmendar una equivocación, sino con la única intención de favorecer al inculpado, en demérito de la recta administración de justicia.

De una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 205 fracción V, 272, 274, 281, 282 y 283 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa, en toda causa penal corresponde al Ministerio Público o al Juez en su caso, examinar a los testigos que puedan proporcionar algún dato para la averiguación del delito y del delincuente, debiendo instruir dichas autoridades a los testigos de las sanciones que impone el Código Penal a los que se producen con falsedad, se nieguen a declarar o a otorgar la protesta de Ley, debiendo preguntar a cada testigo su nombre, apellido, edad, nacionalidad, vecindad, habitación, estado, profesión o ejercicio, si se halla ligado con el inculpado o con el querellante por vínculo de parentesco, amistad o cualquiera otro y si tiene algún motivo de odio, rencor o afecto con alguno de ellos, después de lo cual los deponentes declararán de viva voz su versión de los hechos motivo del proceso, teniendo el Ministerio Público y la defensa el derecho de interrogar a los declarantes y pudiendo incluso el Tribunal inquirir al testigo sobre los puntos que estime convenientes. Aspectos los anteriormente enunciados que no se cumplen tratándose de declaraciones hechas por una persona ante Notario Público. En este contexto, la declaración notarial presentada como probanza en un juicio penal carece de pertinencia jurídica, pues no constituye prueba testimonial que reúna las condiciones y requerimientos legales para su producción y valoración, por consiguiente no resulta el medio idóneo para desvirtuar el tiempo, modo y circunstancias de ejecución de los hechos ilícitos, pues la recepción de testimonios válidos para este fin está reservado por Ley a la autoridad ministerial y a la judicial.

De una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en el artículo 207 Bis A, fracción VII, se equipara al robo de vehículo el que una persona, a sabiendas de esa circunstancia, transite un vehículo robado, lo que hace necesario delimitar la connotación jurídica del verbo rector del referido tipo penal. En su significado gramatical «transite» representa la primera persona del singular presente, modo subjuntivo del verbo «transitar». Conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, transitar significa «Ir o pasar de un punto a otro por vías o parajes públicos»; por su parte, tránsito denota la acción de transitar, que dicho diccionario define como «Actividad de personas y vehículos que pasan por una calle, carretera, etc.», teniendo como sinónimos los de trasladar, circular, desplazar, mover. En este contexto, válidamente se puede concluir que transita un vehículo robado quien lo traslada, circula, desplaza o mueve de un punto a otro por vías, calles o carreteras públicas.

Atentos a lo dispuesto en el artículo 303 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa en vigor, los careos procesales, como los denomina la doctrina y la jurisprudencia con el carácter de regla probatoria, se practicarán cuando exista contradicción sustancial en las declaraciones de dos personas, debiendo decretarse de oficio por el Juez tanto para garantizar el derecho a la adecuada defensa del procesado, que es un derecho fundamental irrenunciable, como para que el Juzgador conozca la verdad de los hechos que es un fin esencial del proceso, para lo cual no debe quedar pendiente de dilucidar ninguna contradicción sustancial en el dicho de dos personas. Fines ambos de los careos procesales que no pueden estar sujetos a la conveniencia o preferencia de alguna de las partes, sino que constituye una obligación legal del Juzgador, quien al advertir la existencia de contradicciones sustantivas entre lo declarado por dos personas, incluso tratándose del inculpado, como lo ha reiterado en sus criterios jurisprudenciales la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá de oficio decretar la celebración de careos, con la finalidad de aclarar los puntos contradictorios y de esta forma el Juez cuente con pruebas eficaces para resolver el asunto sometido a su potestad jurisdiccional. En estas condiciones, al ser un medio de prueba para conocer la verdad dentro del proceso penal, los careos procesales no son renunciables por las partes, debiendo decretarse y celebrarse obligadamente por el Juzgador, sin demérito de que, dándose los supuestos legales del diverso artículo 307 del Código Procesal invocado, se puedan, en su caso, practicar careos supletorios.

De una interpretación lógica y sistemática de lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a ninguna Ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna y nadie podrá ser privado de sus derechos sino mediante juicio seguido conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, en el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos de que no se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito y el artículo 1° del Código Penal para el Estado de Sinaloa en vigor de que nadie podrá ser sancionado por acción u omisión que no estén expresamente previstas y descritas como delito por Ley vigente anterior a su realización, ni con pena o medida de seguridad no establecidas en ella, se puede concluir que siendo la reparación del daño una pena pública el monto de la misma deberá realizarse conforme las disposiciones de la norma jurídica vigente en el momento de la comisión del delito. En base a ello, tratándose de la reparación del daño moral en el delito de homicidio, atentos a lo estatuido en el numeral 44 del invocado Código Punitivo, el monto se determinará tomando en cuenta lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, concretamente en su artículo 502. Dispositivo este último, que fue reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 30 de noviembre de 2012, que entró en vigor al día siguiente, el cual disponía, previo a la reforma, como indemnización en caso de muerte la cantidad equivalente al importe de setecientos treinta días de salario mínimo, elevándose a cinco mil días a partir del primero de diciembre de dos mil doce. En estas condiciones, el monto de la condena a la reparación del daño moral para el homicidio en hechos ocurridos hasta el 30 de noviembre de 2012 será el importe de setecientos treinta días de salario mínimo general vigente a la fecha del ilícito, sin que en aplicación del principio de suplencia a favor de la víctima pueda decretarse el de cinco mil días, pues ello implicaría la imposición de una sanción establecida en una norma jurídica que no estaba vigente al momento de la comisión del delito, haciendo una aplicación retroactiva en perjuicio del inculpado, vulnerando con ello sus derechos humanos consagrados en los invocados artículos 14 de la Constitución General de la República y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En el artículo 9, fracción II, de la Ley Orgánica del Ministerio Pú- blico del Estado de Sinaloa, se establece que la investigación y persecución de los delitos del orden común comprende: «II. Propiciar adecuadamente la conciliación entre las víctimas u ofendidos por delitos y quienes aparezcan como probables responsables, en los ilícitos que se persigan por querella […]». Requisito que se encuentra previsto en una regulación interna que establece directrices de funcionamiento de la Representación Social, el cual no se encuentra correlacionado con algún precepto del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, ordenamiento que regula la forma de sustanciar el proceso relativo de la causa instruida en contra del sentenciado, además de que en este ordenamiento procesal no se contempla como requisito de procedibilidad que se agote de manera previa al proceso la conciliación de las partes involucradas en un delito de querella, y que en caso de que éstas no lleguen a un acuerdo conciliatorio se radique el proceso penal; por ende, dicha exigencia no reviste la calidad de requisito sine qua non para la legal eficacia del proceso, tampoco impacta en la querella presentada por la parte ofendida en ejercicio de un derecho. Por lo tanto, el hecho de que no conste en autos que la Representación Social haya agotado dicho medio alterno, no incide en el proceso penal.

El pago por concepto de reparación del daño a favor de la madre del ofendido, procede aun cuando el pasivo adolescente haya fallecido, ya que dicha circunstancia no conlleva a establecer que se extinga tal obligación respecto del periodo que no cumplió con sus obligaciones el encausado, época en que adicionalmente por la situación que guardaba el ofendido (su hijo) requería todo el apoyo econó- mico y moral, por lo que el hecho de que posteriormente falleció el pasivo, no exime al acusado de que cubra a la madre del ofendido el pago de la reparación del daño, pues la progenitora del ofendido tiene derecho al pago por concepto de reparación del daño acorde a lo previsto en la fracción IV del artículo 44 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, en el orden de preferencia como ascendiente del pasivo, pues es evidente el hecho de que fue la madre quien se hizo cargo de la situación económica de quien fuera su hijo, brindándole el cuidado, atención y apoyo moral; por lo tanto, resulta viable condenar al justiciable al pago por concepto de reparación del daño material, reservándose su cuantificación en la etapa de ejecución de sentencia a través del incidente correspondiente.

En el caso concreto si bien se acreditó que el pasivo quedó incapacitado temporalmente para desempeñar un trabajo u oficio por más de un mes y menos de un año, según dictamen pericial, no menos cierto que ello por sí solo no actualiza el que se genere el pago de las percepciones a que refiere el artículo 39 fracción IV del Código Penal para el Estado de Sinaloa, por el monto solicitado, pues es evidente que para que tal supuesto se actualice debe acreditarse en principio que la parte ofendida tiene un trabajo u oficio el cual no pudo desempeñar durante el tiempo que permaneció incapacitado. Por otro lado el hecho de haber cursado estudios de una carrera profesional por sí sólo no es suficiente para determinar que el pasivo se encontrara trabajando en la época de los hechos y que con motivo de la lesión que sufriera, no pudo devengar un salario, más aún si no está determinado el oficio, ocupación o actividad laboral que desempeñaba la parte ofendida en la fecha del evento ilícito. De tal manera que si bien el numeral en mención, prevé dentro del concepto de la reparación del daño, el pago del salario cuando por motivo de la lesión se cause una incapacidad para trabajar, este derecho no es absoluto y que se genere por sí solo por el hecho de tener una lesión, pues debe para tal efecto de comprobarse que el pasivo cuenta con un trabajo, esto es, que previamente debe acreditarse en autos del expediente, que efectivamente la persona afectada haya dejado de trabajar con motivo de la lesión sufrida.

Tratándose de competencia territorial por excepción, tema previsto en el artículo 17 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, ésta procede en las siguientes hipótesis: a) por razones de seguridad en los Centros de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito; b) características del hecho imputado; c) circunstancias personales del indiciado; y, d) a otras igualmente justificables que no garanticen el desarrollo adecuado del proceso. Sin embargo, para que se actualice la mencionada excepción competencial, deberá exponerse el motivo y supuesto a que se alude en dicho numeral. Por lo tanto, si no se cumplen las razones de seguridad en un Centro de Ejecución, o no se garantiza el desarrollo adecuado al proceso, habrá de actuarse en consecuencia.

La condición de farmacodependiente no autoriza a la persona a poseer cantidades excesivas de narcóticos, ni constituye por sí misma una causa excluyente del delito, la cual únicamente se actualiza, por criterio firme de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se posea droga en una cantidad igual o inferior a las dosis máximas de consumo personal e inmediato contenidas en la Tabla de Orientación del artículo 479 de la Ley General de Salud, sin que incida la cantidad de droga que consuma o se dice requiere consumir el imputado, pues ello constituye un dato subjetivo atinente a la persona del inculpado, el cual no puede prevalecer sobre el dato objetivo de las dosis legalmente señaladas en la invocada Tabla.

El robo de uso, así denominado por la doctrina y la jurisprudencia, tipificado en el artículo 209 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, es una figura jurídica que representa una modalidad atenuada del robo en general y en particular del robo de vehículo, que como tal, para su actualización, requiere ser probada en autos plenamente por el agente del delito o su defensor cuando alguno de ellos la invoca, con medios probatorios objetivos idóneos y suficientes que hagan indubitable que el objeto fue tomado con carácter temporal y no para apoderárselo y para esta finalidad no resulta suficiente el mero dicho del inculpado; por lo cual, faltando prueba en tal sentido y constando en los autos del proceso que el inculpado no tenía derecho ni autorización legítima para realizar el acto apoderativo sobre el automotor, su conducta se ha de tener como configurativa del delito de robo de vehículo contemplado en el diverso numeral 207 del invocado Código Punitivo que nos rige, máxime que el acusado fue sorprendido con el objeto material del delito en su poder.

Aun cuando de las constancias procesales se obtiene que una compañía de seguros cubrió el siniestro de la unidad propiedad del ofendido en virtud del contrato que tenían celebrado, sin embargo, ello de manera alguna incide en la condena a la reparación del daño decretada en contra del sentenciado, pues dicha reparación tiene el carácter de pena pública y debe ser hecha por el responsable de un delito según mandato del artículo 36 del Código Penal para el Estado de Sinaloa en vigor, derivado de la comisión de un ilícito que causa en la persona o patrimonio del ofendido un daño que debe ser resarcido por quien perpetró el delito, de suerte tal que lo dispuesto en el diverso numeral 38 del citado Código de que cuando la reparación del daño sea cubierta por cualquier vía, su pago excluirá la reclamación por vía diversa, lógica y sistemáticamente deberá entenderse que aplica únicamente cuando el sentenciado —y no un tercero extraño interesado— haya cubierto por sí dicha reparación, quedando por consiguiente excluida la reclamación por otra vía, como podría ser la civil. En este tenor, el pago hecho por terceros interesados ajenos al proceso penal, como lo es una compañía aseguradora, según reiterados criterios jurídicos emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no deslinda de su obligación al responsable del delito, pues el pago hecho por la compañía implica el cumplimiento de un compromiso establecido entre asegurador y asegurado, que en nada modifica la obligación del sentenciado condenatoriamente, en virtud de que la empresa aseguradora se subroga legalmente en los derechos de su asegurado en tales casos, según disposición expresa del artículo 111 de la Ley sobre el Contrato de Seguro vigente. Así las cosas, puede válidamente concluirse que siendo cierto que la compañía de seguros cubrió el siniestro sufrido por el vehículo del ofendido, no resulta menos cierto que la condena al pago de la reparación del daño causado por el delito cometido por el sujeto activo debe cumplirse en sus términos, para que la misma, como sanción pública que es, sea cubierta por el sentenciado, ya que no resultaría jurídicamente sustentable absolver de tal pena por actos de un tercero interesado, realizados en cumplimiento de un contrato de seguro, al cual es ajeno el enjuiciado. Sin que ello implique que el ofendido vaya a recibir una doble reparación del daño causado, pues en virtud del contrato de seguro sus derechos se subrogan legalmente en favor de la compañía aseguradora que cubrió el siniestro.

Conforme al primer párrafo del artículo 16 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, para efectos de la tentativa punible se requiere la demostración del plan concreto del autor, cuyo comienzo surge, en la práctica, cuando el sujeto activo despliega actos ejecutivos para la consumación del delito, como sería, probar la intención del sujeto activo externada a través de cualquier hecho que integra ese plan preconcebido, de apoderamiento en el robo o de privar de la vida en el homicidio, por ejemplo. Para que un determinado actuar cuente con tales características y sea penalmente reprochable a tí- tulo de tentativa, debe atenderse al análisis del proceso ejecutivo de la conducta desplegada por el agente, en la cual exteriorice, sin lugar a dudas, la resolución de cometer un delito determinado mediante verdaderos actos ejecutivos. En el caso concreto a estudio se acredita el delito de robo en grado de tentativa en virtud de que los actos realizados por el activo revelan inequívocamente su intención de ejecutar el apoderamiento del objeto mueble ajeno, ya que se está en presencia de hechos que por su materialidad, son significativos sin lugar a dudas, de que el sujeto activo tuvo el propósito firme de apoderarse de un televisor propiedad de la empresa ofendida, sin lograrlo por una causa externa, ajena a su voluntad, como fue la activación de la alarma que alertó a las autoridades cuyos agentes interceptaron y detuvieron al activo en el momento en que intentaba salir del local por la puerta de emergencia; de esta suerte, si de lo manifestado ministerialmente por el encausado, ratificado en preparatoria, reconoció expresamente que su intención era apoderarse de un televisor y para ello se ocultó en la tienda durante horas hasta que cerraron al público y en su momento salió de su escondite para tomar el objeto elegido, lo cual no pudo consumar al activarse la alarma y emprender la huida; por lo cual resulta incontrovertible que tales actos revelan inequívocamente su propósito de consumar el delito de robo y si no logró tal finalidad por la activación de la alarma y la intervención de la policía, hechos ajenos a su voluntad, deben tenerse por acreditados todos los elementos configurativos de dicho ilícito en grado de tentativa.

En aras de la protección de los derechos de la niñez, en aquellos casos en los que se imparta justicia a menores de edad que resulten víctimas de un delito, debe partirse de un concepto de corpus iuris, donde se contiene una diversidad de instrumentos internacionales de contenido y efecto variado, y aplicar aquéllos que garanticen la plena protección de sus derechos, tales como son todos aquéllos que resultan vinculantes y que suscribe el Presidente de la República Mexicana con aprobación del Senado como fuente legal; y, en cuanto a aquellos documentos de carácter internacional que coadyuven a precisar el alcance y contenido de los derechos que han sido reconocidos en dichos tratados, como orientadores y fuentes de derecho internacional; es decir, las reglas, principios, resoluciones, observaciones generales u opiniones consultivas, sirven para interpretar los mismos, más aún si éstos derivan de aqué- llos que constituyen la fuente que da origen a dichos derechos; lo anterior por imperio del artículo 1 constitucional, ya que de éste emana la obligación de todo juzgador de efectuar su interpretación conforme y atender el principio pro homine, en los que prevalezca la elección de aquellas normas que resulten en su aplicación más favorables a las personas.

De una interpretación sistemática de lo previsto en el primer párrafo del artículo 16 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, la tentativa es punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza ejecutando actos que deberían de producir el resultado, si dichos actos se interrumpen o el resultado no acontece por causas ajenas a la voluntad del agente. Así, la tentativa requiere la realización por parte de una persona de actos ejecutivos encaminados a la perpetración de un delito, que sin embargo no se consuma por causas ajenas a su voluntad. En este tenor, son elementos técnicos para la configuración de esta figura típica los siguientes: a) Un elemento subjetivo, consistente en la intención o resolución del agente dirigida a cometer un delito; b) Un elemento objetivo, consistente en la realización, total o parcial, por parte del sujeto activo de actos encaminados a la ejecución del delito; y c) Un elemento negativo, consistente en la falta de consecución del resultado típico deseado, por causas ajenas a la voluntad del agente del delito, que radica en que el resultado que normalmente debía de producir el ilícito de que se trate, no se verifique en el mundo fáctico por causas externas. En cuanto al elemento subjetivo finalístico que se exige para configurar la tentativa punible, consistente en la resolución dirigida a cometer un delito determinado, implica que la conducta del activo tenga la intención dolosa de realizar el antijurídico imputado de acuerdo a un plan mental preconcebido por el inculpado dando comienzo a su ejecución, esto es, requiere la exteriorización de actos ejecutivos. Pauta que atiende doctrinariamente el denominado criterio objetivo individual, conforme al cual, en palabras de Raúl Eugenio Zaffaroni «[…] se toma en cuenta para establecer la diferencia, el plan concreto del autor (de allí lo de ‘individual’), no pudiéndose establecer la separación entre acto ejecutivo y preparatorio prescindiendo del plan concreto del autor». Atendiendo este criterio la tentativa comienza con la actividad, con que el autor, según su plan delictivo, se aproxima inmediatamente a la realización del plan delictivo. En este orden de ideas, para efectos de la tentativa punible se requiere la demostración del plan concreto del autor, cuyo comienzo surge, en la práctica, cuando el sujeto activo despliega actos ejecutivos para la consumación del delito, como sería, probar la intención del sujeto activo externada a través de cualquier hecho que integra ese plan preconcebido, de apoderamiento en el robo o de privar de la vida en el homicidio, por ejemplo. Para que un determinado actuar cuente con tales características y sea penalmente reprochable a título de tentativa, debe atenderse al análisis del proceso ejecutivo de la conducta desplegada por el agente, en la cual exteriorice, sin lugar a dudas, la resolución de cometer un delito determinado mediante verdaderos actos ejecutivos.

Para que el Tribunal de Alzada se encuentre en posibilidad de aplicar las reglas del concurso real de delitos, debe existir base legal desde la acusación que el Ministerio Público presentó ante el Juez de origen, ya que si el proceso en contra del acusado se le instauró por un solo delito, mismo por el cual se le condenó y, en segunda instancia la representación social alude en sus agravios que de autos se demuestra que no fue sólo una vez desplegada la conducta de violación en contra de la víctima sino que el sujeto activo perpetró en otras ocasiones la misma, es imposible jurídicamente aplicar dichas reglas y aumentar las penas conforme al concurso real en virtud de que dicha petición es contraria al escrito de acusación definitiva, pues como antes se precisó únicamente se instruyó la causa y se acusó en definitiva por un solo delito de violación, y de hacerlo se estarían violentando los límites de la misma así como el derecho del acusado a un debido proceso.

Cuando la Representación Social, en sus agravios solicite al tribunal Ad quem aumente la penalidad en el delito de violación, en virtud de que de autos se advierte que además de las agravantes por las cuales ya se condenó al acusado, se demuestra también que existió violencia física en contra de la víctima; sin embargo, aún y cuando esta última agravante sea evidente, el Tribunal de Alzada se encuentra imposibilitado para llevar a cabo dicho aumento por los límites que legalmente impone la acusación formulada por el Ministerio Público; así pues, si en el pliego acusatorio definitivo presentado ante el Órgano Jurisdiccional de origen no se hizo mención a la aludida agravante, no es factible que la Representación Social en segunda instancia solicite sea agregada y se aumente la pena impuesta al acusado.

De la calificativa de premeditación prevista en el artículo 139, fracción I, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, se advierten dos elementos, uno objetivo y el otro subjetivo, el primero consiste en el transcurso de un periodo de tiempo más o menos largo entre el momento de la concepción del delito y aquél en el cual se ejecuta, y el segundo se refiere a que exista una reflexión sobre el acto ilícito que se va a perpetrar y que ésta se vea materializada por la persistencia delictuosa. El propósito criminal debe persistir en todo el tiempo que transcurre desde la decisión hasta el momento de la ejecución; además, independientemente de las actividades que despliegue el sujeto activo deberá mantener su propósito delictivo en contra de la integridad física de la víctima, en un intervalo de tiempo durante el cual espera la oportunidad para realizarlo. Por ello, para tener por acreditada la agravante de la premeditación se debe demostrar en autos que el acusado reflexionó durante un lapso de tiempo más o menos largo la concepción de la idea homicida y la ejecución de la misma en una víctima determinada, ya que si en el caso el acusado planeó ejecutar el ilícito de homicidio en contra de alguien que lo quería matar pero sin tener la certeza de quien se trataba y éste lleva a cabo su cometido en contra de una persona, la cual no está| demostrado que haya sido a quien estaba buscando, no se puede tener por demostrada tal agravante, aunado a que la temporalidad a la que se refiere el legislador no puede traducirse en unas horas antes y que si bien de autos se desprende que el acusado tenía ideas homicidas, se debe acreditar que éstas iban dirigidas precisamente a una víctima específica.

El artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño. Ahora bien, el artículo 44 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, establece que la cuantía de la reparación del daño material se determinará con base en las pruebas obtenidas durante el proceso, lo cual debe interpretarse en el sentido de que cuando el Juez cuente con los elementos necesarios deberá fijar el monto correspondiente en la sentencia que establezca la mencionada condena; sin que esto implique una regla, pues en el caso de que durante el proceso no se hayan obtenido pruebas suficientes para fijar el quántum de la condena, éste puede efectuarse en el procedimiento de ejecución de la sentencia correspondiente, ya que se debe partir de que el monto de la reparación del daño es una consecuencia lógica y jurídica de la sentencia condenatoria.

El numeral 43 del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, alude que los responsables del delito estarán obligados solidariamente a cubrir el importe de la reparación del daño, ello debe interpretarse en el sentido de que el encausado y sus coacusados al hurtar cierta cantidad de dinero, da lugar a que se condene a aquél al pago de la totalidad del daño causado en forma solidaria, puesto que si todos realizaron el ilícito no es posible condenar al coacusado al pago sólo de una parte del total de la cantidad de la cual se apoderaron, es decir, la obligación solidaria incide en que habrá de pagarse la suma en su totalidad, ello con la finalidad de resarcir íntegramente el daño ocasionado al ofendido, lo que obedece al interés público que prevalece en su cumplimiento. Por lo tanto, el pago solidario no es divisible, pues la ley penal no establece pagar sólo una parte por cada sentenciado o dividir tal concepto, sino cumplir con el pago de la reparación del daño de forma íntegra.

Es verdad que se admite la posibilidad de que en el careo alguno de los participantes modifique algún aspecto de sus declaraciones anteriores, pero cuando ello ocurre, el sentenciador no está ineludiblemente obligado a aceptar las variantes introducidas, cuando éstas implican una retractación que no está válidamente justificada y si contradicha. Ello pues jurídicamente carece de relevancia probatoria que un testigo o el ofendido se hubiesen retractado al carearse con el inculpado, si las declaraciones imputativas fueron hechas ante autoridad con competencia constitucional para la investigación de los delitos, como lo es el Ministerio Público, constan en actas firmadas por el referido testigo u ofendido y no existe explicación racional ni prueba que justifique que la hubiera variado. Así mismo, no es de tomarse en cuenta la retractación del ofendido, del coacusado o del testigo hecha en los careos, si su primera declaración es precisa, sin dudas ni reticencias, al identificar a los acusados, y no explicó las razones de su retractación. Por consiguiente, no debe tomarse en cuenta el cambio que a su dicho introdujo uno de los coacusados, testigos u ofendidos en el careo que se practicó con el encausado, si la primera declaración es clara, precisa, sin dudas ni reticencias al identificar al acusado y sin que se hayan explicado y probado en forma alguna, las razones que se tuvo para fundar el cambio de su dicho, pues tal retractación no puede aceptarse si no se demuestran los motivos habidos para hacerla. Siendo, en estas condiciones, inatendibles las modificaciones introducidas en las diligencias de careos, al advertirse que no tuvieron por objeto reparar de buena fe un error en que éste hubiese incurrido al declarar inicialmente, sino se evidencia el propósito de corroborar, sin respaldo probatorio alguno, la versión del procesado con el fin de ayudarlo y no de contribuir al conocimiento de la verdad de los hechos.

Como resulta de explorado Derecho, los careos llevan implícita la eventualidad y con ella la legitimidad de que alguien abandone y modifique su postura inicial, ya que de no ser así carecerían en absoluto de objeto, puesto que estas diligencias se celebran precisamente para que estando frente a frente, cara a cara, los declarantes respecto los puntos discrepantes, se busque llegar al establecimiento de la verdad. Sin embargo, si en tales diligencias existen retractaciones, las mismas deberán probarse y si esto no ocurre es evidente que sobre las retractaciones deben prevalecer las primeras imputaciones hechas, ya que sería antijurídico el estimar que una retractación simple y llana, hecha por un coacusado, un testigo u el ofendido sin mencionar la causa de la misma o aun mencionándola sin demostrarla, con posterioridad pudiera tener efectos jurídicos para desestimar y restar valor probatorio en ese caso a la confesión o al testimonio iniciales.

Partiendo del hecho que indubitablemente está acreditado en autos, que el inculpado fue detenido en flagrancia teniendo en su poder o radio de acción y disponibilidad, esto es en posesión, 133.5 (ciento treinta y tres punto cinco gramos) de Cannabis Sativa L. — conocida comúnmente como marihuana, la cual está considerada como estupefaciente por la Ley General de Salud—, sin contar con autorización de la autoridad sanitaria, cantidad de narcótico que excede los 5 cinco gramos que como Dosis Máxima de Consumo Personal e Inmediato contempla la Tabla de Orientación del artí- culo 479 de la invocada Ley y es inferior a la cantidad que resulta de multiplicar por mil la referida dosis, por lo cual resulta indiscutible que tal conducta encuadra en la típica de delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por posesión simple de marihuana, ello con independencia de la finalidad que se tenga con la posesión. En efecto, el que eventualmente pudiera tenerse por no probada, en su caso, la finalidad de suministro o comercio de la posesión, conforme al artículo 476 de la Ley General de Salud, ello no implica la atipicidad de la conducta posesoria del narcótico, sino su traslación al delito básico de posesión simple previsto en el artículo 477 de la misma Ley, en virtud de que el tipo contemplado en el primer numeral no es un delito diverso del contenido en el segundo de ellos, sino sólo difiere en grado, pues, determinada la posesión de una droga, subsiste la unidad del delito contra la salud, ya sea en la modalidad de posesión con fines del artículo 476 o en la posesión simple del artículo 477, ya que la diferencia entre ambos sólo está en que el primero sanciona la modalidad aludida en forma agravada y el segundo de manera atenuada, por lo que no se trata de delitos diferentes sino de uno mismo, que guarda su unidad y sólo difiere en grado, y en esa tesitura, la no actualización de la agravante, no tiene como consecuencia inmediata la anulación del delito, y por tanto, corresponde a la autoridad responsable determinar lo que proceda en ejercicio de la aludida función jurisdiccional, en razón a que los hechos imputados son los mismos.

En el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por posesión de narcóticos, el que en el caso concreto eventualmente pudiera tenerse por no probada la finalidad de suministro o comercio de la posesión, conforme al artículo 476 de la Ley General de Salud, ello no implica la atipicidad de la conducta posesoria del narcótico, sino su traslación al delito básico de posesión simple previsto en el artículo 477 de la misma Ley. Sin que ello implique una reclasificación del delito, ya que en términos genéricos el acusado lo es por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por posesión de narcóticos, mismo que contemplan tanto el artículo 476 como el 477 de la invocada legislación sanitaria federal, por lo que jurídicamente no puede hablarse de una distinta clasificación la hecha en la sentencia con la contenida en la acusación final, pues se trata no únicamente de los mismos hechos delictuosos, sino del mismo delito con grados diversos. Y como es de explorado derecho y criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la diferencia de grado de un delito —básico, agravado o atenuado—, no constituye uno distinto sino el mismo delito, y en este caso ambos supuestos típicos son por posesión de droga. En esta tesitura, cuando la acusación definitiva del Ministerio Público sea por delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por posesión de narcóticos con la finalidad de comercio o suministro, previsto en el artículo 476 de la Ley General de Salud y el Juzgador de instancia considere que no está plenamente acreditada la finalidad, ello no puede llevar a la anulación del delito argumentando la no comprobación de uno de los elementos típicos, pues esta circunstancia no implica la atipicidad de la conducta, ya que si los hechos probados demuestran que el enjuiciado detentaba la tenencia material de narcóticos o éstos estaban dentro de su radio de acción y disponibilidad, indubitablemente se actualiza el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por posesión de narcóticos contemplado en el artículo 477 de la invocada Ley, por lo que el Juzgador deberá condenar por este ilícito, sin que con ello se vulneren garantías constitucionales o se cause agravio jurídico alguno al sentenciado, por dos razones fundamentales: primero, porque en ambos numerales se tipifica un mismo delito, consistente en la posesión de narcóticos sin contar con la autorización correspondiente; y, segundo, en virtud de que el precepto 477 prevé una penalidad menor a la dispuesta en el numeral 476.

De conformidad con el artículo 67 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, para que el Juez pueda imponer la medida de seguridad consistente en la deshabituación, es necesario que la autoridad ministerial demuestre que el delito atribuido al acusado devenga de su inclinación o abuso de la bebidas alcohólicas o estupefacientes; dado que el sólo hecho que de autos se deprenda que el acusado manifestó consumir drogas y exista un dictamen de toxicología con resultado positivo posterior a la comisión del delito, no son suficientes para acreditar que el delito lo cometió por su inclinación al abuso de las sustancias o estupefacientes que se han precisado, tal y como lo exige el aludido precepto legal.

El mérito probatorio del Informe policial en el cual los agentes aprehensores exponen hechos de los cuales tuvieron conocimiento personal, al haber sorprendido al inculpado en flagrancia delictiva realizando la conducta típica del delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, haciendo firmes imputaciones de cargo en contra del acusado, no desmerece ante la sola negativa del detenido que no se encuentra robustecida con elementos de convicción eficaces que obren en autos, ya que, como resulta de explorado Derecho, la manifestación unilateral del inculpado no se puede admitir como válida y suficiente por sí misma para desvirtuar los indicios de cargo, pues de así hacerlo implicaría destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial y desconocer su eficacia y alcance probatorio, en contravención a lo estipulado en el artículo 324 del Código de Procedimientos Penales que nos rige el cual estatuye que los tribunales según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico y natural más o menos necesario, que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciarán y señalarán el valor de las presunciones, hasta poder considerarlas como prueba plena.

Atendiendo lo expresamente preceptuado en el artículo 312 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa en vigor, las diligencias practicadas por agentes de la Policía tienen la naturaleza y valor jurídico de testimonios, por lo que sus informes tienen la categoría de una prueba testimonial y al haber intervenido directamente en la detención en flagrancia delictiva del acusado pudieron apreciar con sus propios sentidos los hechos, por lo que se les debe tener con la calidad de presenciales y por ello darse a sus declaraciones mérito probatorio fundamental, con valor de presunciones conforme a los artículos 323 y 325 del vigente Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, que debidamente adminiculadas a otros elementos de prueba, como lo son la fe ministerial de la droga y los objetos incautados al encausado y el dictamen pericial de la variedad y cantidad de la droga, constituyen prueba plena del delito y la responsabilidad penal del inculpado, atentos a lo dispuesto en el diverso numeral 324 del invocado Ordenamiento procesal.

De una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 205, fracción V, 272, 274, 276, 322, 323, 324 y 325 del Código Adjetivo Penal que rige en nuestra Entidad, válidamente se puede sostener que si dos o más agentes de Policía, que detuvieron infraganti al inculpado y fueron presenciales de los hechos delictivos que son materia de la acusación, imputan en su Informe la conducta típica al encausado y tal imputación es mantenida en la ratificación del informe y, en su caso, en los careos con el imputado, debe atribuirse valor probatorio preponderante a dichas manifestaciones que constituyen testimonio plural, pues se trata del dicho de más de una persona, que coincidiendo en lo esencial de los hechos sus declaraciones se corroboran y fortalecen entre sí, sin que estén acreditados en autos motivos que inhabiliten subjetivamente a los declarantes, en el entendido que por mandato de Ley en materia penal no pueden oponerse a priori tachas a los testigos y toda persona que pueda proporcionar algún dato sobre la averiguación del delito y del delincuente deberá ser examinada y el valor probatorio de su testimonio se calificará en sentencia.

El Código de Procedimientos Penales que rige en nuestra Entidad, no estatuye requisitos de forma y fondo específicos que debe reunir el Informe policial para su validez y atendibilidad, como sí lo hace por ejemplo respecto el dictamen pericial en el artículo 237, por lo que, acorde a lo estatuido en el diverso artículo 312 del mismo Ordenamiento, al tener el carácter de testimonio, la valoración de lo declarado por escrito en el Informe, ratificado en comparecencia personal ante el Ministerio Público, se sujetará a las reglas del numeral 322 del propio Código. Por consiguiente, si los hechos que relatan son susceptibles de conocerse por medio de los sentidos, los agentes de policía los conocieron por sí mismos al haber detenido in fraganti al inculpado y lo asentado en el informe es claro y preciso respecto de las circunstancias esenciales del hecho, además no existen pruebas de que se declaró por los agentes de la autoridad con falta de imparcialidad o por motivos subjetivos deleznables, el Juzgador deberá atender lo señalado en el informe y darle valor probatorio, de inicio como presunción que puede llegar a ser pleno al relacionarse con el resto de las probanzas.

Si en el caso concreto el acusado es sentenciado por dos delitos, uno de ellos en grado de tentativa, el Juez debe imponerle la pena de conformidad con el artículo 87 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, en el entendido de que en uso del arbitrio judicial que la ley le concede puede sancionar dentro de los límites que el legislador previó en el referido precepto legal; es decir, imponer hasta dos terceras partes de la pena que le correspondería si el agente hubiese consumado el ilícito que quiso realizar. Por otra parte, al tratarse de dos conductas con las que se obtuvieron resultados distintos, se configura el concurso real de delitos, el cual tiene reglas establecidas en el artículo 91 de la mencionada legislación sustantiva; y, al encontrarse el Juez en dicha tesitura debe también seguir éstas para poder determinar la sanción punitiva que le corresponde al acusado. En conclusión, ambas reducciones resultan aplicables, ya que tienen diverso fundamento legal, uno derivado de la punición específica de la tentativa y otro en cumplimiento de las reglas establecidas para punir el concurso real de delitos.

Respecto a la imposición de una sanción pecuniaria, es factible imponer una multa por cantidad concreta y específica, sin la aplicación de décimas o especificar centavos. Lo anterior, atento a lo establecido en el artículo 10 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala como la unidad del sistema monetario en México el peso, por lo que al redondear la cantidad sin establecer exactamente los centavos al imponer una sanción pecuniaria, el Juzgador puede hacer un ajuste al monto más próximo a una cantidad entera, cerrando en pesos, lo cual no representa una variación, ni tiene un impacto significativo en lo que respecta a la condena final, pues debe atenderse a la unidad monetaria vigente en México.

Como resulta de explorado Derecho, la aplicabilidad de un criterio judicial que interpreta una disposición o figura jurídica de una legislación concreta de una Entidad Federativa trasladándola a otra diversa, requiere que ambos ordenamientos contengan una disposición análoga en lo esencial, de suerte tal que sea factible aplicar la interpretación jurisprudencial emitida respecto de una de ellas a la otra por identidad de razones jurídicas. En base a lo antes razonado, si en la legislación aplicable no existe una disposición con contenido análogo al ya interpretado por un Tribunal de Amparo, no resulta aplicable la interpretación realizada para un precepto cuyo contenido no es el mismo. En este orden de razones, se tiene que la Tesis de Jurisprudencia por Contradicción con el rubro «ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN. LOS ARTÍ- CULOS 275, PÁRRAFO SEGUNDO (VIGENTE HASTA EL 11 DE OCTUBRE DE 2004) Y 275-B (DE ACTUAL VIGENCIA), AMBOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, QUE PREVÉN ESE DELITO, AL CONTENER LA EXPRESIÓN ‘PRECAUCIONES NECESARIAS’ VIOLAN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL», invocada por el agravista, interpreta los artículos 275, párrafo segundo y 275-b del Código Penal del Estado de Guanajuato, como se advierte desde su rubro, cuyo contenido no es análogo al del artículo 234 del Código Penal para el Estado de Sinaloa que nos rige, pues a diferencia de los interpretados, este último sí contiene parámetros objetivos estatuidos por el Legislador para delimitar el alcance de la expresión del primer párrafo del invocado numeral en la parte que dice: «[...] no poner el cuidado necesario para asegurarse de que la persona de quien lo recibió tenía derecho para disponer de aquél [...]», refiriéndose al producto del delito. Ello es así pues con claridad y precisión en su párrafo tercero dicho dispositivo establece: «Se presume que no se tomaron las precauciones indispensables, cuando por la edad o condiciones económicas del que ofrece la cosa o por la naturaleza o valor de ésta, o por el precio en que se ofrece se infiera que no es propiedad del mismo». En este contexto normativo, resulta evidente que en el Código Penal del Estado de Sinaloa, a diferencia del Código Penal del Estado de Guanajuato que se interpretó en la inaplicable Jurisprudencia invocada por el Defensor en sus agravios, sí contempla criterios y normas a las que se debe sujetar el Juzgador para determinar si en el caso concreto el enjuiciado puso o no el cuidado necesario al adquirir una cosa, atendiendo aspectos objetivos como edad o condición económica del oferente, la naturaleza o valor de la cosa o el precio en que se ofrece, datos de los que se infiera no es propiedad del mismo, lo que evidencia que el tipo contiene todos los elementos necesarios para acreditarlo, con lo que se dota de certeza jurídica a los gobernados en apego al principio de taxatividad que rige en materia penal, el cual, como lo ha resuelto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impone razonablemente al Legislador únicamente la obligación de realizar una determinación suficiente de los conceptos contenidos en las normas penales, sin que ello implique que se le pueda exigir la mayor precisión imaginable, ya que ello tornaría imposible la función legislativa.

La aplicabilidad de un criterio judicial o jurisprudencia sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por Tribunales Colegiados de Circuito, que interpreta una disposición o figura jurídica de una legislación concreta de una Entidad Federativa trasladándola a lo regulado en otra Entidad, como resulta de explorado Derecho, requiere que los ordenamientos jurídicos de ambas Entidades contengan una disposición análoga en lo esencial, de forma tal que sea factible aplicar la interpretación jurisprudencial emitida respecto de una de ellas a la otra por identidad de razones jurídicas. En base a lo antes razonado, si en la legislación del Estado de Sinaloa aplicable no existe una disposición con contenido análogo al ya interpretado por un Tribunal de Amparo que rige en otra Entidad, no resulta aplicable la interpretación realizada para un precepto de legislación diversa cuyo contenido esencial no es el mismo, pues sostener lo contrario implicaría pretender extender el contenido de aquél a cuestiones inherentes a la ley expedida por otra Soberanía legislativa, sin considerar el ámbito territorial de aplicación de la norma vigente en cada demarcación federal, provocando así el desconocimiento de la soberanía de cada Estado miembro de la Federación, lo cual vulneraría el Pacto Federal.

En tratándose de la comisión del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, no es equiparable al concepto de alimentos que emerge en materia familiar, dado que el tipo penal que se analiza se encuentra previsto en el artículo 240 del Código Penal vigente en el Estado, el cual alude en su primer parte lo siguiente: «Al que sin causa justificada no proporcione los recursos indispensables de subsistencia de las personas con las que tenga ese deber legal [...]». Así entonces, para la actualización del tipo penal es menester se deje de suministrar los recursos para cubrir las necesidades básicas o indispensables de subsistencia, que serán las que se consideran en el caso concreto para efecto de tener por actualizado el delito y condenar además al justiciable al pago por concepto de reparación del daño material y no basándose únicamente en la planilla presentada en materia familiar, pues son conceptos y materias en sumo diferentes.

El artículo 75 bis del Código Penal para el Estado de Sinaloa, prevé en su primer y segundo párrafo presupuestos diferentes y autónomos para que el juez de primer conocimiento esté en aptitud de otorgar de manera indistinta los beneficios de reducción de pena que ahí se mencionan; esto es, el juez puede conceder el beneficio cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo (hasta un tercio de la pena) del mencionado artículo, sin necesidad de que se tengan que verificar previamente los requisitos previsto en el primer párrafo del mismo, ya que de una interpretación lógica se desprende que no tendría razón alguna agregar más exigencias para otorgar el beneficio del segundo párrafo cuando el primero otorga una reducción de pena más significativa(hasta una mitad de la pena).

En las causas en las cuales en nuestra entidad se hayan iniciado procesos penales por el delito de secuestro con fundamento en las normas del Código Penal de Sinaloa, en hechos que tuvieron verificativo a partir del 28 de febrero de 2011, en aplicación por igualdad de razones jurídicas de los criterios judiciales de nuestro más Alto Tribunal antes transcritos, dichos procesos se encuentran viciados de origen, por lo que, como la propia Corte lo determinó, se deberá aplicar el tipo penal previsto en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que resulta la vigente al momento de la comisión de los hechos delictivos. Aplicación de las disposiciones de la invocada Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro que deberá realizarse por el juez de primera instancia antes de decretar el cierre de la instrucción, mediante la figura de la traslación normativa correspondiente, para lo cual dicho Juzgador en vía incidental: a) Deberá emitir una resolución en la que realizará la traslación normativa, determinando el artículo o disposición aplicable al caso de la aludida Ley General conforme a los hechos materia del proceso penal, que a partir de ese momento procesal le servirán de fundamento; así mismo identificando las disposiciones concretas del Código Penal para el Estado de Sinaloa que habían servido de sustento al proceso y que dejarán de aplicarse; b) Luego de lo cual procederá a notificar la traslación normativa a las partes, a efecto de que éstas, a través de un plazo probatorio extraordinario, estén en aptitud de ejercer su derecho de defensa y alegar lo que a su derecho convenga, mediante el ofrecimiento de los medios de convicción que estime pertinentes únicamente en relación a la traslación normativa efectuada, en los términos previstos para los incidentes no especificados en el Código de Procedimientos Penales que nos rige; c) Una vez realizado lo anterior, el juez de la causa deberá dictar el auto mediante el cual se cierre la etapa de instrucción y se abra la de juicio, debiendo continuar con el proceso hasta su conclusión, con la emisión de una nueva sentencia, la cual de ser nuevamente de condena, no podrá imponer al sentenciado penas mayores a las decretadas en la resolución que se dejó insubsistente.

En base a lo determinado por la Suprema Corte, es indubitable que a partir del 28 de febrero de 2011 resultan inaplicables los artículos del 167 al 168 Bis F del Código Penal para el Estado de Sinaloa que regulan el secuestro, de suerte tal que los hechos delictivos en esta materia acaecidos desde la fecha anterior en territorio sinaloense y no sean competencia de la Federación, conforme al párrafo primero del artículo 23 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán investigados y sancionados por las autoridades de procuración y administración de justicia de nuestra entidad, sujetándose a los tipos y sanciones de dicha Ley General. En este orden de ideas, en los casos en los cuales en nuestra entidad se hayan iniciado procesos penales por el delito de secuestro con fundamento en las normas del Código Penal de Sinaloa, en hechos que tuvieron verificativo a partir del 28 de febrero de 2011, en aplicación por igualdad de razones jurídicas de los criterios judiciales emitidos por nuestro más Alto Tribunal, dichos procesos se encuentran viciados de origen, por lo que, como la propia Corte Suprema lo determinó, previa reposición del procedimiento, se deberá aplicar el tipo penal previsto en la Ley General, vigente al momento de la comisión de los hechos delictivos; sin que ello vulnere el principio non bis in ídem, que presupone la existencia de un procedimiento válido y una sentencia firme e inmodificable, ninguno de los cuales se actualiza en el caso referido.

No obstante que el Ministerio Público o la víctima no hayan ejercido el derecho de interponer recurso de apelación en contra de la sentencia condenatoria, el Tribunal de alzada ex officio debe pronunciarse sobre la pena pública consistente en la reparación del daño, siempre y cuando la víctima sea un menor de edad y aplicar a esta última aquello que conlleve la protección de sus derechos humanos, ello en estricto apego a los Tratados Internacionales que recogen el principio del interés superior del niño y de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 1° Constitucional.

Atentos a lo dispuesto en el artículo 207 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, la confesión es el reconocimiento de la participación propia en la comisión de un hecho descrito en la Ley como delito. Acorde a la doctrina y la jurisprudencia es espontánea la confesión rendida voluntariamente, por propia iniciativa del imputado, sin necesidad de interrogatorio para provocarla; y lo es simple o lisa y llana cuando existe «reconocimiento de haber participado en el hecho delictivo sin agregar ninguna excusa que pueda en abstracto considerarse como circunstancia tendiente a excluir o disminuir la responsabilidad del sujeto». (Eduardo M. Jauchen, Tratado de la prueba en materia penal, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2002, Pág. 246). En tanto que cuando se reconoce la participación en el hecho delictivo pero se introduce una circunstancia excluyente o atenuante, se estará en presencia de una confesión calificada, que por naturaleza ya no es lisa y llana.

El beneficio para el sentenciado contemplado en el segundo párrafo del artículo 75 Bis del Código Penal para el Estado de Sinaloa, se orienta a incentivar y reconocer una conducta procesal de colaboración del imputado en la consecución de los fines del proceso, con lo cual puede obtener reducción de las penas, por ello dicho párrafo estatuye que si no se trata de un delito grave y el inculpado al rendir su declaración preparatoria confiesa espontánea, lisa y llanamente los hechos que se le imputan, o en el mismo acto ratifica la declaración rendida en indagatoria, el juzgador podrá reducir hasta en un tercio la pena que le correspondería por el delito cometido. Conforme a este marco normativo, la reducción de la pena es un beneficio y no un derecho del enjuiciado, cuyo otorgamiento queda al prudente arbitrio del juzgador, previo cumplimiento de los requisitos estatuidos en el numeral invocado, fundando y motivando su decisión. Requisitos que son, en primer término, que no se trate de delito grave así considerado por mandato legal y, en segundo término, que exista una confesión que tenga las características de ser espontánea, lisa y llana, lo cual nos indica que no cualquier confesión puede ser base para la disminución de la pena. Ello en atención a que en el mencionado numeral de nuestro Ordenamiento punitivo de forma expresa, clara y precisa se delimita el tipo de confesión requerida, esto es espontánea, lisa y llana, a diferencia de otras legislaciones que establecen genéricamente la confesión sin distinción alguna, marco legal, la de dichas entidades, en el cual es atendible para otorgar el beneficio tanto la confesión espontánea como la provocada, la simple o lisa y llana como la calificada, lo cual no rige en nuestro Estado. En este orden de ideas, para que proceda el beneficio de la reducción de pena previsto en el citado artículo 75 Bis será necesario que el juzgador constate en el caso concreto que en su declaración preparatoria por propia iniciativa el indiciado voluntariamente reconoció su participación en el hecho delictivo del que se le acusa, sin introducir ninguna circunstancia orientada a excluir o atenuar su responsabilidad por el delito cometido o ratificó la emitida en la indagatoria, de suerte tal que cuando en el caso subjúdice el acusado emite una confesión calificada no se surte el requisito para la procedencia del beneficio de la disminución de la pena.

No resultan inatendibles los testimonios de cargo, en virtud de no haberse realizado diligencia de confrontación, pues se puede afirmar fundadamente que el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa vigente en sus artículos 170 y 171 establecen que para la acreditación del delito y la responsabilidad penal del indiciado, en su caso, el Ministerio Público y el juez gozarán de la acción más amplia para emplear los medios de prueba que estimen conducentes, siempre que sus medios no estén reprobados por la Ley. Advirtiendo este Tribunal que no existe disposición en la Ley Procesal invocada, que establezca prohibición de que se pueda llevar a cabo la identificación de un indiciado a través de fotografías o fichas signaléticas o que establezca que la confrontación sea la forma exclusiva e indefectible para identificar a un inculpado. Máxime que el diverso artículo 295 estatuye que se procederá a la confrontación cuando el declarante manifieste poder reconocer a la persona si se la presentan o cuando asegure conocer a una persona y haya motivo para sospechar que no la conoce. En este tenor, conforme a lo preceptuado en los artículos 170 y 171 del invocado Código, para acreditar el delito y la responsabilidad penal del inculpado, en su caso, el Ministerio Público y el juez gozarán de la acción más amplia para emplear los medios de prueba que estimen conducentes, según su criterio, aunque no sean de los definidos y detallados por dicho Código, como sucede, por ejemplo, con los medios obtenidos de los avances tecnológicos, tales como imágenes fijas o en movimiento captadas por una cámara fotográfica o de video o las que digitalmente obren en equipos de cómputo, con la única limitante de que los medios utilizados no estén reprobados por la Ley. En base a lo anterior, la identificación o reconocimiento que hace un testigo de los responsables de un delito mediante fotografías o fichas signaléticas con origen cierto y conocido, resulta válido y atendible como prueba de cargo; máxime cuando quienes realizan la identificación o reconocimiento en su declaración hayan proporcionado los datos de la media filiación y de los rasgos físicos de los activos del delito y expresen la razón del porqué están en posibilidades de hacerlo, por ejemplo cuando afirman haber podido visualizar el rostro de la persona por haberla tenido cerca, de frente o a distancia asequible.

De la interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en el artículo 295 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa vigente, en concordancia con lo estatuido en los diversos numerales 170 y 171 del mismo Ordenamiento, la confrontación procede en los casos en los cuales quien declara asegura conocer a una persona y haya motivo para sospechar que no la conoce, o cuando afirme que podría reconocerlo si se le presentara, diligencia que no es el único medio para realizar el reconocimiento de un imputado, ya que no existe disposición legal alguna que así lo estatuya; por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que el artículo 20 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece como garantía de los procesados la diligencia de confrontación. En este orden de ideas, no existe base normativa para desestimar un testimonio imputativo por no haberse llevado a cabo la diligencia de confrontación entre el declarante y el indiciado, máxime cuando el testigo en su deposición había proporcionado con claridad los datos de la media filiación y los rasgos físicos del activo y realizó el reconocimiento de éste a través de una fotografía suficientemente clara o de una ficha signalética, procedente de los archivos de una autoridad o de otro origen cierto y conocido, que obra agregada a las actuaciones. Por lo consiguiente, si los testigos en sus declaraciones ante la autoridad investigadora ya habían identificado indubitablemente, a través de fotografías, al encausado como uno de los intervinientes en la comisión del ilícito, ningún objeto tendría el desahogo de una diligencia de confrontación para llevar a cabo una identificación o reconocimiento que resultan ya evidentemente innecesarios, pues, además, no existe mandato legal alguno que establezca que el reconocimiento realizado por un testigo en su testimonio requiera de la confrontación para su validez y perfeccionamiento.

Atendiendo el carácter realista que es propio del Derecho Penal, en relación al robo, en virtud de que el Código Penal para el Estado de Sinaloa en vigor no define lo que debe entenderse por lugar cerrado respecto a la calificativa contemplada en la primera parte de la fracción II del artículo 205, su concepto debe construirse racionalmente a partir de su significado gramatical. Conforme al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, un lugar cerrado es un espacio, sitio o paraje asegurado con una tapia, cerco, valla, puerta, tapa, trancas o cualesquier otro instrumento que hace que su interior quede incomunicado con el mundo exterior. En este tenor, por lugar cerrado, para los efectos del robo calificado, debe entenderse cualesquier sitio o recinto materialmente aislado del espacio circundante, que se encuentra interceptado en su entrada o salida, mediante puertas, enrejados, tapias, cercas u otros dispositivos para impedir el paso, independientemente del material del que estén hechos, por lo que no se puede entrar al mismo sino abriendo puertas o accesos a través de llaves falsas, ganzúas, alambres o cualquier artificio o mecanismo de fractura, horadación, excavación o escalamiento; teniendo por consiguiente el carácter de lugares cerrados los edificios, locales, fincas, cuartos, aposentos o sitios en general con las enunciadas características a los que el activo no tiene libre acceso.

En el anterior orden de ideas, se actualiza la figura típica de robo en lugar cerrado cuando se realiza ingresando el agente a un local comercial en un horario en el que no se encuentra en funcionamiento dando servicio a los clientes o usuarios, lugar al cual si bien es cierto con arreglo al horario respectivo tiene acceso público en general, también es verdad que una vez que concluye dicho horario y ha sido clausurado por haber transcurrido el periodo de actividad correspondiente, cobra automáticamente su categoría de lugar cerrado. En estas condiciones, para los efectos del robo calificado por lugar cerrado se entiende aquél al que no tiene libre acceso el público, en el momento en que el robo es cometido. Así, la circunstancia de que donde se ejecute el robo sea un local comercial y en el momento en el que se cometió no estaba abierto al público, es decir, no se tenía libre acceso al mismo, debe considerarse como robo calificado realizado en lugar cerrado.

De conformidad al artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez está obligado a condenar a la reparación del daño, incluso tratándose de ilícitos de connotación sexual en grado de tentativa, ya que es un derecho otorgado a las víctimas que tiene la finalidad de dar seguridad jurídica y no dejarla en estado de indefensión; es por ello que aún y cuando de los autos no se advierta base para cuantificar el monto de la reparación del daño como lo prevé el artículo 39 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, ya sea material, moral y psicológico, el mismo debe ser fijado en ejecución de la sentencia, y así cumplir cabalmente con el mandato constitucional aludido, tanto el artículo 20, apartado C, fracción IV, como con el diverso artículo 1° que contempla la aplicación más amplia de los derechos fundamentales de las personas.

El juez debe imponer la medida de seguridad prevista en el artículo 61, fracción II, en relación al diverso 67, ambos del Código Penal para el Estado de Sinaloa, consistente en la deshabituación, cuando de autos se advierta la adicción del acusado; es decir, si dentro de la causa penal en tratándose de un delito de narcomenudeo, se encuentra material probatorio del cual se desprende que el acusado es adicto a algún estupefaciente, psicotrópicos o substancias que produzcan efectos similares, en atención a la salud personal del acusado y al riesgo que implica a la sociedad el hecho de que éste consuma drogas, se le debe imponer la medida consistente en la deshabituación, para que le sea aplicado un tratamiento el tiempo que sea necesario para su rehabilitación.

Si la acusación presentada por la autoridad ministerial no resulta acorde con los hechos y el delito que sirvieron de base al auto de formal prisión y al proceso, es inconcuso que la misma es inatendible, pues de no ser así, se dejaría a la persona acusada en estado de indefensión o bien se le estaría obligando a que se defendiera de un hecho ilícito que no fue materia del formal proceso seguido en su contra. Y el juez está impedido para rebasarla o perfeccionar la acusación ante las referidas deficiencias que presenta la acusación, ya que de ser así se le vulneran al acusado las garantías de exacta aplicación de la ley y seguridad jurídica.

De la descripción legal correspondiente se obtiene que el tipo penal de ROBO DE VEHÍCULO EQUIPARADO EN SU MODALIDAD DE DESMANTELAMIENTO previsto y sancionado en la fracción I del artículo 207 Bis del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, tiene su verbo rector en el acto de «desmantelar» algún vehículo, a sabiendas de que éste es robado. De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, desmantelar en este contexto significa«desarmar», o sea, «Desunir, separar las piezas de que se compone una cosa». Significado del vocablo a partir del cual se puede válida y fundadamente sostener que desmantelar un vehículo es una acción cuya connotación jurídica es la de desarmar, desunir o separar las partes integrantes de un automotor. Por lo que el desmontar o quitar de la unidad automotriz que se sabe es robada partes o piezas como el motor, la transmisión, el chasís, las bombas, las llantas, los rines, las puertas, los vidrios, los asientos, las parrillas, las defensas, los amortiguadores, el radiador, el tanque, el tablero, el panel de encendido, el aire acondicionado, el cofre, la cajuela, las defensas y/o otras básicas como las anteriores, encuadra en la conducta típica de desmantelar. En cambio no se configura con el desprendimiento de meros accesorios del vehículo, como lo son la antena, los espejos, el autoestéreo, las bocinas, los tapones u otros complementos no esenciales, apoderamiento que, en su caso, actualizaría el delito de robo.

Las opiniones experticiales de especialistas contenidas en informe, tienen la naturaleza de dictámenes de peritos en los términos del artículo 205, fracción III, del vigente Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, pues cumplen con las formalidades que exigen los numerales 224, 225, 237 y 239 del mismo ordenamiento adquiriendo inicialmente el valor de presunción acorde a lo previsto en los artículos 319 y 325 del citado cuerpo legal, sin embargo después alcanzan valor pleno, al apreciar que fueron emitidos por peritos oficiales, profesionales en las áreas médica y psicológica, respectivamente, que practicaron todas las operaciones que su ciencia les sugirió, conforme a la metodología que refieren en el dictamen, expresando los hechos y circunstancias que les sirvieron de fundamento a sus conclusiones, por lo que en su contenido son aptos para ilustrar al juzgador y crear su convicción respecto a lo en ellos asentado, sin soslayar que no fueron objetados por el inculpado o su defensor pese a obrar en el sumario, y mucho menos se aportó dictamen diverso que los desmereciera en su contenido.

En delitos como la violación equiparada, lo declarado por el menor de edad pasivo, conforme a Derecho, es atendible procesalmente con carácter preponderante, pues por la naturaleza sexual del delito de que fue víctima, quien lo perpetra lo ejecuta procurando no existan testigos, sin que demerite su fuerza convictiva que el ofendido del delito sea menor de edad, pues su relato es suficientemente claro, en relación a lo que percibieron sus sentidos y por su narrativa se aprecia tiene la capacidad de comprender los hechos de los que se ha dado cuenta y puede retenerlos en su mente para exponerlos en su declaración por haberlos sufrido y presenciado, relatándolos con términos que acusan ingenuidad propia de la edad, señalando indubitablemente a las personas que intervinieron en ellos como víctima y victimario; por lo que a juicio de esta Sala es creíble y atendible dicho atesto, ello al margen de que las fechas en que refiere el menor ocurrieron los hechos sean o no exactas, pues el deponente es claro, preciso y congruente, en cuanto a la esencia de los actos ejecutados por el acusado. En ese tenor, considerando que el ofendido no sólo presenció los hechos, sino que los resintió como víctima, y que nuestro sistema probatorio no tacha «a priori» lo manifestado por quienes están en dicha dualidad, lo declarado por el pasivo tiene calidad de testimonio, el cual adquiere preponderancia al estar robustecido con el resto de las probanzas, además debe prevalecer porque no hay en autos indicio eficaz alguno, mucho menos prueba plena, de que exista alguna causa de animadversión, encono o cualquier otro interés, que haga presumir en el menor la dañada intención de causar un mal al imputado, lo que viene a dar pauta de que la única razón lógica de estos señalamientos es que los hechos narrados son ciertos.

De la interpretación armónica y sistemática de lo dispuesto en los artículos 14, párrafos primero y segundo, 18, fracción II, y 271 del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, se extraen como elementos del delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, los siguientes: a) La existencia de un documento falso; b) Que el activo tenga conocimiento de su falsedad; y c) Que lo use para obtener un beneficio. En estas condiciones, para que se integre este ilícito no basta la existencia de un documento que resulte ser falso, sino que se requiere que el sujeto activo con conocimiento de causa quiere el resultado ilícito, que lo es, en el caso el uso de documentos falsos y con ello obtener un beneficio. En el caso específico del delito de USO DE DOCUMENTO FALSO que nos ocupa, el elemento típico de conocer el activo la falsedad del instrumento que usó, es indispensable para la configuración del ilícito; conocimiento que implica que se haga uso de un documento falso a sabiendas de dicha circunstancia, de lo cual debe existir prueba apta y fehaciente para su acreditación pues no puede presumirse, sobre todo porque el imputado siempre sostuvo que utilizó los documentos en la creencia de que eran auténticos y de las constancias procesales se advierte que los documentos utilizados por el activo reunían en apariencia todos los requisitos para aparecer como genuinos.

De la mecánica de hechos narrada por el propio enjuiciado —debidamente enlazada con el resto de las probanzas referidas— se obtiene con claridad que, como esencialmente lo afirma el Ministerio Público, el hoy sentenciado realizó el homicidio de su víctima, contrario a lo apreciado por el Juez natural, en condiciones absolutas de ventaja, pues empleó medios —un arma de fuego calibre .380— y aprovechó circunstancias —que el pasivo se encontraba sentado en la piedra donde el activo por la fuerza lo obligó a sentarse, ocupado con sus dos manos forjando un cigarro de marihuana y desarmado— para agredir intempestivamente a su víctima, sacando la pistola, colocándosela a la altura del pecho y jalando el gatillo para realizar el disparo, condiciones que indubitablemente imposibilitaban la defensa del ofendido; circunstancias objetivas de comisión debidamente probadas de las que se infiere lógicamente que el agresor no corría riesgo alguno de ser muerto o lesionado, estando de ello consciente el inculpado, pues aunado a lo que las propias condiciones objetivas evidencian, se tiene que en su deposición el imputado reconoció que el pasivo no le podía ocasionar daño alguno pues cuando le realizó el disparo éste «…se encontraba forjando un cigarro de marihuana usando sus dos manos…»(sic). Con ello, indubitablemente a juicio de este Tribunal se colman en el caso los dos elementos requeridos para la configuración de la calificativa de ventaja: el objetivo, consistente en las circunstancias o condiciones materiales que imposibilitaban la defensa del ofendido —el activo armado, de pie e intempestivamente atacando mediante disparo de arma de fuego al pasivo quien se encontraba desarmado, sentado y ocupado en forjar un cigarro con ambas manos inerme, pues no tenía posibilidades de defenderse del ataque—; y el subjetivo, consistente en el conocimiento del imputado de que no corría riesgo alguno de ser muerto o lesionado, pues él mismo agarrándolo de los hombros por la fuerza obligó a su víctima a sentarse en la piedra mientras él lo cuestionaba sobre el robo y percatándose que en su posición inerme el pasivo se dedicaba a forjar con sus manos un cigarro de marihuana, mientras el hoy sentenciado le preguntaba y su víctima le contestaba sus preguntas, realizándole en esas condiciones el disparo. De todo lo anteriormente valorado, se puede fundadamente sostener que mediante el enlace lógico, natural y necesario de todos los indicios probados, se infieren presunciones en contra del inculpado, conformando prueba circunstancial con valor pleno a la luz de lo dispuesto en el artículo 324 del Código de Procedimientos Penales que nos rige, con lo cual queda acreditado indubitablemente que el homicidio doloso lo cometió el imputado con la actualización de la calificativa de ventaja.

Si el Congreso del Estado de Sinaloa, no obstante la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformó el marco normativo que regula el delito de secuestro posterior a la misma; así pues, es innegable que se apartó de lo imperado en la referida fracción XXI del artículo 73 de la Carta Magna, toda vez que del mismo se advierte que única y exclusivamente el Constituyente Federal está facultado para legislar en la materia. En esa tesitura, tenemos que en el artículo 23 de la Ley General, se estableció que los delitos de secuestros se prevendrán, investigarán, perseguirán y sancionarán en los casos que estén fuera de la delincuencia organizada, por las autoridades del fuero común, razón por la que si el delito de secuestro exprés se cometió posteriormente a la entrada en vigor de la Ley General, se deberá aplicar esta última y no lo establecido en los artículos 167, inciso d) y 167 bis del Código Penal para el Estado de Sinaloa, por ende, el juez de primera instancia deberá reponer el procedimiento desde el auto en el que declaró cerrada la instrucción, pronunciándose respecto a la translación normativa correspondiente, con el objetivo de permitir al encausado ejercer su derecho constitucional de conocer de manera precisa la norma jurídica que establece el delito por el cual se le acusa.

Si mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, en fecha treinta de noviembre del año dos mil nueve, se expidió la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se precisó en su artículo primero transitorio, que entraría en vigor noventa días después de su publicación, es innegable que si los hechos tipificados como secuestro exprés acudieron posteriormente a su entrada en vigor, el juzgador deberá sustentar sus decisiones conforme a dicha legislación general y abandonar la aplicación de los preceptos jurídicos aplicables al referido ilícito que se establecen en el Código Penal del Estado de Sinaloa, pues aun subsista esta norma jurídica, lo cierto es que la consecuencia de la entrada en vigor de la ley general mencionada, es la abrogación de la atribución de las entidades federativas para legislar sobre los delitos en materia de secuestro y, por ende, las leyes que regían sustantivamente al mencionado tipo penal perdieron su vigencia.

En los delitos de índole sexual, para ubicar la gravedad del hecho en su justa dimensión, el juzgador debe analizar la edad de la víctima y el lugar donde ésta se encontraba al momento de la comisión del ilícito; es decir, si dicho lugar era considerado seguro para ella (su domicilio o de algún familiar), así como la relación que existe entre la víctima y el victimario; además de la situación de superioridad que el acusado tenga sobre la ofendida y la capacidad de ella para comprender tal situación.

Si en autos sólo se encuentra el dicho de un testigo, el cual no está corroborado ni apoyado con otros medios de prueba que le den validez plena y que lo incriminen directamente como autor material y directo del ilícito al imputado, su dicho queda en un plano singular y aislado; razón por la que deviene insuficiente para que con base en ese solo indicio se demuestre la acción típica que se le atribuye al acusado, así como insuficiente para sostener una sentencia de condena y determinar con la certeza requerida y sin duda alguna tanto la existencia del delito como su participación en el mismo.

Para acreditar el delito de corrupción de menores previsto en el artículo 273 del Código Penal vigente, en su modalidad de mendicidad, es necesario que de autos se advierta que el acusado impulsó a los menores de edad valiéndose de amenazas y engaños para que estos pidieran dinero a los transeúntes y, posteriormente, dicho dinero fuera entregado al referido acusado, conducta con la cual afectó, además del estado emocional de los pasivos, la moral pública.

El artículo 241 bis del Código Penal para el Estado de Sinaloa prevé como medida de seguridad que debe imponerse al acusado en sentencia: la prohibición de ir a lugar determinado, la cual procede aún tratándose de su propio domicilio, ya que si bien es cierto el derecho a la inviolabilidad del domicilio está establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos, no menos cierto es que éste queda supeditado ante el interés superior del niño, debido a que es también el domicilio de la víctima menor de edad y en aras de protegerla de afectaciones posteriores de carácter irreparable, puesto que al permitir de nuevo el acceso del acusado, ésta se encontraría expuesta a todo tipo de peligros, desde agresiones físicas, como psicológicas o hasta sexuales, que atendiendo a la edad la misma podría dejar afectaciones permanentes; por ello, al decretar dicha medida de seguridad se está cumpliendo con la protección de la menor víctima y con el desarrollo integral de ésta, ejes rectores de los compromisos internacionales del Estado mexicano, como la Convención sobre los Derechos del Niño, así como en lo previsto en el artículo 4 Constitucional y en la Ley Federal para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

De una recta interpretación del artículo 241 bis del Código Penal para el Estado de Sinaloa, se aprecia como sanción adicional a la pena de prisión: la pérdida del derecho de pensión alimenticia, lo cual debe imponer de manera obligatoria el juez aún y cuando la víctima sea menor de edad; ello en razón de la relación de parentesco que existe entre la víctima y el acusado, ya que la calidad específica del sujeto activo está ubicada como una de las instituciones legitimadas para poder exigir alimentos, de conformidad con el artículo 205 del Código Familiar para el Estado de Sinaloa. Por consiguiente, resulta obligatorio decretar la pérdida de dicho derecho de subsistencia, al declarado penalmente responsable del delito de violencia familiar, no obstante que la parte ofendida sea menor de edad, ya que posterior al suceso, cuando ésta sea persona con pleno ejercicio de sus derechos y obligaciones y esté en aptitud de proporcionar alimentos, el sentenciado podría solicitar judicialmente el suministro referido a quien fue su víctima por haberle inferido daño o sufrimiento físico, sexual, psico-emocional, económico o patrimonial.

Para determinar la pena a imponer para el delito de «Robo en local comercial abierto al público mediante el uso de arma de fuego para intimidar a la víctima en grado de tentativa», en apego a lo dispuesto en el artículo 79 del Código Penal que nos rige, el cual estatuye que cuando en dicho Código se prevea la disminución o el aumento de una pena con relación a otra, aquélla se fijará aplicando la disminución o el aumento a los términos mínimo y máximo de la punibilidad que sirva de referencia, en este contexto al tratarse de un delito agravado y calificado en grado de tentativa, para obtener los parámetros de las penas mínimas y máximas aplicables, deberá realizarse un procedimiento complejo efectuando inicialmente un aumento a las penas contempladas para el delito básico por la agravante y la calificativa y posteriormente, a las penas obtenidas después del incremento, se aplicará una disminución en virtud de la pena atenuada para la tentativa, esto es, primero se deberá calcular y sumar a las penas mínima y máxima del delito básico las tres cuartas partes de dichas penas por la agravante, enseguida se añadirán las correspondientes a la calificativa; seguidamente a las penas resultantes de dicha sumatoria, por haberse realizado el delito en grado de tentativa, habrá de aplicársele la disminución de una tercera parte, para obtener las penalidades mínimas y máximas equivalentes a las dos terceras partes de la pena que correspondería si el delito se hubiera consumado.

Cuando exista conflicto de normas jurídicas en cuanto a las penas aplicables en un caso concreto, ciertamente el juzgador deberá aplicar la que resulte más favorable al enjuiciado, esto es, la que permita imponerle una pena inferior, sin embargo, esta regla no implica que el juzgador, al individualizar la pena esté facultado para escoger la pena mínima o máxima o la sanción accesoria que resulte más favorable al sentenciado de las previstas en ambas normas, aunque esos límites fueran más benéficos para el sentenciado, pues de proceder así, contravendría los principios de reserva de ley en la creación de delitos y penas y el de indivisibilidad de la ley, porque el Poder Judicial no está facultado para crear leyes penales y se llegaría al extremo de considerar como ley un marco de punibilidad creado por el juzgador y no por el legislador, por lo tanto es indebido que la autoridad responsable integre una penalidad con penas diversas o límites mínimos o máximos tomados de ordenamientos en conflicto, bajo el argumento de aplicar una ley favorable. En este tenor, tratándose de daños culposos, ante la disyuntiva de aplicar las penas previstas en el artículo 80 del Código Penal para el Estado de Sinaloa en vigor o las del diverso numeral 228, párrafo primero, de dicho Ordenamiento penal, a la luz de lo dispuesto en el precepto 81 del mismo Código, por resultar menor la pena de prisión conforme al primer párrafo del artí- culo 228, deberá aplicarse integralmente las sanciones, privativa de libertad y multa, contempladas en dicho dispositivo, tomando como criterio rector que el monto menor corresponda a la de la pena principal, que es la privativa de libertad, subordinando a ella las otras penas.

Conforme al principio de legalidad penal que rige en un Estado de derecho, corresponde en exclusiva al Poder Legislativo establecer, a través de las leyes, los delitos y las penas aplicables por su comisión. A la luz de dicho principio es de estimarse que en aquellos casos en que existe conflicto de leyes entre normas que establecen, cada una de ellas, distintas penas que deben ser aplicadas al condenado como consecuencia de la comisión del delito –ya sea en el tipo de pena o en el monto de la misma–, el juzgador debe seleccionar, en aplicación del principio favori reo, aquella norma que resulte más benéfica para el inculpado, pero íntegramente y en los exactos términos en que ésta fue prevista por el legislador. En consecuencia, en este tipo de casos, el juzgador no puede seccionar las disposiciones sancionadoras en conflicto, con el objeto de seleccionar, entre la totalidad de penas previstas en éstas, aquellas que aisladamente consideradas resultan más benéficas para el inculpado, puesto que tal proceder equivaldría a crear una norma jurídica y una pena nuevas, distintas a las expedidas por el legislador. En refuerzo de lo anterior, cabe señalar que atendiendo el principio de unidad o indivisibilidad de la ley, en virtud del cual no puede imponerse penas obtenidas combinando las previstas en dos preceptos diferentes, pues ello sería crear una pena no aprobada por el legislador, lo cual en atención al principio de división de poderes le está vedado al juzgador. En este tenor, se debe aplicar tal cual la pena mínima y máxima, la principal y la accesoria, en su caso, establecidas en una sola norma, sin poderla seccionar tomando una pena de un artículo y otra de un numeral distinto.

La aplicación del artículo 75 bis del código penal vigente, para su aplicación en los delitos «Contra la salud», se relaciona la materia que nos ocupa con legislación federal correlacionada, a fin de poder interpretar el supuesto legal de referencia. Así, dado a que en los términos del artículo 194, fracción I, inciso doce, del Código Federal de Procedimientos Penales, el delito contra la salud en su modalidad de posesión genérica de narcóticos previsto y sancionado en el artículo 195 Bis, del Código Penal Federal, no se encuentra previsto como grave, es por lo que al tener que vincularse la conducta ilícita que se juzga con el artículo 477 de la Ley General de Salud, es inconcuso que resulta procedente aplicar los beneficios estatuidos en el artículo 75 Bis, del Código Penal vigente local.

Conforme al sistema punitivo previsto en la legislación penal local que nos rige, esto es, en base a lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 75 del Código Penal para el Estado de Sinaloa vigente, la individualización de la sanción debe realizarse atendiendo para ello tanto las circunstancias de comisión del ilícito y las particularidades personales del encausado, como los fines preventivos de la pena que son la protección de los bienes jurídicos y la readaptación social -reinserción social, conforme mandata el artículo 18 de nuestra Carta Magna- de los infractores. De entrada cabe advertir que acorde a lo preceptuado en el artículo 75 del invocado Ordenamiento, el juzgador fijará la pena o medida de seguridad que estime justa y la individualizará dentro de los límites mínimos y máximos señalados para cada delito, teniendo como base la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente. Por su parte el diverso numeral 2 preinvocado dispone como garantía que la medida de la pena no excederá la medida de la culpabilidad del activo. En este marco, «para individualizar la pena se hace necesario realizar la graduación de tres factores a saber: a) el grado de gravedad de los hechos», determinado por la valoración de los aspectos y circunstancias exteriores de ejecución bajo las cuales se realizó el ilícito, siguiendo los parámetros contenidos en las fracciones I a la IV, del referido artículo 75 del Código Penal local actual; b) «el nivel de la culpabilidad del agente», delimitada por las características personales peculiares del agente que sean indicativos del margen de autodeterminación del sujeto para comportarse de manera diversa, esto es, conducirse en apego a la norma jurídico penal y no como lo hizo, o como sostiene la mejor doctrina se debe fijar «el grado de culpabilidad, es decir, de reprochabilidad que de la conducta cabe a su autor en razón de la mayor o menor posibilidad que tuvo de actuar de otra manera». (Eugenio Raúl Zaffaroni, Manual de Derecho Penal. Parte General, México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 1994, p. 68), ello en atención a los aspectos establecidos en las fracciones de la V a la VIII, del numeral que nos ocupa; y, «c) la medida o quántum de la pena», que implica la «determinación del grado de punición o cantidad de pena» que le corresponderá al sentenciado, tomando en consideración la ponderación de las cuantías determinadas para la gravedad de los hechos y la culpabilidad del agente, teniendo a esta última como límite. Esto es, la cantidad de pena a imponer se fijará por el juzgador en el punto que estime justo, justipreciando las medidas en que se situó en el caso concreto la gravedad de los hechos y la culpabilidad del agente, pudiendo hacerlo en simetría a la referida gravedad o por encima de ella conforme al arbitrio judicial de que está investido y atendiendo los fines de la pena antes referidos, pero sin rebasar el grado de culpabilidad.

De conformidad al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda víctima de un delito tiene el derecho fundamental a que se le reparen los daños ocasionados por el ilícito, reparación del daño que tiene el carácter de pena pública y debe ser hecha por el responsable del ilícito y exigida de oficio por el Ministerio Público conforme al artículo 36 del Código Penal para el Estado de Sinaloa en vigor, y según lo prescrito en el referido artículo 20 constitucional, en los casos que sea procedente, el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria, siendo de acuerdo a lo regulado en los artículos 39 y 40 del Código Penal invocado, que la reparación del daño debe ser integral y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida y comprende la restitución o el pago de la cosa obtenida por el delito, la indemnización del daño material, moral y psicológico causados y el resarcimiento de los perjuicios ocasionados, teniendo derecho a la reparación del daño el ofendido, las personas que dependan económicamente de él, sus descendientes, cónyuge, concubina o concubinario, sus ascendientes o sus herederos -esto es, personas determinadas y determinables individualmente-. Ahora bien, de una interpretación integral, sistemática y funcional de los dispositivos constitucionales y legales preinvocados, en el caso del delito de narcomenudeo en sus variantes de posesión de estupefacientes contempladas en los artículos 476 y 477 de la vigente Ley General de Salud, por tratarse delitos de peligro abstracto que constituyen transgresiones de riesgo general y comunitario, delitos de carácter eminentemente formal y de mera actividad, en los que no se requiere para su consumación un resultado lesivo y concreto, puesto que para estimarlo materializado basta la comprobación de haberse realizado la acción típica prohibida por el legislador; los de peligro abstracto conforman ilícitos en los cuales no existe un sujeto pasivo directo e individualizado de la infracción penal que haya sufrido daño específico derivado del delito y consecuentemente no puede reconocerse a persona alguna como víctima titular de la acción reparadora -por habérsele ocasionado a ella el perjuicio directamente-, ya que en dichos delitos de peligro abstracto no puede establecerse un daño concreto, por lo que en tal circunstancia no procede la condena a la reparación del daño.

Si los declarantes al rendir testimonio, manifestaron tener dieciséis y diecisiete años de edad, el juez está obligado a implementar todas las medidas protectoras orientadas a garantizar sus derechos como menores de edad, pues conforme al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, aún mantienen tal carácter; por ello, resulta necesario que se observen los protocolos a seguir en los correspondientes instrumentos jurídicos aplicables, entre los cuales sobresalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos; Manual sobre la justicia en asuntos concernientes a los ni- ños víctimas y testigos de delitos y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa.

Se actualiza el elemento típico del apoderamiento, cuando está acreditado que el enjuiciado sustrajo de la esfera jurídica de la empresa para la que laboraba mercancía con el ánimo de apropiársela, en el entendido que el imputado recibía dichas cosas con la obligación de darle el destino correcto, como era entregársela al cliente al que se le facturaba, lo cual no hizo; circunstancias en las cuales el imputado tenía una mera detentación material de las cosas, pues como empleado de la negociación era únicamente un poseedor precario, por motivo de la relación de trabajo y las funciones que desempeñaba, respecto al dinero en efectivo o mercancía que manejaba, ya que el activo no tuvo nunca las cosas a su disposición, pues no las recibió en virtud de un acto jurídico directamente encaminado a transmitirle la posesión o tenencia derivada del bien, por lo cual se puede válidamente afirmar que la mercancía no había salido de la esfera de custodia jurídica del dueño o de quien conforme a la Ley tenía derecho a disponer de la misma, por lo que la sustracción de los bienes realizada por el agente del delito constituye un acto de apoderamiento configurativo del delito de robo, tan es así que por ello el Legislador estatal tipificó como robos calificados el del doméstico contra el casero, el del trabajador o empleado contra el patrón, el del huésped contra quien lo aloja, que son casos evidentes de personas que, por sus peculiares circunstancias de relación de confianza o seguridad con el propietario, por razones de trabajo, servicio u hospitalidad según prevé la fracción IV del artículo 204 del Código Penal para el Estado de Sinaloa que nos rige, tienen cosas ajenas a su alcance pero no a su disposición jurídica, pues las recibieron o las tienen en posesión precaria o mera detentación material y no en virtud de un acto jurídico específicamente encausado a ese fin.

En el delito de violación, la víctima es merecedora del pago de la reparación del daño material, por lo que el juez debe condenar al imputado al pago del mismo, dado que como consecuencia de su actuar y la naturaleza del delito se le ocasionó daño psicológico a la víctima, por lo que tomando en consideración las circunstancias personales de la pasivo, y al acreditarse la transgresión en contra de su seguridad sexual, ello indudablemente repercute en su normal desarrollo, mismo que a través de ayuda profesional deberá ser tratado; en consecuencia, el juez de origen en la etapa de ejecución, y mediante el incidente correspondiente, deberá determinar el quantum y el término del tratamiento, este último atento a lo establecido por los profesionistas competentes para ello. Además, debe condenar también a la reparación del daño moral, pues es evidente que el proyecto de vida de la víctima resultó afectado, lo que también repercute en su entorno y concretamente en su integridad personal; tomando en consideración para ello, lo establecido en el artículo 44 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, condena que se habrá de determinar atendiendo a las características del ilícito, la lesión moral de la víctima, sus circunstancias personales, así como las posibilidades económicas del acusado.

De una interpretación integral, funcional y sistemática de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 203, y primeros párrafos de los artículos 204 y 205 todos del Código Penal vigente que nos rige, este Tribunal reflexiona y concluye que la facultad discrecional concedida a la autoridad judicial en el último párrafo del referido artículo 203, de poder imponer pena de prisión o multa o ambas, sólo es legalmente procedente tratándose de robo simple, básico o genérico, pero no lo es en los casos de robo agravado o calificado con alguna de las circunstancias establecidas en las diversas fracciones de los artículos 204 y 205 preinvocados. Ello es así, pues el segundo párrafo de la fracción I, del supracitado artículo 203 estatuye expresamente que la pena prevista en dicha fracción se aplicará si el robo se realiza en alguno de los supuestos previstos en los artículos 204 y 205 del mismo Código Punitivo, en tanto que el párrafo inicial del primer dispositivo prevé que las penas previstas en el artículo anterior, se aumentarán hasta tres cuartas partes más si el robo se realiza con alguna de las agravantes señaladas en dicho precepto, y por su parte el primer párrafo del segundo artículo invocado, también indica que a las penas previstas en los dos artículos anteriores se aumentarán de dos a diez años de prisión, si el apoderamiento tiene verificativo con alguna de las calificativas en dicho numeral establecidas. Lo que resulta indicativo de que el incremento es para «las penas de prisión y multa» del multicitado artículo 203, lo que impide al juzgador prescindir de alguna de ellas en los casos de robo agravado o calificado.

Para tener por acreditada en términos del artículo 18, fracción VII, la intervención del acusado en calidad de partícipe auxiliador en la comisión del delito, es necesario que estén demostrados los dos elementos que se desprenden de dicha fracción: a) el acuerdo previo entre el acusado y el autor material del delito; b) el auxilio o ayuda que con posterioridad a la ejecución del delito, el imputado preste al delincuente.

La acreditación del elemento subjetivo distinto al dolo, consistente en la finalidad de la posesión de un narcótico, resulta difícil demostrarse con prueba directa, como sería una testimonial o inspección, dada la naturaleza interna de la voluntad del activo que no siempre puede percibirse por medio de los sentidos, de donde se deduce que, en la mayoría de los casos, habrán de concatenarse los distintos indicios derivados de hechos conocidos y probados en autos para inferir, con base en la prueba circunstancial, que el acusado poseía el narcótico con un fin distinto de la simple posesión. Así, la finalidad de la posesión de narcóticos puede acreditarse por cualquier medio probatorio señalado por la ley, debiéndose tomar en cuenta todos los datos que puedan desprenderse o inferirse de las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta posesoria, tales como la cantidad de droga —que excede significativamente las dosis máximas de consumo personal e inmediato—; la conformación o presentación de ésta —en múltiples sobres o envoltorios preparados con dosis separadas—; las condiciones y circunstancias de tiempo —en la noche—, y lugar —en la vía pública o en zonas a donde acuden compradores o puntos cercanos a sitios concurridos como centros de reunión, bares, espectáculos, etcétera— en que se llevó a cabo la posesión; la actitud del imputado al momento de tener en su posesión el estupefaciente —por ejemplo, actuaba sigilosamente para no ser descubierto, huyó ante la presencia de la Policía, entre otras—; para estar en aptitud de determinar si la droga que se tuvo en posesión estaba o no destinada para realizar alguna de las conductas señaladas en el precitado artículo 476; en el entendido que conforme a criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cantidad por sí sola, resulta suficiente para demostrar la finalidad de la posesión, por el hecho de que rebase el límite superior previsto en las tablas de dosis máximas previstas legalmente para el efecto, ya que no está justificado que el inculpado acapare gran cantidad de narcótico, aunque sea adicto a su consumo, en atención al gran peligro al que se expone a la salud pública. En este contexto, la intención volitiva pretendida por el poseedor del narcótico se encontrará demostrada en autos atendiendo las circunstancias objetivas probadas que rodearon el hecho, en tanto que de ellas se infiera fundadamente que la posesión que se imputa al inculpado tenía como finalidad la realización de alguna de las conductas de comercio o suministro referidas, ello en razón a que del enlace lógico y natural que existe entre los hechos y circunstancias que están plenamente probados, se desprenden indicios o presunciones que, valorados en términos del artículo 324 del Código de Procedimientos Penales estadual que nos rige, alcanzan el rango de prueba plena, en tanto que de su apreciación conjunta e integral se llega a la plena convicción de que la posesión del estupefaciente por el acusado tenía como finalidad el comercio o suministro; cadena de indicios y presunciones que correspondía al imputado destruir mediante prueba idónea, pues su afirmación de que la droga era para su consumo personal, carece de eficacia para considerar que la posesión delictuosa que se le atribuye no tenía la finalidad apuntada.

En resumen de lo anteriormente valorado, se puede concluir válidamente que siendo los delitos contra la salud delitos de peligro para el bien jurídico protegido —que lo es la salud pública—, tratándose de la modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión de narcóticos, contemplada en los artículos 476 y 477 de la Ley General de Salud, la cantidad de estupefaciente cuya tenencia material detentaba el imputado, o que éste tenía dentro de su radio de acción y disponibilidad, indudablemente incide en la gravedad del hecho, pues el riesgo o peligro para la salud pública es de superior magnitud en la medida en que a mayor cuantía de narcótico el número de personas que pueden consumirlo es también mayor. En este tenor a mayor cantidad de droga recogida al sentenciado, mayor gravedad del hecho; como sucede cuando el peso total del narcótico casi sextuplica la dosis de consumo personal e inmediato, estipulada en la Tabla de Orientación del artículo 479 de la mencionada Ley.

Un dictamen pericial de daño psicológico en el delito de violencia familiar es atendible procesalmente porque representa la opinión de profesionales con conocimientos especiales en materia de Psicología, que son peritos oficiales de una dependencia especializada en dictámenes periciales del Ministerio Público que, en su carácter de Representante Social, se entiende, es una Institución de buena fe; dicho dictamen fue emitido por escrito, cumpliendo racionalmente todos y cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 237 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa en vigor, pues de su contenido se advierte que los peritos, para determinar el estado de salud mental y si presentaban daño o sufrimiento psicológico las personas valoradas —que fue el planteamiento del problema a dictaminar—, practicaron todas las operaciones y experimentos que su ciencia les sugirió, señalando explícitamente cuáles fueron en el apartado de metodología, así mismo expresaron los hechos y circunstancias que sirvieron de fundamento a su dictamen, bajo los rubros de datos generales, antecedentes del caso, versión del ilícito, dinámica familiar, análisis conductual y examen mental, concluyendo que la persona valorada sí presentaba sufrimiento psicológico, lo cual se encuentra en concordancia con el contexto de las circunstancias en las que se dieron los hechos; por lo cual es atendible, con valor de presunción de cargo, que puede llegar a ser pleno con el respaldo del resto de las probanzas.

Si bien, está probada la existencia de una conducta de carácter positivo mediante la cual el acusado infirió daños a la integridad corporal del ofendido, conducta con la que le ocasionó una alteración a su salud personal, no es razón suficiente para tener por demostrado el delito de lesiones dolosas previsto y sancionado por los artículos 135 y 136-I del Código Penal para el Estado de Sinaloa; debido a que con las pruebas aportadas al sumario no se logró demostrar plenamente que dicha conducta, el activo la haya llevado a cabo con conocimiento y voluntad; es decir, en forma dolosa como lo establece el artículo 14, segundo párrafo del Código Penal vigente, que textualmente dice: «Obra dolosamente el que conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, quiere realizarlo o acepte la aparición del resultado previsto por la descripción legal[...]»; así pues, al no estar acreditado mediante pruebas contundentes que el imputado tenía la firme determinación de causar daños al ofendido en su salud personal, por ende, no se actualizó el elemento subjetivo del delito denominado dolo.

En atención a la doctrina, la legislación y la jurisprudencia, testigo es la persona física que por medio de sus sentidos ha percibido extraprocesalmente un objeto o un suceso determinado; en tanto que el testimonio es el acto procesal a través del cual se da la transmisión o comunicación de lo percibido en declaración rendida ante autoridad competente. Entendiéndose que la percepción del hecho u objeto se efectúa por medio de cualquiera de los sentidos y habrá de diferir atendiendo las cualidades y aptitudes de cada individuo y además las condiciones de lugar, modo y tiempo en que se encuentre al momento de la percepción, siendo también propio de lo humano que cada persona tenga diferentes capacidades para exponer y transmitir el hecho presenciado con todos los pormenores y que por consiguiente un mismo hecho pueda ser reproducido con mayor o menor detalle conforme a la capacidad perceptiva o descriptiva del espectador de que se trate, todo lo cual deberá ser tenido en cuenta por el juzgador al momento de valorar la testimonial. En estas condiciones, de la interpretación sistemática y funcional de lo preceptuado en los artículos 274, 322 y 325 del Có- digo de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa en vigor, para otorgar valor probatorio a lo declarado por un testigo bastará que su dicho revele consistencia en lo esencial o uniformidad en lo sustancial del hecho, pues la fracción IV del segundo de los dispositivos invocados sólo requiere que la declaración sea precisa y clara, sin dudas ni reticencias, sobre la sustancia del hecho o sus circunstancias esenciales, sin que para su atendibilidad deba razonablemente exigírsele precisión cronométrica o absolutamente circunstanciada o detallada de todos los incidentes y aspectos que acompañaron al hecho fundamental sobre el cual se declara. Por consiguiente, si al narrar el hecho o describir la persona o el objeto en su declaración el testigo refiere lo esencial de manera clara y consistente, pero eventualmente incurre en algunas divergencias en cuanto a aspectos circunstanciales o detalles no trascendentes ello no implica que su testimonio sea impreciso o contradictorio y por lo tanto inatendible, ya que estas discrepancias secundarias no alteran la sustancia de los hechos sujetos a prueba, por lo tanto ese testimonio procesalmente tiene valor probatorio.

La circunstancia de que no existan en autos copias certificadas de una diversa sentencia de condena en contra del encausado, no es razón suficiente para considerarlo primodelincuente, si hay otros medios que así lo acrediten, como es el oficio remitido por la autoridad judicial u otras dependencias, como lo es el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito correspondiente, documento en el que se informa la existencia de un juicio anterior, concluido en sentencia de condena firme, derivado de la comisión de un delito doloso, por lo cual no resulta dable que se exija además la remisión de las copias certificadas que así lo constate.

En este orden de ideas, carece de sustento legal, como bien lo alegó el Ministerio Público en sus agravios, la determinación del juez primario de no darle crédito probatorio a la declaración de los testigos de cargo en cuanto a la indubitable identificación que hicieron del justiciable, primero proporcionando los datos de su media filiación y luego a través de fotografías de la base de datos de fichas signaléticas de la Procuraduría de Justicia, ya sea que consten impresas o se empleé un medio electrónico o sistema de cómputo para su reproducción, argumentando el juzgador supuestas contradicciones o falta de precisión en virtud de señalar los testigos que se trataba de persona de estatura aproximada de 1.70 uno setenta o 1.72 uno setenta y dos metros, de complexión gruesa, cara redonda, de entre veintiocho y treinta años, entre otras características personales, en tanto que el sentenciado, argumentó el A quo, resultó ser de complexión robusta, cara ovalada y de treinta y cuatro años de edad; diferencias que objetiva y racionalmente en ningún momento se pueden considerar como esenciales, pues resulta evidente que las características de complexión gruesa y robusta son equivalentes a corpulento, por su parte redonda y ovalada tienen similar connotación como forma circular de cara y una persona de aproximadamente treinta años puede corresponder a una referencia de alguien que tiene treinta y cuatro. Por lo que no existe base legal ni racional para desestimar esas declaraciones.

En efecto, junto a la prueba directa, también resulta admisible la indiciaria o circunstancial para la desvirtuación de la presunción de inocencia. Esta modalidad de prueba tiene acogida en el ámbito jurisdiccional penal con determinadas exigencias que presten apoyo para la configuración de la inferencia, que permita la deducción de un hecho que se desconoce a través de otros conocidos y detectables; exigencias aquéllas que hacen relación tanto a las condiciones exteriores de los indicios como a su número. Sobre tal basamento actúan principios de experiencia que valen tanto como normas de naturaleza o del pensamiento. El indicio aislado generalmente se ofrece inconsistente y ambiguo, debiendo darse en concurso o pluralidad con otros, radicando en su coincidencia o afinidad significativa la fuerza indicativa o dirección que se le reconoce. Los hechos o datos indiciarios han de ser recogidos en virtud de prueba directa y aparecen relacionados o en conexión con la infracción criminal que se investiga. Aquella armonía o concomitancia y el vigor o potencialidad reveladora de cada dato o elemento en sí es lo que puede llevar a este órgano jurisdiccional a formar una convicción ausente de cualquier duda razonable. La prueba indiciaria o circunstancial es aquélla, como en el caso acontece, que se dirige a mostrar la certeza de unos hechos (indicios) que no son los constitutivos del delito, pero de los que pueden inferirse éstos y la coautoría o participación del acusado por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico, existente entre los hechos probados y los que se tratan de probar.

Conforme a los artículos 75, 80, 81 y 82 del Código Penal para el Estado de Sinaloa en vigor, en cuanto al tipo y monto de penas a aplicar en los delitos culposos, rige como regla general un sistema de pena especial y propia para dichos delitos, y en relación a las normas para su individualización al caso concreto prevé un sistema complejo, pues el Juzgador deberá atender tanto las pautas generales del artículo 75 en cuanto a la gravedad del ilícito como las especiales del 82 en cuanto a la gravedad de la culpa; por consiguiente deberá tomar en cuenta la naturaleza de la acción culposa —culpa con o sin representación, siendo de mayor gravedad la primera—, los medios utilizados —incidiendo en mayor gravedad si se trata de un medio que por su naturaleza sea de alta peligrosidad, como un arma de fuego, explosivos o maquinaria pesada—; la magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que fue colocado —debiendo valorar la jerarquía del bien jurídico afectado, pues a diferencia de los delitos dolosos en los que el legislador diseña los tipos y sus penas acorde a la importancia del bien jurídico, en los delitos culposos se contempla una penalidad única para todo ilícito culposo, excepción hecha de los casos específicos expresamente señalados en el Código, por consiguiente resulta más grave un homicidio por culpa que lesiones y éstas que daños, igual es de gravedad superior afectar más de un bien jurídico de la misma clase, causar daños a varios objetos o lesiones a más de una víctima o de clase diversa, daños y lesiones o daños y homicidio—; la forma y grado de intervención del agente y la calidad y contribución o no de la víctima al ilícito; también deberá ponderar factores objetivos y subjetivos como la mayor o menor posibilidad de prever y evitar el daño atendiendo las condiciones específicas en las que tuvo verificativo el hecho —a mayor posibilidad de prever y evitar el daño, mayor gravedad—; si para evitar el daño bastaba una reflexión o atención ordinarias y conocimientos comunes —es de gravedad, superior si el activo tenía a su alcance evitar el resultado con sólo poner la atención ordinaria requerida para el uso o manejo de los vehículos, mecanismos u objetos de naturaleza peligrosa que resultaron ser instrumentos del delito— y si tuvo tiempo para obrar con la reflexión y el cuidado necesarios, y tratándose de delitos cometidos por conductores de vehículos, deberá tomar en consideración cuál era el estado de la calle o carretera por la que circulaba, las condiciones mecánicas y de funcionamiento de la unidad automotriz que conducía y si estas condiciones influyeron afectando las capacidades de reacción del agente o no incidieron; y por último deberá considerar si es la primera vez que el inculpado ha cometido delitos culposos o si ya lo ha hecho con anterioridad, caso este último que incidirá en una mayor gravedad de la culpa. De suerte tal, que sopesando todos estos factores, delimitará el grado de gravedad de la culpa, que será el determinante para ubicar el grado de punición y las penas específicas a aplicar, con el doble límite de no rebasar la medida de la culpabilidad del acusado ni las tres cuartas partes de las penas que corresponderían si el delito hubiese sido doloso, en su caso.

Si la víctima en el delito de «incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar», es una persona menor de edad, y el imputado ha sido sancionado con una pena de prisión en la que no existe posibilidad jurídica de concederle algún beneficio para que obtenga su libertad. Entonces, al no encontrarse éste en aptitud de emplearse y cumplir con tal obligación, además si no existe algún tercero que tenga la obligación de cumplir con el «derecho a la supervivencia» del infante, con la finalidad de garantizar ese derecho, el cual se encuentra debidamente previsto en los artículos 4 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 6.2 de la Convención de los Derechos del Niño y 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa; de oficio se debe ordenar la intervención de las autoridades a cargo del desarrollo integral de la familia, para que en el ámbito de sus atribuciones proporcionen la asistencia social que se requiera, máxime si dichos órganos resultan ser del poder público, los cuales por mandato del artículo 1 de nuestra ley suprema, están compelidos, en el ámbito de su competencia, a proteger y garantizar los derechos de toda persona.

El primer párrafo del artículo 477 de la Ley General de Salud prevé como multa para el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión de narcóticos sin fines de comercialización o suministro, «hasta ochenta días multa»; por lo que se advierte que el legislador no fijó expresamente el monto del límite mínimo de dicha penalidad; sin embargo, resulta evidente que éste no puede ser cero, pues conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, éste es un «Cardinal que expresa una cantidad nula, nada, ninguno», y al ser, según el propio diccionario, la «unidad», la «singularidad en número o calidad», y la «cantidad que se toma por medida o término de comparación de las demás de su especie», por consiguiente dicha «unidad» se entiende es la representación de la existencia de todo aquello que deba ser cuantificado; por ello, para el delito que nos ocupa un día multa debe tenerse como mínimo, pues resulta el mínimo necesario para su existencia.

Atendiendo el sistema de pena especial y propia para los delitos culposos previsto en el artículo 80 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, cuando con una sola conducta culposa del agente se ocasiona más de un resultado típico —por ejemplo, daños y lesiones a diversas víctimas, daños y homicidio, homicidio y lesiones—, es incuestionable que para los efectos de la imposición de la pena no procede atender las reglas del concurso ideal de delitos en virtud de los diversos resultados típicos producidos —pues se está ante delitos culposos causados con un solo acto o con una omisión con los que se violan varias disposiciones penales—, toda vez que el hecho culposo es uno solo y para él existe señalada una pena especial propia; razones que resultan también válidas para determinar que tampoco existe materia para la aplicación del artículo 81, en cuanto a que las penas previstas en el referido artículo 80 no podrán exceder de las tres cuartas partes de las que corresponderían si el delito hubiese sido doloso, pues no se está sancionando un delito específico con el cual podrían y deberían confrontarse las penas, sino lo que se sanciona es la conducta delictiva culposa que produjo más de un resultado típico, por lo que resultan de aplicación directa las sanciones de dicho artículo 80.

La agravante contemplada en la fracción I del artículo 204 del Código Penal para el Estado de Sinaloa en vigor, de que el robo se realice: «Acometiendo a la víctima en un vehículo particular o de transporte público», atendiendo el significado que al vocablo «acometer» le otorga el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua en el sentido de «emprender, intentar», la misma se actualiza cuando el agente del delito emprende el apoderamiento sin derecho, estando la víctima a bordo o en el interior de en un vehículo, sea éste particular o de transporte público, independientemente que los objetos materia del apoderamiento sean o no propiedad de dicho pasivo directo, pues la figura agravadora, conforme al diseño legislativo de prever un aumento en la penalidad para la misma, se orienta a considerar de mayor gravedad el robo que se realiza en ciertos lugares en los cuales la víctima directa se encuentra más expuesta y corra un riesgo mayor al ordinario de recibir la acción del activo del delito, y que por ello requieren de una protección extraordinaria, como lo son, entre otros, los que contempla la fracción IV del citado dispositivo, cuando el robo se comete en una oficina recaudatoria o en local comercial abierto al público.

La agravante contemplada en la fracción I del artículo 204 del Có- digo Penal para el Estado de Sinaloa en vigor, de realizar el robo: «Acometiendo a la víctima en un vehículo particular o de transporte público», atendiendo el significado que al vocablo «acometer» le otorga el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua en el sentido de «emprender, intentar», la misma se actualiza cuando el agente del delito emprende el apoderamiento sin derecho estando la víctima en un vehículo, sea éste particular o de transporte público, de suerte tal que para que se configure la referida calificativa es suficiente se acredite que la persona que resiente de manera directa el desapoderamiento esté o se encuentre al interior o a bordo de un vehículo.

Atendiendo los parámetros contenidos en las fracciones de la I a la IV del artículo 75 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, la gravedad del hecho respecto al delito de robo cuando concurren más de una calificativa de las señaladas en el artículo 205 del referido Código, resulta de mayor gravedad en razón a que cada una de las calificativas por sí misma resulta suficiente para incrementar la pena de prisión respecto del robo básico, ello conforme lo prescrito en el dispositivo 205 invocado, incremento que no puede acumularse atendiendo el número de calificativas, pero sí considerarse para elevar la gravedad de los hechos.

Si en la celebración de la declaración preparatoria, la inculpada autorizó como abogado a una persona que se hallaba sujeto a proceso, es evidente que tal diligencia resulta contraria al debido proceso; pues en términos del artículo 197 del Código de Procedimientos Penales en vigor, no pueden ser defensores quienes se encuentren vinculados a un proceso penal, máxime si la citada causa es por los mismos hechos que también se le imputaron al nombrado defensor.

Si bien, se acreditó que con motivo del delito de lesiones a la víctima se le ocasionó un daño en su salud, al grado de amputársele la extremidades inferiores, es indudable que además de la incapacidad permanente para deambular que se le produjo, se le ocasionó un considerable perjuicio que afectó su vida personal, familiar y profesional, trastocando su proyecto de vida, lo cual se traduce en una razón suficiente para proceder en la condena a la reparación del daño moral. Sin que lo anterior constituya violación a las garantías del justiciable, puesto que conforme al principio pro-persona opera la suplencia de la queja, dado que al tener los derechos de la víctima y del ofendido, la misma categoría otorgada al inculpado, debe cualquier órgano judicial aplicar la norma jurídica que sea acorde a los tratados en Derechos Humanos y le brinde mayor protección; esto con fundamento en el artículo 1° Constitucional.

En la interpretación y alcance del principio pro-personae, no solo se deduce la observancia obligatoria de aquellos tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, sino que extensivamente también aquellos instrumentos o documentos que coadyuven a precisar el alcance y contenido de los que han sido reconocidos en el Derecho internacional.

Si la víctima en el delito de lesiones, tuvo que emigrar a una clínica privada, no obstante, ya se encontraba internada en una de carácter público —IMSS—, debido a que era necesario efectuar una intervención quirúrgica para salvarle la vida, no es motivo para absolver al acusado de la condena a la reparación del daño, pues no debe perderse de vista que una institución pública como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, si bien por su naturaleza le es obligatorio atender a sus derechohabientes, esto no significa que la víctima no tenga que erogar gastos relacionados con la atención a su salud dañada por el comportamiento imprudente del acusado, a lo cual está obligado a responder como consecuencia de la condena que se le decretó.

Conforme a los lineamientos previstos en las fracciones de la I a la IV, del artículo 75 del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, el ilícito mencionado resulta de gravedad mayor cuando se comete con dos agravantes, como lo son ejerciendo violencia contra la víctima y que ésta sea menor de edad, lo que en efecto incide en la gravedad del hecho, puesto que por sí misma cada una de las agravantes es suficiente para incrementar la pena conforme lo previsto en el segundo párrafo del artículo 164 del citado Código; agregando a lo anterior que el medio utilizado fue un arma blanca, la cual por naturaleza es de alta potencialidad lesiva, ya que puede ser incluso letal, por lo tanto se pone en considerable riesgo la integridad física y la vida de la menor pasivo, máxime que le colocó el cuchillo en el cuello que es público y notorio resulta zona de alto riesgo. Las razones anteriores son suficientes para ubicar la gravedad del hecho por encima de las diez centésimas en que la situó el A quo y graduarla en cincuenta centésimas, en escala donde el cero es la mínima y el cien la máxima. Lo anterior, en consideración al medio empleado, la magnitud del daño causado, las circunstancias de lugar, modo y ocasión, la intervención como autor directo del encausado, la calidad y vulnerabilidad de la víctima, en razón a que se victimizó a una niña de escasos tres años, afectándola no sólo en su libertad deambulatoria sino también en su salud, incidiendo sin duda en su sano desarrollo emocional, al sufrir el impacto de que un extraño se introduzca a su domicilio, por la fuerza la sustraiga de él, la lleve a un ámbito que no es en el que ella se desenvuelve, amenazada con un cuchillo y sufriendo daños en su salud e integridad corporal, por lo que amerita una protección reforzada. Ello en estricto apego a lo dispuesto en la Ley para la protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa —ordenamiento de orden público, interés social y de observancia general en nuestra Entidad—, en cuyo artículo 8 se estatuye que, en el ámbito de sus atribuciones, corresponde a las autoridades estatales y municipales —entre las cuales encuadran los jueces y tribunales del Poder Judicial del Estado— asegurar a niñas, niños y adolescentes, la protección de sus derechos, teniendo como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, esto según mandato de su artículo 5 y de conformidad también con el artículo 3.1. de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 1989 y ratificada por México en septiembre de 1990, por lo que es norma obligatoria para el Estado, que literalmente dice: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

Tomando en cuenta los lineamientos previstos en las fracciones de la I a la IV, del artículo 75 del Código Penal vigente en el Estado de Sinaloa, atendiendo la calidad de la víctima, le asiste la razón jurídica al Ministerio Público en cuanto a la mayor gravedad de los hechos, pues la corta edad de la pasivo nos indica una mayor vulnerabilidad de ésta, ello con independencia de la agravante de haberse realizado la privación ilegal de la libertad siendo la víctima menor de edad, pues ésta se actualiza en personas colocadas en un amplio rango que va desde el momento en que se nace hasta un instante antes de cumplir dieciocho años, pues sin duda es de mayor gravedad privar de la libertad a una persona de escasos tres años, que por ello está completamente indefensa, a hacerlo, por ejemplo, con otra de diecisiete años, aunque en ambos casos se trate de una persona menor de edad.

Cuando el robo se materializa con la concurrencia de varias agravantes o calificativas de las previstas en los artículos 204 y 205 del Código Penal para el Estado de Sinaloa en vigor, ciertamente se configura un solo delito y no se está en presencia de un concurso de delitos que deban sancionarse por separado; sin embargo, el número de dichas modalidades agravantes o calificativas tiene trascendencia para la cuantificación de la gravedad de los hechos, pues resultan de mayor gravedad los hechos en los cuales se actualizan dos o más de dichas modalidades que aquéllos que se cometen con únicamente una de ellas, pues resulta lógico que a mayor o menor número de modalidades infringidas o actualizadas, corresponde mayor o menor sanción, pues quien realiza el ilícito con más calificativas o agravantes denota una mayor intensidad de dolo delictivo, contribuye en mayor medida al daño causado y revela más alto índice de tendencia a delinquir, pues resulta evidente que la gravedad de la infracción no corresponde en igual intensidad por varias modalidades, calificativas o agravantes que por una sola de ellas, máxime en legislaciones punitivas como la nuestra en la cual el incremento de la pena previsto en los numerales 204 y 205 referidos, procede con acreditarse una sola agravante o calificativa de las múltiples que cada uno de esos dispositivos prevé en sus diversas fracciones.

Si la madre de la víctima menor de edad se retracta de su dicho y, en contra del acusado existen presunciones suficientes que lo señalan como autor de la conducta ilícita, es evidente que la ulterior declaración de la madre de aquélla no debe ser atendida, pues en este tipo de delitos —violencia intrafamiliar— y dadas las circunstancias personales y familiares, las víctimas son proclives a perdonar; además que en ocasiones el cónyuge ejerce coacción contra ellas, pues en tal comportamiento incide el factor económico que forma parte de un círculo vicioso que genera la violencia doméstica. Por ende, tal retractación de parte de la madre de la agraviada, no debe ser considerada por el juzgador, ya que con ello se desatiende el interés superior del niño; el cual en sí, pretende la satisfacción más amplia en los derechos humanos de la infancia, ya que en autos se tiene lo manifestado por la menor de edad víctima del injusto penal, en la que señaló una serie de agresiones que ha venido sufriendo y que fueron infligidas por parte del sentenciado.

El hecho de que el inculpado haya manifestado en su declaración ministerial que es adicto a la droga Metilendioxianfetamina —MDA— conocida como “cristal”, y que exista en autos un dictamen pericial el cual arroje resultado positivo a “anfetaminas”, no es razón para que el juzgador niegue al sentenciado el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de libertad, prevista en la fracción I del artículo 101 del Código Penal vigente en el Estado, al considerar que el justiciable no tenía buena conducta, por motivo de su adicción, es indudable que tal consideración vulnera derechos del encausado, pues a partir de la reforma que se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, el 29 veintinueve de agosto del año 2011 dos mil once, se determinó que la farmacodependencia no propiamente debe ser considerada mala conducta, sino un problema de salud pública para que el sentenciado se someta al tratamiento médico correspondiente para su rehabilitación; por ende, en suplencia de la queja resulta procedente concederle al sentenciado el beneficio ya mencionado.